El temor a la despesificación es injustificado

La Justicia Argentina está resolviendo las demandas de los depositantes como lo haría la Justicia de cualquier país en el que impera la ley. Esto es importante porque reafirma que la Ley Argentina brinda la misma protección a los derechos de propiedad que la Ley de los Estados Unidos o de cualquier otro país avanzado. Se impide, por ejemplo, que una decisión del Gobierno, como el Decreto 214 que dispuso la pesificación de todos los contratos firmados en jurisdicción argentina, imponga una quita de mas del 50 % a las acreedores argentinos, mientras se mantienen intactos los derechos de los acreedores extranjeros.

Sorprende, por lo tanto, que Duhalde y algunos banqueros hayan reaccionado con tanta alarma ante las últimas decisiones judiciales. Los banqueros argumentan que si se despesifican los depósitos, ellos se verán obligados a demandar la redolarización de los préstamos bancarios ¡Por supuesto que tendrán que hacerlo! Más aún, deberían haberlo hecho en forma simultánea a la iniciación de las demandas por los ahorristas, tal como lo hicieron los administradores de fondos de jubilaciones y pensiones. La gente confía en los bancos cuando éstos se preocupan por resguardar la intangibilidad de los depósitos, no cuando buscan una forma de liquidar sus negocios y pretenden devolver los depósitos en moneda desvalorizada. Cuando un banco asume esta última actitud, la conclusión de los depositantes es que la institución tiene la intención de terminar sus actividades en el país y lo único que busca es minimizar las pérdidas de su decisión original de prestar servicios de intermediación financiera en la Argentina.

El temor del Gobierno y de los banqueros es injustificado por varias razones. Primero, porque si se revierte la pesificación de manera integral comenzará a bajar la cotización del dólar, y ello facilitará la reactivación de la economía argentina, además de comenzar a resolver los muchos casos de insolvencia que se derivaron de la fuerte devaluación del peso. Segundo, porque si el Gobierno y los banqueros comienzan a trabajar en una solución más eficiente y general para el problema de los endeudados en dólares, sin discriminar en contra de los acreedores argentinos, tendrán mejores chances de recuperar la solvencia de sus clientes.

El primer argumento requiere entender que la cotización del dólar en una economía que estaba altamente dolarizada depende mucho más de las decisiones de la gente sobre la moneda en la que quieren tener sus activos financieros que del comportamiento de las exportaciones e importaciones. Si la gente vuelve a sentir que tiene sus ahorros bancarios en dólares y que puede disponer de ellos en esa moneda, aún cuando deba enfrentar por algún tiempo limitaciones para hacer pagos o transferencias al exterior, disminuirá la ansiedad por convertir los pesos excedentes y cualquier otro papel del gobierno emitido bajo Ley Argentina en dólares billete o en el exterior. Esto aflojará la presión sobre el mercado de dólares y provocará una baja sostenida en su cotización. Volver a un precio razonable para el dólar ayudará mucho a la reactivación de la economía, porque permitirá la recomposición del mercado interno y la reaparición del crédito bancario. La actual cotización del dólar está mucho más alejada de un valor de equilibrio de largo plazo compatible con el crecimiento de la economía argentina, que lo que estaba en las últimas épocas del 1 a 1. En otros términos, la caída del mercado interno que genera la exagerada devaluación del peso es mucho más recesiva que el desaliento a las exportaciones originado en la fortaleza exagerada de nuestra moneda mientras rigió la convertibilidad.

El segundo argumento es fácil de entender si se analizan los costos y las ineficiencias de las soluciones que el Gobierno ha pretendido dar a los deudores. Y, sobre todo, si se advierte que el problema de la insolvencia generalizada de los deudores está muy lejos de haberse resuelto. La pesificación, tal como fue hecha, significa un enorme costo fiscal, adicional a la quita que impone a los depositantes. El gobierno tiene que emitir un bono por la diferencia entre los tipos de cambio a los que transformó depósitos y préstamos bancarios. Además, está emitiendo bonos en dólares para ofrecer como alternativa a los depositantes, que aún cuando no los deja satisfechos, crean un compromiso fiscal importante para el presupuesto público. La solución es muy ineficiente, porque además de costosa es incompleta. Han quedado sin resolverse los problemas de insolvencia derivados de las deudas contraídas en jurisdicción extranjera, que, lógicamente, no pudieron ser pesificadas. Peor aún, estos problemas se han agudizado por el excesivo aumento en la cotización del dólar provocado por la pesificación de los activos de la gente.

Las decisiones judiciales obligarán al Gobierno a pensar en mejores soluciones al problema del endeudamiento. Y, si se pone a buscarlas, las va a encontrar porque las soluciones existen. Se trata de asignar mejor el costo fiscal ya devengado por la decisión de pesificar. Se deberá crear un sistema de subsidios explícitos a los deudores, sujeto a ciertos condicionamientos y a pagar en el momento en que el deudor cumpla con la parte que le corresponde de sus obligaciones, que no discrimine por la jurisdicción de los contratos. Es decir, que preserve el carácter protectivo de los derechos de propiedad de la Ley Argentina

Si no se respeta la decisión de la Justicia, o, peor aún, si se presiona a la Corte Suprema para que cometa una gran injusticia, en perjuicio de todos los ahorristas y trabajadores argentinos, se registrará en nuestra historia una nueva paradoja: la de los “nacionalistas” que “desnacionalizan”. Los mismos nacionalistas que durante décadas de aislamiento llevaron a la hiperinflación y consiguieron desnacionalizar el dinero, ahora, mediante la pesificación, conseguirán desnacionalizar la legislación. Entonces pasarán a tener razón los economistas del CEMA que sostienen que la única solución para Argentina es la banca off-shore. En otros términos, que habrá que resignarse a contratar en la Argentina en moneda y ley extranjeras.
 

El tiro por la culata

Nueve meses después de haber impulsado el abandono de la convertibilidad, los populistas que apoyaron el golpe institucional del 19 y 20 de Diciembre pasado ya deberían haber advertido que les salió el tiro por la culata. No se puede interpretar de otra manera que ninguno de los candidatos peronistas quiera aparecer respaldado por el Gobierno de Duhalde y que ningún candidato del Partido Radical consiga valores significativos de intención de voto. ¿Cuál es la explicación?

Los populistas de ambos partidos tradicionales, muy particularmente el Duhaldismo y el Alfonsinismo, habían denostado la ley del Déficit Cero, con el argumento de que significaba un recorte del 13 % en los salarios y las jubilaciones superiores a 500 dólares mensuales y que iba a acentuar la recesión. Cuando yo les explicaba que la devaluación como mecanismo alternativo para reducir el gasto público era mucho más costoso, tanto en términos de caída real de los salarios y jubilaciones como en términos de recesión, preferían escuchar los consejos de los que desde afuera del país recomendaban la pesificación y la devaluación. No se dieron cuenta, que los “expertos” de afuera no estaban interesados para nada en defender los ingresos reales de los argentinos, sino en tratar de posicionarse mejor en la negociación en marcha por la reestructuración de la deuda pública.

La exitosa reestructuración de la deuda “interna” que se había concluído el 15 de diciembre por la impresionante cifra de 55 mil millones de dólares, garantizaba a los acreedores nacionales que iban a cobrar en dólares y una tasa de interés razonable. Mucho más baja que la originalmente pactada en los préstamos bancarios que habían sido otorgados a las provincias, pero suficiente como para que las AFJP’s y los bancos pudieran seguir reconociendo y honrando sus deudas con los trabajadores y los depositantes. Los acreedores del exterior, que por pretender legislación extranjera para sus bonos, no participaron del canje de bonos por préstamos garantizados, comenzaron a temer que a ellos se les solicitara una rebaja mayor de los intereses o una quita en el capital. Por eso decidieron boicotear el proceso de reestructuración en dos etapas. Para ello, nada mejor que impulsar la pesificación de todos los contratos hechos en el marco de la legislación Argentina y promover una fuerte devaluación. Los acreedores nacionales que habían entrado en el canje de bonos por préstamos garantizados soportarían de esa forma una quita adicional en el monto de la deuda (posiblemente superior al 50%) mientras que los acreedores del exterior mantendrían inalterados sus derechos en dólares.

Lamentablemente, los dirigentes que apoyaron el golpe institucional, además de populistas son muy ignorantes, y no advirtieron que lo que convenía a los acreedores del exterior significaba una impresionante caída de los salarios y las jubilaciones en términos reales y un verdadero robo a los ahorristas argentinos. Era impensable que se pudiera reducir a la mitad el activo de los bancos y de las AFJP’s y que no se terminara haciendo una quita semejante en el valor de los depósitos y las prestaciones jubilatorias. Sólo la ignorancia de los populistas puede haberlos llevado a aplaudir de pie la declaración del default de la deuda “externa”, para terminar imponiendo una quita de más del 50 % a la deuda “interna”, mientras los derechos y el poder de negociación de los acreedores extranjeros se mantenía intacto.

Algo parecido ocurrió con los ataques furibundos al “corralito” de diciembre. Dijeron que se trataba de una confiscación de depósitos, cuando se respetaba la moneda original y los ahorristas podían disponer de los mismos a través de cheques, transferencias o tarjetas de débito. El abandono de la convertivilidad, lejos de permitirles emitir todos los pesos para abrir el “corralito”, los obligó a crear el “corralón” que, sin lugar a dudas, significó una brutal afectación del derecho de propiedad de los depositantes. En diciembre se rasgaron las vestiduras porque la bancarización forzosa afectaba a los comerciantes y prestadores de servicios acostumbrados a manejarse en efectivo y a no pagar impuestos. Ahora quieren descubrir a los evasores revisando la nómina de depositantes que vieron reducidos sus ahorros a la mitad. Las contradicciones en las que incurren son increibles!

Si el objetivo era mejorar los ingresos reales de trabajadores y jubilados y abrir el corralito, el abandono de la convertibilidad significó, sencillamente, gatillar un arma de la que iba a salir el tiro por la culata. Casi nueve meses de evidencias tan claras debería convencer al Gobierno de Duhalde y al Partido Radical, que es hora de que reviertan decisiones tan equivocadas y restauren en la mayor medida posible el sistema institucional que permitió a la Argentina conquistar la estabilidad y el crecimiento en la década del ‘90. Afortunadamente, los pronunciamientos de la Justicia, están empujando en esa dirección.

Se necesitan instituciones y liderazgo

 

En la primera semana de setiembre se reiteran las noticias sobre la falta de instituciones. En materia económica carecemos de moneda y de sistema financiero. Por lo tanto no existen los mecanismos institucionales para que el ahorro quede en el país y se transforme en crédito para la inversión familiar o empresaria. Tampoco existen los mecanismos para que funcionen los mercados de futuro. El artículo de La Nación del domingo pasado, describiendo cómo los agricultores utilizan a los granos como moneda y a los silos como bancos, es un excelente ejemplo de la falta de instituciones. Si tuviéramos moneda y bancos, los agricultores habrían vendido su cosecha y tendrían depositado dinero en los bancos. Esto permitiría que las instituciones dieran crédito y que las exportaciones aumentaran en lugar de bajar, como lamentablemente ocurrió en el primer semestre de este año.
 

La mayor parte de los contratos de la economía, salvo los de muy corto plazo, están sometidos a disputa prejudicial y, en muchos casos, judicial. Esto significa que no están siendo cumplidos y que de la discusión pueden generarse fuertes acreencias para unos y pesadas deudas para otros. Las deudas que el Estado corre el riesgo de acumular, por no cumplir los contratos en los que es parte y hacer imposible el cumplimiento de contratos entre particulares, son de una magnitud aterrorizadora.

La Corte Suprema de Justicia, cuando aún no se ha pronunciado sobre casos obvios de inconstitucionalidad, como la reprogramación forzosa de depósitos y la pesificación, declara inconstitucional la denominada "Ley del Déficit Cero". Esta ley  fue votada por el Congreso para permitir que el Poder Ejecutivo pueda conciliar las limitaciones impuestas por la Ley Anual de Presupuesto y la falta de crédito cuando hay caída de la recaudación. Si el "Déficit Cero" viola garantías constitucionales, entonces la inflación será el único mecanismo de reducción, en este caso, brutal e ilimitado, de los salarios y las jubilaciones. Por si no lo habíamos entendido durante 45 años de inflación, nos lo acaba de recordar el aumento de los precios que siguió a la devaluación de nuestra moneda dispuesta por el actual gobierno. Sobre esta cuestión la editorial de La Nación del sábado pasado es muy clara.

Podría seguir escribiendo muchos renglones sobre la increíble destrucción de instituciones económicas que ha llevado a cabo el Gobierno de Duhalde, apoyado por Alfonsin, pero no quiero extenderme demasiado, porque se trata de un tema muy conocido. Prefiero dedicar unos párrafos a la carencia de liderazgo que hoy afecta a la Argentina. Lo que ha ocurrido en Brasil alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en comparación con lo que ocurrió en nuestro país hace exactamente un año, es una clara demostración de que allá existe liderazgo y aquí no.

Para esta misma época, el año pasado, el Directorio del FMI nos aprobaba un préstamo muy importante. Significó un desembolso inmediato de 5 mil millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central, el compromiso de 3 mil millones adicionales para apoyar la reestructuración de deuda y la luz verde para avanzar con los desembolsos pendientes del propio FMI más el otorgamiento de nuevos préstamos por el BID y el Banco Mundial. Se trató de un préstamo proporcionalmente más grande que el que le está otorgando en estos momentos a Brasil. Si bien se habla de 30 mil millones, el desembolso inmediato para Brasil es de sólo 6 mil millones, siendo que su economía y su deuda triplican a la de Argentina. Los desembolsos comprometidos para el futuro son de una magnitud, proporcionalmente parecida a los que nosotros teníamos pendientes desde el otorgamiento del "Blindaje" a fines del año 2000.

Mi argumento para convencer al FMI y a los gobiernos del G-7 sobre la razonabilidad del préstamo que estábamos solicitando consistió en presentar la aprobación por el Congreso Nacional, con apoyo de los gobernadores, de la Ley del Déficit Cero, como  la demostración de que contábamos con el liderazgo político necesario para superar la crisis. No íbamos a tener más déficit fiscales, pero necesitábamos apoyo para revertir la desconfianza de los depositantes en las instituciones financieras, particularmente, en aquéllas que le habían prestado a las Provincias y tenían muchos bonos del gobierno en su activo.

Conseguimos el préstamo del FMI y paramos durante septiembre y octubre el drenaje de depósitos bancarios. Pero teníamos por delante la reestructuración de la deuda, tanto Nacional como Provincial, que iba a ser una tarea difícil, porque había que convencer a los acreedores para que otorgaran una reducción a la mitad de la factura de intereses, además de alargar los plazos de vencimiento de la deuda. Para seguir ayudándonos con la reestructuración de la deuda, los países del G-7 y el FMI nos pedían señales de unidad política detrás del programa. De la Rua le explicó con lujo de detalles la cuestión a Alfonsin y a los gobernadores Radicales. Yo hablé mucho con Duhalde y con los gobernadores Justicialistas, pero el apoyo que necesitábamos nunca llegó. Por el contrario, cuando ya habíamos logrado reestructurar exitosamente toda la deuda interna, Alfonsin y Duhalde apoyaron el golpe institucional del 19 y 20 de diciembre para tomar el poder desde el 1 de enero y comenzar a destruir las instituciones económicas argentinas.

¿Qué está pasando en Brasil?  Todo lo contrario. Cuando Fernando Henrique Cardoso y Pedro Malan le explican a Luis Ignacio Lula y a Ciro Gómez  la necesidad de comprometer políticas fiscales y monetarias serias para viabilizar un manejo ordenado de la deuda interna y externa, éstos brindan su apoyo, a pesar de estar inmersos en una dura contienda electoral. Si Lula y Ciro Gómez fueran como Alfonsin y Duhalde, en lugar de apoyar el programa presentado al FMI por el Gobierno, habrían contribuído a desestabilizar aún más los mercados y provocado una explosión del problema de la deuda en manos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso para demostrar que "las políticas neoliberales son nefastas".

La comparación de conductas demuestra que en la Argentina existe falta de liderazgo político. Pero no por ausencia de vocación de poder de sus dirigentes, sino por falta de inteligencia y de patriotismo. Sin duda, Alfonsin y Duhalde tenían la misma vocación de poder que Lula y Ciro Gómez, pero se comportaron como dos personas poco inteligentes y nada patriotas. Para gozar de la satisfacción intelectual de decir que ellos tenían razón con sus críticas al "modelo", a pesar de que no habían podido convencer a la gente en las urnas, estuvieron dispuestos a empujar a la Argentina a la cesación de pagos, la devaluación y el caos.

La próxima elección presidencial es una oportunidad para que los argentinos recreemos un liderazgo político inteligente y patriótico. Además, es imprescindible que la Suprema Corte de Justicia limite el efecto destructivo sobre las instituciones económicas de las numerosas normas inconstitucionales dictadas por el Ejecutivo y el Congreso Nacional desde que asumió Duhalde. Ojalá la terminación del Juicio Político a la Corte, que podría decidirse en dos semanas, ponga al alto tribunal en condiciones de hacer una contribución patriótica al reestablecimiento institucional de la Argentina. Instituciones y Liderazgo son ingredientes indispensables para que la Argentina vuelva a tener futuro.