Domingo Cavallo

De todo lo que ví y oí sobre el cacerolazo de anoche, lo que más me impactó fue este elocuente testimonio que me hizo llegar Luis Induni desde Córdoba. Me apresuro a compartirlo con los visitantes del blog.

«Anoche estuve en Patio Olmos…

¡Qué enorme alegría cívica!…Redescubrí a nuestra querida clase media, tan ausente en la vía pública, …¿Por qué?…Porque es la que trabaja, la que está en las oficinas, en sus empresas, en sus hogares, la que con su silente trabajo sostiene al país…la más difícil de domesticar, la más indómita, el peor negocio político de los kirchner’s que tendrán que seguir husmeando y medrando con bajo fondo de la sociedad marginal, inculta y pobre, al que cultivan y agrandan para poder seguir ganando elecciones en la pseudo democracia electoralista y delegativa….!

Una gran alegría fue ver a todas las edades presentes y con una altísima participación de gente joven…!

Ahí me vino a la cabeza el ¡Cuán usurpada está siempre la vía pública entre nosotros…por los ocupantes manipulados por el nazi-fascismo populista de tantos años en el país, piqueteros, terroristas,  huelguistas, etc. Finalmente “la calle” tuvo a sus legítimos dueños, la sociedad, con sus sentimientos naturales y  sanos, sin distorsiones ideológicas, con la bandera nacional,  izada, y no los trapos rojos con leyendas e  imágenes de violentos que no nos representan, las pancartas sin adhesiones partidocráticas,  sin errores de ortografía ni insultos, con su cara descubierta y sin los vendajes con que se ocultan los cobardes  encapuchados, con sus manos en alto y libres, con niños en brazos y no con armas y palos, sin vidrios rotos en los comercios, con el tránsito no cortado para molestar sino reordenado por la policía y los inspectores municipales para facilitar la legítima manifestación ciudadana, en fin una fiesta cívica…!

La calle en mano de sus verdaderos dueños, los ciudadanos…!»

Me acaban de avisar de Sudamericana que ya está disponible la versión digital de mi libro Estanflación. Fue escrito en 2008 pero tiene total actualidad. Se puede adquirir en «libranda» y también en «amazon»

También me acaba de llegar el video del último programa de TV en el que participé durante mi estadía en Buenos Aires. Se trató de un muy buen reportaje de Fernandez Llorente en el que contesté preguntas que están mas desarrolladas en el libro. A continuación incluyo los links:

La legislatura de la Provincia de Córdoba está por aprobar una ley que denuncia el Pacto Federal Fiscal de 1992. El objetivo es recuperar para las provincias el 15 % de la masa de recursos coparticipables que fueron afectados al financiamiento del Sistema Nacional de Seguridad Social. Yo, que en aquellos años fui el negociador por la Nación de este pacto y del que lo complementó en 1993 (apoyado por Juan Carlos Pezoa, entonces subsecretario de Relaciones Fiscales Nación Provincias y actual Secretario de Hacienda) quiero dar testimonio de que la Provincia de Córdoba tiene razón en su planteo actual.

La Nación hace mucho que ha dejado de cumplir con los compromisos que asumió frente a las provincias en oportunidad de aquellos pactos. Y las condiciones que en aquella oportunidad llevaron a todas las provincias a firmar estos acuerdos  hoy ya no existen.

Paso a enumerar los argumentos que yo lleve entonces como Ministro de Economía de la Nación a la mesa de negociación para solicitar a las provincias que colaboraran con el financiamiento del Sistema de Seguridad Social.

Desde abril de 1991 las provincias estaban recibiendo una proporción mucho mayor de los recursos recaudados por la Nación porque con la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad habían desaparecido dos fuentes de financiamiento no coparticipable: la emisión monetaria y las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias que hasta marzo de 1991 y durante toda la década del 80 habían representado más de las dos terceras partes de los recursos disponibles para financiar al Sector Público. Cómo sólo se distribuía, aproximadamente por mitades, el 33% de los recursos tributarios, hasta marzo de 1991 las provincias recibían apenas el 16 o 17 % de los recursos disponibles para financiar el gasto de la Nación y de las provincias. A partir de abril de 1991, como aquellos recursos no coparticipables (emisión y retenciones) fueron completamente remplazados por recaudación efectiva de impuestos coparticipables, las provincias comenzaron a recibir alrededor del 50 %  del total en lugar del magro 16 o 17 % anterior.

Hoy, la situación se ha revertido totalmente y las provincias reciben una proporción muy parecida a la que recibían hasta marzo de 1991 por la simple razón de las principales fuentes de financiamiento del Sector Público han vuelto a ser las retenciones agropecuarias y la emisión monetaria, ninguna de las cuales integra la masa de recursos coparticipables.  Por consiguiente aquel argumento que yo esgrimí en 1992 ya no es válido.

En 1992 la eliminación de las retenciones agropecuarias hicieron posible que las Provincias pudieran recaudar más a través del impuesto inmobiliario rural, una de las principales fuentes propias de financiamiento. Hoy también esa ventaja para las provincias ha desaparecido porque la enorme carga tributaria que las retenciones significa para las actividades rurales no permiten a las provincias recaudar cifras significativas con el impuesto inmobiliario rural dado que, como es de esperar, el sector agropecuario resiste la actualización de las valuaciones.

Además, cuando negociamos aquellos pactos fiscales, la Nación se comprometió a devolver a los trabajadores la titularidad de los aportes personales jubilatorios, los que dejarían de ingresar a la ANSES e irían a cuentas de ahorro y capitalización individual de cada trabajador. Más aún, los gobernadores se sumaron al pedido de la Nación para que el Congreso Nacional sancionara la reforma Previsional que remplazaría el sistema de reparto por uno de capitalización individual. Este compromiso nacional, que se hizo realidad con la aprobación del nuevo Sistema Previsional en 1993 ha sido completamente revertido desde que se eliminaron las cuentas individuales de los trabajadores que eran administradas por las AFJP’s y los aportes personales han vuelto a ser recursos ordinarios de la ANSES.

Otro compromiso que asumió la Nación fue el de reducir los aportes patronales para abaratar el costo laboral sin afectar el salario de bolsillo de los trabajadores. Se dispuso, en el pacto fiscal de 1993, que esta reducción debería ser mayor a medida que era más bajo el nivel de desarrollo del área geográfica en la que estaba empleado el trabajador y a medida que mayor fuera la distancia desde Buenos Aires. Este era un beneficio importante para las provincias, porque aumentaba la competitividad y alentaba la creación de empleos formales en las economías regionales. En la actualidad la Nación cobra los más altos aportes patronales jubilatorios de la historia y no queda ningún vestigio de reducciones enderezadas a alentar la creación de empleo formal o aumentar la competitividad de las economías regionales.

La afectación del 15 % de la masa de recursos coparticipables al financiamiento de la ANSES tenía por objeto remplazar la reducción en la recaudación de aportes patronales y el re-direccionamiento hacia cuentas individuales de los trabajadores de sus aportes personales. Ninguna de estas dos razones existe en la actualidad. Como además, las provincias reciben un porcentaje mucho más reducido de los recursos que consigue la Nación a causa de que las dos principales fuentes de financiamiento que reaparecieron luego del abandono de la convertibilidad no se coparticipan, es absolutamente claro que las provincias tienen todo el derecho a pretender recuperar aquel 15 % de la masa de recursos coparticipables.

Ojalá todas las provincias demuestren tener la responsabilidad y el coraje que está demostrando la Provincia de Córdoba al plantear, con toda justicia, que la Nación deje de retener aquel 15 % y lo distribuya entre las jurisdicciones locales según los coeficientes que marca la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos vigente.

Entre paréntesis, vale la pena que quienes lean este artículo, no dejen de leer atentamente el texto del Pacto Federal Fiscal de 1992 y el  del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993. De su lectura surge claramente la enorme diferencia que existe entre la absoluta falta de comunicación y coordinación entre la Nación y las Provincias que prevaleció en la última década con la permanente negociación y trabajo conjunto que existió en la década del 90. Es una lástima que el Gobierno de los Kirchner no haya seguido la metodología de aquellos pactos federales fiscales en los que el propio Néstor Kirchner y el actual Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, actuaron como  importantes negociadores.  Me angustia observar que Néstor Kirchner, que por entonces actuaba como un gran defensor del Federalismo, haya adoptado la actitud opuesta y la haya proyectado hacia el Gobierno de su esposa.

El discurso de la Presidenta fue una sucesión de mentiras,  no muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. Pero vale la pena preguntarse porqué utilizó mi paso durante 53 días al frente del Banco Central en 1982 para mostrarme como uno de los principales responsables del endeudamiento argentino, siendo que yo fui Ministro durante más de siete años entre 1989 y 1996 y nuevamente durante 2001. Sin duda la traicionó el subconsciente. Voy a explicarlo.

Las medidas que yo adopté en julio y agosto de 1982 a Cristina la perjudicaron mucho. Ella y Néstor, por entonces tenían un estudio de abogados que se dedicaba a ejecutar hipotecas para que los bancos pudieran recuperar los préstamos que habían otorgado ajustados por la circular 1050. Es bien conocido que los inmuebles que declaran en su patrimonio vienen de aquella época, porque ellos compraban a precio de remate los inmuebles de los deudores a los que ejecutaban.

Como yo me dediqué durante esos 53 días a resolver aquel problema de deudas hipotecarias, no muy diferente en su naturaleza al que aún persiste en los Estados Unidos por las hipotecas «sub-prime», de inmediato desapareció el negocio que los Kirchner habían venido haciendo alrededor de las ejecuciones hipotecarias.

Hacia fines de junio de 1982, luego de la derrota de nuestro País en la Guerra de Malvinas y después que durante tres meses el país había dejado de pagar su deuda externa comercial  yo consideré que el problema principal de nuestra economía era el endeudamiento excesivo de las familias, por adquisición de viviendas, y de las pequeñas y medianas empresas, por inversiones y capital de trabajo. Eran deudas en pesos, no en dólares, que se habían multiplicado geométricamente porque estaban indexadas por la circular 1050 que permitía la capitalización de los intereses nominales. Como la tasa de interés nominal se había mantenido muy por arriba de la tasa de inflación durante más de dos años, las altas tasas reales de interés, en pesos, habían hecho crecer las deudas al mismo tiempo que habían deprimido el precio de las propiedades. Como resultado las familias que habían adquirido viviendas con créditos hipotecarios debían más de lo que valían sus propiedades y  por supuesto, no podían afrontar el pago de las cuotas con salarios que apenas habían crecido al ritmo de la inflación. Por eso, muchos estudios jurídicos relacionados con los bancos, se dedicaban a ejecutar hipotecas y algunos de ellos, los Kirchner por ejemplo, participaban además en los remates como compradores.

La solución que yo apliqué fue conceptualmente simple: Decidí regular por un tiempo la tasa nominal de interés que los bancos podían pagar sobre los depósitos a plazos fijos cortos y también las tasas que los bancos podían cobrar por su cartera de préstamos en pesos. Las tasas reales de interés iban a ser negativas por un tiempo lo suficientemente largo como para que las deudas hipotecarias y otras deudas en pesos se redujeran (ahí nació el término «licuación de pasivos») y los deudores recompusieran tanto la relación entre los salarios y las cuotas de los préstamos como la relación entre el valor de los activos y el monto de la deuda. Por supuesto, a partir de allí los Bancos dejaron de ejecutar a sus deudores, porque estos ya no eran insolventes. Esta medida benefició a millones de familias y de empresarios medianos y pequeños y perjudicó sólo a quienes como los Kirchner se dedicaban a las ejecuciones hipotecarias y a las compras de propiedades a precio de remate y a algunas grandes empresas que no estaban endeudadas en pesos sino en dólares.

Para los endeudados en dólares, que de repente pasaron a contabilizar deudas mucho mayores que las que habían registrado hasta ese momento porque yo dejé que el Peso se devaluara en el mercado financiero libre todo lo que fuera necesario y se abrió una brecha con el mercado comercial, lo único que yo les ofrecía era un seguro de cambio para poder pagar sus deudas por el mercado comercial si lograban extender en dos años los plazos de vencimientos de sus deudas. Esta era una solución justa y que no complicaría las cuentas públicas porque era de esperar que en un período de dos años el mercado financiero y el mercado comercial deberían estar ya reunificados. Mi solución no satisfizo a las grandes empresas endeudadas en dólares y como volvieron a hacerlo en el 2001, hicieron lobby para sacarme de la Presidencia del Banco Central.

Los Kirchner estaban demasiado ocupados en sus ejecuciones hipotecarias y preocupados por la repentina desaparición de su negocio profesional como para advertir que me sacaban del Banco Central para resolverle el problema a los endeudados en dólares a costa del aumento del endeudamiento público. Yo fui el primero en advertirlo y en denunciarlo. Lo hice el 22 de setiembre de 1982 en una conferencia que dí en Córdoba luego de ser presentado por el entonces Presidente del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de esa ciudad y poco tiempo después Secretario de Hacienda del Gobierno Radical: Norberto Bertaina. A pesar de mi advertencia sobre el costo que tendría para el erario público, el nuevo Presidente del Banco Central Julio Gonzalez del Solar dispuso la «estatización de la deuda privada» pocos días después. Recuerdo que algunos dirigentes políticos de que aquella época, que por entonces, a diferencia de los Kirchner estaban más preocupados porque no se interrumpiera el proceso de retorno a la democracia que por sus negocios profesionales, como el Dr Raúl Alfonsín, por ejemplo, denunciaban que mi renuncia forzada a la Presidencia del Banco Centralb era una forma de entorpecer la apertura democrática. Esto se puede leer en un artículo del diario «La voz» del mismo día en el que yo pronunciaba mi conferencia en el Consejo Profesional de Córdoba.

Respecto de Cristina Kirchner sólo puedo imaginar dos cosas: que haya estado ofuscada por la terminación de su negocio de ejecuciones hipotecarias y no haya podido seguir los acontecimientos económicos y políticos de esos meses o que, conociendo cuál es la verdad, haya decidido adherir a la interpretación de la historia que quieren hacer los que le ayudan a construir el «relato» oficial. Son los mismos que desde 1984 en adelante, para conseguir que el Presidente Alfonsín dejara de consultarme, inventaron mi supuesta responsabilidad en la estatización de la deuda privada. Miente, miente, que algo quedará.

El martes 24 de julio participé en el programa «Longobardi en Vivo. Estos son los links:

http://www.youtube.com/watch?v=zYd7XNFuaKI&feature=plcp