La habilidad persuasiva de los ideólogos del Modelo “Productivo”

Cuarta nota de seis

Lamentablemente, pese a que su influencia inicial fue atenuada, los ideólogos del Modelo “Productivo” lograron imponer su interpretación de la historia económica de la Argentina y han logrado que muchos dirigentes políticos y analistas mediáticos, la utilicen para interpretar la realidad económica de la Argentina actual.

Como ejemplo de esta interpretación equivocada de la historia merecen mencionarse:

a) el olvido de la inflación, la stagflación y la hiperinflación, como enfermedades endémicas de la economía Argentina durante cuatro décadas;

b) la desestimación de los impuestos distorsivos como factores que encarecen y desalientan las inversiones, la producción y el empleo en los sectores más productivos de la economía;

d) la ponderación de la sustitución de importaciones como estrategia de crecimiento y la desestimación de la apertura de la economía como promotora de eficiencia económica y de competitividad externa.

e) la identificación de la Convertibilidad con el “atraso cambiario” ocasionado por la tablita de Martínez de Hoz como responsables del estancamiento de la economía Argentina durante las últimas décadas, omitiendo deliberadamente cualquier mención a los atrasos cambiarios del Ministro Gelbard entre el 73 y el 75 y del Ministro Sourrouille entre 1985 y 1987, gestiones ambas que lo tuvieron a Lavagna como miembro de los respectivos equipos económicos;

Néstor Kirchner fue, lamentablemente, uno de los dirigentes convencidos por los ideólogos del Modelo “Productivo. Este hecho demuestra su habilidad persuasiva, porque me consta que Kirchner antes era conciente de la importancia de erradicar la inflación y estuvo en contra del abandono de la Convertibilidad en 2002, que entendía muy bien que los déficits y no la Convertibilidad eran los responsables del endeudamiento público, a punto tal que durante los 90 nunca endeudó su provincia. En aquel entonces estuvo de acuerdo con la eliminación de los impuestos distorsivos y siempre reclamó la coparticipación automática de todos los impuestos recaudados por la Nación. Además nunca adhirió a los reclamos proteccionistas de los industriales ineficientes y siempre se opuso a los gravámenes que desalientan la exportación desde las economías regionales.

A pesar de haber tenido estas actitudes claras en el pasado, Kirchner sucumbió a los poderes persuasivos de los ideólogos del Modelo “Productivo”

Cabe preguntarse dónde radicó la clave de este éxito persuasivo. La clave estuvo en la combinación de varias circunstancias que favorecieron la difusión de sus ideas:

a) la conveniencia para muchos empresarios, muy influyentes en los medios de comunicación, de esta interpretación de la historia, como forma de cargar la solución de sus problemas de endeudamiento a costa de ahorristas, trabajadores y jubilados, sobre las espaldas políticas de los gobiernos anteriores;

b) la desvalorización del Dólar a escala global (de más del 40 % frente al Euro, por ejemplo), el impresionante aumento de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación y la abundante liquidez internacional que produjo una bonanza mundial nunca antes vista;

c) la existencia de una moderna estructura productiva en el sector agropecuario, la minería y los sectores industriales que habían logrado re-equiparse y modernizarse durante la década de los 90; esta circunstancia permitió aprovechar rápidamente la mejora en los términos del intercambio externo.

d) la modernización de la infraestructura y el excelente grado de capitalización que tenían los sectores de la energía y otros servicios públicos en el momento en que se lanzó el Modelo Productivo; esta circunstancia permitió esconder hasta hoy el proceso de descapitalización y deterioro en que entraron esos sectores desde 2002;

Los ideólogos del Modelo “Productivo” tuvieron una habilidad destacable en atribuir todos los costos de las nuevas medidas al Modelo de la Convertibilidad y de apropiarse de todos los beneficios de las circunstancias internas y externas que posibilitaron una rápida recuperación de la economía y cuatro años sucesivos de crecimiento a ritmo asiático.

Ahora están tan engolosinados con este éxito propagandístico que se han lanzado a convencer a los argentinos que los costos que aún no han sido advertidos por la sociedad, pero que pronto se pondrán de manifiesto con elocuencia, no son responsabilidad del Modelo “Productivo” que ellos pregonan, sino de los errores cometidos por los ejecutores pragmáticos desde la salida de Lavagna del gobierno de Kirchner.

En esta nueva campaña propagandística, esperan tener la complicidad resignada de los derrotados ideólogos liberales, que, por odio a Kirchner, estarán dispuestos a adherir no sólo a las críticas de los ideólogos del Modelo Productivo, sino a su interpretación de la historia, aunque ésta los condene al papel de ingenuos divulgadores del “Consenso de Washington”.

Ideólogos y ejecutores en la experiencia de 2002

Tercera nota de seis


El peligro de la opción entre Kirchner y Lavagna, se puede ilustrar recordando la posición de los ideólogos frente a los ejecutores, en los primeros meses de 2002.

Entre el 6 de Enero y fines de Febrero de 2002, el Gobierno de Eduardo Duhalde decidió transformar la denominación de todos los depósitos bancarios de dólares a pesos y dejar flotar el Peso. A los depositantes por montos pequeños y los de aquellos titulares que tenían más de 70 años, así como los depósitos provenientes de indemnizaciones por despido y prestaciones alimentarías, se les otorgó el “beneficio” de poder retirar sus depósitos de inmediato a razón de 1.4 pesos por Dólar. Durante los tres meses siguientes, se fue ampliando el número de depositantes a los que se otorgó ese “privilegio”. Las comillas para las palabras “beneficio” y “privilegio” tienen el sentido de destacar la ironía de las medidas. En realidad, a toda esta gente que se le permitió salir del “corralito” se le causó el máximo perjuicio, porque en la práctica se le quitó más del 60 % de los ahorros en dólares que había acumulado hasta fines de diciembre de 2001.

Toda la gente que logró salir del corralito durante los primeros meses de 2002, que estaba acostumbrada a resguardar sus depósitos en dólares, una vez que se hizo de los pesos que le entregaron por sus depósitos, compraron dólares en el mercado paralelo pagando hasta 4 pesos por Dólar! Es decir, realizaron una pérdida de más del 60 % del valor de sus ahorros originales. Quien retiró 14.000 pesos (el valor que le daban por 10.000 dólares de depósitos) y compró dólares a 4 pesos, terminó con sólo 3.500 dólares en su bolsillo. Este fue el caso de millones de depositantes que lograron retirar cerca de20 mil millones de pesos, con lo que realizaron una pérdida de casi 10 mil millones de dólares. Esta fue una de las máximas injusticias de las muchas que caracterizaron al año 2002. Fue una injusticia sólo comparable con la que soportaron los jubilados y los asalariados a los que se les quitó de un saque más del 30 % de sus ingresos en relación al costo de la vida. La herramienta para este segundo despojo, fue el impacto inflacionario de la extrema devaluación del Peso.

Por supuesto que la pérdida para los ahorristas, para los jubilados y para los trabajadores, pudo haber sido mucho mayor, si las medidas de Duhalde hubieran seguido a pie juntillas la recomendación de los ideólogos del Modelo “Productivo”, de los que Javier Gonzáles Fraga era por entonces el principal vocero intelectual. Ellos, igual que el FMI, no simpatizaban con el carácter asimétrico de la pesificación, demandaban la flotación limpia del Peso y sostenían que el Banco Central no debería haber salido a vender dólares. Además pretendían que el gobierno levantara de inmediato el “corralito”, de tal forma que todos los depositantes pudieran retirar sus depósitos (en pesos emitidos masivamente por el Banco Central, naturalmente) y tuvieran libertad para convertirlos nuevamente en dólares, a una cotización que en ese caso podría haber llegado a 5 ó 6 pesos por Dólar!

Para los ideólogos que veían en el proceso de pesificación y eliminación de las restricciones monetarias y cambiarias, la forma de producir la máxima reducción posible de las deudas internas y del gasto público, ésta era la solución óptima de los problemas que ellos siempre atribuyeron a la Convertibilidad. Qué mejor, para ellos, que bajar el gasto público y los salarios en términos reales no en “sólo” 30 % sino en, digamos, 50 %. En todo caso habría mas colchón inicial para luego ir devolviéndoles de a poco a jubilados y trabajadores, como forma de mantenerlos esperanzados en una mejora, sin correr el riesgo de reestablecer los niveles de gasto y costos laborales de la década de los 90.

De todas maneras, el argumento para que la población aceptara el consiguiente deterioro en su nivel de vida era la “artificialidad” de la bonanza de los años de la Convertibilidad, y este argumento podía valer tanto para una reducción del 30 % como para una del 50%. La ventaja de reducir inicialmente más, es que después se podría ser más “generoso” con la devolución, en todo caso, muy gradual, de lo previamente quitado. Como de la quita se culparía a los gobiernos anteriores, y la devolución la haría Duhalde, el negocio político era claramente positivo para el nuevo gobierno.

Afortunadamente, los ejecutores, particularmente el Ministro Remes Lenicov y el Presidente del Banco Central Mario Blejer, pretendieron tener cierta contemplación con los ahorristas y les dieron 1.4 pesos por Dólar, en lugar de sólo 1, vendieron casi cinco mil millones de dólares de las reservas del Banco Central, para impedir que el precio del dólar superara los 4 pesos, y no abrieron de golpe el corralito.

Gracias a estas actitudes pragmáticas, pero sobretodo a la sensata actitud de los jueces que comenzaron a dar curso a los recursos de amparo y le trasmitieron a los ahorristas la idea de que finalmente podrían recuperar sus dólares, los depositantes dejaron de retirar los depósitos en pesos devaluados, y decidieron esperar a que la justicia dispusiera la devolución de los dólares. Gracias a ello, comenzó a frenarse la demanda de dólares en el mercado negro.

El precio del Dólar apenas rozó los 4 pesos comenzó a bajar sostenidamente hasta que cuando llegó a 2.8 por Dólar, la influencia de los ideólogos, entre los que ya estaba enrolado el nuevo Ministro de Economía Roberto Lavagna, para entonces desencantado de la flotación limpia, volvió a hacerse sentir para que el Dólar dejara de caer y comenzara a subir nuevamente.

Con todo, las decisiones de Duhalde fueron costosísimas, particularmente para los ahorristas que retiraron sus ahorros en pesos cuando se flexibilizó el “corralito” y para los trabajadores y jubilados que tuvieron que soportar la inflación sin ajustes suficientes de salarios ni haberes. Pero pudieron haber sido aún peores si hubiera predominado la influencia de los ideólogos del Modelo “Productivo”.

Las críticas hipócritas de Lavagna

Segunda nota de seis


La crisis energética que denuncia Lavagna es fruto de la destrucción de las reglas de juego que en la década de los 90 impulsaron inversiones muy eficientes, tanto en generación, como en transmisión y distribución. Esta destrucción se produjo como consecuencia de las decisiones de Duhalde durante 2002, y no hubieran sido revertidas ni por los tímidos aumentos de tarifas que Lavagna gestionó, ni por las inversiones cuasi-públicas cuya demora Lavagna ahora critica.

La superación del riesgo de crisis energética sólo se logrará con un replanteo integral de reglas de juego para el sector, que Lavagna nunca pregonó porque es contrario a los postulados del denominado Modelo “Productivo”. Con las nuevas condiciones de la energía en el mundo, los precios en dólares de todo tipo de energía en la Argentina tendrán que ser más elevados que en la década de los noventa. Por consiguiente, el tipo de cambio real, al menos en relación a los precios de la energía, no podrá ser mas alto que en la época de la Convertibilidad.

El aumento del gasto público por subsidios al transporte a los que Lavagna también critica es, como la crisis energética, una consecuencia inevitable de la decisión de mantener el tipo de cambio real alto. Para que los precios del transporte público y otros servicios públicos y privados no aumenten al mismo ritmo que el precio de los bienes atados al dólar serán necesarios más y más subsidios. No sólo se necesitará subsidiar la operación de las empresas prestadoras, sino también su inversión, porque de otra manera los servicios públicos y privados terminarán totalmente descapitalizados y degradados.

Las re-estatizaciones parciales, como las de Aeropuertos y Aerolíneas y las re-estatizaciones totales como las de los servicios de aguas, que Lavagna también critica, son solo el comienzo de un proceso inevitable, si continúa en vigencia el denominado Modelo “Productivo” con tipo de cambio real alto. De hecho, la fijación de tarifas de servicios que aún con subsidios sólo cubren los costos operativos, significa que ya se ha decidido estatizar toda la nueva inversión, aún en servicios cuya operación siga concesionada al sector privado. Y no puede ser de otra manera si para mantener bajas las tarifas, en relación al tipo de cambio, se recurre a dejar sin remuneración el capital privado invertido con anterioridad.

Otra de las críticas de Lavagna se refiere al control de precios. Pero si el precios de los bienes en el mercado interno y los salarios deben mantenerse bajos para que el precio del dólar en términos reales sea alto, elevadas al extremo las retenciones y comprometida la política monetaria en la compra de reservas ¿qué otro instrumento le queda al gobierno para lograr ese objetivo?

Yendo más al terreno de la calidad institucional de naturaleza política, Lavagna critica la utilización de los recursos presupuestarios y de los superpoderes para disciplinar a gobernadores e intendentes y comprar su apoyo político. Esta utilización de los recursos del fisco es el resultado de la aplicación de las retenciones como principal fuente de recaudación, que reduce la base tributaria de un impuesto coparticipable, como el Impuesto a las Ganancias, y aporta recursos no coparticipables al Presupuesto Nacional. Pero las retenciones son inherentes del Modelo “Productivo”, dado que si éstas se eliminaran el tipo de cambio real se desplomaría.

Yendo al plano de la política exterior, Lavagna critica el acercamiento a Hugo Chávez, y los numerosos conflictos con otras naciones hermanas. Pero esta política exterior es la consecuencia natural del auto-encerramiento económico al que llevaron las decisiones de Duhalde en 2002.

Finalmente, la crítica que pretende tener más impacto político, porque sugiere que hay corrupción de por medio, es la que se refiere al “capitalismo de amigos”. Corresponde preguntarse: en un sistema de ausencia total de reglas de juego y redistribuciones arbitrarias como el que se inauguró en 2002, ¿a quien, sino a los capitalistas y sindicalistas amigos, beneficiarán las medidas discrecionales del gobierno? Si Lavagna siguiera siendo Ministro de Economía, o si resultara elegido Presidente, ¿utilizaría la repartija discrecional de premios y castigos, que es inherente al Modelo “Productivo”, a favor de sus enemigos?

Sin duda, el Gobierno de Kirchner merece severas críticas por todo lo que señala Lavagna y muchas cosas más. No menos criticables son: la deuda creciente que se está acumulando con los Jubilados a los que no se les dio suficiente movilidad a sus jubilaciones, los atrasos salariales de los trabajadores de la salud y otros servicios privados, los compromisos de inversión pública crecientes por ausencia de inversión privada en sectores de la energía, los transportes y la infraestructura, la desproporción entre los costos de la vivienda y los salarios de los trabajadores y el encarecimiento prohibitivo de los insumos tecnológicos en muchas actividades de servicios.

Pero si esas críticas sirven para que Kirchner sea reemplazado por los ideólogos del Modelo “Productivo”, sólo conseguiremos salir de la sartén para caer en el fuego.

Lavagna y el sentido épico del Golpe de Alfonsín y Moreau

Primera nota de seis

Quienes sigan con atención los pasos del ex Presidente Raúl Alfonsín y de su Rasputín, Leopoldo Moreau, podrán advertir que la eventual candidatura de Lavagna a la Presidencia de la República, los llena de entusiasmo, aún cuando el ex Ministro de Economía de Kirchner hace esfuerzos por aparecer lejos de ellos. El ex presidente, y el frustrado candidato radical del 2003, esperan que una campaña presidencial de Lavagna ayude a que la opinión pública siga creyendo que el Golpe Institucional que dieron juntos para sacar del poder a De la Rúa tuvo un sentido épico.

Alfonsín y Moreau han convencido a la mayoría de los Argentinos, con una formidable maquinaria propagandística puesta a funcionar por Duhalde, financiada por grandes empresarios endeudados y con el respaldo intelectual de los ideólogos del Modelo “Productivo”, que la devaluación que se produjo desde el abandono de la Convertibilidad, en Enero de 2002, marcó el comienzo de la vigencia en Argentina de un nuevo modelo basado en el tipo de cambio real alto, en reemplazo del Modelo “Neoliberal” de la Convertibilidad.

Llamo ideólogos del Modelo “Productivo” a economistas que entienden la ley de la oferta y la demanda y que han defendido la devaluación del Peso en 2002 como un “cambio de modelo económico”. Los ejemplos más relevantes son Roberto Lavagna y Javier González Fraga, en contraste con, digamos, Julio De Vido y Guillermo Moreno, que son ejecutores pragmáticos, sin pretensiones de liderazgo ideológico.

Como el accionar de los ejecutores avanza sin contención en el Gobierno de Kirchner, especialmente desde que el Presidente lo sacó a Lavagna del Ministerio de Economía, los ideólogos del Modelo “Productivo”, han comenzado a sugerir que por errores de ejecución el nuevo modelo puede llegar a fracasar.

En ese sentido, Lavagna critica la inminente crisis energética, el aumento del gasto por subsidios al transporte, las re-estatizaciones parciales o totales de empresas privatizadas, el control de precios, la utilización de los recursos no coparticipables y de los superpoderes para disciplinar políticamente a gobernadores e intendentes y la proximidad a la Venezuela de Chávez. Y terminan argumentado que Kirchner quiere construir un “capitalismo de amigos”, con lo que dejan sembrada la sospecha de corrupción.

Alfonsín y Moreau se muestran muy preocupados por que estos desvíos puedan desdibujar el sentido épico de la gran batalla que dieron para sacar a Argentina del abismo en la que, según ellos, había caído como consecuencia de las gestiones de Menem y De la Rúa, y sobretodo, de la “nefasta ideología Neoliberal aportada por Cavallo”.

Para neutralizar este riesgo, esperan llevar a Lavagna a la Presidencia de la República. Esta candidatura concitaría, según ellos, el apoyo de suficientes partidarios del Modelo “Productivo” y, en una eventual segunda vuelta, de los liberales e independientes, que puestos a optar, lo harían por Lavagna, aunque más no sea, por odio a Kirchner. Esta es, en una apretada síntesis, la principal novedad del panorama electoral para 2007.

Para desconsuelo de Alfonsín y Moreau, pero para bien de todos los argentinos, me atrevo a predecir que gracias a los acontecimientos políticos y económicos de los próximos cuatro años, gobierne Kirchner o gobierne Lavagna, la opinión pública va a descubrir la verdad de lo que ocurrió en las vísperas del Año Nuevo de 2002. Y esto permitirá, sino en 2007, con seguridad en 2011, la recuperación de las instituciones políticas y económicas necesarias para el progreso sostenido de Argentina, sin las lacras de la inflación y del aislamiento internacional.

El Golpe Institucional de Diciembre de 2001 marcó el comienzo de un período caracterizado por una degradación extrema de las instituciones políticas republicanas y de las instituciones económicas protectoras de la propiedad y de la libertad.

La pesificación y la devaluación , el congelamiento selectivo y arbitrario de tarifas y precios de servicios, salarios y jubilaciones, la destrucción de la base contractual de la economía , la presión sobre la Corte Suprema de Justicia para que convalidara la violación de los derechos de propiedad de los ahorristas, la confrontación inamistosa con naciones hermanas y con aquellos países desde los que más inversiones habíamos recibido, la amistad con la Venezuela de Chávez y el distanciamiento de muchas naciones serias, ocurrieron no desde la salida de Lavagna del Ministerio de Economía, sino desde el mismo momento en que Duhalde se hizo del Poder con el apoyo cómplice de Alfonsín, Moreau y muchos radicales.

Todos los problemas que hoy los ideólogos del Modelo “Productivo” quieren hacer aparecer como responsabilidad de los ejecutores pragmáticos, no son sino la consecuencia natural de la degradación política y económica en la que entró Argentina desde aquel trágico momento.

En mis próximas cinco notas explicaré las razones por las que la opinión pública descubrirá la verdad y votará, a mas tardar en el 2011, para recuperar instituciones políticas y económicas que permitan el bienestar de todos los argentinos y, no sólo, de los beneficiarios privilegiados de la Argentina devaluada.

Megacanje: una decisión judicial tan absurda como peligrosa

Artículo editorial publicado por La Nación el 6/10/06

La resolución del juez Jorge Ballestero de procesar al ex presidente Fernando de la Rúa y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la operación de megacanje de deuda efectuada en 2001 es arbitraria e infundada, al tiempo que avanza por la peligrosa línea de enjuiciar las decisiones de política económica, especialmente cuando no coinciden con las ideas dominantes en el gobierno de turno.

El juez Ballestero imputó al ex mandatario y a varios ex funcionarios el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y, con ello, pretende sostener que aquéllos incurrieron en un crimen, que excede el margen de discrecionalidad propio de las medidas políticas.Pero más allá de esa afirmación genérica y vaga, la resolución del magistrado no contiene prueba alguna que demuestre que De la Rúa, Cavallo y sus colaboradores de entonces intentaron perjudicar “a sabiendas” al país o que obtuvieron un beneficio económico para sí o para otros, los únicos dos supuestos que, según el Código Penal, podrían haber justificado el procesamiento de los ex funcionarios por defraudación.

La operación de megacanje de títulos de la deuda externa consistió en la postergación de los vencimientos que se iban a producir entre 2001 y 2005 hasta el período 2006-2031, a cambio de pagar cuantiosos intereses que hacían incrementar la deuda durante este último período. Varios legisladores nacionales presentaron una denuncia por el supuesto fraude, sosteniendo que De la Rúa buscó beneficiar a los bancos internacionales que intervinieron en la refinanciación.

Para dictar su fallo, el juez Ballestero se apoyó en un peritaje oficial encargado a expertos de reconocida probidad profesional, aunque con una visión política y económica muy distinta de la sostenida por el ex ministro Cavallo. Sin embargo, aun cuando se dejen de lado las fundadas sospechas de parcialidad que pueden surgir de la elección de esos peritos, ni siquiera el peritaje avala la decisión del juez Ballestero.En efecto, si bien los peritos calificaron de “inútil” el megacanje que De la Rúa había realizado años antes, describieron la difícil situación económica que atravesaba la Argentina en 2000 y 2001, como consecuencia del tipo de cambio, el déficit fiscal, la recesión, el endeudamiento externo, el desequilibrio de la balanza de pagos y otros factores que ponían de manifiesto la endeblez financiera de la Argentina. Es más, los expertos indicaron que sólo existían tres alternativas para salir de ella: el default, la reestructuración unilateral de la deuda por el Estado o el canje voluntario de la deuda en condiciones de mercado.De la Rúa tomó este último camino.

La distancia que dan los años y los acontecimientos ocurridos desde 2001 hasta la fecha pueden hacernos pensar a muchos que la decisión adoptada por el ex presidente fue incorrecta e incluso perjudicial desde el punto de vista económico. Pero las decisiones se toman en el momento en que se precipitan los hechos, que en medio de la emergencia que se vivía en aquellos años eran especialmente graves y dramáticos, y pretender que la Justicia pueda hacer una evaluación de determinaciones políticas llevará al país por una peligrosa senda de confrontaciones y de persecuciones ideológicas.

En efecto, la decisión del juez no contiene prueba alguna de que haya habido una operación oscura en el pago de comisiones a los bancos internacionales de primera línea que concurrieron en rescate del país, alargando plazos cuando la Argentina ya no gozaba en absoluto de crédito internacional. Es más, el peritaje comentado sostiene que “fue celebrado conforme con los usos y costumbres -internacionales y del país- y las comisiones acordadas coincidían con las que usualmente se abonaban por operaciones como la investigada”.

Por más que se pudiera sospechar que el megacanje fue una operación riesgosa y hasta ruinosa para el país, porque a lo largo de los años no lograría mejorar su situación financiera, y por más que se pudiera imaginar que el default llegaría inevitablemente -como sostienen, ex post facto, los peritos y el juez-, tampoco puede el magistrado desconocer que la decisión de declarar al país en default hubiera traído aparejados otros problemas.Por lo demás, el juez no tiene una sola prueba que demuestre que los imputados intentaron dañar al país, aun cuando su administración haya sido absolutamente errónea.

En tal sentido, puede añadirse que en aquella época otros países, como Turquía y Brasil, tomaron decisiones parecidas en momentos en que transitaban situaciones muy frágiles. Turquía evitó el default de su deuda, aunque sus indicadores financieros eran peores que los de la Argentina. Brasil también optó por evitar la cesación de pagos, incluso con cargas de intereses muy elevadas.

La decisión del juez Ballestero de procesar a quienes tomaron medidas económicas es desacertada y sólo puede entenderse si se tiene en cuenta su expresada pretensión de ocupar un cargo en la Cámara Federal, como una solapada intención de congraciarse con el gobierno de turno.Como si ello fuera poco, llama más aún la atención el apresuramiento que mostró el mismo magistrado cuando el 29 de septiembre, apenas tres días después de haber procesado la política económica de De la Rúa, desestimó otra denuncia que le habían presentado varios legisladores contra los superpoderes concedidos por el Congreso nacional al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En este último caso, en una abierta contradicción con su resolución sobre el megacanje, el magistrado resolvió que se trata de una cuestión política y, por lo tanto, no es judiciable, por lo cual no puede investigarse si los legisladores que votaron los superpoderes incurrieron en el delito de traición a la patria.

Una resolución judicial como la referida al megacanje, que se acomoda a los lineamientos de los intereses oficiales y resulta absolutamente arbitraria, deja flotando la posibilidad de que, en el futuro, se emplee igual criterio para juzgar una decisión política en cualquier otra materia, como educación o salud. Al mismo tiempo, se aleja de la independencia y probidad que deberían demostrar en todos los casos quienes tienen la excelsa misión de impartir justicia.