Las Lebacs y el Festival de Bonos

Por Felipe Murolo.

Hablar de las Lebacs se ha puesto de moda en estos días, y el  tema no es menor.

Las letras del Banco Central pueden ser un buen instrumento de esterilización transitoria, es decir, con un stock moderado y oscilante; no como sucede hace varios años, con un stock alto y continuamente creciente.

Las letras pueden considerarse un efectivo mínimo voluntario, adicional al legal establecido por el Banco Central. Al ser voluntario, es variable para cada una de las entidades, y permite evitar dificultades de liquidez en las instituciones mas expandidas.

Si pensamos en términos de exigencias globales: efectivo mínimo y lebacs, cuanto mas alto sea su porcentaje, menor es el multiplicador. Teóricamente, si ese porcentaje fuera del 100% no habría capacidad prestable en los bancos derivada de la base monetaria.

Pero aún así, para que el sistema sea inmune a corridas cambiarias, el Banco Central debería tener tantas reservas como el equivalente en dólares a la suma de sus pasivos, incluyendo por supuesto base monetaria convencional  y lebacs.

De la forma que se viene manejando la política monetaria, y en especial por razones fiscales, siendo que los pasivos monetarios del Banco Central están respaldados en un porcentaje cada vez menor por reservas internacionales, la situación actual se viene asemejando cada vez mas al festival de bonos iniciado en 1988 y que culminó con el Plan Bonex, con efectividad al 28 de diciembre de 1989.

¿Porqué digo esto? Porque si los depositantes demandaran dólares, aún en el caso teórico del efectivo mínimo del 100% (suma de exigencia legal y Lebacs), y mas aún en ese caso, los bancos podrían acceder a esas demandas pero el Banco Central no.

Por supuesto que habría una forma de que el Banco Central pudiera atender esa demanda: modificando el tipo de cambio en alza hasta que alcanzara el valor del cociente entre pasivos monetarios y reservas internacionales. O sea, devaluar.

Pero en ese escenario, cuanto mas demore en devaluar mas alto será el tipo de cambio de equilibrio teórico (cociente) para atender los pasivos residuales, y el impacto inflacionario sería muy significativo. Tanto mas significativo cuanto mayor sea la divergencia entre el cociente y el valor de mercado del tipo de cambio en el momento inicial.

Como se puede apreciar, el despilfarro fiscal y la política de impuestos y subsidios distorsivos de los precios relativos tiene un altísimo costo. Y ese precio, traducido en términos de inflación, lo pagarán mas los que menos tienen. Paradójicamente, aquellos a los que el Gobierno pretende defender.

El supuesto “desendeudamiento” también es una mentira.

Mientras el Gobierno de los Kirchner habla de “desendeudamiento” el Estado se está endeudando de la peor forma posible.

Todos los meses la deuda con los jubilados aumenta por incumplimiento de las leyes jubilatorias en vigencia y por multiplicación de reclamos judiciales. El origen de esta deuda es la falta de movilidad de las jubilaciones superiores a la mínima entre enero de 2002 y  diciembre de 2006. La deuda por el capital adeudado más los intereses hasta el momento del pago y las costas judiciales se hacen exigibles una vez que salen las sentencias judiciales y quedan firmes. Ese proceso, que comenzó lentamente en 2003, se va acelerando cada vez más y muy pronto adquirirá la misma magnitud que tenía al final del Gobierno del Dr. Alfonsín en 1989. En aquella época ascendía a 18 mil millones de dólares que debieron ser consolidados en 1991 y dieron lugar a la emisión de los denominados “bocones previsionales” por ese mismo monto.

Cuando se habla del aumento del endeudamiento de la  década del 90 se computan a estos 18 mil millones de dólares como si hubieran sido fruto de déficit fiscal durante los años de Menem, pero en realidad, se trató de un simple reconocimiento de una deuda que se fue acumulando a lo largo de los años durante el gobierno anterior. Ahora está ocurriendo lo mismo que en la década de los 80 y por la misma causa: no se reconoce a los jubilados el derecho a la movilidad que se torna muy relevante cuando hay inflación. Pero la Justicia finalmente hace lugar a los reclamos y la deuda acumulada debe pagarse. Es muy probable que el próximo Gobierno tenga que iniciar su gestión con un esquema de consolidación de pasivos semejante al de 1991. Y los montos involucrados serán aún mayores que los de aquella época.

Pagar los vencimientos de capital de la deuda en dólares que vence a lo largo de 2010 y 2011 con reservas del Banco Central  no significa que el Estado Argentino se desendeude, a menos que las reservas para esos pagos sean adquiridas por el Gobierno con superávit fiscal. El Gobierno, a través del mal denominado “Fondo de Desendeudamiento”,  compra esas reservas con un bono en dólares que coloca compulsivamente en el Banco Central. La emisión de ese bono es la prueba más clara de que no hay “desendeudamiento” y si la operación se hiciera con todas las de la ley, es decir haciéndose cargo el Tesoro del pasivo que el Banco Central adquirió para financiar esas reservas, tendría que emitir letras del tesoro para reemplazar a las lebacs, pagando tasas de interés seguramente más altas que las que actualmente paga el Banco Central. Ello pondría de manifiesto, de manera más clara aún, que no se trata de “desendeudamiento” sino de un cambio de fuente de financiamiento, pasando a una fuente más onerosa que la anterior.

Es bien conocido que desde el año 2008 han venido acumulándose atrasos en los pagos a proveedores y contratistas de obras públicas, a los beneficiarios de subsidios y a los exportadores que tienen derecho a la devolución del IVA. Todo eso significa un aumento de la deuda flotante, que si bien no aparece en las estadísticas, es una deuda más exigible y  más acuciante que la que está documentada en bonos del tesoro. Además, tiene el inconveniente que entorpece el funcionamiento de las empresas que en la medida en que sufren esos atrasos en sus cobranzas, se quedan sin capital de trabajo.

Cuando un Gobierno incurre en déficit fiscal lejos de desendeudarse está necesariamente aumentando su deuda. Claro que para disimularlo puede “defaultearla” en forma implícita, a través de la inflación, o simplemente esconderla para que la gente no lo advierta. Desde 2002 en adelante se están utilizando estos dos procedimientos en proporciones cambiantes. A medida que la gente no se deja engañar, la única vía que le queda al Gobierno para “desendeudarse” es licuando su deuda a través de la inflación.

Por eso, el “desendeudamiento” es otra mentira tan infame como aquella a la que nos tiene acostumbrado el INDEC cuando publica sus índices de precios.

Los “devalúo maníacos” ya acarician su próximo protagonismo

                             Por Domingo Cavallo, para La Nación, domingo 7 de marzo

Usando un término acuñado por Juan Carlos de Pablo muchos años atrás, denomino “devalúo maníacos” a los empresarios y economistas que sostienen la teoría de que todo se arregla con una devaluación fuerte de la moneda.  

Para los devalúo maníacos la devaluación tiene la virtud de producir una rebaja del gasto público y de los salarios reales, a la vez que permite cobrar impuestos distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y, de esa forma, reestablecer el equilibrio fiscal. Era la receta que aplicaba el FMI hasta bien entrada la década de los 80s. Consideran como un buen ejemplo de una devaluación “exitosa”, a la de enero de 2002, que licuó deudas, gastos públicos y salarios reales y permitió la introducción de las retenciones. Argumentan que fue esta devaluación la responsable de que la economía se recuperara y, durante seis años consecutivos, creciera a tasas chinas.

Ahora comienzan a acariciar su próximo protagonismo porque observan que la inflación ya ha vuelto a dejar atrasado al precio del dólar, los salarios reales ya alcanzaron el nivel promedio del período 1991-2001 y los costos laborales son incluso más altos que en aquella época, porque han vuelto a aumentar las contribuciones patronales y otros impuestos al trabajo. Observan además que el Gobierno ya no tiene suficientes recursos para afrontar sus gastos y deberá mantener las retenciones; las que, devaluación mediante, podrían aumentar los recursos tributarios sin provocar mayor enojo de los agricultores, a los que, en cierta medida, la devaluación también beneficiaría.

Los devalúo maníacos aspiran a que el Gobierno de los Kirchner se deje convencer  por esta argumentación, porque además le brindaría un argumento para presentar la emisión monetaria con que financiarán el déficit fiscal como un reparto de dividendos del Banco Central.

Lo que los devalúo maníacos no tienen en cuenta es que, en la actualidad, existen desequilibrios en los precios relativos de la economía que obligan al Gobierno a pagar enormes subsidios fiscales que, lejos de reducirse, podrían aumentar proporcionalmente más que el propio precio del dólar.

Se trata de todas las tarifas de servicios públicos y los precios de los bienes esenciales, como trigo y leche, que por haber sido congelados o estar controlados, además de frenar la inversión en esos sectores claves, obligan al Gobierno a pagar subsidios, para cubrir costos variables, por montos de la misma magnitud que el déficit fiscal. Para que esa masa de subsidios no aumente, la devaluación tendría que ser acompañada por un tarifazo de la misma magnitud que la devaluación.

En el actual contexto político y con el actual entrenamiento de los sindicatos para conseguir aumentos de salarios nominales, la estrategia que proponen los devalúo maníacos llevaría inevitablemente a la reedición del “Rodrigazo” de 1975. Los Kirchner entienden el costo político que tendría tomar esta medida, y por eso, pese a estar rodeados de técnicos de profunda convicción devaluacionista, tratan de evitar la devaluación.

Lamentablemente recurren a una enorme emisión monetaria  que a la postre transformará a la devaluación en inevitable. Por eso, los devalúo maníacos no se sienten defraudados. Creen que una vez que los Kirchner hayan dejado el gobierno, lograrán convencer a las nuevas autoridades que comiencen su gestión con una fuerte devaluación. La emisión monetaria provocada por los Kirchner y la brecha que habrá para entonces entre el dólar paralelo y el dólar oficial, les darán argumentos adicionales. 

Si dejaran de asesorarse con devalúo maníacos, los Kirchner podrían resolver los problemas, con un menor costo social, avanzando hacia una completa y sincera liberalización de todos los mercados. Las tarifas de servicios públicos deberían subir al nivel que permita cubrir los costos y eliminar todos los subsidios sin finalidad social. Las restricciones cuantitativas a las exportaciones e importaciones, igual que todos los controles de precios, deberían eliminarse. Las retenciones sobre las exportaciones deberían transformarse de inmediato en un pago a cuenta del impuesto a las ganancias. El precio del dólar no debería ser decidido por el gobierno sino por el mercado. Los salarios también deberían surgir de paritarias libres.

El Banco Central tendría que controlar estrictamente la emisión monetaria y, para resolver el problema de financiamiento del sector público, en particular el que requiere de dólares por hacer pagos en esa moneda, el Gobierno debería recurrir al Fondo Monetario Internacional y plantear un plan de completa normalización de las relaciones financieras con el exterior contra financiamiento de esa institución. Debe ser un plan que, por unos cuantos años, no requiera esfuerzo fiscal adicional a aquel necesario para cubrir los gastos en pesos. Estas dos últimas medidas evitarían genuinamente la mega-devaluación.

Los Kirchner se niegan a  aplicar esta solución porque no quieren reconocer que lo que han venido haciendo hasta ahora es la causa de los problemas. Y, de paso, si se salen con la suya y logran postergar estas decisiones, esperan que la enorme emisión que provocarán en los próximos meses y la capacidad persuasiva de  los devalúo maníacos logren convencer a las nuevas autoridades que todo se arregla, paradójicamente, con una  mega devaluación. De esa forma ellos podrán decir: nos fuimos nosotros y llegó el caos.