Domingo Cavallo

En la primera nota de esta serie expliqué porqué es necesario que el Gobierno se convenza de la necesidad de luchar contra la inflación.

En la segunda nota describí la regla monetaria que debería anunciar e implementar el Banco Central una vez que el Gobierno haya reconocido su responsabilidad prioritaria para lograr la estabilidad del nivel general de precios de la economía y le permita actuar con total independencia.

En la tercera nota argumenté que la inflación reprimida que hoy existe debe ser eliminada lo más rápido posible, so pena de que se acentúe la inercia inflacionaria y se hagan cada vez más persistentes la expectativas de inflación.

En la cuarta nota expliqué que para que los costos económicos y sociales de la lucha contra la inflación sean mínimos y se restablezca la estabilidad lo más rápido posible, es fundamental que los anuncios del Gobierno sean creíbles para la gente. Si el Gobierno carece de credibilidad, los costos de la lucha contra la inflación se pueden tornar insoportables.

En esta última nota, deseo destacar que un Gobierno convencido de la necesidad de luchar contra la inflación, que logra credibilidad para sus anuncios, que además adopta y comienza a implementar una buena regla monetaria y elimina de cuajo la inflación reprimida, corre el riesgo de fracasar si, previamente, no ha tomado precauciones para conseguir el crédito que necesitará para financiar el desajuste fiscal, que aún cuando no existiera antes, seguramente aparecerá poco después de los anuncios.

No es posible confiar en que cuando se pone en marcha un plan de estabilización bien diseñado se conseguirá mantener, de inmediato, el equilibrio presupuestario. La eliminación de la inflación reprimida significará resignar recaudación de muchos impuestos distorsivos. Si bien ya no serán necesarios los subsidios económicos para cubrir el desfasaje entre los costos y las tarifas de los servicios públicos, no se podrá prescindir de subsidios sociales enderezados a neutralizar el impacto negativo del tarifazo sobre las familias que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Deberán ajustarse jubilaciones y sueldos de empleados públicos y aumentará el gasto público en servicios, de los que el Estado también es usuario. El mismo efecto recesivo inicial de la eliminación de la inflación reprimida, reducirá la recaudación de impuestos no distorsivos, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Y, finalmente, pero no menos importante, para recuperar la competitividad de la economía será necesario permitir que los impuestos sobre la nómina salarial se tomen como pago a cuenta del IVA.

La única forma de que, con semejante panorama fiscal, el Banco Central pueda aferrarse a una regla monetaria estricta, es que exista crédito público y se consiga financiamiento interno y externo voluntario, a tasas de interés razonables. Si, previamente al lanzamiento del plan de estabilización, no se ha recuperado el crédito público, lo más probable es que el Banco Central termine teniendo que relajar la regla monetaria para proveer financiamiento del Gobierno. Si ello ocurre, la inflación se espiralizará y el plan de estabilización se hará trizas. Todo se transformará en un nuevo «Rodrigazo».

Es por todas estas razones, que sostuve en mi primera nota que la lucha eficaz contra la inflación «es una formidable empresa política, que requiere inteligencia, gran liderazgo y total sinceridad del mensaje que se trasmita al Pueblo, a todo el Pueblo».

El Gobierno de Cristina Kirchner hasta ahora no ha demostrado gran inteligencia, está perdiendo el liderazgo a ritmo acelerado y no le habla con sinceridad al Pueblo. Para muestra basta lo que ocurre con el INDEC. Por consiguiente, para tener chances de luchar eficazmente contra la inflación que ya agobia a los Argentinos, tendrá que cambiar mucho. Pero es casi imposible que un Gobierno que reemplace al de Cristina Kirchner, si ella llegara a renunciar, esté mejor posicionado para hacerlo sin el respaldo de un proceso electoral que haya dado, al nuevo gobierno, la oportunidad de explicar sus ideas con claridad. Yo creo, sinceramente, que toda la dirigencia Argentina, en particular la que es más responsable de que Kirchner haya conquistado el poder en 2003, debería tratar de ayudar al Gobierno de Cristina Kirchner a encontrar el camino correcto.

La terquedad en la que persevera el Gobierno, con una fuerza digna de mejores causas, no debe hacernos desfallecer. Al fin y al cabo, los Kirchner, si son  auténticamente Peronistas, cuando decidan devolverle seriedad al INDEC, quizás adviertan que, como decía Perón: «la realidad es la única verdad». Y la realidad es que hoy sufrimos una inflación agobiante que es imperioso erradicar de nuestra sociedad so pena de que la conquista de la prosperidad se transforme en una quimera.

Quienes hayan leído mis tres notas anteriores se preguntarán, seguramente, qué se puede esperar si el Gobierno, el actual o el que lo suceda, decide simultáneamente anunciar una regla monetaria y eliminar de cuajo la inflación reprimida, tal como parece ser la solución conforme a mis explicaciones en las dos notas precedentes.

La respuesta es simple e independiente de las condiciones políticas y económicas en que se implementen esas decisiones: habrá un período de stanflación. Es decir, seguirán, por un tiempo, altos índices de inflación y, de inmediato, se comenzará a vivir un clima recesivo. Esto es inevitable.

Cuando los precios atrasados por las distorsiones introducidas por el Gobierno en años y meses anteriores se eliminan de golpe, se producirá un aumento inmediato en el nivel general de precios. Ante este aumento, con niveles de ingresos nominales que estarán frenados por la dureza de la regla monetaria, la demanda de casi todos los bienes disminuirá. Obviamente, será fuerte la disminución de la cantidad demandada de bienes y servicios cuyos precios se liberan, porque sus precios saltarán como un resorte. Pero también disminuirá la demanda de todo el resto de bienes y servicios, en particular de aquellos no controlados, que se habían beneficiado del nivel artificialmente alto de los ingresos disponibles de los consumidores. Los precios de estos bienes y servicios, que habían subido excesivamente, tenderán a bajar por caída de demanda, pero no lo suficiente como para compensar el efecto sobre el nivel general de precios de los que aumentan por eliminación de la represión.

En un contexto de incertidumbre, habrá presiones alcistas sobre las tasas de interés, sobre la cotización de las monedas extranjeras y mucho impacto negativo sobre las cuentas fiscales, porque se reducirá la recaudación impositiva y los gremios del sector público reclamarán ajustes de salarios. Todos estos efectos colaterales aumentarán el resultado estanflacionario de las decisiones enderezadas a luchar contra la inflación. Sin duda, habrá costos políticos, económicos y sociales. Costos que son inevitables.

Pero la cuestión fundamental a la que me quiero referir es la siguiente: Cómo se pueden reducir a un mínimo estos costos y conseguir, lo antes posible, la reinstalación de la estabilidad, el regreso del crecimiento económico y un clima de prosperidad?

La respuesta tiene que ver con la política. Los costos serán reducidos y el éxito se conseguirá más rápido si el Gobierno es sincero, explica con claridad los fundamentos de las decisiones que adopta y consigue convencer a la gente. La convicción respecto de la estrategia adoptada y la credibilidad que se sea capaz de inspirar, son cruciales.

Por eso es imposible que logre luchar eficazmente contra la inflación un gobierno, el actual o el que lo suceda, si siguen mirando a la economía Argentina a través de las anteojeras ideológicas del Plan Fénix.

Si un gobierno sin convicción e incapaz de inspirar credibilidad anuncia las políticas correctas en materia de lucha contra la inflación mi predicción es que no tendrá fortaleza política para sostenerlas todo el tiempo que es necesario para que comiencen a dar resultados aceptables para la gente. En circunstancias de este tipo, el intento de luchar contra la inflación se transformará en un nuevo «Rodrigazo». Por verme obligado a utilizar el nombre con que ya lo registra la historia, quiero hacerlo pidiendo disculpas a Celestino Rodrigo, quien, ciertamente, no fue responsable de los efectos ulteriores de sus medidas.

La culpa de que el intento de ajuste ineludible de 1975 haya puesto a la Argentina al borde de la hiperinflación e inaugurara un período de 15 años que terminó en hiperinflación, no fue de Rodrigo sino de las circunstancias políticas y económicas que enmarcaron aquel intento. El Gobierno de María Isabel Matínez de Perón estaba muy debilitado políticamente y carecía de convicción sobre lo que se comenzó a hacer, luego de dos años de difundir un discurso y una interpretación de la realidad, diametralmente opuesta.

Aún con convicción y credibilidad, el éxito de la lucha eficaz contra la inflación no está asegurado, porque las circunstancias internacionales y la falta de crédito interno y externo pueden hacer que la estabilidad se torne inalcanzable en un horizonte temporal socialmente aceptable. A esto me voy a referir en la próxima nota.

Hoy, en Argentina, hay inflación reprimida. Esto significa que muchos precios de bienes y servicios están artificialmente fijados a un nivel en el que no se igualan la oferta y la demanda. En otros términos, a los precios fijados por intervención del Estado en los mercados, la demanda de esos bienes y servicios excede largamente a la oferta.

Cuando Cristina Kirchner quiso argumentar que la inflación no era alta porque el precio de la carne, la leche, el gas natural, el gasoil y la electricidad, entre muchos otros, son más bajos en nuestro país que en Uruguay, Brasil y Chile, en realidad estaba diciendo que en Argentina hay mucha inflación reprimida. Sólo así se pueden explicar diferencias de precios en países vecinos y económicamente muy integrados.

Los instrumentos que se utilizan para reprimir la inflación son los congelamientos de tarifas de los servicios públicos, los controles de precios, las retenciones  y las restricciones cuantitativas -prohibiciones y otras limitaciones- al comercio exterior. A veces, estas distorsiones se tratan de paliar con subsidios destinados a compensar las diferencias entre los costos de producción y los precios fijados por intervención estatal. Pero estos subsidios, además de tener un costo fiscal peligroso, nunca son suficientes y  crean oportunidades de corrupción, por lo que no pueden evitar la mala asignación de los recursos productivos de la sociedad que resulta de tantas distorsiones.

La inflación reprimida, paradójicamente, termina provocando tasas más altas y erráticas de inflación abierta, porque alienta expectativas inflacionarias muy difíciles de revertir por el Gobierno. Esta «inercia inflacionaria» -como se denomina a este fenómeno en la literatura especializada- se produce porque la gente sabe que necesariamente, en algún momento el Estado deberá autorizar aumentos de los precios de los bienes y servicios controlados. Y , cuando lo hace en forma parcial e insuficiente, sólo consigue confirmar las sospechas de la gente, con lo que ésta espera más ajustes en el futuro y ajusta sus expectativas inflacionarias hacia arriba.

Hay otra razón por la que la inflación reprimida retroalimenta la inflación. A medida que el Estado impide que los precios controlados suban la gente tiene mayor ingreso disponible para gastar en los bienes y servicios cuyos precios no están controlados. Es decir, si la gente gasta menos en electricidad, porque obligan a las empresas eléctricas a proveerla por debajo del verdadero costo económico, la gente tendrá más ingresos disponibles, para comprar, por ejemplo, electrodomésticos que consumen electricidad. La demanda de electrodomésticos aumenta más que lo que habría aumentado si no se controlaban las tarifas eléctricas. El precio de los electrodomésticos, que no está controlado, aumenta más de lo que debería, si la oferta de electrodomésticos no crece tan rápido como la demanda. También aumenta el número físico de electrodomésticos que consumen electricidad, porque la gente consigue comprar más. Cualquiera sea la combinación de estas dos consecuencias, el desequilibrio inicial entre la oferta y la demanda de electricidad, aumenta. Y la brecha entre los precios controlados (electricidad, por ejemplo) y los no controlados (electrodomésticos, en este caso) se amplía.

El caso de la electricidad y los electrodomésticos, es solo uno de miles de ejemplos similares que se podrían mencionar. El resultado es que aún cuando se la intenta disminuir en forma gradual, permitiendo el aumento insuficientes de los precios controlados, la inflación reprimida aumenta!

Por consiguiente, en algún momento la inflación reprimida se debe eliminar de golpe. Ese es el momento de los «tarifazos», que eran tan comunes en las décadas de los 70s y 80s. La decisión de dar el tarifazo puede ser del Gobierno, o, si éste mantiene las distorsiones por largo tiempo, puede resultar de lo que en muchos políticos argentinos se ha dado en llamar «golpes de mercado». Algo que no ocurre por impulso político de grupos económicos opositores, sino por la falta absoluta de realismo del gobierno que trata de perpetuar, sin éxito, el estado de inflación reprimida.

En la próxima nota trataré de explicar, cómo puede un gobierno sacar al País de una situación de inflación reprimida sin que se espiralice la inflación. Cuando la inflación se espiraliza, la economía se pone al borde de la hiperinflación.

Recomiendo a mis lectores, leer esta nota después de haber leído la primera.

Para luchar eficazmente  contra la inflación, el Gobierno debe establecer una «Regla Monetaria». Esto significa ratificar que el Banco Central de la República tiene un compromiso prioritario e ineludible con la estabilidad del nivel general de precios de la economía, tal como lo establece su carta orgánica.

Hay tres reglas monetarias factibles de ser utilizadas: 1) fijar el tipo de cambio en relación a una o más monedas extranjeras; 2) fijar un ritmo de crecimiento preestablecido para la cantidad de dinero en circulación, medida a través de algún concepto claro de «dinero»; o, 3) Manejar la tasa de interés a la que presta o toma prestado el Banco Central, o algún otro indicador intermedio del grado de «dureza» de la política monetaria. Las tres requieren que el Peso, nuestra moneda, sea «convertible», en el sentido de que deben removerse las restricciones a la entrada y salida de capitales y al libre compra y venta de monedas extranjeras.

Si el Peso no es convertible, cualquiera de las tres reglas monetarias, aplicadas en un contexto en el que inicialmente la expectativa de inflación será mucho más elevada que la inflación que se fije como meta, puede llevar a que aparezca un mercado paralelo de monedas extranjeras, que provocará más confusión y exacerbará las expectativas.

En  una situación como la que hoy está viviendo la Argentina, la típica recomendación «monetarista» de controlar la cantidad de dinero a un ritmo predeterminado, como lo señala la segunda de las reglas monetarias posibles, no resultaría efectiva, porque ante expectativas descontroladas de inflación como las que se derivan de la existencia de inflación reprimida, ausencia de reglas y las mentiras del INDEC, la velocidad de circulación del dinero puede resultar muy volátil, incluso aumentar hasta límites insospechados, y frustrar el efecto inflacionario del control  de la cantidad de dinero en circulación.

Por consiguiente, habrá que elegir ente la primera y la tercera regla monetaria. Cualquiera de las dos, tipo de cambio fijo o, «metas de inflación» – así se denomina, en la literatura técnica, a la regla 3-. La regla 3, en un sentido estricto, requiere que esté muy bien organizado el mercado de compra y venta de letras del Tesoro, y la participación del Banco Central, algo que aún no existe, porque desde 2002 el Banco Central emite su propia deuda pero no interviene en el mercado de títulos emitidos por el Tesoro.

En la práctica habrá que integrar estos dos mercados e ir reemplazando la deuda del Banco Central por deuda del Tesoro. Mientras esto ocurre, y no se disponga de una tasa de interés de corto plazo, susceptible de ser utilizada como indicador intermedio de la política monetaria, será necesario utilizar al tipo de cambio nominal, es decir, al precio del dólar y las demás monedas extranjeras, como indicador de la política monetaria. En la práctica, un manejo semejante significará combinar las reglas 1 y 3, para converger, cuando funcione bien el mercado de letras del Tesoro, en una aplicación estricta y exclusiva de la regla denominada «metas de inflación».

Hasta aquí, la lucha contra la inflación parece una operación, más o menos compleja, de política monetaria. Pero, lamentablemente, no es tan sencillo. Para tener éxito, es decir, para que se logre el objetivo de reinstalar un clima duradero de estabilidad de precios, que permita a todos los argentinos prosperar, sin las incertumbres y angustias del presente, el Gobierno de los Kirchner, o cualquier otro que lo suceda, tendrán que enmarcar esta política monetaria del Banco Central, en una reforma mucho más completa de las reglas de juego de nuestra economía. A esto me voy a referir en las próximas notas.

Un gobierno responsable, que quiera crear bases sustentables de prosperidad ante la realidad que estamos viviendo en Argentina en agosto de 2008, debería proponerse, como objetivo central, luchar contra la inflación, pero no sólo para evitar que se torne explosiva, sino para asegurar que, hacia el futuro, la economía argentina no tenga inflación más alta que la que sufre la economía global.

Cualquier inflación crónica y significativamente superior a la del resto de los países, se constituirá, inexorablemente, en un freno al desarrollo sustentable de nuestra economía y acentuará la redistribución regresiva del ingreso y la riqueza. Cada vez habrá menos ahorro interno y externo dispuesto a financiar la inversión productiva. Y lo poco que se invierta no servirá para producir fuertes aumentos de productividad, porque no será el resultado de evaluaciones cuidadosa de empresarios con buena información sobre las tendencias de la demanda y de las tecnologías más avanzadas, sino el resultado de decisiones políticas del gobierno y de los empresarios, enredados en negociaciones oscuras, plagadas de corrupción.

La inflación es, en cualquier economía de mercado, un mecanismo que interfiere de manera muy perversa en el sistema de señales que deber orientar la asignación eficiente de los recursos productivos de la sociedad.

La inflación también interfiere con el manejo transparente del presupuesto público y anula los efectos redistributivos perseguidos por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, cuando aprueban la Ley Anual de Presupuesto.

En síntesis, la inflación hace que cualquier economía, y mucho más una economía con grandes defectos de organización iniciales, se desorganice cada vez más, hasta transformarse en una economía sin reglas. Una economía en la que impera la ley de la selva y el sálvese quien pueda.

En Argentina vivimos infectados de inflación durante 45 años, ente 1945 y 1990, y hemos vuelto a reintroducir la inflación, como enfermedad crónica, desde 2002 en adelante. Hoy vivimos en una situación no muy diferente a la de la década de los setentas, cuando la inflación todavía no era explosiva, pero había mucha inflación reprimida por controles e intervenciones distorsivas del Estado en casi todos los mercados. Corremos el riesgo de entrar pronto en un período de inflación más descontrolada, con característica claramente stanflacionarias, como la que existió desde 1975 hasta fines de los 80s, cuando finalmente desembocó en hiperinflación.

Los ideólogos del tipo de manejo de la economía que se inició en 2002, nucleados alrededor de las ideas del denominado Plan Fénix, se conforman con encontrar formas de evitar la hiperinflación. Por eso ponen énfasis en la necesidad del equilibrio presupuestario, o, como ellos prefieren llamarlo, el «superávit fiscal primario». Se refieren a la inflación como si no fuera un problema grave y como si sólo creara  el problema de la «perdida de competitividad por atraso cambiario». Creen que admitiendo un poco más de inflación, se puede evitar el «atraso cambiario» y mantener la economía en un ritmo de crecimiento acelerado.

Esa era, precisamente, la interpretación de los economistas que asesoraron a los dirigentes políticos de las década de los 70s y 80s. Por eso caímos en hiperinflación, luego de sufrir varios episodios de stanflación. Todo con un enorme costo económico y social para las familias argentinas, especialmente para las más pobres.

Lo primero que deberá proponerse el gobierno actual o un futuro gobierno que quiera sacar, con éxito, a la Argentina de la situación de angustia y desesperanza en la que se encuentra, es una lucha frontal contra la inflación. Pero su objetivo deberá ser eliminar la inflación de nuestra economía, al menos como fenómeno diferente del que se observa en el resto del mundo. En sucesivas notas, voy a explicar cómo se puede alcanzar este objetivo. Anticipo, desde ya, que no es tarea sencilla. No es cuestión, simplemente, de aplicar la receta de economistas que entiendan del tema. Es una formidable empresa política, que requiere inteligencia, gran liderazgo y total sinceridad del mensaje que se trasmita al Pueblo, a todo el Pueblo.