Domingo Cavallo

Hoy es primero de Agosto y la formidable tecnología del Internet ya nos permite conocer que pasó con la inflación durante el mes de julio. En el sitio www.inflacionverdadera.com aparece la evolución diaria de todos los precios de la canasta básica y del capítulo alimentos y bebidas del índice de costo de la vida.

El índice de la canasta básica, que se utiliza para estimar el porcentaje de pobres, aumentó 3,3% durante junio, y viene aumentando a una tasa anual del 25,7 % desde que se empezó a medir, diariamente, el 1de diciembre de 2007. El costo de los alimentos y bebidas, que representa casi un tercio del índice del costo de la vida, aumentó en julio un 2,6 % y viene aumentando a un ritmo del 38 % anual, desde diciembre del año anterior.

Será interesante ver qué es lo que publica el INDEC en los próximos días, para verificar si continúan escondiendo la inflación, o han decidido comenzar a medirla bien, como la hacían hasta diciembre de 2006.

El índice que publica este sitio, está en línea con los publicados oficialmente por varias de las provincias que han respetado la independencia de sus oficinas locales de estadísticas, pero tiene la gran ventaja de que se actualiza diariamente y acompaña la información de los precios, producto por producto. Además, incluye la información hasta el día inmediato anterior, lo que posibilita que hoy, primero de agosto, ya tengamos la inflación mensual de julio.

Ojalá que toda esta información sirva para que el Gobierno advierta que la inflación es un problema muy serio, algo que la gente ya viene percibiendo desde hace varios meses. Ojalá sirva también para que los economistas profesionales, que aparecen mucho en los medios, no hagan comentarios equivocados. Ayer lo vi a Javier Gonzáles Fraga, en un programa de televisión, diciendo que la inflación está en descenso y que es un problema fácil de resolver. Javier, como los autores intelectuales del denominado Plan Fénix, que tanto apoyaron al «Nuevo Modelo Productivo», como mal llamaron a aquel Plan, tienen dificultad para reconocer que ahora estamos pagando las consecuencias inflacionarias de la desarticulación completa de las reglas de juego de la economía, que precedió en cinco años a la destrucción del INDEC.

Afortunadamente la gente tiene la percepción correcta. Y la información de sitios como el de «Inflación Verdadera» ayudan a que queden en evidencia las mentiras del Gobierno.

Ahora que Sergio Massa ha sido designado Jefe de Gabinete, el Poder Ejecutivo piensa recuperar popularidad ocupándose de los Jubilados. Ya han producido dos tapas de Clarín, pre anunciando el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que establecerá una movilidad automática de las Jubilaciones basada en un índice combinado de salarios y de ingresos del Sistema de Seguridad Social, tal como lo ha venido reclamando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¡Enhorabuena!

Luego del primer trascendido, en la segunda tapa de Clarín sobre el mismo tema, los voceros del gobierno destacan que, con gran generosidad, el nuevo proyecto de ley permitirá que los jubilados no tengan que esperar hasta Julio de 2009 para cobrar el primer ajuste semestral que dispondría la nueva ley, sino que éste se otorgaría junto con el haber de marzo … como si no fuera posible disponer que el primer ajuste se produzca sobre la base del aumento de los salarios y de la recaudación de la ANSESS, durante el segundo semestre de 2008, de tal forma que comience a pagarse a partir de Enero…

Destaco con ironía la forma como ha comenzado a difundirse la noticia, porque quiero alertar sobre una trampa que se está gestando alrededor de este tema. Espero que el Congreso Nacional, ahora que ha demostrado su independencia del Poder Ejecutivo, no se deje engañar, como lamentablemente lo ha hecho desde 2002, cada vez que se discutió la Ley Anual de Presupuesto.

La movilidad automática que reclama La Corte Suprema de Justicia de la Nación, no debe legislarse para las jubilaciones que se paguen a partir del 2009, sino para todas las jubilaciones, desde 2002 en adelante. La inflación no reapareció en el 2008 sino que fue re-introducida con virulencia desde los primeros días de 2002.

En esto la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara y ha indicado que todos los jubilados que, por tener jubilaciones superiores a la mínima, recibieron reajustes muy por debajo de la inflación, no sólo tienen derecho a que se le reajusten hacia el futuro las jubilaciones, conforme al nuevo índice, desde 2002, sino que deben ser compensados por el deterioro que sufrieron sus beneficios desde 2002 en adelante.

Según los mismos trascendidos que hablan de la «generosa» propuesta del Poder Ejecutivo, este proyecto de ley sólo propondría restablecer la movilidad a partir de aquí en más y dejar que los reajustes por falta de movilidad en el período 2002-2006, e insuficiente movilidad durante 2007 y 2008, se reclamen judicialmente. De esta forma tratan de vender el argumento de que la falta de movilidad, durante ese período, es responsabilidad política de los autores intelectuales de la Ley de Solidaridad Previsional.

¡Burda mentira! La Ley de Solidaridad Previsional no derogó la movilidad, cosa que ninguna ley podría haber hecho, dado que la movilidad es un derecho constitucional. Lo que la Ley de Solidaridad Previsional dispuso, en una época en la que no existía inflación, fue que la movilidad no fuera automática sino decidida, una vez al año, por el Congreso Nacional, en oportunidad de discutirse la Ley Anual de Presupuesto. Más aún, esa Ley señaló que el Congreso Nacional debería disponer la movilidad guardando relación con la recaudación del Sistema de Seguridad Social.

El injusto deterioro que sufrieron los haberes de más de un millón y medio de jubilados, por insuficiente movilidad, desde 2002 en adelante, es la consecuencia de que el Congreso Nacional, al tratar las leyes anuales de presupuesto, desde 2002 hasta 2006, cayó en la trampa que le tendió el Poder Ejecutivo, de no incorporar el artículo que debía disponer la movilidad anual de las jubilaciones. El argumento que utilizó el Poder Ejecutivo fue que él ya había dispuesto los respectivos reajustes por decreto. Pero, con la astucia demagógica que lo ha venido caracterizando, sólo ajustó las jubilaciones mínimas y aquellas muy cercanas a las mínimas. Más de un millón y medio de jubilaciones quedaron injustamente postergadas hasta que, por fin, para 2007 y 2008, el Congreso Nacional dispuso reajustes generalizados. Aún así, dichos reajustes han estado por debajo de los índices de salario y de recaudación del Sistema de Seguridad Social.

Es muy bueno que a partir del conflicto con el campo, el Congreso Nacional haya demostrado que ya no se deja engañar por el discurso, supuestamente progresista y redistribucionista, del Poder Ejecutivo. Por ello yo confío que los legisladores dispondrán la movilidad automática que reclama la Corte Suprema de Justicia, desde 2002 en adelante, dado que desde entonces la inflación ha pasado a ser nuevamente una triste realidad de la Argentina.

Una decisión semejante del Congreso Nacional tendrá, sin dudas, un fuerte impacto fiscal. Desaparecerá el «superávit» que el gobierno ha venido enrostrando a quienes advierten sobre el descontrol del gasto público. Desaparecerá incluso el fondo que dicen haber acumulado a partir del traslado de los recursos que antes estaban en las AFJP’s, porque deberán afrontar el pago de la deuda que han acumulado con el millón y medio de jubilados al que le retacearon la movilidad desde 2002.

Pero en buena hora que ello ocurra. De esa forma tendrán que repensar el irresponsable aumento del gasto público que tiene su origen en los subsidios a los productores de bienes y servicios, a los que se les congelaron precios o se los sometió a controles distorsivos.

Una vez que, para eliminar o, al menos, reducir el costo de estos subsidios, tengan que dejar que aumenten los precios y las tarifas artificialmente contenidos, deberán compensar el impacto de la inflación sobre los segmentos más pobres de la población. Esto obligará a implementar una buena política de subsidios sociales … pero ésta debe comenzar con justicia para los jubilados, no a costa de ellos.

La competitividad industrial, que vino de la mano de la gran devaluación de 2002, se está evaporando aceleradamente. Ya en el año 2005 yo anticipé que esto ocurriría. Para los que no lo recuerden, recomiendo releer mi artículo titulado «La UIA y su ilusión cambiaria».

Cometerían un gran error los dirigentes industriales si para revertir este problema volvieran a reclamar la devaluación del Peso. En los próximos tres años el Gobierno no tendrá otra alternativa que encomendar al Banco Central una lucha frontal contra la inflación y ésto significará que el Peso tendrá que apreciarse en términos reales.  Esto sólo ocurrirá si el Peso no se devalúa cuando aumenten los precios internos que quedaron atrasados por las distorsiones acumuladas desde 2002. Si, por el contrario, la política monetaria acomodara el aumento de los precios internos y permitiera una devaluación concomitante del Peso, como lo pregonaron hasta hace poco los ideólogos del «Modelo Productivo», sólo se conseguiría espiralizar la inflación.

Si ello ocurriera, la única valla contra la hiperinflación seguiría siendo un fuerte superávit fiscal y una gran fortaleza política del Gobierno. Pero hoy es extremadamente riesgoso apostar a que esos dos ingredientes se mantendrán a lo largo de los próximos tres años. Por el contrario, hay cada vez más indicios de que la situación fiscal se está deteriorando y los acontecimientos de los últimos tres meses han dañado la credibilidad del gobierno de una forma que resultará difícil reparar.

En una situación económica y política semejante, los reclamos de devaluación serán el mayor factor de desestabilización  institucional que se puede imaginar. Pero esto no significa que los industriales deban resignarse a la peligrosa pérdida de competitividad que ya sufren sus industrias y que se agravará con los aumentos de tarifas de servicios públicos y las demás decisiones que inexorablemente el gobierno deberá adoptar para sincerar la inflación reprimida de los últimos años.

Mi sugerencia es que hagan los mismos planteos que está haciendo el agro. Deben reclamar la eliminación de los impuestos distorsivos, comenzando con el 5 % de retención que pagan las exportaciones industriales, continuando con los impuestos sobre la nómina salarial, que deberían volver a computarse como un pago de IVA sobre el costo de la mano de obra; la eliminación del impuesto a las transacciones financieras o su transformación en pago a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias; y que se permita el ajuste por inflación de los balances impositivos. Además deben resistir la tentación de muchas provincias de reinstalar el impuesto a los ingresos brutos sobre las actividades industriales. Por el contrario, deben insistir en que se terminen de desgravar las actividades industriales localizadas fuera de cada jurisdicción provincial, algo que al no haberse dado cuando las provincias se comprometieron a eliminar el impuesto a los ingresos brutos, dejó a la actividad industrial expuesta a gravámenes que tienen un devastador efecto cascada sobre los costos de producción.

Por supuesto, que el reclamo más importante es el relacionado con el abastecimiento de servicios de infraestructura energética, de comunicaciones y de transportes, aunque ésto significará en un primer momento aceptar el sinceramiento de precios y tarifas, para que vuelva a invertirse en la creación de capacidad de producción y de prestación de los servicios, algo que no ocurrirá de la noche a la mañana.

No hay soluciones mágicas, pero si la industria hace planteos correctos, al menos estará contribuyendo a que no se acentúe el peligroso clima desestabilizador que está amenazando nuevamente a la Argentina.

La tenaz lucha del campo, el apoyo ciudadano, la inteligencia de los gobernadores y senadores que advirtieron el error del gobierno y la valentía del Vicepresidente Julio Cobos le permitieron un triunfo a la Democracia Argentina. Están funcionando las instituciones de la República, pese a los intentos del ex Presidente Néstor Kirchner de tener al Congreso Nacional sometido a su voluntad. Esto es muy bueno para el futuro de la Argentina.

Como análisis político no tengo mucho que agregar a tres excelentes comentarios que recibí por e-mail esta mañana. Se los recomiendo para los que aún no los hayan visto. Se trata del siempre brillante comentario de Jorge Asis, de una reflexión muy valiosa del Juan Carlos Sanches Arnau: «Argentina otro país es posible» y de una recomendación a la Presidente Cristina Fernández de Kirchner formulada por Juan Carlos de Pablo «Votando en contra, Cobos salvó al Gobierno«.

Desde el punto de vista económico, como señalé en mis artículos anteriores, los próximos años serán muy difíciles, aún cuando se implementen las mejores políticas imaginables. Pero los costos sociales serían infinitamente mayores si se trastocara el orden político institucional. Sólo desde instituciones republicanas funcionando normalmente será posible re-introducir el necesario orden en las instituciones económicas, hoy totalmente desarticuladas.

La decisión del Senado de la Nación de no aprobar la resolución 125 por la que se introdujeron retenciones confiscatorias a las exportaciones de soja, crea una oportunidad que el Poder Ejecutivo no debe desaprovechar.

Lo primero que debería hacer la Presidenta Cristina Kirchner es enviar al Congreso Nacional y proyecto integral de reforma tributaria y de ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Este proyecto debería incluir los impuestos al Comercio Exterior, con la propuesta de resignar las atribuciones delegadas al Poder Ejecutivo por el Código Aduanero.

Una buena reforma tributaria integral, acompañada por una nueva ley de Coparticipación de Impuestos es una excelente forma de comenzar a recrear buenas instituciones económicas, capaces de permitirle a la Argentina, en un futuro no tan lejano, retomar una senda duradera de prosperidad con estabilidad, estabilidad no sólo de los precios sino, fundamentalmente, de las reglas de juego de la economía y la sociedad.

En materia coyuntural el gobierno sólo tiene que adoptar dos decisiones también institucionales, pero que no requieren cambios en las leyes, sino hacer que las leyes vigentes se cumplan. Debe devolverle total autonomía al Banco Central y encomendarle la lucha contra la inflación como objetivo central. Paralelamente, tiene que instruir a la Secretaría de Comercio para que libere todos los precios y deje que el INDEC vuelva a medir la verdadera inflación. Si se hace esto, la estabilidad no aparecerá de inmediato, pero al menos se podrá comenzar a trabajar seriamente para re-establecerla. La economía se enfriará, pero no será un fenómeno dramático sino sólo transitorio, hasta que se corrijan los fuertes desequilibrios de los precios relativos que se acumularon desde la fuerte devaluación del Peso en el inicio de 2002.

En mi nota del 12 de julio sostuve que en el mejor de los casos, si no hay golpe institucional de por medio, la economía argentina sufrirá estancamiento con inflación, una enfermedad que los economistas denominamos “estanflación”.

Este pronóstico no se basa en lo que pueda hacer el gobierno de aquí en adelante, sino en lo que han hecho los gobiernos de Duhalde y de Kirchner desde enero de 2002 hasta hoy. Aún si el gobierno de Cristina Kirchner aplicara las mejores políticas económicas imaginables, un cierto período de estancamiento con inflación es inevitable.

Peor aún, si se continuaran aplicando las políticas del llamado “Modelo Productivo”, es decir si se perseverara en tratar de mantener el Peso permanentemente devaluado, en lugar de estancamiento con inflación, como ocurrió varias veces entre 1975 y 1987, tendríamos algo peor: fuerte recesión con hiperinflación, como en el período 1988-1990.

De los dos escenarios posibles, mi pronóstico se apega al menos malo, porque, aún sin anunciarlo, el Gobierno está permitiendo que el Banco Central aplique una política monetaria con cierto sesgo anti-inflacionario, que no se había visto desde los tiempos de Alfonso Pratt Gay. El riesgo de caer en hiperinflación aumentaría si la actual situación política llevara a un cambio de gobierno en medio de un desorden como el de diciembre de 2001 y volvieran a tomar el poder, directa o indirectamente, los que creen que los problemas se resuelven con la emisión monetaria y la devaluación permanente de la moneda.

Tengo la sensación que el Gobierno está comenzando a darse cuenta que para frenar la inflación debe darle poder a Martín Redrado, el Presidente del Banco Central, y quitárselo a Guillermo Moreno, el Secretario de Comercio. Como ocurre en todos los países civilizados.

Pero este tímido movimiento en la dirección de la racionalidad económica, en el mejor de los casos, podrá evitar la hiperinflación, pero no conseguirá evitar la estanflación. Esto es así, porque la combinación de una política monetaria laxa, comprometida en el objetivo de no dejar apreciar el Peso, con políticas represivas de la inflación, aplicadas sistemáticamente y de manera cada vez más autoritaria, ha creado inflación reprimida de entre el 56 y el 125 %.

Esta medición de la inflación reprimida surge de un trabajo que realizamos recientemente con Joaquín Cottani y que a partir de hoy se puede consultar, en inglés, en el sitio del Grupo de los 30. Tan pronto como tengamos la traducción al castellano, incluiremos este estudio en la sección «artículos» de este sitio.

El trabajo que realizamos con Joaquín Cottani se titula “Distorsionando la Micro para embellecer la Macro”, y describe todas las distorsiones que se fueron acumulando desde enero de 2002 para tratar de evitar el aumento de un gran número de precios muy importantes en la economía argentina. Estas distorsiones adoptaron la forma de congelamiento de tarifas de servicios públicos, retenciones a las exportaciones, prohibiciones de exportar, controles de precios y subsidios sólo parcialmente compensatorios.

Como era de esperar, todas estas distorsiones han llevado a desajustes entre la oferta y la demanda de los bienes y servicios afectados, que ya se están tornando insostenibles. Es decir, que desde hace algún tiempo comenzaron a manifestarse en desabastecimiento o en precios libres, mas altos que los ordenados por el Secretario de Comercio, y mucho más elevados que los que se hubieran dado en ausencia de las distorsiones. De hecho en alguna medida estos fenómenos se vienen dando desde principios de 2007, aunque el gobierno ha tratado de esconderlos con los cambios arbitrarios en la forma de medir la inflación que desde entonces viene introduciendo el INDEC intervenido.

Las mediciones serias de la inflación sostienen que en 2007 el costo de la vida aumentó alrededor del 20 % y en lo que va de 2008, la inflación se ubica entre el 25 y el 38 %. En un sitio muy interesante, denominado www.inflacionverdadera.com, se hace un seguimiento diario de dos componentes importantes de la inflación: el índice del costo de la canasta básica y el índice de alimentos y bebidas, y sus cifras desmienten categóricamente las que reporta el INDEC controlado por Guillermo Moreno.

Al ritmo de la inflación actual, suponiendo que el gobierno aplique una política monetaria auténticamente anti-inflacionaria y el precio del dólar se mantenga en alrededor de 3 pesos, se necesitarán entre dos y cuatro años para eliminar la inflación reprimida. Si se lo quisiera hacer más rápido, digamos en un año, la inflación podría escalar a más del 56 % anual. Y si las circunstancias de la economía global o la situación política interna obligaran a eliminar de golpe las retenciones a las exportaciones, la inflación anual podría trepar al 125 % anual.

En cualquier caso, la combinación de una política monetaria suficientemente restrictiva como para evitar la devaluación del Peso, con la eliminación gradual o rápida de las distorsiones, provocará caídas de la demanda de muchos bienes y servicios, por lo que no será posible mantener un ritmo rápido de crecimiento de la economía. En el mejor de los casos se asistirá a un período de estancamiento del nivel de actividad económica, con serios riesgos de recesión.

Todo este razonamiento parte del supuesto que a partir de ahora el Banco Central se hace cargo de la responsabilidad de luchar contra la inflación e impide la devaluación de la moneda. Si esto no ocurriera, el devenir económico se tornaría mucho más grave, con riesgos crecientes de fuerte recesión e hiperinflación. Un deterioro extremo de la situación política como la que se dio a fines de diciembre de 2001, que condujera a un cambio desordenado de gobierno, transformaría estos riesgos en una casi certidumbre.

En una próxima nota contestaré una pregunta que muchas personas bien intencionadas me fornulan: ¿Porqué no podría el gobierno de Cristina Kirchner aplicar políticas capaces de producir de inmediato estabilidad y crecimiento, como ocurrió en 1991?

Hasta pronto…