Domingo Cavallo

Las decisiones judiciales, incluidas las de la Suprema Corte, no podrán reparar todas las injusticias que se derivaron de la Pesificación y Devaluación decididas por el Gobierno de Duhalde. Hay situaciones que son irreversibles. Por ejemplo, quienes retiraron sus depósitos en pesos o aceptaron algunos de los bonos que se ofrecieron durante el año pasado, ya han soportado una pérdida y resignado el derecho a reclamar compensación. En la dirección contraria, quienes hayan cancelado total o parcialmente deudas pesificadas vendiendo dólares en el mercado libre han realizado una ganancia, que aunque injusta, nadie les podrá quitar.

Estas injusticias tienen una enorme dimensión y sólo podrían haberse acotado mediante un pronunciamiento más temprano de la Corte Suprema. Si a los pocos días del fallo Smith, cuando el Gobierno dictó el decreto 214 de Pesificación, la Suprema Corte de Justicia hubiera decretado su inconstitucionalidad, se podrían haber evitado sus injustas consecuencias. Pero esta observación hoy sólo sirve para destacar la importancia de que los controles republicanos funcionen con agilidad. Lamentablemente no puede reparar el daño que la demora provocó.

En la actualidad sólo se puede evitar que se sigan produciendo transferencias arbitrarias desde depositantes hacia deudores por los depósitos aún no retirados y las deudas pendientes. Aún cuando la magnitud de estos daños evitables sea muy inferior a la de las injusticias que ya son irreparables, es muy importante que el Gobierno implemente sin demoras la despesificación. Ello ayudará a remover las incertidumbres que hoy impiden el funcionamiento del sistema financiero y comenzará a recrear confianza sobre la capacidad del sistema monetario y legal para proteger y preservar los ahorros de la población. Sólo así volverá a aparecer el crédito en la Argentina.

La despesificación no puede ser asimétrica, porque dejaría pendientes de resolución judicial un número tan grande de conflictos como el que la decisión de la Suprema Corte ha tratado de solucionar. Además, si la despesificación fuera asimétrica, los incentivos económicos llevarían a un comportamiento de depositantes y deudores que aumentan los riesgos de hiperinflación. Para ejemplificar este peligro basta razonar sobre qué política cambiaria aplaudirían depositantes y deudores en el caso en que los depósitos se re-dolarizaran y las deudas quedaran en pesos sin indexación. Ambos ganarían cada vez que el peso se devaluara. Pero, ¿Quién pagaría la diferencia entre el valor de las acreencias y el valor de las deudas? Sin duda, sería inicialmente el Estado, lo que en la práctica significa más emisión monetaria y más devaluación. Puse el adverbio “inicialmente”, porque al provocar inflación, quien termina pagando la diferencia es la gente.

La indexación de las deudas atenúa este incentivo perverso, ¿Pero si la Suprema Corte admite una depesificación asimétrica con el argumento de que no es justo que los deudores paguen en la moneda original, quien garantiza que no declaren inconstitucional la indexación de las deudas? Hay que tener presente que así como existía una ley de intangibilidad de los depósitos también existía prohibición de indexar los contratos en pesos y esta cláusula de la ley de Convertibilidad fue expresamente ratificada por la Ley de Emergencia Económica de enero de 2002.

La única forma de quitar estímulos a la devaluación permanente del Peso con sus consecuentes riesgos hiperinflacionarios es equilibrar la demanda de devaluación de los acreedores con la demanda de apreciación de los deudores. Esto es, haciendo que la ganancia de uno sea a costa de una pérdida del otro. Pero evitando que ambos puedan ganar a costa del resto de la población.

Afortunadamente la ley de Emergencia Económica que autorizó la devaluación del Peso sentó reglas claras sobre la Pesificación de las deudas inferiores a 100 mil dólares, autorizando expresamente su indexación, al mismo tiempo que ratificaba en general la prohibición de indexar de la Ley de Convertibilidad. La Suprema Corte ya ha dicho que considera constitucional la pesificación de las deudas inferiores a 100 mil dólares conforme lo estableció esta ley. Sobre esta cuestión corresponde mantener la situación tal como había resultado de dicha ley. Por otro lado el Estado ya ha decidido compensar a las entidades financieras por las pérdidas que esta pesificación le ocasionó, así que lo único que hay que hacer al respecto es implementar esa decisión.

Todo el resto de las deudas pesificadas del sector público y del sector privado que aún no hayan sido canceladas deberán volver a su valor original en dólares, comenzando por el Préstamo Garantizado que surgió de la reestructuración de la deuda pública interna concluida en diciembre de 2001.

Adoptada esta decisión, se habrá recompuesto totalmente la situación patrimonial de los bancos, por lo que estos no tendrán derecho a reclamar bonos o compensaciones, con excepción de las que se derivan de la pesificación de las deudas inferiores a 100 mil dólares y de todas las operaciones de devolución de depósitos o cancelación de créditos pesificados asimétricamente que se hayan realizado hasta el presente.

Quedará como problema a resolver el incremento de la deuda del sector privado ocasionado por la devaluación, pero este es un problema que la pesificación había resuelto de una manera muy injusta y costosa. Injusta, porque resolvía sólo el problema de los endeudados bajo ley argentina, pero no el de los endeudados bajo ley extranjera. Costosa, porque obligaba a compensar a los bancos por la diferencia entre el valor de las deudas pesificadas y su valor original en dólares, con independencia de si el crédito era finalmente cobrado por el banco, es decir, relevando a éste del riesgo crediticio.

El Gobierno deberá ofrecer una solución al problema del aumento del endeudamiento privado provocado por la devaluación, pero sin diferenciar entre deuda interna y externa y comprometiéndose a pagar una parte de esas deudas sólo en el momento que el deudor original pague cuotas de intereses o amortización. Además la proporción de las deudas a pagar por el estado debería estar relacionada con la composición por monedas de los ingresos del deudor. Aquellas empresas que tienen el grueso de sus ingresos en dólares o atados al valor del dólar no deberían recibir compensación alguna, mientras que las empresas con ingresos en pesos y precios no ligados al dólar, deberían recibir el máximo posible de compensación. El presupuesto total de la compensación debería ajustarse a una proyección razonable de ingresos fiscales adicionales asociados con la recuperación de la economía que puedan asignarse a financiar esta erogación de manera específica. Podría establecerse una sobre tasa del impuesto a las ganancias de los contribuyentes que son beneficiarios del sistema de compensación de deudas.

Así implementada, la despesificación reestablece la solvencia del sistema bancario y atenúa los riesgos de insolvencia del sector privado no financiero. El efecto sobre la solvencia del sector público dependerá de las políticas fiscal y monetaria futuras. Si éstas ayudan a restaurar la confianza en la moneda argentina, se producirá una apreciación del Peso que ayudará a reestablecer rápidamente la solvencia del Estado.

Queda por explicar cómo se evita el problema de liquidez del sistema financiero si es que los depositantes beneficiados con la despesificación deciden retirar en efectivo la mayor parte de sus depósitos. La respuesta es sencilla. El único caso en el que podría darse esa conducta de los ahorristas es aquel en que el sistema financiero no les diera la opción de mantener sus depósitos en dólares y ellos hubieran decidido a tenerlos inexorablemente en esa moneda. La solución es clara: los bancos tienen que volver a ofrecer la posibilidad de que los depósitos sean en dólares, incluso los que el depositante desee mantener a la vista.

En síntesis, la única forma de implementar la despesificación de manera que contribuya al reestablecimiento de la estabilidad y la confianza es recreando un sistema financiero que devuelva a los argentinos la posibilidad de elegir la moneda en la que prefieren mantener sus ahorros. Esa era la virtud del Régimen de Convertibilidad que nunca debería haberse eliminado.

La Suprema Corte de Justicia ha cumplido con su deber. No podía convalidar la alevosa violación del derecho de propiedad de los ahorristas que significó el decreto 214/02 al disponer la pesificación de los contratos en dólares a un tipo de cambio arbitrario. Nadie puede argumentar que ésta no era la decisión jurídicamente razonable. Sin embargo, hay muchas opiniones de economistas que consideran que la decisión no es razonable desde el punto de vista económico. Se dice incluso que el FMI solicitaba que la Suprema Corte resolviera a favor de la pesificación.

Los economistas que tienen esta opinión están absolutamente equivocados. Si el Ministerio de Economía y el Banco Central no aprovechan la oportunidad que la Suprema Corte les está ofreciendo para reconstruir un sistema monetario y financiero que recree la confianza de los ahorristas, ambas instituciones serán responsables de un largo período de estanflación en Argentina. Afortunadamente, la proximidad de las elecciones permite que sea el futuro gobierno el que aproveche la oportunidad que brinda el fallo de la Corte, si es que el Gobierno de Duhalde sigue empecinado a obligar a los argentinos a ahorrar en una moneda en la que no confían.

La redolarización de los depósitos no tiene porque costar a los presupuestos públicos futuros más de lo que ya le ha costado la pesificación asimétrica. Y la razón es muy simple: cualquier organización razonable de la economía argentina hacia el futuro, acompañada de disciplina fiscal, tiene que generar un tipo de cambio real que no se alejará del de la convertibilidad en más del 40 % que se le reconoció a los bancos con motivo de la pesificación asimétrica. En otros términos, si la comparación entre 1,40 ajustado por el CER y el precio del dólar en el mercado libre se hace en el momento de cada pago de amortización e intereses, el valor presente neto de todos esos pagos no superará al de los bonos que se prometieron entregar a los bancos como compensación por la pesificación asimétrica.

Una organización razonable de la economía argentina para el futuro tiene que incorporar tres ingredientes claves: eliminación completa de los controles de cambio, libre circulación de cualquier moneda convertible, incluidos naturalmente el Dólar y el Euro, tanto como dinero papel o como dinero bancario, y eliminación de las retenciones y cualquier otro impuesto directo o indirecto que cree un sesgo anti-exportador. Si además el presupuesto público se mantiene en equilibrio para el promedio del ciclo económico, el precio en términos reales del dólar que surgirá de una libre flotación no superará al de la convertibilidad en más del 40 %. Esto es lo mismo que decir que se puede volver fácilmente a un PBI en dólares superior al cociente entre el PBI en dólares de la convertibilidad y 1,40.

Con una organización de la economía como la descripta en el párrafo anterior, el Peso competirá con el Dólar y con el Euro, por lo que el Banco Central deberá administrar la política monetaria de tal manera que recree la confianza de los argentinos en su capacidad para preservar valor, ésto es, para no ser erosionado por la inflación. Por supuesto que esta cualidad del Peso deberá ser adquirida con la ayuda de mecanismos indexatorios como los que usa Chile para que la gente se anime a ahorrar en pesos en plazos medianos y largos. La gran virtud de un sistema monetario y financiero semejante será la existencia de crédito y contratos a mediano y largo plazo, que hoy han desaparecido de la economía argentina.

Si la Suprema Corte de Justicia convalidaba la pesificación iba a ser imposible recrear este tipo de sistema monetario y financiero, con lo que la economía iba a estar condenada a la estanflación, dado que la mayor parte del ahorro argentino migraría en búsqueda de la seguridad de mantenimiento de valor que para muchos argentinos sólo brindan las monedas convertibles. Sin ahorro dispuesto a quedarse en el país, tampoco existiría ingreso de capital extranjero. La consecuencia no sería otra que la inexistencia de crédito y, por consiguiente, de inversión. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia ha creado la oportunidad para que este sombrío panorama se transforme en una tenue luz de esperanza.

Las entidades representativas de los productores agropecuarios, los comercializadores de granos y todas las empresas del complejo agroindustrial granario, incluidos los principales proveedores de insumos, han dispuesto un paro nacional entre el 3 y el 7 de marzo. Esta decisión sorprende a quienes ven al campo, junto a las industrias sustitutivas de importaciones y al turismo, como los grandes beneficiarios de la política económica del gobierno de Duhalde. Pero, la actitud del campo no debería sorprender a nadie porque los agricultores tienen 45 años de experiencia de reglas de juego como las que esta reinstalando el gobierno actual, para advertir de inmediato que, tal como se suceden los acontecimientos, el beneficio que les dejará la fuerte devaluación del peso será transitorio, mientras que los perjuicios asociados a las reformas impositivas que le siguieron serán permanentes.

El complejo energético, que también incluye actividades de exportación desde la alta inversión de los 90s, ya ha advertido también que el efecto beneficioso de la fuerte devaluación será sólo transitorio mientras que las retenciones y las regulaciones represoras de la actividad, pueden transformarse en permanentes. Por eso han reducido significativamente sus inversiones con efectos sobre la oferta que no tardarán en percibirse.

A las actividades de exportación de la industria manufacturera les costará un poco más advertir los costos permanentes del sesgo anti-exportador que introducen las nuevas reglas de juego que hoy parecen facilitar la reactivación a través de la sustitución de importaciones. Es que con una moneda muy subvaluada, podrán exportar los mismos bienes que producen para sustituir importaciones. Pero sólo a costa de cobrar precios muy bajos en dólares, por la mercadería que exportan. Cuando el precio del dólar tenga un valor mas equilibrado, esas exportaciones se tornarán no rentables y la nueva sustitución de importaciones sólo podrá sostenerse mediante una política de protección arancelaria que reintroducirá el viejo sesgo anti-exportador de la política industrial argentina.

Más tarde o más temprano, todas las actividades que hoy aparecen como beneficiarias de la devaluación, terminarán formulando los mismos reclamos que hoy plantean con elocuencia los representantes del campo y de la actividad agroindustrial. La razón es muy clara: las retenciones a las exportaciones, la demora en devolver el IVA y los demás impuestos sobre los insumos, la inflación no reconocida por la legislación del impuesto a las ganancias y el deterioro creciente de la infraestructura y los servicios que sobrevendrán como consecuencia del acelerado proceso de descapitalización que sufre el país, no sólo corroerán los beneficios transitorios de la devaluación sino que quedarán como determinantes permanentes de baja rentabilidad de todos los sectores vinculados a la exportación.

¿Cómo se explica que el gobierno que hace del aliento a la producción exportable una de sus banderas fundamentales, sea tan miope en relación a las consecuencias anti-exportadoras permanentes de su accionar?

Mi explicación es política. La verdadera motivación del conjunto de medidas puestas en marcha desde que asumió la Presidencia Eduardo Duhalde, devaluación, pesificación, retenciones a las exportaciones y negación del ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, fue el logro de una fuerte quita, en términos reales, de la deuda de las provincias y de los grandes deudores privados. La transferencia inmediata de ingresos a favor de los productores de bienes de exportación, de sustitución de importaciones y del turismo, fue una consecuencia positiva pero secundaria. Lo mismo que el alivio a los deudores hipotecarios, personales y de la pequeña y mediana empresa. Por supuesto que en términos políticos, al gobierno le conviene decir que su objetivo fue obtener estos beneficios, y es lo que esta haciendo. No obstante, como la motivación verdadera fue resolver el problema de las provincias que se habían endeudado en exceso y de los grandes deudores privados, no tendrán escrúpulos en cobrar los impuestos más anti-productivos e injustos, si ello les ayuda a consolidar la fuerte transferencia de riqueza que buscaron con el abandono de la convertibilidad y la declaración de default.

El campo tiene suficiente experiencia para no dejarse ilusionar con beneficios transitorios. Tuvo 45 años de experiencia como para descubrir fácilmente que toda esta política es una trampa para volverlos a transformar en los que pagan la factura del despilfarro público. Por eso sostengo que el campo tiene razón en protestar.

Los medios destacan siempre que en las encuestas de imagen Menem obtiene resultados negativos. Muchos observadores externos de la situación argentina se sorprenden cuando leen que ante la pregunta sobre quién tiene más posibilidades de lograr la presidencia, la respuesta más frecuente de los argentinos es…Menem!

Cada vez que doy una conferencia sobre la Argentina en el exterior, me piden que explique este fenómeno. Mi respuesta es la misma que daban los estrategas electorales de Clinton en 1992, pero abreviada: es la economía! (en ingles, la expresión fue: “ It’s the economy, stupid”, pero no trataba de insultar al que hacía la pregunta sino de enrostrarle que la respuesta era obvia. Yo, por las dudas, y teniendo en cuenta que para los extranjeros, la respuesta no es tan obvia, omito la última palabra).

Menem siempre lo tuvo claro, aunque no lo admitía. Cuando yo era su ministro, él no se cansaba de pregonar que la política estaba por arriba de la economía. Lo decía no porque lo creyera, sino porque no quería compartir conmigo la paternidad del plan económico. Pero porque tuvo claro la importancia de la economía, ganó todas las elecciones en las que fue candidato. Y no sólo eso, sino que le hizo ganar elecciones a la mayor parte de los gobernadores, incluido Duhalde. El actual Presidente no hubiera sido elegido gobernador de Buenos Aires en 1991 y reelegido en 1995, de no haber tenido tanto éxito el Plan de Convertibilidad.

Duhalde nunca lo entendió. Por eso fracasó en su campaña presidencial de 1999. Él, como muchos, advirtió que Menem estaba perdiendo popularidad y comenzaba a tener imagen preponderantemente negativa. Pero no advirtió que lo que la gente le reprochaba no era la economía sino la política!

El que sí lo advirtió fue de la Rúa. Por eso, pese a ser el candidato de la Alianza que nucleaba a los dirigentes que se habían opuesto al Plan de Convertibilidad, hizo su campaña con el slogan “ Conmigo, uno a uno” y dijo que cuidaría el crédito externo y nunca suspendería el servicio de la deuda pública, todo lo contrario a lo que pregonaba Duhalde. Como por otro lado, prometía un estilo político diferente al de Menem, y se comprometió a prestarle atención a la educación y a los programas sociales, temas que Menem había descuidado, de la Rúa ganó abrumadoramente la elección.

Salvo de la Rúa, los alfonsinistas y la mayoría de los dirigentes de la Alianza, compartieron el error de Duhalde. Por eso hicieron fracasar a su gobierno y se autodestruyeron como alternativa política. Creyeron que pregonando la cesación de pagos y minando a la convertibilidad mientras yo era el Ministro de Economía, terminarían con el “Modelo Económico Menemista”. Paradójicamente desaparecieron ellos del mapa político y crearon un espacio increíble para el regreso de Menem a la competencia presidencial.

Duhalde está logrando el mismo efecto. Se asoció con el alfonsinismo para llevar a cabo lo que ellos esperaban sería el entierro del “Modelo Económico Menemista”, y aprovechó la impopularidad de las medidas que yo tuve que proponer para evitar el default y la devaluación para atacar a toda la economía de los 90’s, en particular al Plan de Convertibilidad. Como el resultado de esa estrategia fue un aumento estrepitoso de la pobreza y sólo consiguió revitalizar a Menem como alternativa política.

Hoy, en la Argentina, la angustia económica es tan grande y el contraste entre el nivel de vida actual de la gente con el que llegó a tener durante los 90’s es tan desfavorable, que la gente ya no presta atención al estilo político de Menem ni a su descuido por los temas sociales. Por eso, cuando piensa en votar, lo considera como una alternativa válida. Máxime cuando ve que el otro candidato que pregona ideas económicas parecidas, Ricardo López Murphy, no consigue apoyo significativo ni del empresariado ni del radicalismo.

Entre paréntesis, los que siguen oponiéndose a Menem por su estilo político y por su descuido de los programas sociales, pero valoran su planteo económico, deberían advertir que la mejor alternativa a Menem es López Murphy y no un candidato populista o de izquierda. Si llegara a ganar uno de ellos, hacia el futuro, Menem y sus seguidores, sólo seguirían revitalizando su posición por deterioro de la situación económica.

Ha sido tan equivocado el planteo económico del antimenemismo, duhaldista y alfonsinista, que están logrando que reviva el Menem político, de manos de la economía! Si algún estratega duhaldista o alfonsinista hiciera la misma pregunta que los observadores externos, habría que contestarle como lo hicieron los estrategas de Clinton, pero esta vez con la traducción literal, sin miedo a exagerar el énfasis: “Es la economía, estúpido”.

El Gobierno de Duhalde ha provocado la paralización de las inversiones en infraestructura y los servicios privatizados durante los 90’s, y ahora, su candidato presidencial, propone la re-estatización de aquellas actividades. Si lo hicieran, estarían creando el obstáculo más grave que puede imaginarse al crecimiento futuro de la economía argentina.

Si no fuera por la paralización de inversiones en infraestructura y servicios privatizados, debería ser muy fácil tener dos años consecutivos de expansión económica superior al 10 % anual, como en 1991 y 1992. Sólo se necesita reactivar el consumo y, en principio, la capacidad productiva debería estar disponible porque aún con una expansión de demanda de esa magnitud, apenas se estarían alcanzando los niveles de actividad que la economía ya tuvo en 1998. Pero la paralización de inversiones de las empresas privatizadas en rubros como la electricidad, el gas, los transportes y las comunicaciones, no permite mantener aquella capacidad productiva y, por consiguiente, apenas se note la expansión de la demanda, comenzaran a encontrarse cuellos de botella por el lado de la oferta de infraestructura y de servicios.

Estos cuellos de botella deberían desaparecer cuando comiencen las inversiones, lo que en principio, las empresas privadas podrían hacer una vez que, renegociados los contratos y realineadas las tarifas, sus flujos de fondos vuelvan a ser positivos. Pero si se avanza hacia la re estatización de los servicios, como parece proponerlo Néstor Kirchner, aún con tarifas recompuestas, las inversiones volverán a ser negocios plagados de corrupción e ineficiencia y, como ya ocurrió en la década de los 80’s, las inversiones no aumentarán la capacidad productiva. De esta forma, el problema que desde principios de 2002 ha creado la pesificación y el congelamiento de tarifas, se perpetuará en el tiempo a través de la re estatización, transformándose en un formidable obstáculo al crecimiento.

El caos económico creado por la cesación de pagos y el abandono de la convertibilidad ha generado millones de pobres adicionales durante 2002, pero si además, no se revierte el clima de paralización casi total de inversiones que siguió a aquellas decisiones, las consecuencias no se limitarán a unos pocos años, sino que se prolongarán en el tiempo y condenarán a nuestro país al estancamiento económico, algo que ya vivimos en las décadas de los 70’s y 80’s.

Es muy importante que la gente advierta este peligro y no acompañe con su voto a quienes pregonan políticas tan retrógradas. Si antes de la elección del 27 de abril se produjeran debates en los que participen los candidatos presidenciales, éste y otros temas importantes podrían clarificarse, y eso ayudaría a la gente a votar con inteligencia. Ojalá esta vez, los candidatos que lideran las encuestas no los eludan como lamentablemente lo hicieron en 1999.