Para poder estabilizar con éxito, primero se debe lograr la unificación y liberaci´ón del mercado cambiario sin un fuerte salto devaluatorio

Utilicé la conferencia a la que me invitó FIEL para explicar en detalle esta cuestión. Mi mensaje fue fundamentalmente para los economistas que están trabajando con los candidatos a la presidencia, con la ventaja de que yo no tengo que hacer campaña electoral alguna.

Me apresuro a subir este video, un poco largo, al blog, porque no me gustaron los resúmenes que aparecienron en los medios. Creo que o no me expresé bien, o los periodistas que redactaron esos resúmenes se aburrieron por la extensión del discurso y no prestaron suficiente atención.

La compleja interacción entre el déficit fiscal y los controles de cambio

El abultado gasto público que provoca un déficit fiscal persistente es sin lugar a dudas la causa principal de la inflación que sufre la economía argentina. Los mercados financieros del exterior están completamente cerrados para el tesoro y el acceso al financiamiento en pesos es sumamente limitado. La única fuente de financiamiento es la emisión del Banco Central. Para neutralizar los efectos inflacionarios de esta fuerte emisión, el Banco Central coloca LELIQs en los bancos, es decir emite deuda remunerada que los mercados interpretan, con razón, como emisión futura. El resultado es una total subordinación de la política monetaria a la política fiscal.

Los subsidios económicos que se pagan a las empresas de transporte y de energía para compensar el atraso de sus precios y tarifas en relación a sus costos, fuertemente ligados al precio del dólar en el mercado oficial, constituyen uno de los ingredientes principales del déficit fiscal. La devaluación del peso en el mercado oficial provoca un aumento del déficit fiscal porque incrementa el monto de los subsidios económicos.

Los controles de cambio que a fines de 2019 fueron establecidos para evitar la fuga de capitales del país han producido resultados opuestos a los que la medida perseguía. Pese a las prohibiciones de repatriar capitales y pagar dividendos y el fuerte superávit comercial del año 2022, el Banco Central no dejó de perder reservas por la demanda de dólares del sector privado para atesoramiento y pagos de servicios reales y financieros. La sequía de los últimos meses agravó el panorama cambiario que ya se venía deteriorando aun cuando las exportaciones eran mucho más elevadas.

El gobierno redujo el monto y aumentó los requisitos para la compra de dólares para atesoramiento, al punto de que en la actualidad la perdida de reservas por ese motivo es reducida. Pero el encarecimiento de las divisas vendidas para turismo y gastos en el exterior por mecanismos de impuestos y tipos de cambio diferenciales no permitió reducir significativamente la perdida de reserva por esos motivos.

Desde el inicio de los controles de cambio comenzó a funcionar un mercado financiero que utiliza bonos del tesoro en dólares que pueden comprarse y venderse en pesos para transferir dólares al exterior o para ingresar dólares al país a un tipo de cambio pseudo libre. Este mercado no es completamente libre porque la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central tratan de regularlo de forma de encarecer la intermediación entre compradores y vendedores y adicionalmente, el gobierno ha intentado contener la cotización vendiendo bonos en dólares que significan uso de reservas del Banco Central.

Debido a las trabas que existen tanto para la compra de dólares para atesoramiento por parte de los individuos como por las regulaciones que encarecen la operatoria del mercado financiero basado en los bonos en dólares, existe además un mercado informal denominado “blue” que, si bien es ilegal, funciona con mucha fluidez. La cotización en el mercado blue y en los mercados basados en la compraventa de bonos en dólares no es la misma, pero las diferencias son acotadas y tienden a reducirse porque existen operaciones informales de arbitraje entre esos mercados.

La brecha entre estos tipos de cambio pseudo libres y la cotización del dólar en el mercado controlado fluctúa en el rango 70 a 100% del precio oficial.

El Banco Central ha manejado el tipo de cambio oficial con minidevaluaciones semanales (crawling peg) que en algunos subperíodos fueron inferiores al ritmo de inflación (crawling peg activo) y en otros trataron de acompañar a la inflación (creawling peg pasivo). En la actualidad aplica un crawling peg pasivo con el propósito de no seguir apreciando el peso en términos reales para las transacciones que se cursan en el mercado oficial.

La combinación de un crawling peg pasivo para la determinación del precio del dólar en el mercado oficial con una fuerte brecha entre ese precio y el que se establece en los mercados pseudo libres constituye la causa principal de la inercia inflacionaria, que no sólo tiende a perpetuar la tasa de inflación, sino que genera expectativas de aceleración porque los actores del mercado ven en la brecha un indicador de que el ritmo de devaluación en el mercado oficial tendrá que aumentar.

La fuerte emisión monetaria de los dos últimos años, el elevado stock de LELIQs, la tendencia al aumento del déficit fiscal de los últimos 12 meses y la brecha cambiaria configuran un escenario propicio para que un salto devaluatorio en el mercado oficial se constituya en el detonante de una fuerte aceleración inflacionaria que, según la capacidad que el gobierno tenga de acotarla con anuncios de reformas que cambien las expectativas, puede o no transformarse en hiperinflación. Esta es la razón por la que la unificación y liberalización del mercado cambiario, que es un requisito indispensable para llevar adelante un plan de estabilización con altas probabilidades de éxito, deberá sincronizarse cuidadosamente con las medidas tendientes a eliminar el déficit fiscal.

En términos prácticos, la sincronización más importante es la del reajuste de los precios relativos que están muy atrasados en relación al precio del dólar en el mercado oficial (básicamente los de la energía y los transportes) y el salto devaluatorio asociado a la unificación y liberalización del mercado cambiario.

Esta compleja interacción entre el déficit fiscal y los controles de cambio puede complicar mucho tanto el curso de la economía entre las PASO y la definición del resultado final del proceso electoral, como durante el inicio de la gestión del nuevo gobierno.

El complicado proceso electoral

Faltan menos de tres meses para las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) y los indicadores económicos son los peores de todo el período de gobierno de Alberto Fernández y significativamente peores que los que este gobierno heredó del de Mauricio Macri. Es prácticamente imposible que este panorama mejore entre junio y julio, de manera que cuando los argentinos estén votando el 13 de agosto en las PASO, muy probablemente se confirme la predicción de la mayoría de los encuestadores y de la propia vicepresidente en el sentido de que el electorado se dividirá aproximadamente en tres tercios.

Para imaginar cual puede ser la actitud del gobierno, prácticamente liderado por Sergio Massa desde su rol de Ministro de Economía, habrá que observar como quedan, después de las PASO, sus planes de ser el candidato a presidente del Frente de Todos con respaldo de Cristina Kirchner. Si Massa llega a la conclusión de que no será el candidato del gobierno, no tendrá ningún incentivo para allanar el camino del próximo presidente hacia una salida no traumática de la complicada situación económica y social que se estará viviendo al momento de la entrega del poder. En este caso el próximo gobierno tendrá que estar bien preparado como para desactivar una peligrosa explosión hiperinflacionaria.

Mas allá de la definición sobre la candidatura de Sergio Massa por el Frente de todos, difícilmente surja claro quién ganará las elecciones presidenciales de octubre y si habrá o no ballotage en noviembre.  Según las encuestas los tres candidatos con más chances son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Milei, el líder de una nueva fuerza política creada por él con ideas libertarias. Es poco probable que la definición sobre la próxima presidencia quede definida en la primera vuelta de octubre. Habrá que esperar hasta el ballotage de noviembre para conocer como quedará integrado el próximo gobierno.

El ministro de economía Sergio Massa puede derivar los pagos externos no comerciales a un mercado libre sin uso de reservas del Banco Central y seguir afrontando los pagos externos financieros con apoyos circunstanciales del FMI, de China y de Brasil.

Pero lo que no puede hacer impunemente es financiar un creciente déficit fiscal con más emisión monetaria y colocación de deuda en pesos indexados al tipo de cambio oficial sin que se desate una corrida contra los depósitos bancarios en pesos y en dólares. Si esto último ocurriera, una explosión inflacionaria ya sería inevitable.

Si una abrupta aceleración inflacionarias licúa los pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central antes del cambio de gobierno y reduce gastos del sector público en términos reales y, sobre todo, permite el sinceramiento de todos los precios internos que están atrasados en relación al precio del dólar oficial, será más fácil la aplicación por parte del nuevo gobierno de un buen ajuste fiscal.

Si no se produce antes de la entrega del poder, el nuevo gobierno podrá evitar la hiperinflación demoledora del poder político sólo si decide ajustar las cuentas fiscales mediante la reforma del estado, las privatizaciones y la apertura de la economía para eliminar el cepo cambiario del mercado comercial recién cuando esas decisiones hayan llevado a una fuerte apreciación del tipo de cambio en el mercado libre.

Si en lugar de hacerlo con esa metodología decide eliminar de inmediato el cepo cambiario con la ilusión de producir el ajuste fiscal recurriendo a una fuerte devaluación que licue deudas, salarios y jubilaciones, al estilo del ajuste de enero de 2002, no encontrará régimen monetario alguno capaz de derrotar a la inflación en un mandato presidencial.

Puede parecer paradojal, pero si para evitar la inercia inflacionaria que crea el cepo cambiario, el nuevo gobierno decide eliminarlo de inmediato para todo tipo de transacciones, sin que haya habido tiempo para implementar un ajuste fiscal y la economía haya digerido toda la excesiva emisión monetaria anterior, el resultado puede ser una explosión hiperinflacionaria, costosísima desde el punto de vista social y demoledora desde el punto de vista político.

La oposición tiene que ser cautelosa con sus promesas. En el mejor de los casos, un buen plan de estabilización podrá ponerse en marcha recién a principios de 2025

Con el alto grado de dolarización de facto que tiene la economía argentina, no se puede pensar en lograr una reducción significativa de la tasa mensual de inflación sin que se haya conseguido eliminar completamente el cepo cambiario y sea posible estabilizar el precio del dólar para quebrar la inercia inflacionaria.

Para que la reducción de la tasa mensual de inflación sea sostenible en el tiempo, la clave será que el gobierno aproveche la popularidad que le brindará ese éxito en el frente antiinflacionario para profundizar las reformas estructurales que permitan abrir plenamente la economía al comercio internacional y a las inversiones internas y externas capaces de movilizar los recursos naturales y humanos, afortunadamente abundantes, con que cuenta Argentina.

Un descontrol inflacionario tipo Rodrigazo de 1975 o hiperinflación de 1989 puede acortar o alargar los plazos para que pueda aplicarse un buen plan de estabilización, dependiendo de si se produce antes o después del cambio de gobierno. La razón de esta diferencia radica en el enorme costo social y el efecto demoledor del poder político que tiene la hiperinflación.

La estrategia política que tiene en mente Cristina Kirchner, seguramente basada en los razonamientos económicos de Axel Kicillof, consiste en evitar a toda costa que se desate una hiperinflación antes de la entrega del poder al nuevo gobierno pero que sea inevitable en el transcurso del próximo mandato presidencial. Sólo así se puede entender porqué la vicepresidente apoya la gestión de Sergio Massa como Ministro de Economía mientras reitera su adhesión al socialismo del siglo XXI de inspiración chavista.

Seguramente sabe por Axel Kicillof que, si Sergio Massa no consigue apoyos externos suficientes, el descontrol inflacionario extremo se puede producir en los próximos meses. Pero, al mismo tiempo, no quiere que se implementen ajustes fiscales y de precios elativos que puedan facilitar la gestión económica del nuevo gobierno.

En este contexto económico y político, los candidatos de la oposición tienen que ser muy cautelosos con sus propuestas y acciones iniciales para sortear la trampa que quedará activada sobre todo por la existencia del cepo cambiario.

Mientras exista el cepo cambiario, la tasa de inflación mensual tenderá a subir

El cepo cambiario, incluso si se limitara al comercio exterior de bienes, permitiendo que todas las demás transacciones sepudieran realizar en un mercado enteramente libre, sin intervención del Banco Central, obliga a ajustar el tipo de cambio controlado al ritmo de la inflación para evitar que se agrave el deterioro de la balanza comercial. Esta virtual indexación retrospectiva del tipo de cambio comercial se constituye en el principal factor de inercia inflacionaria.

Si el Banco Central insiste en aplicar el cepo cambiario a todo tipo de transacciones e impide que funcione al menos un mercado libre y legal para la entrada de capitales financieros, como viene ocurriendo desde su imposición a fines de 2019, la inercia inflacionaria se agrava porque la acelerada pérdida de reservas lleva a predecir que el ritmo de ajuste del tipo de cambio comercial va a tener que ser incluso superior a la inflación retrospectiva.

El monitoreo de las cuentas fiscales de aquí a que se conozcan los resultados de la próxima elección es la clave para dilucidar si será factible llegar al momento del cambio de gobierno sin que se haya desatado la hiperinflación.

El ministro de economía Sergio Massa puede derivar los pagos externos no comerciales a un mercado libre sin uso de reservas del Banco Central y seguir afrontando los pagos externos financieros con apoyos circunstanciales del FMI, de China y de Brasil.

Pero lo que no puede hacer impunemente es financiar un creciente déficit fiscal con más emisión monetaria y colocación de deuda en pesos indexados al tipo de cambio oficial sin que se desate una corrida contra los depósitos bancarios en pesos y en dólares. Si esto último ocurriera, la hiperinflación ya sería inevitable.

Si la hiperinflación licúa los pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central antes del cambio de gobierno y reduce gastos del sector público en términos reales y, sobre todo, permite el sinceramiento de todos los precios internos que están atrasados en relación al precio del dólar oficial, será más fácil la aplicación por parte del nuevo gobierno de un buen ajuste fiscal.

Si no se produce antes de la entrega del poder, el nuevo gobierno podrá evitar la hiperinflación demoledora del poder político sólo si decide ajustar las cuentas fiscales mediante la reforma del estado, las privatizaciones y la apertura de la economía para eliminar el cepo cambiario del mercado comercial, recién cuando esas decisiones hayan llevado a una fuerte apreciación del tipo de cambio en el mercado libre.

Si en lugar de hacerlo con esa metodología decide eliminar de inmediato el cepo cambiario con la ilusión de producir el ajuste fiscal recurriendo a una fuerte devaluación que licue deudas, salarios y jubilaciones, al estilo del ajuste de enero de 2002, no encontrará régimen monetario alguno capaz de derrotar a la inflación en un mandato presidencial.

Puede parecer paradojal, pero si para evitar la inercia inflacionaria que crea el cepo cambiario, el nuevo gobierno decide eliminarlo de inmediato para todo tipo de transacciones, sin que haya habido tiempo para implementar un ajuste fiscal y la economía haya digerido toda la excesiva emisión monetaria anterior, el resultado puede ser una explosión hiperinflacionaria, costosísima desde el punto de vista social y demoledora desde el punto de vista político.

Aspirar a que una hiperinflación licue gastos y pasivos, lejos de ayudar a estabilizar, se constituirá en un gran obstáculo

Un ajuste fiscal como el que produjo “superávits gemelos” a partir del 2002, decidido por el actual gobierno, desataría la hiperinflación. No creo que Massa lo intente.

Si, porque no lo hace el gobierno kirchnerista, el nuevo gobierno decidiera hacerlo al inicio de su gestión, con esa misma metodología, se verá frustrado su afán estabilizador.

Lo que se necesita es una reorganización de la economía y un ajuste fiscal como el que hicimos entre 1990 y 1991.No como el de 2002 y 2003.

Argumentación

Prácticamente todos los economistas y dirigentes políticos no kirchneristas coinciden en que para estabilizar y volver a crecer se necesita producir un fuerte ajuste fiscal que permita dejar de aumentar el endeudamiento del Banco Central.

Algunos economistas profesionales que se desgarran las vestiduras porque argumentan que Milei con su prédica dolarizadora quiere provocar una hiperinflación, han comenzado a proponer un ajuste fiscal desdolarizador como el que aplicó Remes Lenicov en 2002. Argumentan que para ello se necesita un respaldo político como el que brindaron Duhalde y Alfonsín desde enero de aquel año.

Yo sostengo que si el ajuste fiscal no se hace como el que implemetó el gobierno de Menem entre 1989 y 1991 sino que trata de imitar al que se hizo entre 2002 y 2003, la economía va a entrar en hiperinflación y luego de ello no encontrará ningún régimen monetario capaz de derrotar a la inflación en un mandato presidencial.

La gran diferencia entre las dos estrategias alternativas para el ajuste fiscal radica en el herramental que se utiliza. Una alternativa es usar la reforma del estado, las privatizaciones y la apertura de la economía. Otra alternativa consiste en recurrir a una fuerte devaluación “desdolarizadora” que licue deudas, salarios y jubilaciones, brinde fuerte protección a la sustitución de importaciones y genere recursos fiscales a través de las retenciones agropecuarias, petroleras y mineras.

Voy a utilizar la experiencia de los dos grandes ajustes fiscales de los últimos 35 años para explicar porqué sostengo que el ajuste al que Carlos Melconian bautizó “San Remes”, es lo peor que le puede pasar a la economía argentina. Y le pido disculpas a Remes, porque es injusto utilizar su apellido cuando me consta que el ajuste que hizo no era el que él tenía planeado, aunque diga que lo había estudiado desde 1998. La verdad es que era el que buscaban algunos fuertes empresarios de la Unión Industrial Argentina representados por De Mendiguren, en coalición con los industriales que añoraban la protección del período de encerramiento económico anterior a la convertibilidad. Esos lobbies lograron engañar a Duhalde y a Alfonsín y llevaron a Remes a adoptar las decisiones que, a la postre, le hicieron un daño enorme a la economía.

 Si la aceleración inflacionaria licúa los pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central antes del cambio de gobierno y reduce gastos del sector público en términos reales y, sobre todo, permite el sinceramiento de todos los precios internos que están atrasados en relación al precio del dólar oficial, será más fácil la aplicación por parte del nuevo gobierno de un buen ajuste fiscal. Pero si nada de esto ocurre antes del cambio de gobierno y el nuevo equipo económico piensa que debe comenzar con un ajuste fiscal al estilo del que se atribuye a Remes, la gestión del nuevo gobierno estará condenada, desde el vamos, al fracaso.

El ajuste fiscal del tipo del que condujo a los “superávits gemelos” del 2002 es incompatible con un plan de estabilización posterior porque supone una violación generalizada de contratos y de derechos de propiedad de quienes ahorraron e invirtieron productivamente en el pasado y deja mucho más desalineados que antes a los precios relativos, los que en la búsqueda de su realineamiento van a generar una puja distributiva muy desestabilizadora en una economía que seguirá con alta inflación y gran inercia inflacionaria.

Formas alternativas de ajuste fiscal

Que va a ser necesario un fuerte ajuste fiscal para poder estabilizar es algo que ningún economista profesional ni ningún dirigente político responsable discute. La cuestión que vale la pena investigar es cómo se va a producir ese ajuste fiscal.

Hay dos mecanismos que en cierta medida son las alternativas extremas:

 1. La reforma del estado con eliminación de los organismos, empresas y fuentes de gastos que no son esenciales y que sólo sirven para distribuir beneficios a funcionarios políticos y miembros de corporaciones que por largo tiempo lograron obtener prebendas y privilegios; y

2. Una fuerte devaluación con su consecuente salto inflacionario y default de la deuda externa e interna para licuar gastos y pasivos.

Ajuste fiscal por reforma del estado

Como ejemplo histórico de la primera alternativa se puede mencionar la reforma del estado iniciada en 1989, cuando el déficit fiscal primario ascendía a 7,2% del PBI y pasó a un superávit fiscal de 0,4% del PBI en 1993. Es decir, un ajuste fiscal de 7,6% del PBI en 4 años.

Para describir lo que supuso y significó este ajuste, copio a continuación el cuadro 14.5 del libro “Historia Económica Argentina” que escribimos con mi hija Sonia Cavallo Runde y publicó El Ateneo en 2016.

En el cuadro se puede ver que el gasto primario pasó de representar el 33,1% del PBI en 1989 a 23% promedio entre 1991 y 1993 y se mantuvo en ese nivel hasta 1996. Esto se logró por la implementación de todas las reformas que fueron posibles por la aplicación de las Leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado aprobadas en 1989 con apoyo de la bancada radical de la Cámara de Diputados.

Los ingresos totales se redujeron del 27,5% en 1989 a 24,4% en 1991 (cuando se eliminaron las retenciones a las exportaciones y se derogaron 24 impuestos menores) y a alrededor de 23% entre 1993 y 1996 cuando se dispuso que los aportes personales jubilatorios dejaran de ingresar al Tesoro y fueran a las cuentas individuales de las AFJPs.

A pesar de la baja en la recaudación impositiva, el ajuste en el gasto primario había sido tan importante que el déficit primario se revirtió totalmente y generó un superávit que hasta el año 1994 permitió cubrir los intereses de la deuda, lo que permitió que el déficit total prácticamente desapareciera. Reapareció, en forma muy moderada, a partir del impacto de la crisis tequila de 1995.

La razón por la que estos fenómenos se desplegaron en forma lenta a partir de 2003 se explica porque la economía había quedado desindexada desde la vigencia de la convertibilidad y porque los gobiernos que se sucedieron pudieron seguir manoteando ahorros que se habían acumulado durante lo años de la convertibilidad para financiar los déficits que reaparecieron a partir de 2007. Pero que la inflación no se iba a detener, está a la vista a 22 años de aquel ajuste, porque, además de que los “superávits gemelos” se han transformado en grandes “déficits gemelos”, los desajustes de precios relativos son tan graves como los que surgieron de las medidas adoptadas en 2002 y el país se encuentra estancado, sin crédito interno ni externo. Y con pobreza extrema. Y todo esto ocurrió durante años en los que Argentina gozó del período más largo de altos precios de exportación de toda su historia.

Este comportamiento de las cuentas fiscales permitió que se pudiera aplicar el régimen de convertibilidad, que eliminó la inflación crónica de la economía argentina.

Ajuste fiscal por fuerte devaluación y salto inflacionario

El ejemplo histórico más cercano de la segunda alternativa para el ajuste fiscal es la fuerte devaluación de 2002, implementado a través de la desdolarización compulsiva de la economía y el default de la deuda externa e interna, que permitió pasar de un déficit fiscal del 5,2% del PBI en 2001 a un superávit fiscal del 3,4% del PBI en 2004. Es decir, un ajuste fiscal de 8,6% del PBI en cuatro años.

En los cuadros 16.2 y 16.3, se puede observar que el gasto primario, que en 2001 era del 23,8 del PBI, sólo bajó a alrededor del 22,4% entre 2002 y 2003 y ya en 2004 había vuelto a 23,6% y a 24,8% en 2005.

La disminución del gasto total se produjo por la reducción drástica de la factura de intereses desde el 4,8% del PBI en 2001 a alrededor del 2% en los años siguientes, Esto fue resultado del default de la deuda y de la desdolarización compulsiva de la economía, que le sustrajo una buena parte de sus ahorros a los depositantes.

Lo notable de este ajuste fiscal es que para lograr una tímida reducción del gasto primario (de 23,6% a 22,4%) necesitó reducir los salarios reales entre un 10 % (para los trabajadores formales) y un 30% (para los trabajadores informales) en el período 2001 a 2003 y, en el caso de los ingresos de los informales, todavía abajo en un 30% hacia 2005. Esto se puede ver en el gráfico 16.7

Este comportamiento de los salarios reales explica el impresionante aumento de los índices de pobreza entre mayo-octubre de 2001 y mayo -octubre de 2002, tal como lo muestra la Tabla 16.1

Para poner la evolución del índice de pobreza en perspectiva vale la pena observar el gráfico 16.11 que cubre el período 1988-2015. Ahí se observa que el ajuste fiscal por Reforma del Estado y la estabilización posterior permitió reducir significativamente el índice de pobreza y a pesar de que hacia el final de la década y en los años 2000 y 2001 ya fue tan alto como había sido en 1988 y 1989, el gran salto se produjo con motivo del ajuste fiscal por devaluación, golpe inflacionario y default del año 2002. Luego bajó, pero bien medida (a partir del 2007, estimada por la UCA porque las cifras del INDEC fueron fruto de la mentira sobre la tasa de inflación) estuvo siempre en el nivel más alto de la década del 90 y, en promedio, permanentemente por arriba de la pobreza durante la convertibilidad.

Conclusión

La reforma del Estado, las privatizaciones, la eliminación de impuestos distorsivos, la apertura de la economía y el anclaje nominal de las expectativas de inflación son indispensables para que se pueda derrotar definitivamente a la inflación en un período de dos años.

Si en lugar de ello se confía en que la licuación de gastos y pasivos hará el trabajo sin que sean necesarios aquellos cambios organizativos de la economía, no habrá forma de anclar nominalmente las expectativas y la inflación seguirá azotando a la ya muy empobrecida economía argentina.