Alertado por varios visitantes de este blog, he estado navegando por  sitios que tratan de descubrir las causas de la inflación que hoy azota a la economía Argentina. Los argumentos de los participantes en esta discusión, casi todos ellos profesores jóvenes de economía y estudiantes avanzados, me hicieron recordar las discusiones sobre estos mismos temas que se llevaban a cabo durante las más de cuatro décadas de experiencia inflacionaria, anterior a la década del 90. En aquella época, como está volviendo a ocurrir ahora, quienes trataban de explicar la inflación pasaban por alto una premisa fundamental: la inflación es un fenómeno monetario y tiene que ver con los defectos de las instituciones monetarias de la economía.

Una economía, para gozar de un nivel promedio de los precios aproximadamente estable, es decir, para no sufrir un fenómeno de inflación persistente y difícil de predecir, tiene que tener una moneda en cuyo valor la gente pueda confiar y cuya administración (lo que normalmente se denomina política monetaria) apunte precisamente a mantener estable el nivel promedio de lo precios. Esto es lo que Argentina no tuvo entre 1945 y 1990 y ha dejado nuevamente de tener desde 2002 en adelante.

Entre 1991 y 2001 la economía argentina  tuvo un régimen monetario que permitió que la economía desplegara estabilidad del nivel promedio de los precios porque el Peso Convertible tuvo un valor fijo en relación al Dólar, una moneda que en esos años fue símbolo de estabilidad de precios a nivel global. La economía argentina podría haber continuado siendo una economía de nivel promedio de precios estable, aún abandonando la paridad con el Dólar. Pero para ello, el Peso Convertible debería haber flotado frente al Dólar con el Banco Central administrando una política monetaria que apuntara a una meta de inflación baja, como lo hicieron la mayor parte de los países latinoamericanos que durante la década del 90 llevaron a cabo reformas semejantes a las de nuestro país y, en su momento, también fijaron su moneda al Dólar como forma de salir de la hiperinflación. Lamentablemente, el abandono de la paridad Peso-Dólar, en Argentina significó también la destrucción de las instituciones monetarias necesarias para mantener la estabilidad.

Desde 2002 en adelante, nuestra economía está azotada nuevamente por la inflación porque nuestra moneda, el Peso, ahora no convertible, es administrada de tal forma de influir no sobre el nivel promedio de los precios, sino sobre la estructura de precios relativos de la economía, algo que en una economía bien organizada surge del funcionamiento de mercados libres, con un Estado que interviene a través de su política fiscal y aplica regulaciones para remover el efecto distorsivo de las fallas del mercado. Lamentablemente, desde 2002 en adelante, la política monetaria (sea utilizando como variable controlada el tipo de cambio nominal, la cantidad de dinero o las tasas nominales de interés) fue utilizada para afectar los precios relativos de la economía en la dirección deseada por el Gobierno, aún cuando los niveles deseados de precios relativos estuvieran muy alejados de los de equilibrio. De esta forma la política monetaria creó inicialmente desequilibrios de precios relativos que determinaron que en la economía apareciera simultáneamente, inflación abierta, en la medida que para afectar los precios relativos se empujó hacia arriba a algunos precios (por ejemplo, el de los bienes transables internacionalmente, en 2002) e inflación reprimida (en la medida que se utilizaron otros instrumentos, como las regulaciones, para evitar o, al menos demorar, el ajuste de los precios que quedaron artificialmente atrasados).

La inflación reprimida se transforma necesariamente en más inflación abierta si es que luego del impulso inicial al aumento de algunos precios, la política monetaria se transforma en “acomodaticia”, es decir, simplemente acompaña la evolución del ingreso nominal de la economía, para evitar que actúen en la economía las fuerzas recesivas que permitirían la eliminación de la inflación reprimida a través del ajuste simultáneo, hacia arriba, de aquellos precios que quedaron rezagados y, hacia abajo, el de los bienes que subieron demasiado. Al ser la política monetaria, simplemente “acomodaticia”, el curso de la inflación estará determinado no por la política monetaria sino por la fuerza de los distintos participantes de la puja distributiva y por la capacidad fiscal del gobierno de financiar subsidios que compensen las distorsiones en los precios relativos. En términos más formales y teóricos, en una economía organizada de esta forma, el nivel promedio de los precios y la tasa de inflación, estarán indeterminados y pueden resultar cualquier número. La inflación será más alta cuanto más débil sea el Gobierno para controlar la puja distributiva y cuanto más delicada sea su situación fiscal y más difícil su acceso al crédito.

En estas circunstancias existe una sola forma de volver a librar a la economía de inflación: reorganizarla de tal forma que vuelva a tener instituciones monetarias que provean una moneda de valor estable y enderecen la política monetaria a alcanzar una meta de inflación baja. Esto significa que si el gobierno quiere influir sobre la estructura de precios relativos, tendrá que utilizar otros instrumentos, particularmente la política fiscal y las regulaciones correctoras de distorsiones. Es decir, volver a tener instituciones monetarias como las que tuvimos en la década del 90 o como las que tienen Chile, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, México, y la mayor parte de las economías estables del mundo.

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