Transcribo a continuación una parte del artículo titulado «Argentina sin convertibilidad: ¿mejores o peores chances de estabilidad y crecimiento?», en la que se describe la reestructuración de la deuda que se comenzó a ejecutar el 1 de noviembre de 2001. Lamentablemente no fue completada por el gobierno de Duhalde. De haberlo sido, se hubiera evitado el reclamo judicial de los «hold outs». La pesificación compulsiva deshizo la mayor parte del canje de bonos por un préstamo garantizado al gobierno y el Estado dejó de tener los votos necesarios para imponer las «claúsulas de salida consentida» (exit consent clauses, en inglés) a los bonos que no se presentaran al canje final. De no haberse cometido este error, se hubiera logrado la participación del total de los bonistas en la segunda etapa del proceso de reestrucutración de la deuda que iba a quedar concluído el 15 de febrero de 2002. Nadie hubiera retenido bonos viejos que quedarian sin acción por vía ejecutiva.Ésta, entre otras muchas cosas, fue la nefasta consecuencia del golpe institucional del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Evolución de la deuda pública.
En el segundo semestre de 2001, cuando argentina perdió el crédito, el problema más grave era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los déficits fiscales desde 1995. La deuda más onerosa y que estaba creando más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con los bancos del sistema financiero Argentino.
La deuda pública provincial ascendía a 16 mil millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3.500 millones de dólares. Hacia mediados de diciembre, los acreedores de las provincias, fundamentalmente los bancos comerciales locales, habían aceptado canjear voluntariamente sus acreencias por el préstamo consolidado, conforme la propuesta de reestructuración de deuda que había sido lanzada el 1 de noviembre anterior. De esta forma, esa deuda había sido transformada en un préstamo consolidado al 7 % de interés anual y a plazos 3 años más largos que los originalmente pactados. Es decir que las provincias recién deberían afrontar vencimientos de capital a partir del año 2005 y desde diciembre de 2001 gozarían de una reducción de gastos por intereses de más de 2 mil millones anuales.
La deuda pública nacional, que ascendía a 128 mil millones de dólares, constaba de tres componentes: a) la deuda con organismos multilaterales y gobiernos del exterior por 36 mil millones de dólares, cuyos términos contractuales no incluían una prima de riesgo elevada, y podía ser refinanciada en forma normal; b) La deuda con acreedores no oficiales que había sido transformada en un préstamo garantizado, a tasa de interés no superiores al 7 % anual y a plazos 3 años más largos que los originalmente planeados. Se habían presentado voluntariamente a este canje acreedores por 39 mil millones de dólares, entre los cuales estaban los bancos locales, los fondos de pensiones y tenedores de bonos, residentes en Argentina y en el exterior, que decidieron aceptar la ley argentina y la garantía ofrecida por el gobierno Argentino[1];c) Los bonos en manos de tenedores, preponderantemente del exterior, que no habían participado en el canje por el préstamo garantizado, que ascendían a 44 mil millones de dólares. Estos bonos devengaban una tasa de interés promedio del 10 % anual.
La transformación de 39 mil millones de bonos y préstamos anteriores al préstamo garantizado suponía una economía de intereses, esta vez para el presupuesto nacional, de algo menos de 2 mil millones de dólares, es decir una reducción absoluta, no muy diferente a la que obtenían las provincias por su deuda[2].
El 15 de enero de 2002 se iba a lanzar una propuesta de canje para los bonos aún no transformados en préstamo garantizado, que en la práctica significaría una reducción a la mitad de su factura de intereses. Es decir que se esperaba conseguir otra reducción adicional de 2 mil millones de dólares en el costo anual de intereses para el presupuesto nacional[3]. Para esta oferta ya se había designado un comité de asesores financieros que habían aceptado integrar: Jacob Frenkel de Merryl Linch, Bill Rhodes de Citigroup y Joe Ackerman del Deutsch Bank. Planeábamos utilizar “exit consent clauses” para asegurar una participación completa de los acreedores cuyas acreencias aún no habían sido reestructuradas.
En definitiva, la deuda pública de la Nación y de las provincias seguiría siendo de 144 mil millones de dólares, pero con un costo anual de intereses inferior al de 2001 en 6 mil millones de dólares. Ello haría posible alcanzar la meta del déficit cero en todas las jurisdicciones desde 2002.
Con déficit cero, este nivel de deuda se mantendría constante hasta 2005. A partir de allí la Nación y las provincias deberían generar superávit fiscal, para afrontar las amortizaciones del capital adeudado o acceder nuevamente al mercado voluntario de crédito demandando montos equivalentes a esas amortizaciones.
[1] Ya habían sido transformados en préstamo garantizado, 26 mil de los 30 mil millones de dólares de bonos emitidos con motivo del mega-canje de mayo de 2001
[2] Proporcionalmente la reducción de intereses para la Nación resultaba menor, porque las tasas de interés de los bonos y préstamos originales, habían sido significativamente menores a las que habían venido pagando las provincias.
[3] Para justificar la diferencia de 2 puntos porcentuales anuales entre el 7 % del préstamo garantizado y el 5 % de los nuevos bonos a entregar en el canje por ofrecerse, contábamos con el argumento de la mayor liquidez de los bonos y el hecho que ellos serían emitidos bajo ley extranjera








