Domingo Cavallo

Durante el mes de enero escribimos con mi amigo Rodrigo Botero una propuesta sobre como redirecccionar los incentivos fiscales de tal manera de aumentar el empleo formal en la economía colombiana. Tal como me lo había anticipado Rodrigo, el tema ha despertado interés en el contexto de la campaña electoral del país hermano. Pienso que a los visitantes de mi blog les va a interesar el reportaje que el Diario El Tiempo, de Bogotá, le hizo a Rodrigo Botero y publicó en primera página.

Alertado por varios visitantes de este blog, he estado navegando por  sitios que tratan de descubrir las causas de la inflación que hoy azota a la economía Argentina. Los argumentos de los participantes en esta discusión, casi todos ellos profesores jóvenes de economía y estudiantes avanzados, me hicieron recordar las discusiones sobre estos mismos temas que se llevaban a cabo durante las más de cuatro décadas de experiencia inflacionaria, anterior a la década del 90. En aquella época, como está volviendo a ocurrir ahora, quienes trataban de explicar la inflación pasaban por alto una premisa fundamental: la inflación es un fenómeno monetario y tiene que ver con los defectos de las instituciones monetarias de la economía.

Una economía, para gozar de un nivel promedio de los precios aproximadamente estable, es decir, para no sufrir un fenómeno de inflación persistente y difícil de predecir, tiene que tener una moneda en cuyo valor la gente pueda confiar y cuya administración (lo que normalmente se denomina política monetaria) apunte precisamente a mantener estable el nivel promedio de lo precios. Esto es lo que Argentina no tuvo entre 1945 y 1990 y ha dejado nuevamente de tener desde 2002 en adelante.

Entre 1991 y 2001 la economía argentina  tuvo un régimen monetario que permitió que la economía desplegara estabilidad del nivel promedio de los precios porque el Peso Convertible tuvo un valor fijo en relación al Dólar, una moneda que en esos años fue símbolo de estabilidad de precios a nivel global. La economía argentina podría haber continuado siendo una economía de nivel promedio de precios estable, aún abandonando la paridad con el Dólar. Pero para ello, el Peso Convertible debería haber flotado frente al Dólar con el Banco Central administrando una política monetaria que apuntara a una meta de inflación baja, como lo hicieron la mayor parte de los países latinoamericanos que durante la década del 90 llevaron a cabo reformas semejantes a las de nuestro país y, en su momento, también fijaron su moneda al Dólar como forma de salir de la hiperinflación. Lamentablemente, el abandono de la paridad Peso-Dólar, en Argentina significó también la destrucción de las instituciones monetarias necesarias para mantener la estabilidad.

Desde 2002 en adelante, nuestra economía está azotada nuevamente por la inflación porque nuestra moneda, el Peso, ahora no convertible, es administrada de tal forma de influir no sobre el nivel promedio de los precios, sino sobre la estructura de precios relativos de la economía, algo que en una economía bien organizada surge del funcionamiento de mercados libres, con un Estado que interviene a través de su política fiscal y aplica regulaciones para remover el efecto distorsivo de las fallas del mercado. Lamentablemente, desde 2002 en adelante, la política monetaria (sea utilizando como variable controlada el tipo de cambio nominal, la cantidad de dinero o las tasas nominales de interés) fue utilizada para afectar los precios relativos de la economía en la dirección deseada por el Gobierno, aún cuando los niveles deseados de precios relativos estuvieran muy alejados de los de equilibrio. De esta forma la política monetaria creó inicialmente desequilibrios de precios relativos que determinaron que en la economía apareciera simultáneamente, inflación abierta, en la medida que para afectar los precios relativos se empujó hacia arriba a algunos precios (por ejemplo, el de los bienes transables internacionalmente, en 2002) e inflación reprimida (en la medida que se utilizaron otros instrumentos, como las regulaciones, para evitar o, al menos demorar, el ajuste de los precios que quedaron artificialmente atrasados).

La inflación reprimida se transforma necesariamente en más inflación abierta si es que luego del impulso inicial al aumento de algunos precios, la política monetaria se transforma en “acomodaticia”, es decir, simplemente acompaña la evolución del ingreso nominal de la economía, para evitar que actúen en la economía las fuerzas recesivas que permitirían la eliminación de la inflación reprimida a través del ajuste simultáneo, hacia arriba, de aquellos precios que quedaron rezagados y, hacia abajo, el de los bienes que subieron demasiado. Al ser la política monetaria, simplemente “acomodaticia”, el curso de la inflación estará determinado no por la política monetaria sino por la fuerza de los distintos participantes de la puja distributiva y por la capacidad fiscal del gobierno de financiar subsidios que compensen las distorsiones en los precios relativos. En términos más formales y teóricos, en una economía organizada de esta forma, el nivel promedio de los precios y la tasa de inflación, estarán indeterminados y pueden resultar cualquier número. La inflación será más alta cuanto más débil sea el Gobierno para controlar la puja distributiva y cuanto más delicada sea su situación fiscal y más difícil su acceso al crédito.

En estas circunstancias existe una sola forma de volver a librar a la economía de inflación: reorganizarla de tal forma que vuelva a tener instituciones monetarias que provean una moneda de valor estable y enderecen la política monetaria a alcanzar una meta de inflación baja. Esto significa que si el gobierno quiere influir sobre la estructura de precios relativos, tendrá que utilizar otros instrumentos, particularmente la política fiscal y las regulaciones correctoras de distorsiones. Es decir, volver a tener instituciones monetarias como las que tuvimos en la década del 90 o como las que tienen Chile, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, México, y la mayor parte de las economías estables del mundo.

Por Felipe Murolo.

Las políticas de ajuste son habitualmente repudiadas por la mayoría de la población.

Es la mayoría de la población que es engañada por quienes llevan adelante políticas demagógicas laxas.

Lo que no advierte esa población engañada es que cuanto mas tiempo perduren esas políticas artificialmente expansivas mayor será el sacrificio intertemporal que recaerá sobre las generaciones futuras. Con el  agravante de que los beneficios en tiempo real que se generaban al comienzo de este ciclo ya no existen.

Para no encontrarnos aún peor se sigue utilizando una cantidad cada vez mayor de grageas distorsivas. Pero esas grageas adictivas tienen un límite para su utilización y debido a ello se echa mano a recursos complementarios que son finitos.

IDESA muestra en uno de sus últimos artículos que son las familias el componente de la demanda que menos ha crecido, en términos nominales,  desde la gran devaluación del año 2002. Se podría querer explicar ese fenómeno en los subsidios a los servicios públicos. Pero demanda, en especial en ese segmento sectorial , es equivalente a ingresos. Y lo que se está mostrando es una caída de los ingresos, en términos reales, de la población. Dentro de ese componente son  los trabajadores formales los que mas han defendido su capacidad adquisitiva, aunque muchos desocupados friccionales han debido resignar una buena  parte de su nivel de remuneraciones  para poder reinsertarse en el mercado laboral. Por otra parte, los jubilados, globalmente, han disminuído significativamente sus ingresos, también en términos reales.

Cabe entonces preguntarse ¿quién pagará el costo político-social del ajuste que será inevitablemente necesario? ¿el expansivo Amado Budou o aquél al que le toque jugar el rol del contractivo Celestino Rodrigo?  Creo que la respuesta dependerá del resultado que pueda obtener el contractivo. Si las demandas sociales lo sobrepasan, volverá a perder. Si la población toma conciencia de su responsabilidad en la emergencia y hace oídos sordos a los cantos de sirenas que seguramente se harán escuchar nuevamente, podrá tener éxito.

Esta mañana recibí la triste noticia del fallecimiento, en la ciudad de Córdoba, de un querido y admirado amigo. Había hablado por teléfono con él poco antes de salir de viaje de Argentina y por el vertiginoso ritmo de mis actividades en México, Chile, Colombia y los Estados Unidos, no tuve más contactos con él. Nunca imaginé que podría ocurrir lo que lamentablemente ocurrió.

Cesar era un hombre lleno de energía y un trabajador incansable. Fue un profesional, un empresario y un político ejemplar. El amor por su esposa, sus hijos y sus nietos se reflejaba en las permanentes referencias a su familia y lo pude constatar en las muchas oportunidades que lo visité en su casa de Las Carolinas.

Lo conocí cuando ambos éramos jóvenes, allá por los años setentas, cuando él era ya un muy activo dirigente empresario metalúrgico y yo comenzaba a desarrollar mi actividad profesional. Nos reencontramos en el ámbito de la política cuando fui invitado por el Partido Justicialista de Córdoba a ser candidato independiente a Diputado Nacional por Córdoba. El militaba por entonces en las filas de ese partido. Siempre me impresionó su dedicación a la política con total entrega y vocación de servicio. Nunca para beneficiarse de la política sino todo lo contrario. Siempre utilizó los ingresos que generaba su actividad empresaria y profesional para financiar la actividad con la que había elegido servir a su Provincia, a su Patria y a su Pueblo.

Fue uno de los pilares de la creación en 1997 del Partido Acción por La República, al que presidió en la Provincia de Córdoba desde entonces. Últimamente era el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Acción por la República a nivel nacional. Siempre bregó por que nuestro partido ayudara al Partido Justicialista a ofrecer gobernabilidad a la Argentina, pero su sentido de responsabilidad lo llevó a apoyar mi decisión de intentar ayudar al Partido Radical a ofrecer soluciones a la grave crisis por la que atravesaba el País en 2001. Era un auténtico demócrata, buscador de consenso y un amante de la libertad con justicia social.

Quienes lo conocimos de cerca sabemos de su entrega y generosidad. Recorrió con su auto particular miles de kilómetros de caminos en la Provincia de Córdoba, visitó sus pueblos y ciudades muchas veces y se reunió con miles de argentinos deseosos de trabajar por su patria desde la política o desde la producción. Últimamente se desvivía porque el Peronismo no Kirchnerista  y los partidos de centro pudieran ofrecer una alternativa superadora a la dramática situación política, económica y social en la que se debate nuestra Patria.

A pesar de que en las últimas semanas me ha faltado el tiempo para contestar todos los mensajes que me llegan al blog y no he podido subir nuevos posts desde hace varios días, no quería dejar de compartir con mis amigos lectores este sentimiento de pesar por la pérdida de un gran amigo y hombre ejemplar.

Por Felipe Murolo.

Midiendo la variación  de precios, utilizando una canasta suficientemente significativa, pueden darse situaciones diversas.

1.       Que la variación sea nula.

2.       Que la variación sea negativa.

3.       Que la variación sea positiva.

El caso 2  se conoce como deflación.

El caso 3 se conoce como inflación.

El Gobierno Nacional  trata de confundir a la gente, en uno de sus últimos intentos de negar la realidad, mencionando que los precios varían por distintas circunstancias.

La realidad es que no importa cuáles sean las causas de las variaciones positivas de precios. Siempre será inflación. Mas inflación, o menos inflación. Pero siempre inflación.

Luego podemos entrar a analizar su intensidad.

Se puede constatar fácilmente que los sindicatos de trabajadores han conseguido en los últimos años aumentos de alrededor de un 20%.

¿Alguien puede creer que los empresarios son tan generosos que aceptarían pagar aumentos nominales de 20% si los precios en general han variado un 10%?

Aquí, la versión oficial de que los medios amplifican el tema de la inflación y de que los empresarios son formadores de precios con alzas exageradas es una forma mas que tiene el Gobierno de explicar, a través de teorías conspirativas, lo que no quiere o no puede entender.

¿Qué pretende decir el Gobierno?  ¿Que los precios no aumentan anualmente el 20%? ¿O que el Gobierno  no es responsable de la intensidad de esos aumentos?

Como dice al mismo tiempo o en distintos momentos del tiempo las dos cosas, sus explicaciones se caen por contradictorias.

Cuando atribuye la magnitud de los aumentos a los empresarios formadores de precios, está aceptando esa magnitud. Cuando convalida, sea explícita o tácitamente,  incrementos salariales que duplican las variaciones de precios anunciadas por el INDEC, está aceptando que el organismo que debería tener el rol de difundir estadísticas confiables, miente.

Aunque hay dos sectores que no son contemplados por el Gobierno y que tienen atados sus ingresos o el resultado de sus inversiones a las mentiras del INDEC: los jubilados y los tenedores de bonos que ajustan por CER. Cuánto mas miente el INDEC, mas se alejan los ingresos de los jubilados de los sueldos que percibe el personal en actividad