Encontré un ejemplo contundente y claro de la arbitrariedad con la que deciden los jueces que no logran sustraerse a la presión del Gobierno de Cristina. Los detalles se pueden leer en un escrito presentado a la Cámara Federal de Apelaciones por Matías Ordoñez, como parte de su defensa en el juicio por la venta del Predio de Palermo a la Sociedad Rural.

Hoy los voceros del Gobierno y sus aliados ideológicos salieron a vociferar todo tipo de insultos contra la Justicia a causa de tres decisiones que le disgustaron: el rechazo del per saltun en el caso de la discusión sobre la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios, el sobreseimiento definitivo del Dr De la Rúa en la causa sobre los muertos el 20 de Diciembre de 2001 y la condena de la ex-Ministra Felisa Micheli en la causa sobre la bolsa con dinero encontrada por la policía  en el baño privado de la funcionaria. Afortunadamente, La Suprema Corte de Justicia, La Cámara de Casación Penal y algunos tribunales orales están actuando con dignidad e independencia.

Lamentablemente hay también jueces y peritos que no logran sustraerse a la presión del gobierno. Pocos días atrás, el gobierno de Cristina utilizó un pronunciamiento en primera instancia de un juez federal para argumentar que el predio de Palermo a la Sociedad Rural que el Estado vendió 19 anos atrás en 30 millones de dólares, en realidad valía 132 millones de dólares. En base a esta decisión judicial, que aún no está firme porque fue apelada a la Cámara Federal, salió a argumentar que la venta fue hecha a un “precio vil” y decidió anular, por un decreto, el acto administrativo anterior por el que se convalidó esa venta. Anulación que es absolutamente ilegal según la opinión unánime de todos los especialistas en derecho constitucional y administrativo que opinaron sobre el tema.

Pocas veces se consiguen pruebas tan contundentes y claras de la arbitrariedad con la que deciden los jueces de que se vale el Gobierno.

Ocurre que en 1997 el Estado vendió un inmueble muy parecido al de la Sociedad Rural. Se trata de las 34 hectáreas del predio denominado “Parque Norte” que se vendió al Sindicato de Empleados de Comercio. Ese predio, ubicado al lado de Aeroparque, entre la Costanera Norte y la autopista Arturo Illia, tiene varios aspectos en común con el predio de Palermo vendido en 1991 a la Sociedad Rural. Ambos son predios importantes (34 hectáreas el de Parque Norte, 11 hectáreas el de la Rural), ubicados en zonas de alto valor inmobiliario. Ambos predios estaban y siguen estando caracterizados como zonificación UP, sin posibilidad de que se cambie el uso a que venían y siguen siendo destinados.

El procedimiento de la venta fue el mismo. Se trató de ventas directas a quienes venían ocupando cada predio, previa tasación del Banco de la Ciudad. En el caso del predio de Palermo, el gobierno pidió además otras tasaciones al Banco Hipotecario y a un consorcio de seis inmobiliarias prestigiosas. La tasación del Banco de la Ciudad (y por ende la operación de venta) fue de 43 pesos dólares de 1997 el metro cuadrado, en el caso de Parque Norte, y de 263 pesos dólares de 1991 el metro cuadrado, en el caso del predio de Palermo. Las tasaciones del Banco Hipotecario y por el consorcio de inmobiliarias fueron similares. En ambos casos las tasaciones se hicieron utilizando la metodología habitual del Tribunal de Tasaciones de la Nación, basada en la comparación con los precios  pactados en operaciones reales de inmuebles de similares características, corregidas por las restricciones al uso de la tierra impuesta por la normas sobre zonificación y los cargos impuestos por el Estado.

En ambos casos existieron denuncias penales argumentando que las operaciones de ventas constituían delito, por lo que fueron motivo de evaluación judicial. El Juez de primera Instancia que actuó en el caso de la operación de Parque Norte, basado en una nueva tasación hecha por un miembro del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegó a la conclusión que nada había que objetar en relación a esa venta y dispuso que los funcionarios involucrados fueran sobreseídos. Ese sobreseimiento fue convalidado por la Cámara Federal de Apelaciones.

En el caso del predio de Palermo, el juez de primera instancia pidió también una nueva tasación a un miembro del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema y resolvió procesar a los funcionarios intervinientes (a mi, entre ellos), a los peritos tasadores del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario que hicieron las tasaciones en 1991 y a los directivos de La Sociedad Rural. El procesamiento se basó en la diferencia entre la nueva tasación de 132 millones de pesos dólares y el precio de la venta que fue de 30 millones de pesos dólares.

El perito elegido por el juez sostuvo que el procedimiento habitual del Tribunal de Tasaciones de La Nación que habían utilizado los peritos del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario en 1991, y en el que se basaron el peritaje original y el nuevo solicitado por el juez en el caso del predio de Parque Norte, era de imposible aplicación por las características “especiales” del predio de Palermo. Entonces, inventó una metodología que pretendió calcular la rentabilidad que tendría el predio adquirido por la Sociedad Rural, con tan poco criterio que estimó un flujo de fondos que no guarda ninguna relación con la realidad del negocio emprendido por la Sociedad Rural y sus socios inversores, que, como era de esperar, en lugar de obtener rentabilidad generó pérdidas. A punto tal que no pudieron cancelar aún las deudas incurridas para financiar las inversiones.

A esta altura de la descripción uno podría pensar que se trata de dos casos similares en los que los jueces y peritos intervinientes tuvieron criterios diferentes, algo que es perfectamente posible si se tratara de personas distintas. Pero lo notable es que el juez que condujo el caso de Parque Norte es el mismo Sergio Torres que juzgó sobre el caso del predio de Palermo y el perito que intervino también es el mismo en los dos casos: se trata del decano del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, Arquitecto Juan José Bialet Sala.

¿Que es lo que ocurrió? La respuesta es simple. Después del conflicto con el campo, el gobierno decidió preparar un castigo a la Sociedad Rural y puso tanta presión sobre el juez y el perito que los hizo cambiar arbitrariamente de criterio, siendo que, a simple vista, si cabía alguna sospecha de sub-valuación, el candidato a revisar era el predio de Parque Norte y no el de Palermo.  Vuelvo a señalar los valores: el predio de Palermo se vendió a la Sociedad Rural a 263 pesos dólares el metro cuadrado, con cargo a mejorar y ampliar los servicios que venía prestando, mientras que el de Parque Norte se vendió a 43 dólares el metro cuadrado, sin ningún tipo de cargo adicional. El Gobierno de Cristina y los jueces que se someten a su presión no tienen vergüenza. Con tal de llevar adelante sus maldades, no reparan ni en los más elementales principios de prudencia y sensatez. En síntesis, son un peligro público.