Cuidado con Massa, su estrategia opositora es más peligrosa que la del kirchnerismo

Los ajustes fiscales siempre causan sufrimiento a mucha gente. Por eso a cualquier gobierno se le hace políticamente difícil llevar a cabo la reducción del gasto público como porcentaje del ingreso nacional y eliminar el déficit fiscal.

Hay una única herramienta disponible para que un gobierno bien intencionado y sincero pueda llevar a cabo el ajuste fiscal indispensable.  Tiene que explicarle a la gente que si el ajuste no se hace de manera explícita y transparente, se termina haciendo de manera injusta y brutal… como ocurrió en 2002. El sufrimiento de la gente es mucho mayor e infinitamente más injusto cuando el ajuste fiscal es el resultado de golpes devaluatorios.

La instrucción de Massa a sus seguidores twitteros sugiriendo que Macri está rebajando las jubilaciones como, según él, lo hiciera De la Rúa en 2001 no es inofensiva. Tampoco lo es la propuesta de De Mendiguren de ¨aumentar la facturación en lugar de bajar el gasto¨. Y mucho peor si ambas fórmulas se combinan con el tradicional elogio de Lavagna a los “superavits gemelos” de Duhalde. Estos tres ingredientes me hacen temer que si Macri y su equipo no consiguen convencer a la gente que se necesita hacer un ajuste fiscal transparente y explícito, los argentinos volveremos a soportar un ajuste brutal como el de 2002.

Paso a explicar mi temor. Obviamente Massa ataca aviesa e injustamente  tanto a De la Rúa como a Macri, siendo que la gran reducción de las jubilaciones se produjo por decisión de Duhalde y sus colaboradores, entre los que se destacan sus dos laderos económicos más importantes: De Mendiguren y Lavagna. Paso a explicarlo.

De la Rúa, con mi asesoramiento y como parte de un plan para llegar al déficit cero cuando Argentina ya había perdido todo crédito, decidió reducir en un 13% las jubilaciones y los salarios públicos superiores a 500 pesos/dólares por mes, en un momento en que en lugar de inflación había deflación, es decir, el costo de la vida bajaba.

Duhalde, con el asesoramiento de De Mendiguren en enero y de Lavagna a partir de abril, decidió la pesificación que impulsó una devaluación brutal seguida de un golpe inflacionario del 42% en un año. Con esa medida y el default de todas las deudas públicas y privadas, logró reducir el gasto público y generar los elogiados superávits gemelos, pero a costa de que las jubilaciones y los salarios, en términos de poder adquisitivo, se redujeron más del 30%. Contrariamente a lo que había ocurrido el año anterior, en 2002 las que más se redujeron fueron las jubilaciones y los salarios bajos, porque los precios de la canasta básica alimentaria y los medicamentos aumentaron mucho más que los demás precios de la economía.

Si en el 2001 el gobierno de De la Rúa hubiera podido completar el ajuste fiscal en forma explícita y transparente -en diciembre de 2001 sólo faltaba terminar la reestructuración ordenada de la deuda pública que iba a reducir a la mitad la factura anual de intereses y lograr que el déficit fuera cero en 2002- se habría evitado el ajuste fiscal brutal que implementó Duhalde luego de hacerse del poder a través del golpe institucional de diciembre de 2001.

Me temo que la oposición, al poner tantos obstáculos al ajuste fiscal transparente que trata de implementar el gobierno de Macri, termine promoviendo un ajuste brutal e injusto como el del 2002. Y no hablo sólo de la oposición kirchnerista, que está claramente enrolada en un plan destituyente, sino también de la oposición que se presenta como moderada, liderada por Massa que añora la economía de Duhalde, De Mendiguren y Lavagna. Incluso hay quienes sugieren, por lo bajo, que Macri debería llamar a Lavagna para que le maneje la economía. Estoy seguro que Lavagna sólo aceptaría  siempre que algún De Mendiguren haya generado antes,  golpe devaluatorio mediante, los superávits gemelos del 2002.

 

“Trumponomic” puede transformarse en un shock externo peligroso para Argentina

La economía argentina post-elecciones legislativas enfrenta desafíos internos importantes, tales como completar el re-alineamiento de los precios relativos que fueron muy distorsionados por el intervencionismo kirchnerista, producir una reducción importante del gasto público como porcentaje del PBI y eliminar o al menos reducir el impacto de la carga impositiva sobre la inversión y sobre los costos de producción.

A estos desafíos internos es muy probable que se agreguen los derivados de la reforma tributaria que a instancias de Trump puede sancionar el Congreso de los Estados Unidos.

Por lo que ha trascendido hasta ahora, Trump y los estrategas tributarios republicanos planean dos cambios fundamentales en el impuesto a la renta de las corporaciones.

Uno, consiste en bajar al 20% la tasa de ese impuesto, que hoy está en el 35. 20% es la tasa que predomina en la mayor parte de los países en los que las corporaciones estadounidenses invierten. Hasta ahora, si esas corporaciones obtienen utilidades en el exterior y los repatrian, tienen que pagar la diferencia entre el impuesto a la renta pagado al fisco extranjero y la tasa del 35 %. Para evitar pagar esta diferencia, las empresas estadounidenses, hasta ahora, venían invirtiendo sus utilidades en el exterior.

A partir de la reforma que reduzca la tasa del impuesto a la renta de las corporaciones en los Estados Unidos al 20%, ese desaliento a la repatriación de capitales desaparecerá.

El otro cambio importante es que no permitirán deducir de la renta de las corporaciones los pagos por importaciones y declararán exentos los ingresos por exportaciones. Esto equivale a poner un arancel del 20% a las importaciones y darle un subsidio del 20% a las exportaciones.  Como el Saldo de la Balanza comercial de los Estados Unidos está determinado por la diferencia entre la inversión y el ahorro, que no tiene porqué cambiar con la nueva política impositiva, el dólar tenderá a apreciarse con respecto a las monedas del resto del mundo en alrededor del 20 % para que los precios internos de exportaciones e importaciones se mantengan inalterados en los Estados Unidos. No habrá efecto inflacionario interno, pero habrá un efecto deflacionario en todo el resto del mundo. En el resto de los países el precio en dólares los bienes que entran en el comercio exterior de  los Estados Unidos bajará alrededor del 20 %.

El efecto esperable sobre la economía argentina de este cambio tributario en los Estados Unidos es un shock externo consistente en caída de los precios en dólares de las exportaciones y aumento de las tasas de interés para la deuda privada y pública que necesite colocar en los mercados del exterior. Algo muy parecido a lo que ocurrió al final de la década del 90 y durante los años 2000 y 2001, hasta mediados del 2002.

Por consiguiente, si Argentina no produce un ajuste fiscal importante, el riesgo de una interrupción repentina en el ingreso de capitales financieros puede aumentar y el fantasma de una fuerte devaluación estanflacionaria volverá a aparecer en el horizonte.

Yo espero que el presidente Macri, además de preocuparse por el resultado de la elección de octubre, pueda utilizar los próximos nueve meses para repensar su estrategia económica y tener a su equipo de gobierno preparado para implementar un plan de estabilización y desarrollo apenas clausurados los comicios que remueva el riesgo estanflacionario.

 

Sobre el último artículo que leí de Javier Gonzalez Fraga

Hace pocos días, Javier González Fraga escribió en la Nación un artículo titulado “el camino es el gradualismo, con fuertes inversiones“. Debe haber sonado a música en los oídos de Durán Barba y de los asesores políticos y económicos a los que Macri escucha, sobre todo por contraste con las advertencias de los economistas que, como yo, sostenemos que el gradualismo (especialmente el gradualismo en materia de ajustes de precios y tarifas de los servicios públicos, de reducción del gasto público y de la eliminación de impuestos distorsivos) es el principal freno a las inversiones. Aún hablando poco en público, todas las opiniones de Carlos Melconian reflejan esta última posición y es probable que éste haya sido el motivo de su reemplazo en el Banco de la Nación.

Cuando leí el artículo de Javier, estuve tentado a escribir un post titulado: ”el gradualismo que pregona González Fraga es el gran inhibidor de inversiones productivas”. Pero decidí no hacerlo para no repetirme respecto de post anteriores. Lo hago ahora porque, a pesar del gran aprecio personal que tengo por Javier González Fraga, me temo que su consejo a Macri tienda a hacerlo equivocar más de lo que ya se ha equivocado.

La tesis de González Fraga es que las políticas de shock, a las que él denomina “atajos”, provoca “logros” que no son sostenibles en el tiempo, ni política ni socialmente. La primera vez que le escuché esta definición creí que era una alusión al shock Duhaldista de 2002, que mediante el artificio de la pesificación forzada de la economía y la virtual expropiación de todos los depósitos en dólares de los ahorristas para financiar el desendeudamiento de los grandes deudores públicos y privados, produjo la mayor devaluación de la historia y la aparición casi milagrosa de los denominados “superávits gemelos”. Me hubiera parecido no sólo realista sino sumamente beneficioso que reconociera la insostenibilidad política y social de esos supuestos “logros” económicos,

Pero esa primera interpretación, que me parecía una suerte de arrepentimiento honesto del fuerte apoyo que le había escuchado brindar al shock duhaldista sólo unos años antes, no era la del autor. Todo lo contrario. Para él, política de shock es la que lleva a la apreciación real de la moneda, fenómeno al que denomina, en todos los casos, “atraso cambiario”. Es importante entender el verdadero significado de “atajo” en el lenguage de González Fraga para entender que si Macri presta atención a su consejo, las inversiones productivas brillarán por su ausencia.

No caben dudas que las políticas populistas, que provocan atraso cambiario, terminan en shocks que, como mínimo, tienen un efecto estanflacionario inicial y en la mayoría de nuestras experiencias anteriores, terminaron en períodos de inflación persistente, más alta que la de las décadas precedentes y, eventualmente, en hiperinflación. Este es sin duda el caso de los shocks que siguieron a la experiencia populista extrema del primer peronismo (1946-49) seguido del ajuste basado en controles y restricciones cambiarias del segundo peronismo y la “revolución libertadora” (1950-1958) y del tercer peronismo (1973-1975) seguido del Rodrigazo.

No es cierto que estos ajustes fueran hechos por gobiernos no peronistas… siempre. Perón se vio obligado a hacer un ajuste bastante severo a partir de 1950 e intentó hacerlo sin una fuerte devaluación, pero las devaluaciones irremediables se produjeron luego de la caída de Perón entre 1955 y 1958. El shock más fuerte se vivió al inicio del gobierno de Frondizi, que había llegado al poder con apoyo de Perón. La estabilización que siguió al shock de 1958, como en el caso de todas las estabilizaciones que procuran recrear condiciones de crecimiento sostenido, fue acompañado con una apreciación real de la moneda, sólo interrumpida por la crisis, más política que económica, de 1962. Fue este proceso exitoso de estabilización y desarrollo el que dió lugar a la década larga de crecimiento que va de 1960 a 1972, años en que la inflación no superó nunca el 30% anual y llegó a bajar hasta el 10% anual y la economía creció a un promedio del 3% anual.

El ajuste que siguió a las políticas populistas del tercer peronismo comenzó con el Rodrigazo que se produjo durante el gobierno peronista y cuyos efectos signaron la trayectoria económica del gobierno militar, el que, por intentar ser gradualista y evitar costos políticos y sociales, a diferencia del gobierno militar de Chile, no llegó nunca a corregir los defectos estructurales de la economía argentina. No se puede llamar ajuste al esquema de reducción de la inflación basado en la tablita cambiaria sostenida con endeudamiento, porque lejos de ser un ajuste, fue una política gradualista en la que el déficit fiscal y un gasto público, que no habían bajado, se financiaron con endeudamiento.

La experiencia posterior al Rodrigazo, desde 1975 hasta 1990 fue la de un largo período estanflacionario, con una economía crecientemente desorganizada, que terminó en la hiperinflación de 1989. Es absolutamente equivocado atribuir a algunos años de supuesto atraso cambiario (78-80 según González Fraga y 86-87 agrego yo, a pesar de que Javier lo omite) la causa de la triste experiencia del período 1975-1990 en que la inflación anual fue siempre superior al 100% y en promedio, el PBI declinó el 1,5% anual. Los problemas de la economía argentina entre 1975 y 1990 no fueron resultado de políticas populistas de los militares o de Alfonsín, sino de la ausencia de los cambios organizacionales que la economía requería y que no se instrumentaron, precisamente porque se quiso hacer “gradualismo” y evitar confrontar con los fuertes poderes corporativos que durante esos años dominaron a la economía Argentina.

El gobierno de Menem, al menos mientras yo fui su Ministro de Economía, fue la antítesis del populismo. La convertibilidad dio total libertad para las operaciones cambiarias a punto tal que se legalizó el uso del Dólar como moneda alternativa al Peso convertible. Fue ese carácter convertible del Peso y la libertad para operar en dólares lo que evitó que la estabilización de la economía produjera atraso cambiario. Con la fuerte entrada de capitales que siguió al lanzamiento de la convertibilidad y a todas las reformas económicas que la acompañaron, incluida una fortísima reducción del gasto público como porcentaje del PBI y la eliminación de casi 20 impuestos fuertemente distorsivos, si no se  hubiera admitido el bi-monetarismo, la conversión obligatoria a pesos de los miles de millones de dólares que venían del exterior o salían de los colchones, hubieran provocado una muy fuerte apreciación del peso y su consecuente atraso cambiario. La convertibilidad con tipo de cambio fijo lo evitó, porque el Banco Central estuvo dispuesto a comprar todos los dólares que se le ofrecieran a 1 peso. De no haberlo hecho, es probable que en lugar de 1 peso, el precio del dólar hubiera bajado a 0.70 o incluso a una cifra menor. Se produjo una fuerte expansión monetaria por acumulación de reservas, pero la inflación no aumentó sino que bajó rápidamente y tendió a desaparecer. La remonetización de la economía y la fuerte entrada de capitales, permitieron un inmediato aumento de la inversión y del consumo, dando lugar a un 10% de crecimiento del PBI en el primer año (1991) y del 34% acumulado entre 1991 y 1994. A esta política no se la puede denominar ni populista ni de atraso cambiario. Todo lo contrario. Fue una política de ajuste expansivo de la economía, basado en la capacidad que tuvo la convertibilidad, acompañada de las reformas económicas que le siguieron, de influir sobre las expectativas y atraer de inmediato un fuerte influjo de inversiones productivas.

Es cierto que en su etapa final el gobierno de Menem, cuando yo ya era su principal crítico, mucho más que los radicales, tuvo un período más populista,  que en realidad acompasó al populismo que nunca dejaron de hacer varios gobiernos provinciales, especialmente el de Duhalde. Fue entre 1997 y 1999 cuando aumentó el gasto público y se dispararon tanto el déficit fiscal de la Nación como el de las provincias. Fue ese el período de fuerte colocación de bonos en los mercados del exterior. El mayor error fue financiar el déficit provincial con endeudamiento con los bancos a tasas flotantes de interés, BADLAR mas 7% anual.

El Gobierno de De la Rúa heredó una situación desequilibrada y un endeudamiento peligroso que se agravó por los shocks externos que afectaron a la economía: devaluación del Real, fortaleza inédita del dólar, depreciación del Euro y precios bajísimos para la soja y demás productos de exportación. Intentó hacer un ajuste inevitable y ordenado, pero los populistas de su propio partido y los que estaban al frente de algunas provincias (tanto peronistas como radicales) lo boicotearon. Tanto a Machinea, como a López Murphy y a mí. Si no se hubiera producido el golpe institucional del 20 al 30 de diciembre de 2001, el ajuste habría estado completado para el mes de febrero del 2002, cuando se podría haber dejado flotar el Peso con déficit cero, fuerte reducción de la factura de intereses y sin vencimientos de deudas en dólares antes de tres años. La devaluación no hubiera superado el 20% y se hubiera evitado el ajuste monstruoso que implementó Duhalde. Sobre lo que este ajuste significó, está siendo muy elocuentemente explicado por  Fernando Iglesias, así que me abstengo de describirlo.

Este ajuste monstruoso era absolutamente innecesario y sólo se entiende como resultado del fortísimo lobby de los endeudados en dólares que quisieron sacarse de encima sus deudas a costa de los ahorros de los depositantes en el sistema bancario. Encontraron que el corralito les daba la excusa y podían echarle la culpa a Cavallo del robo alevoso que estaban cometiendo. Para compensar en algo la dureza del ajuste, congelaron precios y tarifas del sector público y, virtualmente, expropiaron el capital que había sido invertido en los sectores de energía e infraestructura. Por supuesto, fue el freno más fuerte a las inversiones productivas que pueda imaginarse. También introdujeron las retenciones a las exportaciones, supuestamente como medida transitoria para atenuar el efecto de la devaluación extrema sobre los precios, pero que Kirchner mantendría y acentuaría como forma de tener una herramienta para controlar a los gobiernos provinciales.

Las políticas del Kirchnerismo fueron tan o más populistas que las de los gobiernos de Perón y se prolongaron por más tiempo porque gozaron de una bonanza externa inédita. Primero funcionaron con la lógica del “tipo de cambio real alto” que le gusta a González Fraga y a Roberto Lavagna, y cuando la inflación llegó al 20% anual, como ineludiblemente iba a ocurrir a causa del deseo de mantener alto el precio del dólar, avanzaron hacia la inflación dibujada y reprimida con controles de precios, aumento de las retenciones y, finalmente, con controles de cambio. A partir de 2012, sin duda se puede hablar de atraso cambiario, y hay un indicador indiscutible de su magnitud: la brecha entre la cotización en el mercado paralelo y la cotización en el mercado oficial.

Pero mucho peor que el atraso cambiario fue el atraso tarifario que comenzó en 2002  y se mantuvo por 14 años. Fue mucho peor porque dio lugar a una paralización de inversiones productivas y a subsidios que representan un 4% del PBI y el 60% del déficit fiscal. El atraso tarifario es más serio que el atraso cambiario porque, al persistir, obliga a continuar cobrando impuestos distorsivos que constituyen un freno adicional a la inversión y deterioran la competitividad.

El mayor error que cometió Macri en el diseño de su política de estabilización fue el gradualismo en el ajuste tarifario. Tendría que haber sido gradualista en la unificación del mercado cambiario, reemplazando de inmediato el mercado paralelo por un mercado financiero y turístico libre, por el que deberían haberse dejado entrar a las inversiones, para después avanzar gradualmente hacia la unificación. Esto hubiera evitado el fuerte impacto sobre la tasa de inflación del  primer semestre de 2016 que tuvo la devaluación del Peso en el mercado comercial. La eliminación de las retenciones sí tenía que ser de golpe y debía ampliarse de inmediato con la eliminación de los impuestos más distorsivos: impuestos a las transacciones financieras, contribuciones patronales a la seguridad social e ingresos brutos provinciales en las etapas intermedias de producción. Todo esto hubiera sido posible si el gasto público se reducía inmediatamente en un 4% del PBI gracias al reajuste completo de las tarifas.

El efecto inicial sobre la inflación del ajuste tarifario completo no hubiera sido muy diferente al que produjo la inmdiata unificación cambiaria, pero la respuesta de la inversión hubiera sido inmediata. La fuerte inversión, entrando por el mercado financiero, hubiera provocado la apreciación del Peso en ese mercado y en el momento de la reunificación completa, unos pocos meses después, el salto devaluatorio hubiera sido menor al que resultó a largo de todo el año 2016, con la gran ventaja de que después de ese salto la gente podría haber esperado estabilidad cambiaria y de los precios porque ya habría desaparecido del horizonte el fantasma de los ajustes graduales de tarifas de los servicios públicos.

El haber elegido una estrategia gradualista en materia de ajuste de las tarifas públicas, que significó una demora en la contención del gasto público y del déficit fiscal, hizo imposible la eliminación temprana de los impuestos distorsivos. Esta es la causa principal de la ausencia de inversiones. Para colmo, si la estabilización iba a basarse en una política monetaria de altas tasas reales de interés, que sólo influye sobre las expectativas inflacionarias a través de la caída de la demanda y la apreciación insostenible del peso, la recesión puede demorar en revertirse. Otra causa de la demora de las inversiones.

Este error no se hubiera cometido si Macri y sus principales asesores no hubieran subestimado la gravedad de la crisis fiscal y de precios relativos que heredaron y si no hubieran identificado la crisis que enfrentaba su gobierno con la del 2001. No se puede razonar de la misma forma cuando hay que salir de una crisis deflacionaria (como la del 2001) que cuando la crisis a resolver es inflacionaria, fiscal y de precios elativos distorsionados (como la de 2015).

Por eso, me preocupa el consejo que pueda darle Javier González Fraga a Macri, consejo que seguramente no le daba ni le daría Carlos Melconián.

No es que yo crea ahora que Macri debe hacer de golpe el ajuste que debió haber hecho y no hizo al comienzo de su gobierno. Entiendo que la cercanía al proceso electoral y las complicaciones que, aún con pocos e imperfectos ajustes, enfrentó en 2016, lo lleven a no querer hacer grandes olas. Pero me preocupa que puedan no aprovechar el año electoral para que algún equipo trabaje en preparar un buen plan de estabilización y crecimiento para lanzar inmediatamente después de la elección. Pensar que los mercados internos y externos le van a seguir ofreciendo crédito en condiciones aceptables durante 2018 y 2019 es una quimera. Y las inversiones no llegarán hasta que los ajustes imprescindibles se hayan completado o, al menos, los inversores se convenzan que no quedarán como manifestaciones de deseo.

 

 

 

 

 

 

 

Que nos dice la historia sobre la crisis económica que heredó Macri

La historia veraz, no la del ‘relato kirchnerista’, ayuda a entender la naturaleza de los problemas económicos y sociales que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri. En pocos días más estará disponible la versión en inglés del libro que escribimos con mi hija. La versión en español se demorará algún tiempo porque la editorial que nos encargó el libro quiso que primero lo escribiéramos en inglés para el público que, por no hablar español, no pudo acceder a mis libros anteriores.

Estamos trabajando en la versión en español y decidimos publicar como anticipo la introducción del libro en la que se alude a la pregunta del título de este post.

La economía de Argentina es enigmática: muchos episodios durante los 200 años como nación independiente son difíciles de explicar en términos estrictamente económicos. Es necesario relacionar los eventos económicos, plagados de conflictos de interés, a las circunstancias políticas, las condiciones externas y las discusiones ideológicas. El propósito de este libro es ayudar al lector a hacer la conexión entre los acontecimientos históricos y lo que ocurre actualmente a través de todos estos ángulos.     

También persigue ofrecer a investigadores y hacedores de políticas que enfrentan problemas similares en otros países las lecciones relevantes de la experiencia argentina.

El libro tiene dos componentes diferentes: una historia económica de Argentina desde el período colonial español hasta 1990, del que son co-autores Domingo Cavallo y Sonia Cavallo Runde y una narración de Domingo Cavallo sobre las reformas y contra-reformas del último cuarto de siglo.

Existen publicaciones excelentes de la historia de Argentina para el largo período que va hasta 1990. Nosotros hemos abrevado mucho en los trabajos de Luis Alberto Romero, Tulio Alperín Donghi, José Ignacio García Hamilton, David Rock, Jonathan Brown, Mario Bunge, Carlos Díaz Alejandro, Roberto Cortés Conde, Gerardo de la Paolera, Alan Taylor, Juan José Llach, Juan Carlos De Pablo, y muchos otros a los que citamos como referencias.

La única originalidad que reclamamos para las partes I a IV del libro es la selección de episodios en los que nos concentramos. Los eventos seleccionados, pensamos que merecen especial atención porque son importantes para entender cabalmente los problemas actuales y ofrecer lecciones útiles a otros países. Adicionalmente hay cierta originalidad en nuestro enfoque político. Deliberadamente tratamos de vincular los acontecimientos políticos y económicos con las discusiones ideológicas y echar luz sobre los muchos conflictos de interés entre grupos crecientemente organizados para presionar. Este análisis sociológico persigue explicar por qué las administraciones, frecuente y drásticamente, cambiaron las reglas de juego o no pudieron llevar adelante las políticas que eran imprescindibles para resolver los problemas.

La parte V es un producto de primera mano. El autor cumplió un rol crucial como hacedor de políticas durante varios años de este período y tiene opiniones fuertes tanto sobre los méritos como sobre los inconvenientes creados por las decisiones adoptadas en el período 1990-2015. La opinión del autor es muy diferente de la narrativa que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner ofrecieron a lo largo de los 12 años que detentaron el poder. La historia narrada por los Kirchner fue fuerte y persistente. Ellos no se privaron de gastar mucho dinero de los contribuyentes para publicitar y propagandear su versión de la historia. Argentina se benefició de condiciones externas muy favorable durante el boom de las commodities entre 2003 a 2012, lo que ayudó a esconder los graves desequilibrios que se crearon. Esta parte del libro es responsabilidad exclusiva de Domingo Cavallo y por eso, a pesar del consejo profesional de los editores en contrario, usamos la primera persona del singular.

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En los 200 años desde su independencia, los fenómenos mundiales más relevantes que ayudan a entender la historia económica de Argentina son los dos episodios de globalización. El primero, que se extendió desde 1860 a hasta 1930 y el segundo que comenzó en 1945 y continúa hasta hoy.

Gran Bretaña lideró la primera ola de globalización hasta 1914. Comenzó a debilitarse con la Primera Guerra Mundial y terminó cuando erupcionó la Gran Depresión en los Estados Unidos, el país que había comenzado a desplazar a Gran Bretaña como el líder de la producción mundial.

 La segunda onda de globalización comenzó en 1945 cuando los Estados Unidos emergieron de la Segunda Guerra Mundial como la potencia líder de la economía mundial. Después de siete décadas de muchas vicisitudes, este proceso continúa. Hay poderosos actores nuevos que disputan el poder económico y militar a los Estados Unidos, en particular China y Rusia que hasta 1990 todavía funcionaban como sistemas económicos autárquicos pero que han entrado en la economía global en el último cuarto de siglo.

Durante la primera ola de globalización, Argentina fue una de las más exitosas economías emergentes de la época. El sistema político funcionaba en el marco de la Constitución Nacional sancionada en 1853 y aceptada por la Provincia de Buenos aires en 1860. Entre 1870 y 1914, la Economía Argentina creció más rápido que la de los Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil, cuatro países que, como Argentina, cuentan con muchos recursos naturales y atrajeron fuertes influjos de capitales y de inmigrantes desde Europa. Los historiadores Económicos se refieren a esta época como la ¨Edad de Oro¨ de la economía argentina.

Como la mayoría de los países activamente involucrados en el comercio y las finanzas internacionales, Argentina sufrió numerosos shocks que se produjeron después de la Primera Guerra Mundial tales como las hiperinflaciones europeas de los años 1920s, la Gran depresión de los años 1930s y la Segunda Guerra Mundial.

Los problemas Económicos alimentaron actitudes defensivas de grupos de interés crecientemente organizados. Las instituciones democráticas se debilitaron y permitieron que esos grupos de interés, incluidas las fuerza armadas, capturaran mucho poder político.

Argentina sufrió su primer golpe militar en 1930 y hasta 1946 los gobiernos fueron militares o civiles elegidos en elecciones viciadas por el fraude.

En contraste con la primera ola de globalización, Argentina demoró 45 años su participación en la segunda ola de globalización. Entre 1945 y 1990, las políticas económicas se tornaron populistas e internacionalmente aislacionistas. La Economía argentina sufrió inflación persistente y largos períodos de crecimiento lento e inestable. Después de ser un miembro prominente del gobierno militar que tomó el poder en 1943, Juan Perón ganó las elecciones y asumió como presidente en 1946. Desde su ascenso al poder, Perón vio la promoción de la industria manufacturera, la construcción, y los servicios internos, intensivos en el uso de la mano de obra, como una forma de redistribuir ingreso des de las actividades agropecuarias, capital y tierra intensivas, en favor de los trabajadores urbanos.  Para implementar esta estrategia, Perón utilizó tipos de cambios múltiples, restricciones cuantitativas y altos aranceles de importación e impuestos explícitos e implícitos sobre las exportaciones de productos agropecuarios.

Los efectos deseados sobre los salarios reales no duraron mucho tiempo porque esas políticas provocaron el estancamiento de la producción agropecuaria, una reducción drástica de las exportaciones y dificultades para financiar la importación de insumos y bienes de capital indispensables para sostener la producción eficiente de las manufacturas y los servicios.

Además de su estrategia de sustitución de importaciones y redistribución de ingresos, el gobierno de Perón incrementó mucho el gasto público lo que resultó en déficit fiscales importantes. Inicialmente, gravámenes sobre la riqueza y ahorros acumulados en el pasado financiaron estos déficits fiscales. Pero eventualmente el gobierno terminó utilizando la emisión monetaria como principal fuente de financiamiento. La inflación se transformó en un fenómeno persistente: con excepción de un pico en 1959 (un año de un drástico sinceramiento de inflación reprimida), la inflación varió alrededor del 30 por ciento anual. Pero, la peor experiencia inflacionaria todavía estaba por venir. 

Restricciones de oferta y baja productividad durante la primera parte de los años 1950s restringieron la expansión de la industria. Incluso cuando la expansión industrial se revigorizó, especialmente luego de la apertura a la inversión directa extranjera durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), el crecimiento global fue menor que en la Edad de Oro, menor que en los Estados Unidos, Australia y Canadá en el mismo período y significativamente menor que en el vecino Brasil.

En 1973, Perón volvió a ser Presidente por tercera vez. Fue nuevamente un tiempo de términos del intercambio externo favorables, no muy diferente que los que existieron al comienzo de su primera presidencia. En dos años Perón implementó políticas similares a las que había aplicado antes: fuertes impuestos a la agricultura, aliento activo a las manufacturas, la construcción y los servicios, fuerte aumento del gasto público y fuertes déficits fiscales financiados con expansión monetaria masiva.

En esta oportunidad, los términos del Intercambio se revirtieron mucho más rápido que al final de los 1940s. La muerte de Perón en julio de 1974 y la intensificación de la lucha entre los guerrilleros y los militares recortaron el poder de Isabel Perón. En este contexto, su intento de revertir las políticas, como el mismo Perón lo había hecho después de 1949, generaron protestas, huelgas y disturbios que terminaron en una explosión inflacionaria en junio de 1975.

Los quince años que siguieron a la explosión inflacionaria de 1975 fueron dramáticos. La inflación se mantuvo siempre arriba del 100 por ciento anual y los intentos de introducir reformas económicas parciales no lograron revertir el clima de estancamiento y alta inflación.

La performance de crecimiento en este período fue muy pobre. El ingreso per-cápita declinó al 1.5 por ciento anual por año mientras en el mundo se expandía al 1.6 por ciento anual. Hacia el final del período, la economía sufrió hiperinflación. Entre marzo de 1989 y marzo de 1990, la tasa anual de inflación alcanzó el 11.000 por ciento anual.

La traumática experiencia de 1975 a 1990 creó las condiciones políticas para una reorganización completa de la Economía: una ambiciosa reforma económica que persiguió la inserción completa de Argentina en la economía global enmarcada por un sistema monetario similar al de las décadas iniciales del siglo veinte.

Durante el primer trimestre de 1991, el gobierno argentino sancionó la Ley de Convertibilidad que creo un nuevo sistema monetario basado en el peso convertible 1 a 1 con el dólar y totalmente respaldado por reservas externas. La misma ley legalizó el uso del dólar en competencia con el peso.

Al mismo tiempo, el gobierno eliminó los Impuestos sobre las exportaciones agropecuarias, redujo los derechos de importación, eliminó las restricciones cuantitativas a las importaciones. También privatizó empresas estatales luego de recrear competencia en los mercados o regulaciones adecuadas cuando los servicios constituían monopolios naturales. El gobierno también redujo el gasto público, simplificó el sistema impositivo y eliminó el déficit fiscal.

La inflación cayó al 3 por ciento por año en 1994. El país gozó de cuatro años consecutivos de crecimiento rápido. En 1995 una interrupción repentina en el flujo de capitales provocada por la crisis mejicana generó una recesión, pero el FMI y otras instituciones financieras, incluyendo bancos privados, proveyeron financiamiento de última instancia y la economía se recuperó en un año sin que se alteraran las reglas de juego. Argentina volvió a experimentar crecimiento rápido desde 1996 hasta 1998.

A causa de varios shocks externos, particularmente la devaluación del real brasilero en enero de 1999 y la depreciación del euro desde 1999 hasta mediados de 2002, Argentina entró en recesión al final de los 1990s. con un fuerte deterioro de los términos del intercambio externo y la imposibilidad de devaluar el peso, la deflación acompaño a la recesión y crearon un clima de virtual depresión. El desempleo y la pobreza aumentaron sostenidamente.

Comenzando en 1999, el gasto público como porcentaje del PBI aumentó debido a la recesión y al aumento de intereses de la deuda pública, particularmente de la deuda de las provincias con el sistema bancario local. Por la misma razón, los ingresos comenzaron a declinar y el déficit fiscal a aumentar. El deterioro fiscal causó otra interrupción repentina en el flujo de capitales externos.

En el último trimestre de 2000, disminuyó la entrada de capital extranjero y en 2001 se produjo otra interrupción repentina en el flujo de capitales como la de 1995. Se generó una gran iliquidez en el sistema bancario. A esta altura de los acontecimientos las provincias tuvieron problemas para servir sus deudas y varios bancos se tornaron insolventes. Ni el banco central ni el gobierno tenían recursos para ayudarlos. 

El FMI, que a mediados de 2001 había provisto algunos fondos, en noviembre de 2001 decidió retirar su apoyo justo cuando el gobierno anunció una re-estructuración ordenada de la deuda. Una corrida contra los bancos obligó al gobierno a restringir el retiro de dinero en efectivo de los bancos. Esta decisión generó disturbios y provocó la caída del gobierno de De la Rúa.

En medio del caos político, un nuevo gobierno provisional liderado por el presidente interino Eduardo Duhalde decidió abandonar la convertibilidad, transformando todas las obligaciones financieras, incluidos los depósitos bancarios, de dólares a pesos inconvertibles. Esto provocó una fuerte devaluación del peso. El precio del dólar saltó de 1 a 3.8 pesos entre enero y septiembre de 2002. En ese año el índice de precios al consumidor aumentó 42 por ciento y la devaluación y consecuente reintroducción de la inflación incrementó dramáticamente el desempleo y la pobreza en la primera mitad de 2002.

El gobierno congeló salaries, jubilaciones y tarifas de los servicios públicos. Además, introdujo impuestos a las exportaciones agropecuarias y controles de precios a la carne y a otros bienes de consumo básicos. En 2002, cuando los términos del intercambio externo mejoraron y el dólar se depreció frente a la mayoría de las monedas, la economía argentina que entre 1998 y 2002 había sufrido una caída del 25 en su PBI, comenzó a recuperarse rápidamente y el peso se apreció. El precio del dólar bajó desde 3.8 pesos a algo por debajo de 3 pesos y la inflación declinó al 3 % anual en 2003.

El nuevo gobierno liderado por Néstor Kirchner dejó que los salarios se incrementaran gradualmente en 2003 y más rápidamente a partir de 2005. El gasto público también comenzó a aumentar rápidamente. En 2006, a pesar de que la reestructuración compulsiva de la deuda de 2005 permitió una fuerte reducción del costo en intereses de la deuda pública, el gasto público volvió al mismo porcentaje del PBI del 2001.

La política monetaria se fijó como meta el crecimiento de la demanda en lugar de apuntar a la inflación y el banco central intervino para parar la apreciación del peso. Comenzando en 2005, como los salaries comenzaron a recuperarse, el gasto público aumentó a un ritmo rápido. Como la política monetaria estuvo comprometida en evitar la apreciación del peso, la inflación comenzó a aumentar nuevamente.

La inflación se aceleró al 6 por ciento en 2004 y aumentó hasta el 24 % anual en 2008. El gobierno, en lugar de utilizar la política monetaria como una herramienta anti-inflacionaria, decidió mentir sobre la medición oficial de la tasa de inflación, que a partir de 2007 fue virtualmente fijada (por manipulación de los datos) en 9 por ciento anual. La deuda interna estaba indexada a la medida oficial de la inflación por lo que los tenedores de deuda sufrieron una nueva devaluación de sus activos. Esta política hizo imposible financiar los déficits con deuda interna voluntaria y desacreditó aún más a Argentina en el exterior.

La economía continuó creciendo rápidamente, excepto en 2009, cuando la recesión global y un conflicto muy serio con los agricultores produjo una recesión. Términos del intercambio exterior favorables y los fuertes déficits fiscales y estímulos monetarios a la demanda interna continuaron empujando el crecimiento del PBI.

La intervención gubernamental en los mercados, las restricciones al comercio exterior, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, la re-estatización de muchas compañías de servicios públicos y el fuerte aumento en el gasto público y la presión tributaria configuró una contra-reforma de la reforma económica de los 1990s.

Para 2012, el talón de Aquiles de la economía argentina era no solo la inflación, para entonces un fenómeno persistente, sino también las muchas distorsiones de precios relativos que desalentaban la inversión eficiente y, en su lugar, alentaban la fuga de capitales, la especulación con tierras y la inversión ineficiente en edificios y propiedades de lujo. Luego de 2012, la estanflación se transformó en la nueva realidad.

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Al principio de 2016, cuando estamos escribiendo esta introducción, la economía argentina está nuevamente en medio de una tormenta económica. La crisis que sufre es similar a las crisis que en la historia de Argentina siguieron a episodios de políticas populistas y aislacionistas.

Las políticas de la última década dejaron a Argentina con un 40% de inflación anual, desempleo creciente y una recesión que ya lleva tres años, comercio exterior declinante y prácticamente nula inversión directa extranjera. No es casual que alrededor de 80 mil millones de dólares se fugaron del país durante los últimos ocho años.

El 10 de diciembre de 2015, un nuevo gobierno asumió el poder. Para encontrar soluciones sostenibles el Presidente Mauricio Macri está tratando de aplicar reformas y políticas que ya han sido probadas en el pasado. Intentos similares del pasado han probado ser políticamente muy difíciles y vale la pena revisar sus antecedentes y consecuencias.

Al menos dos veces en pasado reciente, el país sufrió crisis semejantes. En las dos instancias, la crisis se produjo después de varios años de elevado gasto público, fuertes y persistentes déficits fiscales financiados con emisión monetaria, restricciones a las exportaciones e importaciones, controles de cambio y generalizadas intervenciones distorsivas en los mercados. Estas políticas se desplegaron durante años en los que los términos del intercambio externo resultaron favorables, pero se tornaron insostenibles cuando esa tendencia se revirtió.

La primera crisis comenzó en 1949, el cuarto año del primer gobierno de Juan Perón. La otra ocurrió en 1975, en el tercer año del tercer gobierno peronista, cuando Perón ya había fallecido y su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón (popularmente conocida como ‘Isabelita’) lo sucedió en el poder. Estas crisis fueron similares a la que vivimos en 2016, pero no fueron, ciertamente, las únicas crisis que Argentina soportó durante su historia.

También existieron crisis después de períodos de políticas relativamente ortodoxas orientadas a integrar a Argentina en la economía mundial.  Hubo una crisis en 1914 y otra en 1930, en ambos casos después de décadas de activa y exitosa participación del país en la primera gran ola de globalización. Hubo también otra crisis de este tipo al comienzo del siglo 21, luego de una década de políticas económicas que procuraron integrar Argentina en el proceso de globalización revitalizado que siguió a la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética.

Estos dos tipos de crisis son de naturaleza diferente, pero las circunstancias externas fueron cruciales en ambos casos para explicar el momento en que las crisis comenzaron. Las crisis que siguieron a períodos de activa participación de Argentina en la economía global ocurrieron en momentos de fuerte declinación de la demanda externa de los productos de exportación que generaron presiones deflacionarias. Las crisis que siguieron a períodos de populismo y aislamiento internacional se produjeron cuando el fenómeno de fuerte mejoramiento en los términos del intercambio que las había hecho posible comenzó a revertirse.

Las condiciones macroeconómicas de la economía en estos dos tipos de crisis fueron muy diferentes. El problema macroeconómico que caracterizó a las crisis de 1914, 1930 y 2001 fue la deflación. El problema al tiempo de las crisis de 1949 y 1975, fue la inflación, el mismo problema que la economía argentina enfrenta hoy.

Finalmente, a lo largo de la historia argentina existieron muchas otras crisis monetarias y de deuda que e originaron en perturbaciones monetarias y fiscal de cuño interno más que por shocks externos. Este fue el caso de las crisis de 1876 y 1890 y también el de las crisis de 1958, 1962, 1981 y 1985. Las políticas aplicadas para superar las crisis de 1876 y 1890 permitieron reestablecer la estabilidad luego de algunos años. Pero las crisis que siguieron a períodos de políticas populistas y aislacionistas, la estabilidad de los precios fue muy esquiva. Para peor, en cada uno de los casos, pocos años después de cada intento de superar la crisis, la inflación se aceleró y terminó en un escalón más alto que antes de la crisis. El único proceso de estabilización exitoso fue el de 1991 después que el país sufriera hiperinflación.

Ahora que Argentina confronta una vez más las consecuencias de políticas populistas y aislacionistas insostenibles, es apropiado preguntarse sobre el curso futuro de los acontecimientos. ¿Debemos esperar que Macri encuentre las mismas dificultades que los gobiernos enfrentaron en 1949 y 1975 para revertir políticas populistas similares a las del gobierno de los Kirchner?

¿Tendrán los ciudadanos de Argentina que soportar una nueva hiperinflación antes de encontrar el camino a la estabilidad y el crecimiento sostenibles? ¿Podrá la experiencia de los traumáticos 20 años que siguieron a 1949 y los aún más traumáticos que siguieron a 1975, ser utilizada para diseñar una estrategia capaz de alcanzar éxito y recrear el clima estable e integrador en la economía global que comenzó en Argentina y en la mayoría de los países de América latina alrededor de 1990?

Este libro trata de contestar estas preguntas indagando en la historia económica de Argentina y revisando una a una sus numerosas y recurrentes crisis. Retrocede hasta los siglos cuando Argentina era todavía parte del Imperio Español y hasta los 50 años de las Provincias unidas del Río de la Plata que precedieron a la formación de la unificada Nación Argentina. Varios de los defectos institucionales y el comportamiento extremadamente confrontativo de las élites políticas y económicas del país son un legado de la historia argentina: más de tres siglos de gobiernos altamente centralizados e intervencionistas no lograron construir una sociedad pacífica y moderna. Muy diferentes resultados se consiguieron en los Estados Unidos, Canadá y Australia, por nombrar sólo a unas pocas economías emergentes que tenían recursos humanos y características geográficas similares a las de Argentina, pero cuyos arreglos institucionales le permitieron un grado mucho mayor de libertad ciudadana y desplegaron un respecto por la ley y los derechos de propiedad que brilló por su ausencia en el caso de Argentina.

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Esperamos que la discusión de las consecuencias negativas de la inflación persistente, de la estanflación y de la hiperinflación, como lo ha demostrado la experiencia argentina, sirva como advertencia para evitar el uso y abuso de la política monetaria como un instrumento para eliminar las deudas a través de la inflación. Esta es una advertencia relevante en estos tiempos en los que economistas muy influyentes sugieren a los países que tienen una deuda muy pesada aplicar la que denominan ‘la solución a la Argentina’. Utilizar la política monetaria, o aún peor, rediseñar el sistema monetario como para facilitar la recolección del impuesto inflacionario en lugar de llevar a cabo procesos ordenados de re-estructuración de deudas es muy peligroso. Sólo reproduce todos los errores de política económica que transformaron a Argentina de ser el caso ejemplar de estabilidad de precios y crecimiento en los 1990 en el caso perdido de los últimos 15 años.

La evidencia de las consecuencias del populismo y el aislacionismo sobre la inversión y la productividad que surge de la experiencia histórica de Argentina puede ser útil para los países que están tratando de integrar sus economías a la economía mundial. ¿Es posible sacar ventaja de las oportunidades ofrecidas por la globalización? ¿Es posible proteger a la economía nacional de los shocks externos negativos que resultan de la globalización? Para respuesta, podemos mirar atrás una vez más. En materia de crecimiento y globalización, Argentina también paso de ser el caso ejemplar en el período 1870-1913 a ser el caso perdido en el período 1945-1990.

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Clave para explicar el curso de los acontecimientos que caracterizaron a la enigmática historia económica de Argentina fue la confrontación entre las ideologías prevalentes y la interacción de grupos crecientemente organizados para defender sus intereses corporativos, particularmente durante el período de entre-guerras, en lugar de crear sinergias generaron conflictos, violencia y permanente inestabilidad institucional.

El retorno de la democracia en 1983 creó expectativas positivas sobre el efecto que el sistema político tendría para revertir los defectos que habían dejado más de 50 años de sucesivos golpes de estado, gobiernos militares, gobierno constitucionales débiles elegidos en elecciones restringidas y el Peronismo como un partido hegemónico. Sin embargo, la experiencia de los últimos 15 años ha demostrado que la debilidad de la democracia argentina persiste, particularmente en lo que concierne a sus instituciones republicanas.

Tenemos la esperanza que el actual gobierno y los que le sucedan no sólo restablezcan el orden económico, pero, sobre todo, restablezcan el funcionamiento pleno de las instituciones federales, democráticas y republicanas de nuestra Constitución Nacional.