Domingo Cavallo

En mi post del 30 de setiembre argumenté que el único mecanismo que el gobierno tiene disponible para intentar bajar la tasa de inflación del 6% mensual, equivalente al 100% anual, es la reducción del ritmo de aumento del gasto público.

La experiencia de los tres primeros meses de gestión de Sergio Massa como ministro de economía permite estimar que, aun cuando subió con un discurso que enfatizaba el propósito de contener el aumento del gasto público, le resultará muy difícil conseguirlo.

Las dificultades que ha enfrentado quedan claramente documentadas por la comparación de dos decisiones administrativas. La decisión administrativa 826 del 22 de agosto de 2022 disponía una reducción del gasto y del déficit fiscal de 128.000 millones de pesos, la que fue bastamente publicitada como demostración del plan de austeridad fiscal decidido por el nuevo ministro de economía.

Pero el 28 de octubre se publicó la decisión administrativa 1074 que aumenta el déficit fiscal en 144.662 millones de pesos como resultado de un aumento de gastos de 249.866 millones de pesos y un aumento de la estimación de recursos de 105.204 millones.

En pocas palabras, A sólo dos meses de la decisión administrativa que apuntaba a reducir el gasto, se acaba de publicar otra decisión administrativa que revierte totalmente aquella primera loable intención.

Otra manifestación de la dificultad para reducir el ritmo de aumento del gasto público surge de la comparación de las cifras de ejecución presupuestaria al cierre de 2022 que acompañaron al proyecto de presupuesto para 2023, con la ejecución ya observada al cabo de los 9 primeros meses del año.

Cuando el 15 de setiembre el ministro presentó en la cámara de diputados el proyecto de presupuesto para 2023, la estimación de la ejecución del presupuesto para todo el año 2022, indicaba un aumento del gasto total del 61% en comparación con el gasto total del año 2021. Esto se muestra en la tercera columna (con datos coloreados en rojo) del cuadro 1. En la segunda columna (con números en negro), se muestra lo que ocurrió en los nueve primeros meses según la oficina de presupuesto del Congreso (OPC) . Los gastos totales subieron 66%, un ritmo bastante mayor al que se preveía sólo dos meses antes.

Comparando los datos referidos al gasto primario, las diferencias se acentúan. Mientras que en el proyecto de presupuesto para 2023 se estima que, al cierre de 2022, el gasto primario habrá aumentado 51%, el aumento del gasto primario de los primeros nueve meses, según la OPC, fue del 66%

El aumento de recursos durante los 9 primeros meses de 2022, en comparación con los mismos meses de 2021, resultó más alto que el que estimaba la ejecución del presupuesto para todo el año 2022 (54% en comparación con el 45%). Aun así, el déficit primario, que debía terminar el año aumentando 98% con respecto al de 2021, aumentó 179% según las cuentas que reporta la OPC. Es imposible que este desvío se revierta en el último trimestre del año.

En la última columna del cuadro 1 se presentan las previsiones del presupuesto para 2023 que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

El presupuesto para 2023 contempla un aumento del gasto total del 71%, no muy diferente del aumento que se terminará produciendo en 2022. Por consiguiente, no puede argumentarse que para 2023 el gobierno planea una reducción del aumento del gasto público.

Cuando se profundiza el plan presupuestario en materia de rubros del gasto, aparecen de inmediato dudas sobre la posibilidad de que se puedan llevar a cabo las reducciones que en términos reales se planean para transferencias a provincias (-13,9%), universidades (-12,2%)  y prestaciones sociales (-2,8%). El análisis de los gastos de la OPC proyectados por rubros aparece en el cuadro 4, que lleva el número de el cuadro respectivo del documento del que ha sido copiado.

Estas reducciones van a encontrar mucha oposición, especialmente porque 2023 es un año con un nutrido calendario electoral. Si el gobierno no logra llevar a cabo estos recortes en términos reales, el aumento del gasto será parecido al que se contempla para los rubros gastos en personal y en bienes y servicios, es decir del orden del 78% en lugar de 71%.

Como en el presupuesto se contempla un aumento de recursos de 78%, no es de descartar que todo el gasto termine creciendo a ese mismo ritmo con lo que no se podrá lograr la reducción planeada en las cifras del déficit fiscal.

Con la tasa de inflación mensual tendiendo a estabilizarse en un piso del 6% mensual, equivalente al 100% anual, en el contexto político actual no es posible imaginar herramientas efectivas para hacerla bajar de ese nivel, salvo una fuerte reducción del gasto público.

El precio del dólar para las transacciones comerciales, que en muchas ocasiones del pasado se utilizó como ancla nominal, no podrá ser utilizado con ese objetivo en el curso de los que resta de 2022 y el año 2023. La alta brecha cambiaria y las expectativas de un salto devaluatorio discreto hacen muy peligroso cualquier intento del gobierno de ubicar el ritmo mensual de ajuste del precio del dólar en el mercado oficial por debajo de la tasa de inflación.

Tampoco se podrán utilizar las tarifas de los servicios públicos y de la energía como se lo hizo de manera prácticamente continuada desde enero de 2002 en adelante. Por el contrario, la necesidad de evitar un aumento adicional de los subsidios económicos requerirá no sólo de aumentos para recuperar atrasos sino ajustes mensuales adicionales que no sean inferiores a la tasa de inflación.

El aumento de la tasa de interés para ubicarla en términos netos positivos, es decir, por arriba de la tasa de inflación, que en economías básicamente estables es la herramienta para revertir escaladas inflacionarias, como se lo está viendo en estos momentos en los Estados Unidos y en Europa, en nuestro caso tampoco ayudará a bajar la tasa de inflación. Esto se debe a que el Banco Central tiene una deuda remunerada con esa tasa (LELIQs y Pases) que ya supera a la misma base monetaria, por lo que, para no seguir aumentando esa deuda, el Banco Central tendría que dejar expandir mensualmente la base monetaria al 50% de la tasa mensual de interés. Si los otros factores de creación de base monetaria (compra de reservas y asistencia al Tesoro) no logra ser inferior al 50% de la tasa mensual de interés, la tasa de expansión de los pasivos del Banco Cenral (base monetaria mas LELIQs) se equipararía a la tasa mensual de interés, es decir algo por arriba de la tasa de inflación. El efecto contracción de demanda agregada que se espera por el aumento de la tasa de interés será compensado, probablemente más que compensado, por el efecto expansión adicional de los pasivos del Banco Central.

Los sindicatos y la misma ala kirchnerista del gobierno no permitirán que el aumento de los salarios sea inferior a la tasa de inflación, por lo que la caída del salario real, que fue utilizada en el pasado para disminuir la tasa de inflación, tampoco estará disponible en 2023, máxime teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Esto ya se ha observado en las recientes discusiones salariales.

Queda como único instrumento imaginable, la reducción del gasto público en términos reales. Es decir, que el aumento del gasto público nominal sea significativamente inferior a la tasa de inflación. Tanto de la presentación del proyecto de presupuesto para 2023 como de las expresiones del viceministro Gabriel Rubinstein, sugiere que esta es la apuesta del equipo liderado por el ministro Sergio Massa. Por esta razón vale la pena seguir en detalle la discusión del ajuste fiscal que se propone y examinar su viabilidad política.

El ajuste fiscal descripto en el proyecto de presupuesto para 2023

Dado que el proyecto de presupuesto para el año próximo incluye, como todos los años, una estimación detallada del cierre fiscal del año en curso, una forma de explorar la viabilidad de la propuesta para 2023 consiste en examinar que es lo que el equipo económico espera que ocurra en lo que resta del año 2022. De este examen, se puede deducir cual será el enfoque del ajuste fiscal de 2023. Este ejercicio ha sido prolijamente hecho por Nadín Argañaraz. Paso a resumirlo.

En el cuadro 1 se puede observar que la evolución de los distintos componentes del cuadro fiscal que se estima para el cierre de 2022 es muy diferente al curso que tuvieron las cuentas respectivas durante los ocho primeros meses del año, en comparación con los mismos ocho meses de 2021.

Así, mientras que en los primeros ocho meses los gastos totales aumentaron 72 % con respecto a los mismos meses de 2021, la estimación al cierre de 2022 que trae el proyecto de presupuesto es un aumento de sólo 61%. En línea con esta estimación, lo mismo ocurre con todos los demás conceptos de gastos, excepto el de intereses pagados por el tesoro que mientras aumentaron 66% en los primeros ocho meses, se estima que durante todo el año 2022 aumentarán 142%.

Nadín Argañaraz ha calculado los porcentajes de reducción en términos reales (es decir, descontado el efecto de la inflación) de los distintos componentes del gasto del sector público que se necesitará lograr en el período septiembre-diciembre de 2022 para que el año cierre con las cifras estimadas en el proyecto de presupuesto para 2023. Estos porcentajes se presentan en el cuadro 2.

El gasto primario debe reducirse 17% en términos reales. Más en detalle se destacan “déficit operativo de empresas públicas y otros” con una reducción del 43%, “Bienes y servicios” con una reducción del 30%, “Inversión real directa” con una reducción del 28%, “transferencias corrientes” con reducción del 26% y “prestaciones de la seguridad social” con una reducción del 13%. Los únicos rubros para los que se contempla un aumento en término reales son “transferencias de capital” y “remuneraciones” con aumentos de alrededor del 12% cada uno.

En ninguno de los discursos de los voceros del gobierno se mencionan estos esfuerzos fiscales que son los que deberían realizarse en el tercer trimestre, dado que el mes de septiembre ya ha transcurrido y no hay indicios de que se hayan producido. Al menos no ha habido reclamos de los que hubieran sido afectados por estos ajustes.

Lo que ocurra en los tres próximos meses con los gastos de los rubros mencionados y la discusión en el congreso de los ajustes contemplados para 2023 permitirán evaluar con más precisión el realismo de este programa fiscal. Pero, a la luz de lo que ha sido la trayectoria fiscal hasta aquí y los discursos de la vicepresidente y la gente que la acompaña, mi impresión es que se trata de una propuesta tan poco realizable como lo era el presupuesto para 2022 que había preparado Martín Guzmán en 2021.

Esto no significa que yo piense que el gobierno no podrá cumplir con el compromiso fiscal asumido en el programa con el FMI. Mi conclusión es que el gobierno va a necesitar una tasa de inflación de al menos 6% mensual para que se logre reducir el déficit fiscal primario al 1,9% del PBI. Por supuesto, medido el PBI a precios corrientes, es decir aumentado por el efecto de la inflación.

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Es muy interesante seguir la experiencia de Jamil Mahuad, el presidente que decidió introducir la dolarización en Ecuador. Jamil no es un economista sino un dirigente político de muy alto nivel intelectual y sensibilidad social. Adem´ás es un verdadero Patriota que antepuso el interés de su pueblo a posicionamientos políticos cómodos pero absolutamente inconducentes como los que sugería el resto de la dirigencia política.