La reducción del gasto público como porcentaje del PBI es inexorable

Es muy peligroso que si no es planeado termine siendo el resultado de una explosión inflacionaria

El ajuste fiscal que el gobierno de Mauricio Macri había comprometido en su acuerdo con el FMI, pretendía ser planeado, acordado con las provincias y discutido en el Congreso Nacional. Lamentablemente fue tardío y comenzó más con la elevación de los impuestos que con la reducción del gasto.

El resultado de las PASO y las declaraciones de Alberto Fernández llevaron a pensar a mucha gente que ya no habría ajuste fiscal, y mucho menos por reducción del gasto, independientemente de lo que pueda exigir el FMI.

Es cierto que muy probablemente no habrá ajuste fiscal planeado. Pero en ese caso, lo que cabe esperar es que se produzca, como resultado de una explosión inflacionaria, una reducción del gasto en términos reales, incluso en magnitudes mayores a las que habría requerido un ajuste fiscal planeado.

Es alta la probabilidad de que el ajuste fiscal sea brutal, incluso si ganara Macri la elección (lo que a esta altura parece poco probable). En el caso de la continuidad de Macri, las reacciones sociales contra el programa acordado con el FMI se acentuarían y el Congreso muy probablemente no le aprobaría el presupuesto ni las leyes que requiere el ajuste planeado.

Si gana Alberto Fernández, además de que no tiene planeado ajuste fiscal alguno, es muy difícil que la gente que lo llevó al gobierno vaya a admitir que sancione leyes totalmente contrarias a las que sugirió en su discurso electoral. Si lo intentara, las reacciones sociales y los conflictos políticos podrían ser, incluso, superiores a los que enfrentaría Macri.

El drama de que el ajuste fiscal se produzca por una explosión inflacionaria, es que, aún logrado como impacto inicial una cierta reducción del gasto en términos reales, no será capaz de generar superávits fiscales duraderos, porque ahora, a diferencia de lo que ocurría en 2002, las jubilaciones y las demás prestaciones sociales están fuertemente indexadas por la inflación de los trimestres precedentes. Y algo parecido ocurre con los salarios, tanto del sector privado como del sector público.

En relación a los compromisos de pago de intereses y amortización de la deuda pública durante 2020 y 2021, es muy difícil que se logre atenuar o diferir su pago a través de un re-perfilamiento que no esté precedido por la declaración de una moratoria o espera generalizada. Mientras dure esa espera y hasta que no quede bien reestructurada la deuda, el sector público no tendrá crédito, ni externo ni interno.

Todo el déficit fiscal remanente y la parte de la deuda interna que casi seguro deberá ser honrada en los plazos originales, sólo podrá financiarse con emisión monetaria. Esa deuda no es insignificante porque incluye a la que está en manos de personas humanas y a la de acreedores (tenedores de LECAPs y LETEs) que no puedan continuar con sus operaciones comerciales o industriales por habérsele atrapado su capital de trabajo, problemas que necesariamente el gobierno deberá atender.

Como mínimo, el año 2020 será otro año de estanflación, incluso más acentuada que en los años anteriores. El fantasma de la hiperinflación estará a la vuelta de la esquina.

Un pacto social que quiera controlar precios y salarios, si no va precedido de un pacto parlamentario y con las provincias, que recree la posibilidad de un ajuste fiscal planeado, en el mejor de los casos, sólo actuará como un paliativo para demorar la explosión.

Inapropiada comparación con el período 2003-2007

Las múltiples referencias elogiosas a los superávits gemelos del 2003 al 2007 que llevan a pensar que Alberto Fernández podrá reeditar la recuperación económica y el crecimiento que logró el Kirchnerismo en su primer mandato, no mencionan que en el año 2002 se produjo un ajuste fiscal brutal, mucho mayor al que en forma planeada venía llevando a cabo el gobierno de De la Rúa.

Ese ajuste se logró mediante el recurso de una explosión inflacionaria. Los salarios del sector público y las jubilaciones se redujeron casi un 20 % a lo largo de 2002, adicional a la caída que se había producido por la recesión de los años anteriores. El costo de la vida aumentó un 42% provocado por la devaluación que se originó en la pesificación compulsiva de todos los depósitos en dólares.

Los salarios reales y las jubilaciones demoraron mucho en recuperarse, porque no existían mecanismos de indexación automática. Por consiguiente, el gasto público primario se redujo y se mantuvo más bajo por varios años y esto, sumado al default de todas las deudas, tanto internas como externas, redujo prácticamente a cero la factura de intereses. Obviamente, se consiguió producir un superávit fiscal que duró hasta 2007, pero se lo hizo con cuchillo de carnicero, no con bisturí de médico especialista. En 2002, el PBI cayó 10%, adicional al 15 % que ya había caído desde 1998 a 2001.

El gobierno que produjo este ajuste enfrentó fuerte oposición social, y luego de las muertes de Kosteki y Santillán, no pudo completar su mandato. Duhalde debió anunciar que no entregaría el poder el 10 de diciembre de 2003 sino el 25 de mayo de ese año. Cuando se mencionan los casos de gobiernos que no pudieron completar sus mandatos, sólo se hace referencia a los de Alfonsín y De la Rúa, pero siempre se omite decir que al de Duhalde le ocurrió lo mismo.

La reactivación y el crecimiento del período 2003-2007 no hubiera sido posible sin el ajuste fiscal brutal que le precedió. Y tampoco hubiera sido posible si las circunstancias internacionales no hubieran cambiado significativamente como lo hicieron desde mediados de 2002 en adelante. Desde 1998 hasta ese momento, el Dólar se había estado apreciando frente a todas las monedas y los precios de nuestras mercancías de exportación se habían desplomado. A mediados de 2002 el Dólar comenzó a depreciarse y nuestros precios de exportación a subir a un ritmo inédito en el pasado.

 

El Banco Central tiene que perfeccionar el control de cambios cuanto antes

El control de cambios ha sido introducido de manera muy deficiente. Si lo que se pretendía era atenuar el efecto inflacionario de la devaluación inducida por la expansión monetaria y la incertidumbre, bastaba con controlar el mercado cambiario comercial y dejar que todo el resto de operaciones se realicen en un mercado libre, sin restricciones.

Como hasta ahora, los exportadores estarían obligados a vender sus divisas en el mercado controlado y los importadores podrían comprar las que necesiten para sus pagos en ese mismo mercado. Este mercado tendría superávit comercial (que ya viene produciéndose desde hace varios trimestres). Ese superávit permitiría dar acceso a este mercado a los deudores en dólares del sector privado que deban atender vencimientos de obligaciones debidamente registradas y que hayan dado lugar a ingreso de divisas con anterioridad al establecimiento de los controles de cambio.

Quienes quieran comprar dólares para atesoramiento, para turismo y para transferencias al exterior de cualquier tipo que no sean pagos por importaciones, deberán recurrir al mercado libre. En ese mercado podrán venderse todos los ingresos de capital financiero, las divisas que gasten los turistas extranjeros que arriben al país y los fondos de quienes hayan ahorrado en Dólares y necesiten hacerse de pesos para sus actividades cotidianas.

El impacto de la política monetaria y de los anuncios con efectos sobre las expectativas se reflejará en este mercado y dará lugar a una brecha con el mercado controlado cuya magnitud indicará el grado de represión inflacionaria.

El funcionamiento de un mercado cambiario desdoblado, con permanencia de un mercado libre mucho más eficiente que el actual mercado del contado con liquidación, permitirá una transición más ordenada hacia una reunificación cambiaria cuando se haya logrado hacer desaparecer el déficit fiscal y se haya recuperado el crédito público. Mientras esto no ocurra, un mercado libre y unificado sería el conducto más aceitado hacia la hiperinflación.

 

Ojalá me equivoque y el futuro sea diferente al que predije antes de las PASO

Seis meses antes de la elección del 14 de mayo de 1989, en la que El Dr. Carlos Menem resultó electo Presidente, pronuncié un discurso en la Cámara de diputados. En esa oportunidad describí lo que podía llegar a ocurrir en la transición política que se iba a dar al año siguiente. Quienes quieran leerlo, lo encontrarán en las páginas 86 a 89 de mi libro “Economía en tiempos de crisis“. También sugiero leer el prólogo de ese libro.

Lamentablemente, como explico en el artículo titulado ¨Porqué me atacan Brodersohn y Jesús Rodriguez¨, publicado en Clarín el 21 de marzo de 1989 y reproducido en las páginas 91 a 95 del mismo libro, algunos miembros del gobierno del Dr. Alfonsín inventaron que yo había pedido al Banco Mundial que suspendiera el envío de fondos y era responsable de la corrida cambiaria que se desató a partir de marzo de ese año. Lamentablemente ese invento está siendo utilizado estos días, por muchos comunicadores sociales, para argumentar que Alberto Fernández y sus colaboradores, están haciendo lo mismo que yo habría hecho antes de las elecciones del 14 de mayo de 1989.

Obviamente, quienes hacen esta comparación, desconocen totalmente las circunstancias que se vivían en aquella época, muy diferentes a las que se están viviendo ahora y, sobre todo, desconocen cuál era mi discurso de entonces, completamente opuesto al que Alberto Fernández y sus colaboradores vienen haciendo desde su nominación como candidato del Frente de Todos.

Pero para no hacer de este post un simple raconto histórico, me permito reiterar el pronóstico que hice el 31 de julio pasado sobre lo que podría ocurrir si resulta elegido el binomio Alberto Fernandez-Cristina Kirchner. Como sostengo en el título de este post, espero que mi pronóstico resulte equivocado.

¿Y si gana la fórmula Fernández-Kirchner?

Un futuro gobierno kichnerista, si accede al poder, impulsará un gran cambio en materia de política exterior y de política comercial externa. En política exterior, reemplazará la relación privilegiada con los Estados Unidos, Europa y la América Latina no bolivariana, por la búsqueda de apoyo político, comercial y financiero en Rusia y en China.

Consecuente con esta política exterior, en materia de política comercial externa se abandonará la idea de abrir la economía e integrarla a la economía global. Esto es lo que pregonan los denominados ¨economistas mercado internistas¨ y los industriales que siempre demandan proteccionismo frente a la competencia de las importaciones (de los que Ignacio de Mendiguren es el mejor símbolo),

Aumentos diferenciados en los aranceles de importación, mayores restricciones cuantitativas a las importaciones, aumento de las retenciones agropecuarias, mineras y energéticas e, incluso, restricciones cuantitativas a las exportaciones, pasarán a ser instrumentos de política económica habituales y muy importantes. Junto a los controles de precios y de cambios y los congelamientos de tarifas, las restricciones al comercio pretenderán controlar a la vez el aumento de los precios y la balanza comercial externa, dos frentes en los que las políticas enderezadas a promover el aumento del consumo interno, seguramente van a encontrar severas complicaciones.

En segundo lugar, se abandonaría la política de estabilización del programa negociado con el FMI que se basa en la restricción monetaria y el ajuste fiscal, para impulsar el consumo interno mediante una recomposición de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. En esta materia se notan grandes coincidencias con las propuestas de Lavagna.

Dado que el sólo anuncio de esta política provocará una fuerte corrida cambiaria, las declaraciones más recientes de Alberto Fernández apuntan a que la corrida se produzca entre las PASO y la primera vuelta de octubre, de tal forma que el gobierno de Macri termine con una fuerte devaluación y el consecuente deterioro adicional de los salarios reales y las jubilaciones. Si no fuera así, no se entendería que hable a la vez de aumentos adicionales de salarios y jubilaciones y de fuerte devaluación. Cualquier iniciado en economía sabe que es imposible conseguir ambos efectos simultáneamente: las fuertes devaluaciones siempre provocan caídas de los ingresos reales de los trabajadores y jubilados.

Los kirchneristas querrían que al momento del cambio de gobierno el precio del Dólar sea mucho más alto que el actual y que la caída de los salarios, de las jubilaciones y del consumo, en términos reales, sea bastante mayor a la que ya se ha producido como consecuencia de las fuertes devaluaciones ocurridas desde mayo de 2018 hasta abril de 2019.  Sólo así, podrían luego decir, que lograrán una recuperación del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, echando manos, sin complejos, a los controles de cambio para evitar que las devaluaciones continúen.

Si la corrida no se produce antes de las elecciones y el gobierno logra mantener el tipo de cambio entre 45 y 50 pesos, la probabilidad de un triunfo de la fórmula Alberto Fernández Cristina Kirchner disminuye, pero si llegaran a ganar la elección, no tendrían otra alternativa que enfrentar la corrida como primer paso de su gobierno y echarle la culpa de la fuerte devaluación inicial a la herencia del gobierno anterior. Por supuesto, en ese caso iniciarían el gobierno provocando una caída adicional del salario real, de las jubilaciones y del consumo, tal como ocurrió con el gobierno de Duhalde a partir de enero de 2002. Pero los kirchneristas confían que, en ese caso, podrán convencer a la gente que se trata de la consecuencia ineludible de la política del gobierno de Macri, tal como Duhalde logró asignarle la responsabilidad al gobierno de De La Rúa.

Las declaraciones de Alberto Fernández afirmando que se podrán financiar los aumentos de jubilaciones y otros beneficios sociales con los recursos que ahora el Banco Central destina a pagar los intereses de las LELIQs deben ser interpretados en el sentido de que su gobierno no piensa financiar el déficit fiscal con endeudamiento, sino que recurrirá lisa y llanamente a la emisión monetaria.

Las LELIQs, como las LECAPs y las LETES son formas alternativas que el gobierno utiliza para financiar el déficit fiscal sin emisión monetaria. En principio, si no hubiera un problema de stock, el financiamiento monetario del déficit provocaría una inflación acotada que se puede estimar en el cociente entre el déficit fiscal y la base monetaria.

Pero la existencia de un stock inicial de LELIQs, LECAPs y LETES plantea un riesgo inflacionario mucho más serio. Si no se desea seguir pagando las tasas de interés que demanden los tenedores de estos títulos para proceder a su renovación, la única alternativa será pagarlas con emisión monetaria y utilizar la explosión inflacionaria subsecuente como mecanismo “licuador” de todas las deudas en pesos tanto del sector público como del sector privado.

Para el caso de las LETES, como para el caso de los depósitos en dólares en el sistema bancario, el mecanismo ¨licuador¨ operaría previa decisión de pagar en pesos, al tipo de cambio oficial (luego de aplicar controles de cambio), las obligaciones en dólares bajo ley argentina. Por supuesto que todo este proceso se daría como respuesta a la corrida cambiaria inicial y se trataría de responsabilizar de su emergencia a las políticas de endeudamiento del gobierno de Macri.

Quienes piensan en este tipo de ¨solución¨ inicial al problema del endeudamiento público, estiman que luego de la explosión inflacionaria será posible evitar que ella se transforme en hiperinflación descontrolada. Para ello se piensa recurrir a congelamiento de tarifas, controles de cambio y controles de precios. Los controles de cambio aparecerán en forma simultánea a la decisión de pagar en pesos las LETES y depósitos en dólares y generarán, de inmediato un mercado paralelo para el dólar que inicialmente estará muy alejado de la cotización oficial.

La expectativa con la que se manejan es la del proceso de estabilización y reactivación que consiguió Lavagna a partir del segundo semestre de 2002, luego de la explosión devaluatoria e inflacionarias provocada por la pesificación compulsiva de enero de aquel año.

Esta expectativa es totalmente infundada. En 2002 la economía venía de un periodo previo de 10 años sin inflación, no existía indexación y la economía, si bien en estado de fuerte recesión, estaba muy bien capitalizada y contaba con capacidad instalada abundante en los sectores claves de la economía. El default de las deudas internas y externas eliminó por completo el déficit fiscal, porque a lo largo de los 10 años de estabilidad, el déficit primario había sido cero. El déficit primario cero que se espera lograr en 2019 es el resultado de un ajuste fiscal que el kirchnerismo promete revertir.

Además, los términos del intercambio externo se tornaron francamente favorables a partir del segundo semestre de 2002. A partir de ese momento, el Dólar comenzó a perder valor frente a todas las monedas del mundo, revirtiendo una tendencia inversa iniciada en 1999 y que había sido la principal causa de la recesión del final del gobierno de Menem y de los dos años del gobierno de De la Rúa. Nada parecido es esperable ahora en relación a la economía global.

Mi pronóstico es que las políticas que pueden deducirse de las declaraciones de Alberto Fernández, llevarían al país a la hiperinflación. No tengo ninguna base para predecir cuales serían las consecuencias políticas, pero no es descartable que en tales circunstancias el kirchnerismo responsabilice a Alberto Fernández del descalabro, alegando que aplicó políticas neoliberales y promueva su renuncia para que asuma la presidencia Cristina Kirchner con un ministro de economía de la escuela de Kicillof.

En las PASO se juega el futuro económico de la Argentina

(La mayoría de los analistas políticos, sobre todo los que prefieren que gane Macri, sostienen que en las PASO se juega, en primer lugar, el futuro del sistema republicano en la Argentina. Yo sostengo que se juega primero el futuro económico y, como consecuencia del efecto que el resultado de las PASO tenga sobre la coyuntura económica, estará o no, en juego, el futuro institucional. Sobre este tema escribí un informe completo al que pueden acceder haciendo click aquí. A continuación, reproduzco el resumen)

Durante julio la economía evolucionó conforme lo habíamos previsto en mi post del 1 de julio. La inflación mensual se ubicó alrededor del 2%, los indicadores de actividad confirmaron que la recesión parece haber tocado fondo y el comercio exterior sigue sin demostrar vigor exportador sostenible en el tiempo.

Este clima económico aumenta las chances de que el Presidente Macri resulte reelecto y pueda gobernar durante los próximos cuatro años. Pero las encuestas no son concluyentes y recién después de las PASO se podrá predecir, con menor margen de error, el posible resultado final.

Si de la interpretación del resultado de las PASO aumenta la probabilidad de un triunfo de la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, es probable que la inflación se mantenga en el entorno del 2% mensual y la lenta reactivación de la economía continúe, con el precio del Dólar moviéndose desde 45 a 50 pesos en lo que resta del año.

Si Macri triunfa, se abren para 2020 posibilidades de crecimiento con continuidad del proceso de desinflación. Pero si no se introducen cambios significativos en el régimen monetario y no se pone mucho empeño en eliminar el sesgo anti exportador de la economía, no puede esperarse un crecimiento superior al 1% y una inflación por debajo del 25% anual. En este caso, será muy difícil que el gobierno logre apoyo popular y político para las complejas reformas previsional y laboral que el FMI considera imprescindibles para mantener su programa.

No está cerrada la posibilidad de que el gobierno de Macri, reelecto, decida llevar a cabo una buena reforma del régimen monetario y cambiario, en la dirección del sistema bimonetario de Perú (o la dolarización completa de la economía) y, al mismo tiempo, elimine de cuajo el sesgo anti exportador de la economía, aún con un cierto relajamiento de las metas fiscales. En este caso, el crecimiento puede llegar a ser del 3% y la inflación del orden del 18%, resultados que darían al gobierno apoyo popular y político como para aprobar las tres reformas, la previsional, la laboral y la del Estado, que son imprescindibles para transformar a la estabilidad y al crecimiento en fenómenos permanentes.

Si el resultado de las PASO insinúa un posible triunfo del Kirchnerismo en las generales, es posible que se produzca una corrida cambiaria antes de las elecciones de octubre, lo que acentuará las posibilidades de triunfo para la fórmula Alberto Fernández Cristina Kirchner. Si triunfa el kirchnerismo, se haya producido o no antes la corrida cambiaria y explosión inflacionaria, el precio del Dólar trepará todo lo necesario para producir una licuación de las deudas en pesos del sector público y del sector privado. Para que la licuación alcance a las LETEs y a los depósitos en dólares es probable que se decrete una pesificación compulsiva de los contratos en dólares suscriptos bajo ley argentina,

El nuevo gobierno tratará de que la gente interprete que la explosión devaluatoria e inflacionaria, con su consecuente efecto de deterioro del ingreso real de trabajadores y jubilados, es responsabilidad del gobierno anterior que endeudó al sector público.

Los estrategas económicos del kirchnerismo piensan que luego de esta explosión devaluatoria e inflacionaria, será posible implementar un plan de estabilización y crecimiento como el que aplicó Lavagna a partir del segundo semestre de 2002.

Se utilizarán controles de precios, controles cambiarios, congelamiento de tarifas y restricciones cuantitativas tanto a las importaciones como a las exportaciones, procurando, a la vez, detener el traslado a precios de la devaluación inicial y controlar el ritmo subsecuente de devaluación.

Las substanciales diferencias entre la situación de la economía a principios de 2020 con la que existía a principios de 2002, permiten anticipar que la reiteración de las políticas aplicadas entonces, en las actuales circunstancias, llevarán rápidamente a la hiperinflación.

La hipocresía de Duhalde es indignante

Para quienes conocemos la verdadera historia de los acontecimientos del fatídico 2001 y la tragedia del 2002, la versión mentirosa de Duhalde, siempre nos pareció despreciable. Pero que la reitere en el contexto de lo que pretende ser una reivindicación de la trayectoria de Fernando de la Rúa con motivo de su fallecimiento, es indignante.

Su hipocresía ya se trasunta en su descripciòn del orígen de los problemas del gobierno de De la Rúa: ” Su adhesión sin cortapisas a la convertibilidad, que ya desde el final del gobierno del gobierno anterior daba claros síntomas de agotamiento, el déficit fiscal que heredó y que se financiaba con un elevado nivel de endeudamiento externo y se combinó con un aumento de la recesión económica generaron un creciente ambiente de descontento social. Ese clima se acrecentó con las decisiones de la breve gestión de Ricardo López Murphy como ministro de Economía y el nombramiento de Domingo Cavallo como su reemplazante.”

Es asombroso que sostenga que la causa de la crisis era el agotamiento de la convertibilidad y el déficit fiscal financiado con un elevado nivel de endeudamiento externo. Él sabe muy bien que el gran problema fue el déficit de las provincias, en especial el de su provincia, financiado con endeudamiento bancario interno, en particular, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, al que dejó virtualmente quebrado al final de su gestión como gobernador.

También es inconcebible que diga que el clima de descontento se acrecentó por mi nombramiento como ministro de Economía. Recuerdo como si fuera hoy, que en mayo de 2001, cuando ya habían transcurrido dos meses de mi designación y comenzaban a implementarse los planes sectoriales de competitividad, me propuso que en las elecciones que iban a celebrarse en Octubre, fuéramos aliados el Partido Justicialista y Acción por la República. Por supuesto que yo no lo acepté, porque me parecía que no correspondía siendo yo ministro del gobierno de De la Rúa.

Los párrafos que siguen son aún más falaces: “De allí en más, todo fue desbarrancándose. Junto a Alfonsín constituimos por esos días el Movimiento Productivo Argentino y elaboramos un plan, que le presentamos junto con las dos CGT, con la idea de apoyar al gobierno si este decidía abandonar la convertibilidad y dar lugar a un plan que liberara las fuerzas productivas del país, a las que el corsé del uno a uno paralizaba de manera ya insostenible.

No presentaron ningún plan. Lo que insinuaban, teniendo como vocero al entonces Presidente de la UIA, Ignacio De Mendiguren y algunos adláteres, era simplemente la pesificación compulsiva de todos los contratos en dólares, sin contemplar que también significaba la confiscación de más del 50% de los depósitos de los ahorristas. Cuando me presentaron la idea en mi despacho, les expliqué que hacer eso significaba provocar una devaluación descomunal que deterioría en más de un 50% los salarios reales , las jubilaciones y los ahorros de las familias. También les expliqué que semejante medida provocaría un gran aumento de la desocupación y de la pobreza, dos problemas que ya eran graves, pero que la ¨solución¨ que ellos proponían, los agravarían aún más.

Pero la hipocresía mayor aparece en el párrafo siguiente: “Sea por el estrés propio de los tiempos que vivíamos, sea por el cansancio de las largas jornadas, sea por algún tipo de depresión causada por los sucesivos fracasos, lo cierto es que nos encontramos en ese momento, en las pocas veces que tuvimos acceso a él, con un De la Rúa dubitativo, ausente, más un espectador que un protagonista de los dramáticos hechos que vivía el país. En pocos días las protestas callejeras, el caos económico y la pérdida de apoyo político derrumbaron la presidencia de De la Rúa.

La realidad es que lo que De la Rúa les decía, cuando lo visitaban con esas ideas, era lo mismo que yo les había explicado en mi despacho. Él, de ninguna manera iba a permitir que en lugar de completar la reestructuración ordenada de la deuda, en la que ya habíamos avanzado por el 50% del capital, se declarara el default generalizado de todas las deudas, públicas y privadas, externa e interna, porque la pesificación compulsiva que ellos proponían era, precisamente, el peor default imaginable.

La desazón de De la Rúa derivaba de la incomprensión que observaba en los dirigentes políticos que le hacían esos planteos, en especial de la de quienes pertenecían a su mismo partido. Y porque además veía cómo se anteponían los intereses políticos personales por arriba de los intereses del país. Recuerdo la angustia que le causó la negativa de Duhalde a concurrir al diálogo político con el argumento de que De la Rúa había osado invitar a Carlos Menem, que era ni mas ni menos, el Presidente del Partido Justicialista. Nuevamente, la competencia y los celos de Duhalde con Menem, que tanto daño le habían hecho al país desde 1997, se constituía en un impedimento para el diálogo en un momento extremadamente crítico.

Con respecto a las protestas callejeras, era harto conocido que las promovían dirigentes de la provincia de Buenos Aires que luego integraron la Secretaría de Seguridad durante la presidencia de Duhalde. Mi familia había sufrido ese tipo de protesta en oportunidad del casamiento de mi hija en el mes de julio de 2001 y habíamos constatado que de ese lado venían los ataques.

Yo espero que cuando se escriba la historia objetiva de este período, quede absolutamente claro que la postura de De la Rúa, de negarse a implementar las medidas que le recomendaban los promotores del autodenominado ¨Movimiento Productivo Argentino¨, fue un acto de sensatez que, de haber prevalecido, hubiera evitado la tragedia del 2002, puerta de entrada al período más aciago de la historia reciente de la Argentina: los 12 años de Kirchnerismo.