Anteojeras ideológicas que engendran desabastecimiento y corrupción
Kirchner y De Vido, son dos de los hombres públicos a los que aprecié por su pragmatismo y sentido común mientras interactué con ellos como Ministro de dos gobiernos nacionales, hasta diciembre de 2001.
Pero me alarma ver cómo se están enredando de una forma muy peligrosa en las redes del desabastecimiento y la corrupción, a pesar de las condiciones externas, extraordinariamente favorables, que enmarcan su gobierno. Y a pesar de que fueron testigos y actores de una década de éxitos y fracasos, de la que deberían haber aprendido mucho. Me refiero, sin dudas, a la década del 90.
Estoy absolutamente convencido, que el origen de este enredo está en la falta de escrúpulos con la que decidieron utilizar, por oportunismo político, anteojeras ideológicas ajenas, prestadas por izquierdistas anacrónicos, que además de no saber interpretar nuestra realidad, tienen un supino desconocimiento de lo que está aconteciendo en el mundo.
Estas anteojeras tienen el efecto de transformar en negativo todo lo bueno de las reformas económicas y de la política exterior de la Argentina de los 90, confundiendo el verdadero origen de la dolorosa crisis que se inició en el segundo semestre de 1998 y tuvo su punto culminante en 2002.
Son tan engañosas estas anteojeras, que están llevando a Kirchner y a De Vido a perseverar de una manera infantil en los errores de los 90s, al mismo tiempo que revierten los que fueron indudables aciertos de aquella época. Con ello sólo consiguen acentuar los problemas que nunca fueron solucionados y recrear los problemas que habían sido exitosamente superados.
Por supuesto que contribuyen a este engaño, las favorables circunstancias externas que acompañan a la gestión del Gobierno, y que han permitido logros en materia económica, que el Presidente, en una peligrosa actitud autocomplaciente, prefiere atribuir a sus supuestos aciertos, cuando en realidad le están permitiendo perseverar en errores que tendrán un enorme costo futuro.
Podría ejemplificar esta afirmación con referencias a la inflación, la inseguridad, las jubilaciones, la atención de la salud, la educación, el transporte urbano, la desocupación y la pobreza extrema. Pero hoy me referiré exclusivamente al caso de la energía, que es sumamente ilustrativo y cuyos síntomas de crisis están en la tapa de todos los diarios.
Hasta fines de 2001, el abastecimiento energético era no sólo abundante sino también barato en comparación con el resto del mundo. Además nos habíamos transformado en exportadores de energía, de gas a Chile y Uruguay y de electricidad a Brasil, lo que nos daba autoridad para promover un esquema integrador regional, basado en reglas de mercado como el que existe en la Unión Europea.
En aquel momento, estábamos incluso avanzados en comparación con la misma experiencia Europea y, ciertamente, con respecto a los Estados Unidos de América, que observaba nuestras reformas en la búsqueda de soluciones a las crisis eléctricas de California y otros estados, en los que el proceso de desregulación había sido parcial y desequilibrado. Pruebas de esta afirmación se encuentran en abundancia releyendo los discursos de quienes hablaron en el Congreso Mundial de la Energía, realizado precisamente en Buenos Aires, en el año 2001. Por entonces, La reforma del sector de la energía en Argentina era considerada un caso ejemplar por todos los expertos del mundo que la habían estudiado.
El fluido abastecimiento de combustibles, gas y electricidad a precios competitivos se había logrado en pocos años, a pesar de la crisis energética extrema en la que había terminado la década del 80, con cortes de electricidad de varias horas al día y con importación de combustibles y gas natural, a pesar de las reservas inexploradas que había en el país.
La clave de este exitoso desarrollo energético fue el proceso de privatización, hecho con marcos regulatorios aprobados por ley, entes reguladores integrados por personal técnico seleccionado por concurso y bien remunerados.
En ese marco, el Estado no sólo obtuvo ingresos de capital por casi 15 mil millones de dólares, sino que Argentina consiguió que el sector privado invirtiera en exploración y explotación del petróleo y el gas natural, en generación de energía eléctrica, en potenciación y ampliación de redes de transporte de todo tipo de energía y en el mejoramiento y la ampliación de las redes de distribución de gas y electricidad. Estas inversiones superaron los 20 mil millones de dólares durante la década.
Kirchner y De Vido no son responsables de la desarticulación inicial de este exitoso marco normativo, porque ella se produjo a partir de Enero de 2002, cuando Duhalde y sus colaboradores decidieron congelar las tarifas de los servicios energéticos al nivel que tenían, en pesos, antes de la devaluación. Esto, que en los términos de Lavagna, permitió que la devaluación real fuera “exitosa”, es decir, que no se trasladara totalmente a los precios y salarios internos, fue letal para el funcionamiento del sector energético.
A partir de ese momento, los precios y las tarifas percibidos por los productores de energía sólo les permitieron cubrir, en el mejor de los casos, los costos de operación, pero le impidieron recuperar la inversión de capital. Como consecuencia lógica, la inversión nueva, por parte del sector privado, prácticamente desapareció. En la práctica se creó un subsidio escondido a los usuarios finales de energía, del orden de los dos tercios del valor de toda la energía producida en el país, que se financió con la virtual expropiación del capital privado invertido en el sector durante la década de los 90.
Como era de esperar, con semejante subsidio, la demanda de energía creció a ritmo muy rápido, pero la capacidad de producción, inicialmente elevada, gracias a aquella inversión de los 90s, se estancó. A poco de andar, comenzaron los desequilibrios entre demanda y oferta, que primero se ajustaron reduciendo las exportaciones de gas a Chile, aumentando las importaciones de gas de Bolivia y de fuel oil de Venezuela, y que ahora ya se han transformado en inseguridad y baja calidad del abastecimiento energético interno.
A partir de 2003, Kirchner y De Vido, usando ya las anteojeras ideológicas que los llevan a una lectura totalmente equivocada de los acontecimientos económicos de los 90s, decidieron encarar el problema de la incipiente crisis energética a través de la estatización de la nueva inversión en el sector. De esta forma se enredaron peligrosamente en las redes del desabastecimiento y la corrupción.
Anunciaron planes energéticos ineficientes, que, para colmo nunca podrán implementar, porque serán obstaculizados por incontables acusaciones de corrupción. Los planes son ineficientes porque desde 2001, a causa del desmantelamiento y politización de los entes reguladores, el Estado Argentino no cuenta ni siquiera con los equipos técnicos necesarios para controlar la operación del sector privado, mucho menos para planificar adecuadamente la expansión del sistema.
Como ya había ocurrido en la década de los 80, aparecieron iniciativas que sólo interesan a los posibles proveedores y contratistas, por los negocios que pueden llegar a realizar, pero que de ninguna manera son respuestas eficientes al déficit de servicios energéticos. Además, sacaron la responsabilidad y el financiamiento de esta nueva inversión, del ámbito de los concesionarios privados y lo trasladaron al de los fondos fiduciarios administrados por el Banco de la Nación, conforme a instrucciones impartidas desde el Gobierno.
Este sistema por su falta de transparencia, torna creíbles las numerosas sospechas de corrupción, que nacen no sólo de las facturas truchas descubiertas por la AFIP, sino de la simple comparación del costo actual de las obras, en comparación con las que decidió y financió el sector privado durante la década de los 90. Estas denuncias paralizarán la ejecución de las obras, como ya se está insinuando. De esta forma, los planes de inversión, además de ineficientes, se transformarán en inconclusos.
Es asombroso que Kirchner y De Vido, con toda la experiencia de la década de los 90, no se hayan dado cuenta que esto iba a ocurrir. Todas las acusaciones probadas de corrupción de los 90s se produjeron precisamente en los ámbitos como el Banco de la Nación, el PAMI y las empresas públicas antes de ser privatizadas, donde continuaron en vigencia los viejos sistemas de contratación del Estado, y se produjeron y descubrieron precisamente por los mismos mecanismos que ahora la AFIP ha detectado en el caso Skanka.
La inversión del sector privado que durante los 90s permitió una inédita expansión en la capacidad de producción de servicios energéticos, fue no sólo muy eficiente sino que no dio lugar ni siquiera a sospechas de corrupción, a pesar de toda la oposición ideológica de sectores de izquierda acostumbrados a hacer política a partir de acusaciones generalizadas de corrupción.
Es una tragedia para la Argentina, que Kirchner y De Vido, que tuvieron y tienen la experiencia de aciertos y errores de los 90 ante sus ojos, se priven de examinarla y aprender de ella, simplemente porque han decidido utilizar anteojeras ideológicas que les desfiguran la realidad.
Para colmo de males, la oposición que pretende desbancar a Kirchner y a De Vido, lejos de advertir sobre la inconveniencia de utilizar esas anteojeras, trata de convencer a la ciudadanía que el origen del problema no es el estatismo anacrónico con el que se pretende manejar el sector, sino la baja calidad moral de los funcionarios. Con este sistema de administración del sector energético, tendremos cortes de luz y escasez de gas aún cuando consiguiéramos que los funcionarios fueran ángeles del Cielo o verdaderos santos en la Tierra.
Los problemas de desabastecimiento se podrían resolver muy fácilmente, si el Gobierno y la oposición, advirtieran de una buena ves, que la ineficiencia y la corrupción no son el resultado de algunos malos funcionarios sino de las reglas de juego que enmarcan los sistemas de administración de los servicios que la gente necesita para vivir dignamente.
Hasta que esto no ocurra, las redes del desabastecimiento y la corrupción, destruirán por igual la s posibilidades de éxito, tanto del actual gobierno como de un eventual gobierno opositor.