Domingo Cavallo

El Gobierno de Duhalde ha provocado la paralización de las inversiones en infraestructura y los servicios privatizados durante los 90’s, y ahora, su candidato presidencial, propone la re-estatización de aquellas actividades. Si lo hicieran, estarían creando el obstáculo más grave que puede imaginarse al crecimiento futuro de la economía argentina.

Si no fuera por la paralización de inversiones en infraestructura y servicios privatizados, debería ser muy fácil tener dos años consecutivos de expansión económica superior al 10 % anual, como en 1991 y 1992. Sólo se necesita reactivar el consumo y, en principio, la capacidad productiva debería estar disponible porque aún con una expansión de demanda de esa magnitud, apenas se estarían alcanzando los niveles de actividad que la economía ya tuvo en 1998. Pero la paralización de inversiones de las empresas privatizadas en rubros como la electricidad, el gas, los transportes y las comunicaciones, no permite mantener aquella capacidad productiva y, por consiguiente, apenas se note la expansión de la demanda, comenzaran a encontrarse cuellos de botella por el lado de la oferta de infraestructura y de servicios.

Estos cuellos de botella deberían desaparecer cuando comiencen las inversiones, lo que en principio, las empresas privadas podrían hacer una vez que, renegociados los contratos y realineadas las tarifas, sus flujos de fondos vuelvan a ser positivos. Pero si se avanza hacia la re estatización de los servicios, como parece proponerlo Néstor Kirchner, aún con tarifas recompuestas, las inversiones volverán a ser negocios plagados de corrupción e ineficiencia y, como ya ocurrió en la década de los 80’s, las inversiones no aumentarán la capacidad productiva. De esta forma, el problema que desde principios de 2002 ha creado la pesificación y el congelamiento de tarifas, se perpetuará en el tiempo a través de la re estatización, transformándose en un formidable obstáculo al crecimiento.

El caos económico creado por la cesación de pagos y el abandono de la convertibilidad ha generado millones de pobres adicionales durante 2002, pero si además, no se revierte el clima de paralización casi total de inversiones que siguió a aquellas decisiones, las consecuencias no se limitarán a unos pocos años, sino que se prolongarán en el tiempo y condenarán a nuestro país al estancamiento económico, algo que ya vivimos en las décadas de los 70’s y 80’s.

Es muy importante que la gente advierta este peligro y no acompañe con su voto a quienes pregonan políticas tan retrógradas. Si antes de la elección del 27 de abril se produjeran debates en los que participen los candidatos presidenciales, éste y otros temas importantes podrían clarificarse, y eso ayudaría a la gente a votar con inteligencia. Ojalá esta vez, los candidatos que lideran las encuestas no los eludan como lamentablemente lo hicieron en 1999.

En varias oportunidades el Presidente Eduardo Duhalde y los candidatos presidenciales Elisa Carrió y Néstor Kirchner se han desvivido en elogios para el nuevo Presidente de Brasil y hasta sugirieron que él haría en el país hermano lo que ellos piensan que hay que seguir haciendo en la Argentina: mantenernos en cesación de pagos, aislarnos de los mercados de capitales, atacar al sistema financiero, atacar las privatizaciones y tratar que la moneda se mantenga muy depreciada o se deprecie aún más.

Sus expectativas sobre las políticas que aplicaría el Presidente Luis Ignacio “Lula” da Silva en Brasil podían tener fundamento en el discurso del entonces candidato, hasta tres meses antes de la elección. Pero cualquier observador atento de su campaña electoral debía llegar a la conclusión de que lejos de cambiar el modelo económico puesto en marcha por Fernando Enrique Cardozo, Lula se preparaba para profundizarlo. Ni pensar en la cesación de pagos! En cambio, comenzó a decir que honraría todos los compromisos financieros de Brasil y que mantendría el superávit primario, es decir, el esfuerzo que el país hace para pagar intereses de la deuda pública. Todo lo contrario a lo que fue en 1999 la campaña electoral de Eduardo Duhalde. Más bien, la campaña de Lula terminó pareciéndose a la de la Alianza, al menos en lo que respecta al ajuste fiscal y el servicio de la deuda pública. Por supuesto, como De la Rúa y Duhalde, Lula prometió mejores planes sociales y lucha contra la pobreza. En estos temas todos los candidatos hacen las mismas promesas. Pero algunos terminan siendo más creíbles que otros, por eso ganan.

Yo estoy convencido que una de las razones por las que Lula cambió de discurso en los últimos meses de la campaña, es porque quiso dejar en claro que el no haría en Brasil lo que Duhalde hizo en la Argentina. Es decir, el no declararía la cesación de pagos de la deuda externa y mucho menos licuaría la deuda interna a costa de los ahorristas de su país. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Precisamente las consecuencias que estaba sufriendo la Argentina.

Era obvio que nuestro país, por no extender a las provincias un recorte del 13 % en los salarios del sector público y las jubilaciones de más de 500 dólares y no cerrar una reestructuración de la deuda que iba a rebajar a la mitad la factura de intereses, terminó declarando la cesación de pagos de la duda pública con un resultado terrible para la gente: 30 % de caída en términos reales de todos los sueldos y jubilaciones y un aumento inusitado de la pobreza y la indigencia. Este ajuste feroz fue consecuencia no tanto de la cesación de pagos externos como de la combinación de pesificación con devaluación, que fue el mecanismo utilizado para imponer una fuerte quita a la duda interna, tanto del sector público como del sector privado. Los asesores de Lula le explicaron algo que Duhalde y los izquierdistas locales aún parecen no haber comprendido. Que son muchos más los acreedores internos que los externos, y que la cesación de los pagos produce una desarticulación tal del sistema financiero y de los mercados de capitales, que termina provocando un ajuste mucho mayor que el que requería una solución ordenada para el problema de la deuda.

Por eso, Lula, ya Presidente del Brasil, designó a un equipo económico que habla de reformar el sistema de seguridad social, es decir, bajar el gasto jubilatorio del sector público, controlar mejor el gasto de los estados y mejorar la recaudación impositiva, para generar un superávit primario superior al que había comprometido el gobierno anterior. Por supuesto que la clave para el éxito de su estrategia pasa por la reducción tanto de la tasa de interés que pretenden los tenedores de bonos externos, como la del mercado financiero interno. Si el FMI, que también debería haber aprendido de la traumática experiencia Argentina, ayuda a Brasil a generar buenas expectativas que permitan esa reducción de tasas y se remueva del horizonte el riesgo de cesación de pagos de Brasil, Lula habrá ganado la batalla que los izquierdistas y populistas locales, acompañados por la insensatez de algunos conservadores de Washington y las dudas fatales del FMI, nos hicieron perder durante 2001 a los argentinos.

Así como Lula ha observado lo que pasó en Argentina a partir de la decisión de cesar los pagos del servicio de la deuda, sería bueno que los dirigentes locales que admiran a Lula, sobretodo por su discurso contra el modelo económico, observaran el comportamiento de Lula ya como Presidente del Brasil. Advertirán de inmediato que Lula no quiere una moneda extremadamente devaluada, no esta preocupado por la apreciación del real y lejos de tratar al sistema financiero y a los mercados de capitales como enemigos, está tratando de ganar su confianza. La razón es muy simple: el sabe, por la penosa experiencia argentina, que hacer lo contrario es aumentar la pobreza. Y hay un aspecto de su discurso que no está dispuesto a sacrificar: que no quede ningún brasileño sin tener desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Los problemas de la Argentina se originan en defectos muy graves de su sistema político. También existieron, por décadas, graves problemas de organización económica. Pero éstos habían comenzado a resolverse durante los años 90, en la misma dirección que lo hicieron las naciones avanzadas del mundo. Sin embargo, la organización política, caracterizada por el caudillismo, el clientelismo, la corrupción y la politización de la justicia, lejos de cambiar en la dirección correcta, acentuó sus defectos a lo largo de los 20 años de democracia. Por eso, lo que había que cambiar era el modelo…político. En su lugar, golpe institucional mediante, que fue una forma brutal de acentuar los defectos del modelo político, se cambió el modelo…económico.

Cambio de modelo económico, es una forma eufemística de decir que se desarticularon todas las instituciones económicas de los 90’s sin que se hayan explicitado nuevas reglas de juego. Sólo se ha tratado de convencer a la gente, a través de la propaganda mediática, de las “virtudes” de la moneda inconvertible susceptible de desvalorizarse para licuar pasivos y del aliento a las exportaciones y a la sustitución de importaciones a través de la devaluación brutal de la moneda que destroza los ingresos reales de la población más humilde. Es decir, de las “virtudes” que en la década del 80 arrastraron al país no sólo al estancamiento sino también a la hiperinflación.

Pero lo que claramente no cambió, sino que, por el contrario, acentuó sus defectos tradicionales, es el modelo político. La interna parcialmente anulada del radicalismo y la interna frustrada del justicialismo son un claro testimonio de la combinación de corrupción y clientelismo político con un nuevo defecto: la judicialización de la política. Que casi todos los analistas den por descontado que la segunda vuelta electoral será entre dos candidatos peronistas, significa que se descuenta que Carrió y López Murphy no lograrán contar con aparatos de control y movilización el día del comicio.

Es difícil imaginar circunstancias económicas y sociales más propicias para la emergencia de nuevas fuerzas y figuras políticas que las actuales. ¿Por qué entonces son tan bajas las expectativas de que puedan ganar López Murphy, Carrió o algún nuevo político no enrolado en los partidos tradicionales? Muy simple, porque ninguno de ellos tendrá los recursos económicos ni las estructuras partidarias como para movilizar a los punteros que normalmente llevan a votar a la gente más marginada y controlan las mesas el día del comicio.

Habiendo escuchado en muchas oportunidades a Néstor Kirchner, y en particular a su actual jefe de equipos técnicos, Gustavo Béliz, criticar con fiereza a las estructuras corruptas y clientelistas de la política, me resulta frustrante ver que ahora, para tener chances de “renovar” al Peronismo, tengan que transformarse en instrumentos del enfrentamiento Menem Duhalde y depender del apoyo de la estructura bonaerense. Rodríguez Saa se presenta precisamente como el peronista capaz de eludir esa puja del pasado, que tanto daño ya le ha causado al país, pero ha elegido de compañero de fórmula, nada menos que a Melchor Posse.

Si ha habido fraude en la interna radical, si Duhalde argumenta que no se pueden hacer internas peronistas porque habría fraude y violencia ¿cómo se puede esperar que en esta gran interna peronista, que es lo que terminará siendo la elección de abril, se evite el fraude y nazca el liderazgo capaz de reformar el viejo modelo político?

Dado que los dirigentes políticos tradicionales admiran el modelo económico y político de Brasil, sería bueno que al menos adoptaran el sistema de votación electrónico que los brasileños utilizan desde hace bastante tiempo para minimizar el riesgo de que la ausencia de fiscales de los partidos nuevos facilite el fraude que mi partido, Acción por la República, sufrió en todas las elecciones en las que se presentó. Ello difícilmente ocurra y mucho me temo que, desde el 25 de Mayo, aunque haya un nuevo Presidente, tengamos pendiente todavía el gran desafío de construir el liderazgo y las instituciones cuya carencia es tan evidente y tan degradante de la vida de los argentinos.

Con buen criterio, los gobiernos del Grupo de los 7 prefirieron que Argentina no fuera empujada a caer en mora con los organismos multilaterales de crédito. Tengo la impresión que algunos dirigentes de aquellos países comienzan a advertir que fue un error de la gerencia ejecutiva del FMI no haber apoyado más activa y directamente el proceso de reestructuración ordenada de la deuda pública que anunció la Argentina el 1 de Noviembre de 2001[1]. La necesidad de esa reestructuración había sido reconocida por el Directorio del FMI cuando aprobó el préstamo de 8 mil millones de dólares en agosto de aquel año. Lamentablemente, la demora de los más altos funcionarios de aquella institución por explicitar su apoyo al procedimiento que Argentina había puesto en marcha, acentuó el clima de incertidumbre que llevó a los depositantes a retirar masivamente sus depósitos y obligó a la creación del corralito el 3 de diciembre de 2001.

Esa actitud de la gerencia del FMI se originaba en la presión ideológica de algunos economistas ultra conservadores, adherentes a la teoría del “riesgo moral” (moral hazard, en inglés), que querían evitar que aquel organismo salvara la situación de los acreedores externos de la Argentina. El clima de incertidumbre agravado por esa demora fue aprovechada por los dirigentes más populistas de nuestro país, para tomar el poder e impulsar, paradójicamente, el más feroz de los ajustes internos imaginables.

Lamentablemente, ese ajuste, que ha creado millones de nuevos pobres adicionales a los que ya había creado la larga recesión iniciada a mediados de 1998, no ha servido para mejorar las chances de que Argentina pueda poner en marcha un plan de crecimiento sustentable. Ese es el argumento que estaba usando la gerencia ejecutiva del FMI para resistir la extensión de los plazos de vencimiento de la deuda argentina. Pero los gobiernos del G7 tienen razón en argumentar que acentuar el clima de enfrentamiento de Argentina con sus acreedores, incluidos los organismos multilaterales de crédito, no ayuda a que un futuro gobierno, si quiere revertir la crisis, encuentre caminos abiertos en esa dirección. Es una forma de comenzar a reparar el error del FMI durante los meses finales de 2001.

El Presidente Duhalde ha dicho que el apoyo del FMI se limita a extender los plazos de vencimiento y no es más amplio, porque esa institución sigue demandando ajustes como los que en otras épocas no dieron resultados. Es una lástima que no advierta que el ajuste feroz que su administración ha hecho soportar a los argentinos no ha resuelto ninguno de los problemas que impedían el crecimiento sustentable, y muy por el contrario, ha creado muchos problemas adicionales.

Se necesitaba un ajuste fiscal para terminar con el déficit. Por eso había sido necesario rebajar 13 % los sueldos públicos y las jubilaciones superiores a los 500 pesos. Era necesario además extender ese ajuste a las provincias que estaban emitiendo bonos. Pero bajar, a través de la devaluación y su impacto sobre los precios, el 30 % todos los salarios y jubilaciones de la economía, incluyendo los del sector privado y los inferiores a 500 pesos en el sector público, era absolutamente innecesario. Más aún, semejante deterioro de todos los ingresos laborales sólo iba a agravar la situación fiscal, al acentuar la recesión y hacer más difícil la recaudación impositiva, obligando a crear nuevos impuestos distorsivos.

Se necesitaba un ajuste de precios relativos para alentar a las exportaciones. Por eso en el 2001 se estaba trabajando en la eliminación completa de los impuestos distorsivos y se había aprobado una flexibilización de la convertibilidad. Pero provocar una devaluación extrema como consecuencia de la flotación acompañada por la pesificación de todos los contratos en dólares y destruir los derechos de propiedad de los que habían confiado en la ley argentina, era no sólo un ajuste innecesario sino absolutamente inconducente al crecimiento sustentable, porque aleja por mucho tiempo la reaparición del crédito en la economía argentina.

Se necesitaba ajustar el nivel de la tasa de interés pagada sobre las deudas públicas y privadas y alargar los plazos de vencimiento para evitar la quiebra de los deudores, Pero el ajuste feroz que se impuso a todo tipo de acreedores, en particular a los acreedores internos, incluidos los ahorristas bancarios y previsionales, para licuar las deudas de los deudores que pudieron aprovechar la devaluación y aumentar sus ingresos, era completamente innecesario y absolutamente inconveniente para que en el futuro pueda financiarse la inversión.

En síntesis, se necesitaba más de un ajuste. Pero todos ellos mucho más circunscriptos y socialmente menos costosos que el ajuste feroz que aplicó el Presidente Duhalde, apoyado por el ex Presidente Alfonsín. Los economistas ultra conservadores de la teoría del “riesgo moral” y los populistas argentinos han contribuido a que Argentina se transforme en el caso más doloroso de ajuste empobrecedor que se haya visto en la historia reciente.

[1] Ver mi comentario semanal titulado “Es muy peligroso que el FMI se siga equivocando”. 4 de noviembre de 2002. www.cavallo.com.ar

Parece que el slogan que utilizará el Duhaldismo para confrontar con el “neoliberalismo” en la próxima elección es el siguiente: debe darse continuidad a la política económica “productivista” inaugurada con el abandono de la convertibilidad, en reemplazo de la política económica que caracterizó a la década del 90.

Pero, ¿Es “productivista” la política económica que se viene aplicando desde principios de 2002? Ciertamente no, si uno entiende por “productivismo” un fuerte impulso al aumento de la productividad.

El aumento de la productividad se obtiene a través del proceso de inversión que permite incorporar tecnologías mas avanzadas, aumentar el capital humano a través de la capacitación y mejorar los métodos de administración de las empresas que producen bienes y servicios. Las políticas implementadas desde el abandono de la convertibilidad han hecho desaparecer totalmente el crédito interno y externo, no sólo para el sector público, sino también para el sector privado. Por consiguiente, es casi imposible imaginar que puedan financiarse los planes de inversión necesarios para sostener, mucho menos para aumentar, los niveles de productividad logrados hacia finales de los 90’s.

Pero, ¿No está aumentando la productividad en los sectores que producen bienes de exportación, sustitutos de importaciones o servicios turísticos? No más que lo que declina la productividad en todo el resto de la economía. Lo que en todo caso está aumentando es el grado de utilización de la capacidad instalada en esos sectores pero a causa de un drástico cambio en los precios relativos, que ha producido una simultánea caída de la demanda en todo el resto de la economía. Los sectores beneficiados por la fuerte devaluación del peso representan no más del 25 % de la estructura productiva. El otro 75 % está sufriendo una caída brutal en el grado de utilización de su capacidad de producción. No puede sostenerse que ésta sea una política “productivista” cuando el efecto neto es una fuerte caída en la utilización de la capacidad productiva ya instalada.

En un sentido de mediano y largo plazo, las políticas en vigencia desalientan la inversión en sectores de exportación eficientes, que son los que al mismo tiempo podrían ayudar a sostener un proceso de sustitución de importaciones que no sea permanentemente costoso para el país. Esto ocurre porque se han introducido las retenciones a las exportaciones y se han eliminado los planes de competitividad. Cuando no había impuestos a las exportaciones y se permitían acreditar contra el IVA los impuestos distorsivos sobre los insumos y los salarios, el aliento a la inversión en sectores de exportación era permanente, porque no dependía de una moneda extremadamente devaluada. Desde que se abandonó la convertibilidad, el aliento a la exportación se basa en salarios que medidos en dólares son extremadamente bajos.

 Este tipo de beneficio para los exportadores, los induce a utilizar intensamente la capacidad productiva instalada, pero no los alienta a invertir y crear capacidad adicional, dado que no existen garantías que los salarios en dólares puedan mantenerse tan bajos en el mediano plazo. Lo que si es muy probable, como lo ha demostrado la experiencia desde que se introdujeron las retenciones a las exportaciones agropecuarias en los 50’s, es que los impuestos distorsivos van a tardar mucho más en desparecer que los bajos salarios en dólares. Con lo que la economía del futuro promete acentuar, más que reducir, su sesgo anti-exportador.

 Algo parecido ocurrirá con las industrias que producen sustitutos de importaciones. Al haberse reinstalado impuestos distorsivos por el lado de los insumos y la mano de obra, y ante la extrema dependencia de salarios en dólares muy bajos, no habrá inversión nueva. La producción aumentará sólo en la medida que pueda aprovecharse la capacidad ya instalada y no se requiera mucho capital de trabajo. Además, la desaparición del crédito hará muy difícil financiar cualquier inversión significativa.

 ¿Si la política no es “productivista” desde el ángulo de la inversión y el aumento de la productividad,  no lo es al menos desde el punto de vista de la reducción del endeudamiento y del costo financiero de las empresas productivas? Si éste es el significado que se quiere dar al término “productivista”, entonces la respuesta puede ser parcialmente afirmativa, pero al costo de generar estancamiento permanente. La pérdida sufrida por los ahorristas nacionales y extranjeros que colocaron sus fondos en la Argentina permitirá resolver el problema de endeudamiento de las empresas por una sola vez. Pero la desaparición del crédito, significará un fenomenal aumento en el costo del capital para los futuros emprendimientos, e incluso, para hacer funcionar a las empresas que requieren mucho capital circulante. Esto acentuará el estancamiento de la economía argentina y no permitirá que las empresas se revaloricen, aún habiendo eliminado su endeudamiento pasado.

 ¿Cómo harán para convencer a la gente que el “productivismo” devaluador de ahorros y salarios es mejor que el “neoliberalismo” de la convertibilidad? Seguramente el gobierno de Duhalde confía en el apoyo de los medios. Es sorprendente ver cómo se destacan los síntomas reactivadotes de las políticas “productivistas” y cómo se recalca que los salarios e ingresos de la convertibilidad eran una ilusión. Tan notable como el esfuerzo que hicieron durante los primeros días de diciembre de 2001, para describir al “corralito” como una expropiación de los ahorros y no como un proceso de bancarización de los pagos.

 La información sobre los beneficios para la gente y para el fisco de la utilización de las tarjetas de débito y crédito, llenaron las páginas de los diarios del último domingo. Sin embargo, ninguno de los medios reconoce que la campaña contra el “corralito” de diciembre de 2001 sólo sirvió para que la gente no advirtiera que la bancarización forzada procuraba beneficiarla, y terminara empujando al poder a los que iban a crear el “corralón”, aún vigente, para inaugurar la política que ahora denominan “productivista.