Convertibilidad con cambio flotante

Si en febrero de este año, luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso Smith, el Gobierno hubiera reconocido la razonabilidad de la postura Judicial y, en lugar de intentar remover a los miembros de aquel tribunal, hubiera buscado una solución al problema del endeudamiento del sector privado que no significara la pesificación forzosa de todos los contratos, la economía hoy estaría estabilizada con un precio del dólar no superior a 2 pesos. Podría incluso haberse logrado la nueva estabilidad al precio de 1,40 inicialmente fijado por el nuevo Gobierno. El aumento de los precios y la consiguiente caída del salario real hubiera sido mucho menor a la que se produjo a lo largo del año.

¿Cual era la solución correcta? Sin duda, dejar flotar el peso sin abandonar la convertibilidad, es decir manteniendo la libre elección por parte de la gente de la moneda y dándole seguridad jurídica a los contratos en la moneda original. Para ayudar a los endeudados en dólares, el Gobierno debería haber asumido el compromiso de pagar una proporción de los intereses y del capital adeudado por familias y empresas cuyos ingresos no se ajustaran al precio del dólar. Los bancos seguirían siendo acreedores en la moneda original. El Gobierno hubiera devengado un subsidio a pagar en el futuro, al ritmo al que el sector privado cumpliera con sus obligaciones y en la medida que la magnitud de la devaluación lo requiriera. El subsidio hubiera terminado siendo relativamente bajo si el sector privado conseguía diferir el pago de su deuda y reducir el costo de intereses a través de la negociación con los acreedores. Además, con el paso del tiempo la divergencia entre los ingresos de los deudores y el precio del dólar se habría ido cerrando, con lo que el monto del subsidio terminaría siendo acotado y presupuestable.

Pero ocurrió todo lo contrario. La pesificación se transformó en la herramienta para resolver parcial y desequilibradamente el problema del endeudamiento privado y dejó como saldo un clima de inseguridad jurídica extremo en materia de derecho de propiedad de los depositantes y acreedores en general. La magnitud del costo fiscal futuro del sistema que se eligió para compensar a los bancos es enorme y creciente, con lo que se terminará agravando el problema del endeudamiento público. Y sigue pendiente la disputa judicial planteada por los ahorristas y acreedores que no aceptaron la pesificación.

La Corte Suprema esta a punto de decretar la inconstitucionalidad de la pesificación ¿La convertibilidad con cambio flotante sigue siendo la mejor solución? Sin duda, porque cualquier otra solución, deja abierta la puerta de una emisión presente o futura de pesos que la gente no desea mantener como tales y que, tarde o temprano, va a generar un proceso inflacionario peligroso. Además, cualquier otra solución dejará a la economía sin crédito por mucho tiempo, dado que no cabe esperar que la gente ahorre en pesos, y el ahorro en dólares u otras monedas extranjeras no se hará dentro del país.

Convertibilidad con cambio flotante significa organizar un sistema monetario que le permita a la gente sentir que sus ahorros en el país están seguros y disponibles para ser utilizados en cualquier pago interno o externo. En relación a los pagos externos con dólares ahorrados en el país sólo deberían estar restringidos por los controles de cambio vigentes, los que deberían eliminarse luego de completada la reestructuración de la deuda pública. La clave de la solución está en que la gente encuentre conveniente mantener sus dólares bancarios dentro del país, ya sea en depósitos a plazo fijo, si es que quiere ganar un interés, o en depósitos a la vista, si es que quiere hacer pagos internos o externos admitidos por el control de cambios. Para ello, debe no sólo permitirse sino también dotar de pleno respaldo legal a las cuentas a la vista en dólares, permitiendo que se movilicen a través de cheques, tarjetas de débito o transferencias bancarias. Si la convertibilidad con tipo de cambio flotante comienza a ser entendida y creída por la gente, lo cual requiere necesariamente convicción por parte de las autoridades sobre su conveniencia y viabilidad, el precio del dólar comenzará a bajar, y el problema del endeudamiento en dólares del sector privado, así como el costo fiscal de las compensaciones y subsidios a los que se ha ido comprometiendo el Gobierno, irá disminuyendo y se podrá trabajar en la preparación de un programa económico fiscalmente sostenible.

Lamentablemente, los discursos de Lavagna demuestran que el Gobierno no está convencido que la convertibilidad sea conveniente. Siguen insistiendo en obligar a la gente a ahorrar en pesos. Eso significa dejar abierta la puerta a un nuevo golpe inflacionario. Le echarán la culpa a la Corte y a los que bregamos por que se reconozcan los derechos de propiedad de los ahorristas. Pero la verdad es que los verdaderos culpables son los mismos que en enero y febrero de este año, decidieron resolver el problema del endeudamiento privado destruyendo los ahorros y provocando un brutal deterioro de los ingresos reales de la población.

Domingo Cavallo “Nunca debí entrar al gobierno de la Alianza”

Domingo Cavallo está de vuelta en la Argentina. Vino de visita para las fiestas, pero se negó a dar entrevistas antes del trágico aniversario de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. “No quiero que mis palabras ni mi imagen sean utilizadas para generar más tensión y violencia. Ya tuvimos suficiente”, dice el padre de la convertibilidad y del corralito. Ya distendido, en su oficina en Palermo, Cavallo viste una camisa que probablemente estuvo de moda hace muchos años, como el billete de “un millón de pesos” que adorna su colmada biblioteca y está firmado por él mismo, cuando fue presidente del Banco Central en 1982. A la hora de reflexionar sobre el último año, sus venas sobresalen y su piel enrojece, ocultando el tono de pálido de su piel, curtida por el invierno de Nueva York, donde ahora trabaja como profesor.

En medio de su continua denuncia del “golpe institucional”, ya que según él, planearon Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, quiere dejar en claro algunas cosas. Por ejemplo, que él no es rico, y que nunca pensó en abandonar el país durante la crisis. “El día 20 recibí llamadas de la SIDE, que quería ponerme en un avión para que me fuera a Uruguay. Aparentemente, el que se ocupaba de todo era (Enrique) Nosiglia. Los radicales que estaban aliados con los peronistas querían que yo pidiera asilo, que apareciera como el problema del país. Querían provocar ese hecho para, sin Cavallo, poder reconstruir un gobierno entre el radicalismo y el peronismo bonaerense”, asegura. “El problema no era De la Rúa dice él al preguntarse si no está resentido por la actitud del ex presidente de dejarlo caer. Él estaba convencido de que lo que estábamos haciendo era lo único posible para evitar males mayores. Pero, con la actitud que tuvo el partido radical el 19 a la tarde y las conversaciones que sostuvo con el peronismo esa noche, obviamente De la Rúa ya no tenía ninguna posibilidad el día 20”.

¿Qué lecciones saca de todo lo sucedido el año pasado? Lo que ha pasado en la Argentina pinta de cuerpo entero a personajes muy importantes de la política argentina y define un estilo político que no ayuda a crear y a preservar buenas instituciones políticas y económicas. Porque la dirigencia alfonsinista del partido radical claramente destruye instituciones, a su propio partido y a su propio gobierno. La actitud de un (Leopoldo) Moreau, apoyado por Alfonsín y Ángel Rozas, de socavar permanentemente las bases de su propio gobierno y atentar contra su capacidad para aportar soluciones, es algo increíble. La vocación por la autodestrucción ahora se ha reeditado en la interna del radicalismo, en la que se ha dado un fraude alevoso.

¿También ve esa vocación auto-destructiva entre los justicialistas? No, lo que sí veo allí es una transposición total de aquella jerarquía que les había predicado Perón de que primero la patria, después el partido y luego los hombres. Lo que hay en el PJ es una pelea a muerte por ver quién tiene realmente el poder en un plano personal, antes que pensar en la patria y el partido. Pero hay que advertir que el Justicialismo cuando ha gobernado se ha unido para responder siempre a quien está en el poder: Se ha visto durante el gobierno de Menem y ahora con Duhalde. En realidad, creo que el Justicialismo, incluido el Menemismo, ha estado ayudando a que Duhalde pueda mantener cierto orden en el plano de paz interior y la seguridad.Si hubiera podido prever cómo terminaría todo, ¿qué hubiera hecho distinto hace un año?Yo no podía hacer nada distinto de lo que estaba haciendo. La Argentina tenía que terminar la re-estructuración ordenada de su deuda. El 15 de diciembre habíamos logrado concluir exitosamente la re-estructuración de 55.000 millones de dólares…. Y antes de pensar en cualquier modificación del régimen monetario o cambiario era fundamental terminar la re-estructuración. Eso significaba hacerle una oferta a los tenedores de bonos del exterior y esa oferta sólo podía hacerse si lográbamos el apoyo del Fondo, del Banco Mundial y del BID. El Fondo nos ponía una sola condición: la aprobación del presupuesto para el 2002 con déficit cero, algo alcanzable. Por lo tanto, en esos días tenia que abocarme, como me aboqué, a convencer a los legisladores para que se reunieran y trataran el presupuesto.

¿Es consciente de que para la mayoría de los argentinos la culpa de todo el descalabro económico es suya?No, yo no lo siento. Siento que prendo la radio, la TV y leo los diarios y sí, es así: hay una premeditada campaña para confundir el corralito con el corralón. Pero a nivel de la gente, yo creo que, sobre todo ahora que han levantado el corralito, queda claro que el corralito era algo que no perjudicaba. Era inducir un proceso de bancarización para que la gente pagara con tarjeta de débito, con cheque o transferencia bancaria lo que antes pagaba en efectivo. En todo caso, reconozco que perjudicó a los que operaban la economía informal. Pero el corralito se implementó para evitar una medida tan absurda como el corralón, que fue una estrategia deliberada de confiscar los ahorros.

Usted formó parte de un gobierno militar, de uno peronista y de otro radical. ¿En quién confía menos?En el gobierno militar yo tuve un rol muy marginal: no era un gobierno constitucional, fue un accidente de la historia que nunca más se debe repetir: Pero claramente, el Justicialismo tiene mucha más capacidad de gobierno y de resolver los problemas que el Radicalismo. Y el período de De la Rúa fue muy claro al respecto.

¿Volvería a participar en un gobierno de Menem? No voy a participar en gobiernos hasta el día en que la gente me elija para algún cargo. Pero voy a colaborar con los gobiernos que sean elegidos, en la medida en que se propongan en avanzar hacia la solución de problemas.

¿Todavía sueña con ser presidente?Soy una persona ambiciosa, pero yo nunca planteé el tema en términos de ser presidente o no.Fue candidato en el 99….Si, pero sabiendo que no sería elegido. Mi ambición es poder hacer el máximo aporte que mi capacidad, mis conocimientos, mi experiencia, mi trayectoria, me permitan hacer para la organización del país. Para que tenga instituciones respetables y respetadas; para que la Argentina pueda ofrecer una mayor calidad de vida a su pueblo. No es una ambición personal.

¿Cuáles considera que fueron sus mayores errores? No creo en mi tozudez en temas económicos sea un error: Yo he sido perseverante en la verdad. Haber creído, como Alfonsín y Duhalde, que el default y la devaluación iban a resolver los problemas de la Argentina hubiera sido un tremendo error: Dicen que la ilusión fue la convertibilidad. ¡La convertibilidad fue una verdad! Nos permitió tener un fenomenal nivel de inversiones y un importante aumento de la productividad; hemos tenido la década de mayor crecimiento del siglo XX.

¿No se arrepiente de nada?Mis errores han sido fundamentalmente políticos. Fue un error entrar al gobierno de la Alianza; Yo tenía que haber advertido que el radicalismo iba a terminar trabajando por mi fracaso como ministro, porque ellos querían el fracaso del modelo de los noventa. Intenté lo que políticamente era imposible: que la Alianza gobernara con sensatez y con coherencia.

Pensó en algún momento: “¿Qué estoy haciendo acá?”Esa sensación la tuve a lo largo de todo el segundo semestre. Pero soy una persona que, porque piensa en la Argentina y no en mi posicionamiento personal, estuve dispuesto a jugarme hasta las últimas consecuencias. Una vez que había entrado en el gobierno, y me había hecho responsable de manejar la situación económica, no iba a abandonar en el barco por más que tuviera enormes dificultades y sufriera por lo que estábamos pasando mi familia y yo.

¿Se considera un patriota? No me voy a auto-calificar; pero que amo a mi patria y he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para resolver los problemas de la Argentina, no le quepa ninguna duda.

Economía Desacreditada

La mejor forma de describir a la economía Argentina no es diciendo que se trata de una economía estancada ni de que ha vuelto a ser una economía inflacionaria. En realidad, la descripción mas apropiada es que nos hemos transformado en una economía “desacreditada”. Nuestro mayor problema actual no es ni el estancamiento ni la inflación. El mayor problema es el “des-crédito”. O, utilizando más palabras, la desaparición y pérdida del crédito.

El gobierno argumenta que hay cierta reactivación, y lo presenta como una evidencia de que estamos saliendo del estancamiento de los últimos cuatro años. Y algunos indicadores le están dando la razón. Gracias a la gran inversión de la década del 90 y del consecuente aumento de la productividad, los sectores capaces de producir para la exportación o para la sustitución de importaciones están respondiendo al mayor incentivo que significa un peso muy devaluado. Algo parecido ocurre con los sectores del comercio y los servicios que atienden al turismo receptivo, que obviamente se está beneficiando del dólar caro.

Por otro lado, los precios muy ligados al dólar han dejado de subir y ya se argumenta que el gobierno ha sido exitoso en evitar que la inflación volviera a transformarse en una mal endémico de la economía Argentina. Detrás de este logro también está la gran inversión de los 90, particularmente la que permitió el mejoramiento de la infraestructura energética, de los transportes y de las comunicaciones. Gracias a la existencia de una gran capacidad instalada, el Gobierno pudo poner en práctica un virtual congelamiento tarifario sin que se produjera de inmediato el fenómeno de desabastecimiento que normalmente acompaña a la fijación de precios artificiales.

Pero estas buenas noticias, que tienen su origen en la capacidad instalada de la economía para producir bienes y servicios, se verán empañadas cada vez más por el creciente deterioro de esa capacidad productiva a causa de la falta de inversión. ¿Por qué no se invierte en la economía Argentina? La respuesta es muy clara. No hay inversión porque la economía ha perdido el crédito. Ningún ahorrista argentino ni extranjero está dispuesto a invertir sus fondos en el país, dado que no siente que la propiedad de sus ahorros será respetada.

La cesación de pagos internos y externos decidida por el gobierno, más el establecimiento del corralón para los depósitos a plazo fijo, que no es otra cosa que la cesación de pagos de los bancos, se transformó en una invitación a la cesación de pagos de las empresas. Además, la caída de los ingresos reales de los trabajadores provoca la cesación de pagos de las familias. En síntesis, hay una cesación generalizada de pagos que no sólo ha hecho desaparecer el crédito, sino que, en la medida que sea ensalzada como una “solución” y se hable de ella como de una “virtud”, hará casi imposible la reaparición del crédito en el futuro.

Durante la década del 90, el crédito que logramos como país, nos permitió construir una valiosa capacidad instalada a través de una triplicación de la inversión promedio anual, en comparación con la década del 80. Esa inversión explicó no sólo el crecimiento de la década del 90 sino también la tenue reactivación económica y la aparente estabilización de precios que hoy está engolosinando al Gobierno. Lamentablemente, el descrédito en que hemos caído como país, está poniendo en marcha el proceso opuesto. La ausencia de inversiones provocará un deterioro de la capacidad productiva y llegará un momento en que los cuellos de botella y el desabastecimiento se van a constituir en los determinantes del estancamiento y la inflación. Comenzaremos a vivir un fenómeno de estagflación como el que nos azotó durante la década del 80.

Cuando el Gobierno advierta que nuestro problema hoy es que somos una economía “desacreditada” y que eso preanuncia estancamiento e inflación en el futuro, es de esperar que comience a trabajar para la recuperación del crédito. Si no lo hace, Argentina no tendrá futuro.
 

El riesgo hiperinflacionario aumenta por culpa del Gobierno, no de la Corte

La hiperinflación siempre se origina en el aumento descontrolado de una moneda que la gente no quiere tener. Es bien conocido que la gente prefiere mantener sus ahorros en dólares y no en pesos. ¿Cómo se explica entonces que reconocerle a los ahorristas que vuelven a ser propietarios de dólares bancarios puede generar hiperinflación? La respuesta es sencilla. El Gobierno, al prohibir las cuentas corrientes y caja de ahorros en dólares, esta impidiendo que los dólares bancarios existan. Hoy no se pueden escribir cheques o utilizar tarjetas de débito en dólares. Esto es lo que provoca el riesgo hiperinflacionario. No la decisión de la Corte de defender el carácter protectivo de los derechos de propiedad que la Constitución Nacional le asigna a la Ley Argentina.

El riesgo hiperinflacionario se elimina con sólo permitir que vuelvan a existir las cuentas a la vista en dólares y que se pueda reconstruir el sistema de pagos internos en esa moneda, tal como existía hasta que, violando la Constitución Nacional, se decretó la “pesificación” de la economía.

¿Cuales son las alternativas que se le abren a un ahorrista a partir del día que la Suprema Corte de Justicia ratifique la inconstitucionalidad del corralón? Si se mantiene la prohibición de abrir cuentas a la vista en dólares, sólo tendrá dos alternativas. Mantener sus fondos depositados a plazo fijo en dólares o pasarlos a una cuenta a la vista en pesos. En este último caso, el banco le tendrá que aplicar el tipo de cambio del mercado libre del dólar. Esto significa poner en circulación pesos que la gente no desea mantener. Ahí es donde aparece el riesgo hiperinflacionario, porque si la mayoría de los ahorristas deciden por la segunda alternativa, la creación de pesos puede terminar siendo incontrolable.

Ahora bien, si el Gobierno permite que los ahorristas que quieran tener sus dólares bancarios a la vista, puedan abrir cuentas corrientes o cajas de ahorro en dólares, y se vuelven a permitir los pagos internos con cheques o tarjetas de débito en dólares, entonces no necesitan crearse pesos adicionales. ¿Qué ocurre en ese caso, si los titulares de las cuentas a la vista en dólares quieren transformarlos en pesos? La solución es muy simple. Se organiza un mercado en el que se cotiza el dólar bancario en término de pesos bancarios y viceversa. Si mucha gente quiere transformar sus dólares bancarios en pesos, bajará el precio del dólar, pero ninguna institución estará obligada a crear pesos bancarios adicionales.

Hay otra pregunta relevante. ¿Qué ocurre si los titulares de cuentas en dólares quieren llevarse los dólares billete o transferir los dólares al exterior? Ahí se deben aplicar las reglas del control de cambios. La Suprema Corte de Justicia siempre ha admitido como constitucionales los controles de cambios en situaciones de emergencia y no existen rumores de que vaya a cambiar esta jurisprudencia. El retiro de dólares billetes o el giro de dólares al exterior sólo podrán ser autorizados por los bancos si el titular de la cuenta demuestra que tiene que hacer un pago al exterior permitido por el control de cambios, tal como ha ocurrido desde principios de diciembre del año pasado, cuando se implantó el corralito. En este sentido el corralito no ha sido levantado ni se lo va a poder levantar hasta que se concluya la reestructuración de la deuda externa y se normalicen totalmente las relaciones financieras de Argentina con el exterior. ¿Qué pagos van a poder hacer entonces los titulares de cuentas a la vista en dólares? Cualquier pago permitido al exterior, como los pagos por importaciones de bienes o servicios y pagos de deudas externas ya reestructuradas, tal como lo puede hacer hoy cualquier titular de cuenta bancaria en la Argentina. Pero, además, podrá hacer cualquier pago interno. Esto último es muy importante, porque permitirá reactivar inmediatamente el mercado inmobiliario, el mercado automotor, el mercado de los bienes durables y, muy probablemente, el de los bienes de capital. Ninguno de estos pagos supone salida de dólares billetes ni transferencias de dólares al exterior desde el sistema bancario que hoy no puedan salir. Por consiguiente no es válido el argumento que algunos hacen sobre la inexistencia de dólares billete suficientes para afrontar la redolarización de los depósitos bancarios.

Los ahorristas que no deseen usar sus ahorros para hacer pagos, podrán mantenerlos a plazo fijo, ganando el interés que le ofrezcan los bancos. Estos volverán a competir para captar ahorros en dólares y la gente volverá a tener la posibilidad de mantener depositado el capital y cobrar periódicamente los intereses como complemento de sus ingresos corrientes.

La autorización de las cuentas a la vista en dólares facilitará la operatoria de todo el comercio exterior y quitará trabas que hoy afectan a las exportaciones. No se necesitará exigir a los exportadores que conviertan sus dólares en pesos, sino simplemente que transfieran las divisas que generan sus exportaciones a cuentas en dólares dentro del sistema financiero Argentino. Seguramente muchos de los pagos a sus proveedores podrán ser hechos en dólares y éstos circularán dentro de los bancos Argentinos y permitirán afrontar los pagos que importadores y deudores deban hacer al exterior. De esta forma, los agricultores podrán recibir dólares como pago por su cereal y no necesitarán almacenar el cereal como moneda de ahorro.

Eliminado el riesgo hiperinflacionario como argumento para impedir la redolarización, queda la cuestión del efecto de la misma sobre el balance de los bancos. ¿No quedarían los bancos en bancarrota si tienen que reconocer que sus obligaciones con los depositantes vuelven a su nivel original en dólares? La respuesta depende de lo que se haga con los activos de los bancos. Lo que corresponde es que sus activos vuelvan a dolarizarse. En primer lugar, el Gobierno tiene que anular la pesificación del Préstamo Garantizado y la reducción en dos puntos de su tasa de interés. Es decir tiene que revertir el default de la deuda interna reestructurada a fines del año pasado y cumplir con lo pactado. Esto es muy importante no sólo para normalizar el funcionamiento del sistema bancario, sino para evitar la continuación del conflicto judicial con las AFJPs. En segundo lugar, el gobierno tiene que optar por revertir la pesificación de las deudas del sector privado con el sistema bancario o comprometerse a saldar la diferencia entre los pagos que harán los deudores en pesos y el valor en dólares de cada cuota de capital e intereses. Este subsidio del Estado a los deudores tendrá que ser presupuestado a lo largo del tiempo y financiado como el resto del presupuesto. No hay otra alternativa.

Los que dicen que esta solución implica un mayor costo fiscal futuro, parten del supuesto de que es posible cargar sobre los ahorristas de una vez todo este costo fiscal. La declaración de inconstitucional del corralón significa que esa decisión constituye una expropiación de los ahorros. Inexorablemente, el Gobierno tendrá que apelar a gravámenes que no tengan ese carácter.

Si el Gobierno, en lugar de presionar a la Suprema Corte de Justicia para que convalide el corralón, aprovechara el buen criterio que en este tema está demostrando tener nuestro Poder Judicial y decidiera recrear un sistema financiero bimonetario, capaz de ofrecer a los ahorristas argentinos protección adecuada a sus ahorros y buenos servicios de pagos en la moneda que cada uno elija, estará iniciando una reconstrucción institucional imprescindible para que argentina vuelva a crecer.

¿Qué ocurrirá cuando la Corte resuelva a favor de los ahorristas?

El Gobierno parece esperar que la Corte Suprema convalide la reprogramación y pesificación de los depósitos dispuesta a lo largo de enero de este año. Yo estoy convencido que ello nunca ocurrirá, porque la Corte ya ha dicho claramente que las decisiones adoptadas en enero constituyen una flagrante violación del derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional. Lo hizo al pronunciarse en el caso Smith durante el mes de febrero, luego de haber obligado a Kipper a devolver el depósito que éste había logrado recuperar a través de un recurso de amparo.

El caso Kipper se dio en diciembre de 2001, antes de que el Gobierno de Duhalde decidiera reprogramar y pesificar los depósitos. Fue precisamente esta decisión del Poder Ejecutivo, la que provocó el nuevo pronunciamiento de la Corte. Algunos quisieron ver en los pronunciamientos diferentes sobre los casos Kipper y Smith una contradicción. Pero no existe contradicción sino circunstancias sobrevivientes que hicieron que el “corralito", que era un control de cambios transitorio como el que muchas veces se había impuesto en la época del Patrón Oro, se transformara en un “corralón” claramente avasallante de los derechos de propiedad de los ahorristas.

 

Por consiguiente, si la Corte resuelve a favor de los ahorristas convalidando los pronunciamientos de los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelación contrarios a la reprogramación y pesificación de los depósitos, estará manteniendo la posición correcta que ha adoptado hasta ahora. Y si el Gobierno anulara la pesificación y la reprogramación de depósitos, permitiendo de nuevo, como se pudo hacer durante todo diciembre, que los depositantes puedan utilizar sus fondos en la moneda original, para cualquier tipo de pago interno, es de esperar que la Suprema Corte convalide los controles de cambio y las restricciones al retiro de efectivo que serán necesarios para evitar una fuga masiva de capitales del país. Ambas decisiones serían coherentes con las adoptadas en los casos Kipper y Smith.

Los efectos prácticos de una decisión de la Corte Suprema favorable a los ahorristas, dependerán de la actitud que asuma el Gobierno. Si decide mantener la prohibición actual de que se abran cuentas corrientes y cajas de ahorro en dólares, no les estará dejando a los ahorristas y a los jueces otra alternativa que exigir la entrega en efectivo, en dólares o en pesos por el monto equivalente a la cotización del dólar en el mercado libre, de todos los depósitos que éstos necesiten para hacer pagos. Si, por el contrario, permite que vuelvan a funcionar las cuentas en dólares para pagos con cheque, tarjetas de débito y transferencias bancarias, será perfectamente factible instrumentar un sistema de pagos internos que no requiera la salida de los dólares ni de los pesos del sistema bancario. Si se hace esto último, la situación financiera de la Argentina comenzará a normalizarse y se podrá pensar seriamente en una normalización posterior de las relaciones financieras con el exterior.

En síntesis, una decisión de la Suprema Corte a favor de los ahorristas, lejos de agravar la situación, podría ser el comienzo a una reversión del actual clima de cesación generalizada de pagos. Se beneficiarían no sólo los ahorristas sino todos los argentinos, porque nuestra economía comenzaría a salir de la trampa depresiva en la que ha caído.