por Domingo Cavallo, para Perfil
En setiembre del año pasado, cuando terminé de escribir el libro “Estanflación”, los precios de la soja y los demás productos de exportación aún no habían bajado significativamente y tampoco se tenía la sensación de que la crisis financiera de los EEUU provocaría una recesión tan profunda como la que ya se está observando en todo el mundo globalizado. Yo advertía que Argentina entraría en estanflación porque el Gobierno, luego de permitir el aumento precios y tarifas atrasados, para evitar la espiralización de la inflación se vería obligado a aplicar frenos fiscales y monetarios que siempre tienen efectos, inicialemente, mucho más recesivos que anti-inflacionarios.
En los últimos meses, muchos de los lectores me preguntan si el riesgo de espiralización inflacionaria no desapareció como consecuencia del proceso recesivo que está produciendo en la economía argentina la fuerte caída de los precios de la soja y del resto de los productos de exportación. La pregunta es lógica, porque en EEUU, Europa y Japón, nadie habla de riesgo inflacionario sino de riesgo “deflacionario”, algo que llevaría a que la recesión se transforme en una depresión económica como la de los años 30.
En este artículo quiero responder a ese interrogante generalizado. Mi respuesta es contundente: no, el riesgo inflacionario no ha disminuido sino, por el contrario, está aumentando. Y está aumentando porque el pronóstico sobre deterioro fiscal durante el año 2009 es hoy mucho más pesimista que cuando terminé de escribir mi libro, en setiembre de 2008.
Mi argumento sobre los riesgos de espiralización inflacionaria no se basaba en el aumento mundial del precio de los alimentos, del petróleo y de las materias primas. Mi argumento se basaba en la combinación de tres particularidades de la situación argentina: inflación alta y no reconocida, inflación reprimida y deterioro fiscal sin crédito público.
La inflación alta (del orden del 20% annual) y no reconocida (porque el INDEC la sigue estimando en menos del 7% anual), crea inflación inercial, porque obliga a todos los que deben negociar contratos anuales, como los contratos laborales, a demandar aumentos nominales de alrededor del 20 %.
La inflación reprimida, es decir aquella que no afloró hasta ahora porque el gobierno logró que los precios se mantuvieran por debajo del nivel de equilibrio de los mercados, no puede mantenerse indefinidamente, por la simple razón que los instrumentos de represión: congelamiento de tarifas, controles de precios y restricciones cuantitativas a las exportaciones terminan obligando a pagar subsidios que se tornan fiscalmente muy onerosos.
El deterioro fiscal es una consecuencia inexorable de las responsabilidades de gastos que van asumiendo el gobierno central y los gobiernos provinciales, no sólo por los subsidios emergentes de las distorsiones de precios sino también de las inversiones en infraestructura que antes hacía el sector privado y que ahora debe hacer el sector público. La pérdida del crédito público es consecuencia de la falta de voluntad de pago que se puso de manifiesto desde 2002 en adelante, agravada por la distorsión de los índices de precios del INDEC y la estatización de los fondos de pensiones.
El deterioro fiscal combinado con la ausencia de crédito público provoca necesariamente emisión monetaria, porque no hay otra forma de financiar el déficit fiscal. La emisión monetaria, en un contexto en el que no hay demanda por liquidez en pesos se transforma en demanda de dólares, provocando la devaluación acelerada de la moneda nacional. Si el gobierno trata de reprimir esa devaluación con controles de cambio, la devaluación del Peso se producirá aún más aceleradamente en el mercado paralelo de cambio, estableciendo una brecha con la cotización oficial.
La recesión global y la caída de los precios de exportación agravarán el deterioro fiscal y harán aún más difícil la recuperación del crédito público. Tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos provinciales verán disminuidos sus ingresos tributarios y tendrán que atender mayores demandas sociales derivadas del aumento del desempleo y el agravamiento de la pobreza.
Hay una única forma de contrarrestar este riesgo inflacionario: recuperar el crédito público. Pero ello sólo será posible si se cambia en 180 grados el discurso del gobierno y la organización de la economía argentina, tal como lo propongo en mi libro “Estanflación”. Si en lugar de seguir este nuevo rumbo, el Gobierno sigue enpeñado en reprimir la inflación o esconderla a través de las mentiras del INDEC, lo único que conseguirá será transformarla en una enfermedad cada vez más grave y de consecuencias más depresivas del nivel de actividad económica.