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En la primera nota de esta serie expliqué porqué es necesario que el Gobierno se convenza de la necesidad de luchar contra la inflación.

En la segunda nota describí la regla monetaria que debería anunciar e implementar el Banco Central una vez que el Gobierno haya reconocido su responsabilidad prioritaria para lograr la estabilidad del nivel general de precios de la economía y le permita actuar con total independencia.

En la tercera nota argumenté que la inflación reprimida que hoy existe debe ser eliminada lo más rápido posible, so pena de que se acentúe la inercia inflacionaria y se hagan cada vez más persistentes la expectativas de inflación.

En la cuarta nota expliqué que para que los costos económicos y sociales de la lucha contra la inflación sean mínimos y se restablezca la estabilidad lo más rápido posible, es fundamental que los anuncios del Gobierno sean creíbles para la gente. Si el Gobierno carece de credibilidad, los costos de la lucha contra la inflación se pueden tornar insoportables.

En esta última nota, deseo destacar que un Gobierno convencido de la necesidad de luchar contra la inflación, que logra credibilidad para sus anuncios, que además adopta y comienza a implementar una buena regla monetaria y elimina de cuajo la inflación reprimida, corre el riesgo de fracasar si, previamente, no ha tomado precauciones para conseguir el crédito que necesitará para financiar el desajuste fiscal, que aún cuando no existiera antes, seguramente aparecerá poco después de los anuncios.

No es posible confiar en que cuando se pone en marcha un plan de estabilización bien diseñado se conseguirá mantener, de inmediato, el equilibrio presupuestario. La eliminación de la inflación reprimida significará resignar recaudación de muchos impuestos distorsivos. Si bien ya no serán necesarios los subsidios económicos para cubrir el desfasaje entre los costos y las tarifas de los servicios públicos, no se podrá prescindir de subsidios sociales enderezados a neutralizar el impacto negativo del tarifazo sobre las familias que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Deberán ajustarse jubilaciones y sueldos de empleados públicos y aumentará el gasto público en servicios, de los que el Estado también es usuario. El mismo efecto recesivo inicial de la eliminación de la inflación reprimida, reducirá la recaudación de impuestos no distorsivos, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Y, finalmente, pero no menos importante, para recuperar la competitividad de la economía será necesario permitir que los impuestos sobre la nómina salarial se tomen como pago a cuenta del IVA.

La única forma de que, con semejante panorama fiscal, el Banco Central pueda aferrarse a una regla monetaria estricta, es que exista crédito público y se consiga financiamiento interno y externo voluntario, a tasas de interés razonables. Si, previamente al lanzamiento del plan de estabilización, no se ha recuperado el crédito público, lo más probable es que el Banco Central termine teniendo que relajar la regla monetaria para proveer financiamiento del Gobierno. Si ello ocurre, la inflación se espiralizará y el plan de estabilización se hará trizas. Todo se transformará en un nuevo «Rodrigazo».

Es por todas estas razones, que sostuve en mi primera nota que la lucha eficaz contra la inflación «es una formidable empresa política, que requiere inteligencia, gran liderazgo y total sinceridad del mensaje que se trasmita al Pueblo, a todo el Pueblo».

El Gobierno de Cristina Kirchner hasta ahora no ha demostrado gran inteligencia, está perdiendo el liderazgo a ritmo acelerado y no le habla con sinceridad al Pueblo. Para muestra basta lo que ocurre con el INDEC. Por consiguiente, para tener chances de luchar eficazmente contra la inflación que ya agobia a los Argentinos, tendrá que cambiar mucho. Pero es casi imposible que un Gobierno que reemplace al de Cristina Kirchner, si ella llegara a renunciar, esté mejor posicionado para hacerlo sin el respaldo de un proceso electoral que haya dado, al nuevo gobierno, la oportunidad de explicar sus ideas con claridad. Yo creo, sinceramente, que toda la dirigencia Argentina, en particular la que es más responsable de que Kirchner haya conquistado el poder en 2003, debería tratar de ayudar al Gobierno de Cristina Kirchner a encontrar el camino correcto.

La terquedad en la que persevera el Gobierno, con una fuerza digna de mejores causas, no debe hacernos desfallecer. Al fin y al cabo, los Kirchner, si son  auténticamente Peronistas, cuando decidan devolverle seriedad al INDEC, quizás adviertan que, como decía Perón: «la realidad es la única verdad». Y la realidad es que hoy sufrimos una inflación agobiante que es imperioso erradicar de nuestra sociedad so pena de que la conquista de la prosperidad se transforme en una quimera.

Quienes hayan leído mis tres notas anteriores se preguntarán, seguramente, qué se puede esperar si el Gobierno, el actual o el que lo suceda, decide simultáneamente anunciar una regla monetaria y eliminar de cuajo la inflación reprimida, tal como parece ser la solución conforme a mis explicaciones en las dos notas precedentes.

La respuesta es simple e independiente de las condiciones políticas y económicas en que se implementen esas decisiones: habrá un período de stanflación. Es decir, seguirán, por un tiempo, altos índices de inflación y, de inmediato, se comenzará a vivir un clima recesivo. Esto es inevitable.

Cuando los precios atrasados por las distorsiones introducidas por el Gobierno en años y meses anteriores se eliminan de golpe, se producirá un aumento inmediato en el nivel general de precios. Ante este aumento, con niveles de ingresos nominales que estarán frenados por la dureza de la regla monetaria, la demanda de casi todos los bienes disminuirá. Obviamente, será fuerte la disminución de la cantidad demandada de bienes y servicios cuyos precios se liberan, porque sus precios saltarán como un resorte. Pero también disminuirá la demanda de todo el resto de bienes y servicios, en particular de aquellos no controlados, que se habían beneficiado del nivel artificialmente alto de los ingresos disponibles de los consumidores. Los precios de estos bienes y servicios, que habían subido excesivamente, tenderán a bajar por caída de demanda, pero no lo suficiente como para compensar el efecto sobre el nivel general de precios de los que aumentan por eliminación de la represión.

En un contexto de incertidumbre, habrá presiones alcistas sobre las tasas de interés, sobre la cotización de las monedas extranjeras y mucho impacto negativo sobre las cuentas fiscales, porque se reducirá la recaudación impositiva y los gremios del sector público reclamarán ajustes de salarios. Todos estos efectos colaterales aumentarán el resultado estanflacionario de las decisiones enderezadas a luchar contra la inflación. Sin duda, habrá costos políticos, económicos y sociales. Costos que son inevitables.

Pero la cuestión fundamental a la que me quiero referir es la siguiente: Cómo se pueden reducir a un mínimo estos costos y conseguir, lo antes posible, la reinstalación de la estabilidad, el regreso del crecimiento económico y un clima de prosperidad?

La respuesta tiene que ver con la política. Los costos serán reducidos y el éxito se conseguirá más rápido si el Gobierno es sincero, explica con claridad los fundamentos de las decisiones que adopta y consigue convencer a la gente. La convicción respecto de la estrategia adoptada y la credibilidad que se sea capaz de inspirar, son cruciales.

Por eso es imposible que logre luchar eficazmente contra la inflación un gobierno, el actual o el que lo suceda, si siguen mirando a la economía Argentina a través de las anteojeras ideológicas del Plan Fénix.

Si un gobierno sin convicción e incapaz de inspirar credibilidad anuncia las políticas correctas en materia de lucha contra la inflación mi predicción es que no tendrá fortaleza política para sostenerlas todo el tiempo que es necesario para que comiencen a dar resultados aceptables para la gente. En circunstancias de este tipo, el intento de luchar contra la inflación se transformará en un nuevo «Rodrigazo». Por verme obligado a utilizar el nombre con que ya lo registra la historia, quiero hacerlo pidiendo disculpas a Celestino Rodrigo, quien, ciertamente, no fue responsable de los efectos ulteriores de sus medidas.

La culpa de que el intento de ajuste ineludible de 1975 haya puesto a la Argentina al borde de la hiperinflación e inaugurara un período de 15 años que terminó en hiperinflación, no fue de Rodrigo sino de las circunstancias políticas y económicas que enmarcaron aquel intento. El Gobierno de María Isabel Matínez de Perón estaba muy debilitado políticamente y carecía de convicción sobre lo que se comenzó a hacer, luego de dos años de difundir un discurso y una interpretación de la realidad, diametralmente opuesta.

Aún con convicción y credibilidad, el éxito de la lucha eficaz contra la inflación no está asegurado, porque las circunstancias internacionales y la falta de crédito interno y externo pueden hacer que la estabilidad se torne inalcanzable en un horizonte temporal socialmente aceptable. A esto me voy a referir en la próxima nota.

Hoy, en Argentina, hay inflación reprimida. Esto significa que muchos precios de bienes y servicios están artificialmente fijados a un nivel en el que no se igualan la oferta y la demanda. En otros términos, a los precios fijados por intervención del Estado en los mercados, la demanda de esos bienes y servicios excede largamente a la oferta.

Cuando Cristina Kirchner quiso argumentar que la inflación no era alta porque el precio de la carne, la leche, el gas natural, el gasoil y la electricidad, entre muchos otros, son más bajos en nuestro país que en Uruguay, Brasil y Chile, en realidad estaba diciendo que en Argentina hay mucha inflación reprimida. Sólo así se pueden explicar diferencias de precios en países vecinos y económicamente muy integrados.

Los instrumentos que se utilizan para reprimir la inflación son los congelamientos de tarifas de los servicios públicos, los controles de precios, las retenciones  y las restricciones cuantitativas -prohibiciones y otras limitaciones- al comercio exterior. A veces, estas distorsiones se tratan de paliar con subsidios destinados a compensar las diferencias entre los costos de producción y los precios fijados por intervención estatal. Pero estos subsidios, además de tener un costo fiscal peligroso, nunca son suficientes y  crean oportunidades de corrupción, por lo que no pueden evitar la mala asignación de los recursos productivos de la sociedad que resulta de tantas distorsiones.

La inflación reprimida, paradójicamente, termina provocando tasas más altas y erráticas de inflación abierta, porque alienta expectativas inflacionarias muy difíciles de revertir por el Gobierno. Esta «inercia inflacionaria» -como se denomina a este fenómeno en la literatura especializada- se produce porque la gente sabe que necesariamente, en algún momento el Estado deberá autorizar aumentos de los precios de los bienes y servicios controlados. Y , cuando lo hace en forma parcial e insuficiente, sólo consigue confirmar las sospechas de la gente, con lo que ésta espera más ajustes en el futuro y ajusta sus expectativas inflacionarias hacia arriba.

Hay otra razón por la que la inflación reprimida retroalimenta la inflación. A medida que el Estado impide que los precios controlados suban la gente tiene mayor ingreso disponible para gastar en los bienes y servicios cuyos precios no están controlados. Es decir, si la gente gasta menos en electricidad, porque obligan a las empresas eléctricas a proveerla por debajo del verdadero costo económico, la gente tendrá más ingresos disponibles, para comprar, por ejemplo, electrodomésticos que consumen electricidad. La demanda de electrodomésticos aumenta más que lo que habría aumentado si no se controlaban las tarifas eléctricas. El precio de los electrodomésticos, que no está controlado, aumenta más de lo que debería, si la oferta de electrodomésticos no crece tan rápido como la demanda. También aumenta el número físico de electrodomésticos que consumen electricidad, porque la gente consigue comprar más. Cualquiera sea la combinación de estas dos consecuencias, el desequilibrio inicial entre la oferta y la demanda de electricidad, aumenta. Y la brecha entre los precios controlados (electricidad, por ejemplo) y los no controlados (electrodomésticos, en este caso) se amplía.

El caso de la electricidad y los electrodomésticos, es solo uno de miles de ejemplos similares que se podrían mencionar. El resultado es que aún cuando se la intenta disminuir en forma gradual, permitiendo el aumento insuficientes de los precios controlados, la inflación reprimida aumenta!

Por consiguiente, en algún momento la inflación reprimida se debe eliminar de golpe. Ese es el momento de los «tarifazos», que eran tan comunes en las décadas de los 70s y 80s. La decisión de dar el tarifazo puede ser del Gobierno, o, si éste mantiene las distorsiones por largo tiempo, puede resultar de lo que en muchos políticos argentinos se ha dado en llamar «golpes de mercado». Algo que no ocurre por impulso político de grupos económicos opositores, sino por la falta absoluta de realismo del gobierno que trata de perpetuar, sin éxito, el estado de inflación reprimida.

En la próxima nota trataré de explicar, cómo puede un gobierno sacar al País de una situación de inflación reprimida sin que se espiralice la inflación. Cuando la inflación se espiraliza, la economía se pone al borde de la hiperinflación.