El tipo de intervención que los estados no deben hacer.

Todos los países del mundo emergente están sintiendo en sus economías el efecto de la crisis que se inició en los EEUU y se extendió rápidamente a Europa y a Japón. Algunos, como China, los países del Medio Oriente, la mayoría de los países asiáticos, de América Latina y de África, sufren el impacto a través del comercio exterior, porque se están desmoronando sus exportaciones, con el consiguiente efecto multiplicador negativo sobre sus economías internas.Cuando caen las exportaciones y el consumo interno, la  inversión también cae y produce un efecto acelerador de la recesión. La única forma de revertir este tipo de efecto es lograr que la recesión encuentre su piso en los países avanzados y comience en ellos la reactivación económica.

Este proceso podría verse frustrado si en la desesperación por atenuar el impacto negativo de la caída de exportaciones, cada país comienza a poner restricciones a sus importaciones. En ese caso se puede producir el colapso del sistema comercial internacional y llevar a una depresión mundial como la de los años 30s. Por eso, el primer tipo de intervención en las economías nacionales que los estados no deberían hacer es adoptar políticas proteccionistas. El presidente Lula es quien más ha estado advirtiendo sobre este peligro y la mayor parte de los Jefes de Estado del G20 parecen tener la misma opinión, aunque en sus respectivos congresos nacionales predominan las tendencias proteccionistas. Es muy importante que la Presidente Cristina Kirchner no sea la voz disonante en esta reunión, de la que debería salir un compromiso firme de todas las naciones de evitar una guerra proteccionista y, por el contrario, aprovechar la crisis para revitalizar las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC.

En los países emergentes que durante los últimos años continuaron utilizando significativamente el ahorro externo para impulsar la inversión y el crecimiento en sus economías, la crisis global está poniendo en peligro a sus sistemas monetarios y financieros internos, porque al impacto negativo de la caída de las exportaciones se agrega el efecto de la reversión repentina de los flujos de capitales ("sudden stop" en la literatura en inglés). La entrada de capitales había permitido fuertes inversiones modernizadoras de sus economías y explicaban el crecimiento rápido y hasta el momento de la crisis, sostenido, de sus PBIs.

A estos países se les presenta una situación parecida a la que enfrentó Argentina en 2001, cuando no sólo se habían deteriorado los términos del intercambio externo, sino que además sufrió una reversión repentina de la entrada de capitales que había permitido financiar un fuerte proceso de inversión y modernización económica en los años previos. Esto le está ocurriendo a miembros de la Unión Europea que están dentro del área del Euro, como a Irlanda, a países que pertenecen a la Unión Europea aunque aún no tienen al Euro como moneda y al resto de los países de Europa del Este, algunos de los cuales aún no han ingresado a la Unión Europea, pero habían atraídos fuertes inversiones de ese orígen.

Es muy importante que los países con monedas fuertes y buen crédito público provean apoyo financiero a estas economías emergentes para evitar que colapsen sus sistemas monetarios y financieros nacionales y puedan producir los ajustes internos necesarios, en forma ordenada, reestructurando pasivos cuando sea inevitable, pero sin abandonar las reglas de economías de mercado integradas a la economía global y, sobre todo, sin introducir inflación descontrolada en sus economías.

Sería trágico para cada uno de estos países y también para la economía global, que estas economías optaran por aplicar una “solución a la Argentina del 2002”, es decir que destruyeran la base contractual de la economía mediante un default generalizado acompañado por la conversión forzada de contratos pactados en monedas extranjeras a otros pactados en la moneda nacional. Semejante "solución" abriría la puerta a la inflación descontrolada de sus economías y porstergaría sine díe la posibilidad de una recuperación rápida del crecimiento.

En Argentina esa “solución” reintrodujo la inflación en la economía y si bien su PBI logró un crecimiento rápido entre 2003 y 2008, éste se produjo por el aumento extraordinario de los términos del intercambio externo y no por la forma utilizada para sacar de la quiebra a bancos, empresas y familias. Todo lo contrario, la combinación de default generalizado con “pesificación” dio lugar a que Argentina perdiera el crédito público, no lograra volver a atraer ahorros externos y se viera imposibilitada de continuar con el proceso de modernización de sus servicios y de su infraestructura, que había sido tan positivo en los años anteriores. De no haberse dado el impresionante aumento en los precios de los productos de exportación que se produjo entre 2003 y 2008, Argentina hubiera sufrido estanflación durante todo el período, enfermedad que ha comenzado a sufrir desde que se desplomaron los precios de la soja y los demás productos de exportación, a mediados del año pasado.

En la próxima reunión del Grupo de los 20, los países con monedas fuertes y buen crédito público deben comprometer el apoyo: a) de sus bancos centrales a los países que utilizan sus monedas o conducen sus políticas monetarias utilizando a sus monedas como patrón; y b) de sus respectivos tesoros a los tesoros de las economías emergentes, en forma directa o a través de los organismos multilaterales de crédito, con la sola condición de que los países que utilicen ese apoyo no abandonen las reglas de economías de mercados integradas a la economía global, continúen brindando seguridad jurídica a los inversores internos y externos y sigan comprometidos con la estabilidad y el crecimiento de sus economías.

Los países de las economías emergentes que sufran interrupciones repentinas del flujo de capitales después de haber estando utilizando durante muchos años el ahorro externo para modernizar y capitalizar a sus estructuras productivas, podrán conducir procesos de ajustes ordenados sin abandonar la organización básica de sus respectivas economía si cuentan con apoyo externo, tal como lo hicieron Méjico y Argentina en 1995, Corea y varios otros países asiáticos en 1997, Brasil en 1999 y nuevamente en 2002 y Uruguay en 2002. En todos estos casos el ajuste ordenado y la posterior recuperación del crecimiento económico, sin reintroducir la inflación como problema, se logró gracias al apoyo externo.

Lamentablemente esto no ocurrió en Argentina al final de 2001, cuando la decisión del FMI de no continuar apoyando una reestructuración ordenada de la deuda, combinada con la voluntad del nuevo poder político de resolver el problema de los deudores aunque fuera a costa de terminar de destruir el crédito público y privado y reintroducir la inflación, llevó a la desorganización de la economía que hoy, terminada la bonanza extraordinaria creada por los términos del intercambio muy favorables, está produciendo estanflación.

Las economías emergentes que además de sufrir la caída de sus exportaciones como consecuencia de la crisis global, sufren además una interrupción repentina del flujo positivo de capitales con que habían financiado su crecimiento reciente, deben abstenerse de intervenir en los mercados con medidas compulsivas que signifiquen una violación intencional de los contratos vigentes, pero para ello es imprescindible que consigan el apoyo de los países con monedas fuertes y buen crédito público.

Está en la inteligencia de los gobiernos de los países más ricos advertir que el apoyo a las economía emergentes es tan importante como el que están brindando a sus estructuras productivas internas, porque de otra manera la economía que sobrevivirá a la actual crisis, lejos de ser global va a parecerse más a la economía segmentada y conflictuada que emergió de la crisis de los años 30 y que llevó a los trágicos episodios que culminaron con la Segunda Guerra Mundial. Este debería ser el mensaje de los Jefes de Estado de los países con economías emergente en la próxima reunión del G20.

Intervención del Estado para resolver la crisis financiera

La propuesta de reforma financiera formulada por el Grupo de los 30, a la que ya me referí en un post anterior, señala cuáles deberían ser las reglas de juego futuro para el funcionamiento de los sistemas bancarios y los mercados de capitales en cada país y para la economía global. Este es un tema que seguramente abordarán los Jefes de Estado en la próxima reunión del Grupo de los 20 en Londres.

No creo que sobre este tema vaya a ver muchas des-inteligencias, salvo que algunos países no querran resignar soberanía en materia de supervisión de los mercados de capitales globales y probablemente se opongan a la creación de estructuras supervisoras supra-nacionales. Esta limitación deberá superarse con suficientes esfuerzos de cooperación y trabajo conjunto por parte de los organismos nacionales de control. Los Jefes de Estado de los países emergentes no deberían dejar de insistir sobre la necesidad de que haya un organismo supra-nacional encargado de supervisar el cumplimiento de las regulaciones financieras relevantes para el buen funcionamiento de la economía global.

Pero antes de que estas nuevas reglas de juego pasen a ser un tema relevante, tendrán que solucionarse la crisis financiera global y reestructurarse o liquidarse los intermediarios financieros de cada una de las economías nacionales que se han tornado o están en proceso de tornarse insolventes. Varios de los bancos más grandes del mundo están ya en esta situación y los esfuerzos que varios países hicieron para re-capitalizar a esas instituciones con dinero de los contribuyentes, no parecen haber sido suficientes para re-establecer la solvencia.

La re-capitalización de las entidades financieras privadas por el sector público constituye una forma de estatización (en inglés hablan de nacionalización) de esas instituciones, porque los aportes de capital del Estado se hacen diluyendo la participación del sector privado, en condiciones que terminan de desvalorizar por completo a las anteriores tenencias accionarias. De ninguna manera puede decirse que esta estatización es para salvar a los dueños de los bancos. Todo lo contrario. Basta escuchar las quejas y reclamos de Hunk Greenberg, el legendario Chairman y CEO de AIG, que dejó esos cargos en 2005, pero siguió siendo un fuerte accionista de la empresa que lideró por tanto tiempo.

Así como Greenberg y muchísimos otros accionistas de bancos, han perdido prácticamente todo el capital que tenían invertido en sus entidades financieras, los directivos y ejecutivos de los bancos, que habían cobrado el grueso de sus remuneraciones en acciones (especialmente los denominados "bonus" anuales) y por disposiciones de sus respectivos contratos laborales no podían verderlas mientras estuvieran en funciones, también han perdido prácticamente el total de su patrimonio. Esta es la lógica del capitalismo: quien se arriesga para ganar mucho, cuando las cosas van mal tienen que soportar las pérdidas. Y eso es lo que está pasando en los EEUU.

Los accionistas de las entidades financieras, que se tornaron o están tornándose insolventes, ya han tomado sus pérdidas. Pero éstas no son las únicas pérdidas que alguien va a tener que tomar. La subestimación de los riesgos en inversiones financieras, por parte de los bancos, que está en la génesis de esta crisis global, está provocando pérdidas que son muy superiores al capital accionario que tenían esas instituciones. La insolvencia de las mismas se mide por la diferencia entre los pasivos y el verdadero valor de los activos, mucho de los cuales son de tan baja calidad que han sido denomidos "tóxicos". Tradicionalmente se los denominó "incobrables".

Luego de este intento de re-capitalización, que no está resultando suficiente, muchos economistas, políticos y expertos financieros están reclamando la intervención de las entidades financieras para descomponerlas en una o varias unidades de negocios sanas y con futuro, que deberían venderse en el mercado cuanto antes y una entidad residual que sería liquidada.

Los depositantes que cuentan con garantía estatal, pasarían a ser pasivos de las unidades de negocios que seguirían funcionando, por lo que no perderían ni capital ni los intereses que se hubieran pactado. Y, por supuesto, continuarían garantizados. El resto de los acreedores de las entidades insolventes ( tenedores de bonos no garantizados y otras entidades financieras que son contraparte de los negocios de la que entró en crisis) sólo recuperarían el porcentaje de sus acreencias que pueda ser honrado mediante la recuperación de activos de la entidad residual, recuperación que incluirá el producido de la venta de la unidades de negocios viables.

Yo creo que las naciones en las que se han presentado estas situaciones de insolvencia bancaria, muy pronto tendrán que dar este paso, porque es impensable que los estados puedan hacerse cargo de las pérdidas para asegurar el valor pleno de todos los pasivos de entidades financieras, más allá de los que están protegidos por el régimen de garantía estatal.

La reactivación de las economías nacionales y de la economía global no se producirá hasta tanto hayan quedado asignadas y aceptadas las fuertes pérdidas a que han dado lugar las sub-estimaciones de riesgo de los operadores financieros. Si se mantiene la indefinición sobre quienes soportan las pérdidas y muchos inversores mantienen la expectativa ( o, mejor sería decir, la ilusión) de que los estados (es decir, los contribuyentes) se harán cargo de esas pérdidas, seguramente una gran parte del dinero y los títulos públicos que emitan los estados no se transformará en demanda de bienes y servicios por parte de las familias y de las empresas, sino que terminará intentando tapar los agujeros patrimoniales de las instituciones financieras insolventes. Estás seguirían operando como "sombis", sin ninguna capacidad para administrar riesgos nuevos y canalizar adecuadamente el crédito, tal como ocurrió en Japón durante la década de los 90s.

Este tipo de intervención del Estado en la economía, es exactamente la que permitió a la Argentina superar con éxito, en apenas un año, la "Crisis Tequila", a pesar de que la salida de capitales que se dio a partir de la devaluación del Peso Mejicano, significó para nuestro país una crisis financiera que llevó a la insolvencia o al borde de la insolvencia a muchas instituciones financieras. Algunas de estas instituciones, las que no tenían muchos depósitos del público, sino básicamente deuda con acreedores financieros del país o del exterior, fueron liquidadas. Los acreedores tomaron la pérdida que les correspondía asumir por los riesgos que habían tomado.

Las entidades que se habían tornado insolventes, pero tenían muchos depósitos del público y jugaban un rol importante en el sistema de pagos y canalización del crédito a familias y empresas, fundamentalmente los bancos provinciales, fueron intervenidos con recursos de un fondo de capitalización bancaria, financiado por los organismos multilaterales de crédito. Las entidades intervenidas y manejadas desde este fondo fueron reestructuradas separando la unidad de negocio viable del banco residual. Las unidades de negocios viables fueron reprivatizadas de inmediato y los bancos residuales liquidados.

Todo este operativo se hizo con el asesoramiento de Jerry Corrigan, ex Presidente del Banco de la Reserva Federal de New York y fue conducido localmente por Roque Maccarone como Secretario de Finanzas, Horacio Liendo como Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Jorge Baldrich, como Subsecretario de Políticas Regionales y Pablo Guidotti como miembro del directorio del Banco Central. El costo para el Estado de todo este proceso de reestructuración bancaria fue de sólo 1 % del PBI y los depositantes mantuvieron la titularidad y el valor de todos sus depósitos.

Si bien la crisis financiera en los EEUU es de una magnitud muchas veces superior a la de la economía argentina en 1995, la naturaleza de la crisis no es muy diferente y tampoco lo será su solución. Lo importante es que la solución se implemente rápidamente, como lo hicimos en Argentina en 1995.

En un próximo post me voy a referir a otra experiencia de intervención del Estado Argentino en su economía, que nadie en el mundo debe imitar: Aquella a la que Mario Blejer, en un reportaje publicado el domingo pasado en Enfoques de La Nación, denomina la "solución" de los problemas de balances que encontró Argentina en 2002. Me voy a referir a ella no porque crea que hay alguna chance de que en los EEUU intenten aplicarla, sino porque es una "solución" que si llegaran a imitar las economías emergentes, por ejemplo, las de Europa del Este, provocaría un retroceso trágico en el proceso de desarrollo e integración en que ha estado embarcado el mundo desde la Caída del Muro de Berlín.

Las crisis y el tipo de intervencion del Estado en las economías de mercado

Conozco a muy pocos economistas profesionales que sostienen que el Estado no debe intervenir en la economía, aún frente a crisis económicas. Pero tampoco conozco a economistas profesionales, con prestigio y experiencia, que sostengan que el tipo de intervención del Estado que se requiere para resolver crisis económicas sea la que se utilizó en Argentina desde enero de 2002 hasta el día de hoy, como parecen decirle a nuestra Presidente algunos asesores. Espero que Cristina Kirchner no desperdicie la oportunidad que significa la reunión del G20, en Londres, reiterando este error de diagnóstico.

Hasta economistas absolutamente liberales (o conservadores en el sentido norteamericano del término) como Milton Friedman, sostuvieron en el pasado que la gran depresión de los años 30s se hizo tan larga y profunda porque el Banco de la Reserva Federal (la FED en inglés), es decir, la autoridad monetaria del Estado norteamericano, no intervino suficientemente para impedir la contracción monetaria derivada del pánico bancario que provocó el crack de Wall Street en octubre de 1929.

Pero hasta los economistas más estatistas (o más liberales, por contraste a mas conservadores, en el sentido norteamericano) sostienen que las intervenciones de los Estados Nacionales durante los años 30s, enderezadas a cerrar las economías y adoptar medidas proteccionistas, sea a través de controles selectivos de cambios o trabas tarifarias o cuantitativas a las importaciones, tendieron a agravar la crisis, porque provocaron no sólo el colapso de los mercados de capitales sino también el colapso del comercio internacional de bienes y servicios reales.

Son mayoría los economistas profesionales (especialmente aquellos que no se dejan encasillar en las categorías extremas de liberales o estadistas) que sostienen que en la década de los 30s no se utilizaron suficientemente los estímulos fiscales sobre la demanda de bienes y servicios reales y que, por consiguiente, la recesión sólo desapareció con el gasto bélico a partir de 1940.

Nadie sostiene, ni siquiera las marxistas (que en los 30s consideraban que la gran depresión del mundo capitalista era la demostración fehaciente de la crisis terminal del capitalismo predicha por Marx), que la mejor solución para superar la crisis de las economías de mercado en aquella época hubiera sido el cambio de sistema para pasar del capitalismo al socialismo, tal como lo habían hecho Rusia y sus vecinos en la década de los 20s y lo harían las naciones del este europeo y China al terminar la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, hoy la mayor parte de los economistas y políticos del mundo sostienen que la adopción por parte de la ex Unión Soviética, las naciones de la Europa del Este y la misma China, de las reglas e instituciones de las economías de mercado, ha permitido el progreso mundial de la década de los 90s y de lo que va de la década actual. En este sentido, la propuesta de Chávez de resolver la crisis inventando un socialismo del siglo XXI va a contramano de la historia.

En la misma dirección, hoy no hay nadie que opine que el progreso que se dio en la mayor parte del mundo en las últimas seis décadas hubiera sido posible sin la liberalización del comercio mundial que posibilitaron las sucesivas ruedas del GATT y la creación de la Organización Mundial del Comercio, con la incorporación a la misma de la mayoría de las naciones antes socialistas.

La fuerte experiencia acumulada en materia de manejo de crisis económicas  a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI indica qué tipo de intervención de los estados en las respectivas economías nacionales es imprescindible para salir de la crisis que hoy sufre la economía global y cuales son las intervenciones que corren el riesgo de terminar agravándola. En sucesivos posts me voy a referir a varias de las intervenciones de los estados sobre las que se discute actualmente. Hoy comenzaré con la referida a las políticas monetarias y de deuda pública.

Los estados deben procurar mantener la liquidez de las economías nacionales y facilitar el sostenimiento de la demanda de bienes y servicios emitiendo deuda pública, paticularmente mientras las tasas de interés de largo plazo sean muy bajas. Los estados de los países cuyas monedas y títulos de deuda son fuertemente demandados como refugio por los inversores financieros (como los EEUU, Japón y Alemania), deben intervenir emitiendo dinero y deuda. Deben hacer ésto, tanto para sostener la demanda interna en sus respectivas economías como para ayudar a que los estados de las economías nacionales que no tienen monedas suficientemente demandadas ni crédito público tan amplio, puedan también aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas sin poner en riesgo la estabilidad de sus monedas nacionales.

Los temores de que la emisión de dinero y de deuda pública en estos países con monedas fuertes termine generando inflación persistente, son injustificados, sobre todo en la medida que estas políticas se reviertan a partir del momento en que se haya recuperado el crecimiento sostenido de la economía global. Los riesgos de inflación, o peor aún, de estanflación, se dan en las economías emergentes que enfrentan el riesgo de colapsos de sus monedas y de sus sistemas monetarios nacionales.

Los mecanismos para ayudar a las economías cuyas monedas nacionales no son fuertes ni tienen suficiente crédito público pueden ser varios:  a) Compra de monedas de los países que necesitan ayuda por parte de los bancos centrales fuertes (los denominados "swaps" de monedas, como los que ya hizo la FED en favor de Méjico, Brasil, Corea y Sudáfrica); b) aportes de capital o préstamos a largo plazo a los organismos multilaterales de crédito (como el que ha hecho Japón al FMI por 100 mil millones de dólares), para que estos otorguen préstamos a las economías emergentes que estén dispuestas a aplicar buenas políticas de expansión fiscal y monetaria sin poner trabas al comercio exterior. China está en una posición particularmente favorable para poder hacer una contribución importante en esta dirección, sobre todo si el financiamiento que el FMI otorgue esté condicionado a que no se impongan restricciones al comercio violatorias de las normas de la OMC: y c) autorizando un sisgnificativo aumento de los Derechos Especiales de Giro del FMI, para complementar a nivel global, la expansión de la liquidez que hagan los países con monedas fuertes). Esta emición de DEGs permitirá al FMI otorgar préstamos adicionales a las economías emergentes que lo requieran.

Es muy importante que en la próxima reunión del Grupo de los 20s, los países con moneda fuerte y con buen crédito público comprometan su apoyo a estos tres mecanismos de ayuda a las economías emergentes. Para lograr este compromiso, los países que llevan la voz de las economías emergentes deben enfatizar más los daños adicionales a la economía global y a las propias economías avanzadas que puede resultar de un colapso de las economías emergentes que la responsabilidad que esos mismos países tienen en la génesis de la crisis en curso.

Y logrado ésto, es fundamental que nuestro país haga todo lo necesario para transformarse en elegible para recibir ayuda de los organismos multilaterales de crédito. Si no, no podrán implementarse políticas monetarias y fiscales expansivas y se corre el riesgo de acentuar el riesgo estanflacionario.