Ahora que los visitantes de este blog conocen la historia de la compra por Wells Fargo del Wachovia, sin dinero de los contribuyentes de por medio, estoy en condiciones de comparar la actual crisis financiera norteamericana con una experiencia que aportó la crisis que sufrimos en Argentina en 2001. Lo hago para que los ultra conservadores argentinos y norteamericanos que siempre reniegan de toda intervención del Estado adviertan que hay intervenciones que son imprescindibles para lograr que el Mercado de Capitales funcione bien. Y para que los estatistas anti-mercado que prefieren destruir al sistema capitalista antes que hacerlo funcionar bien, adviertan que terminan compartiendo con los ultra conservadores el triste mérito de hacer sufrir al pueblo mucho más de lo que la solución de cada crisis exigiría.

Para poder hacer esta comparación tengo que narrar una historia que seguramente pocos visitantes de este sitio conocen o recuerdan. Les pido un poco de paciencia para transitar de nuevo por episodios de aquel año difícil de nuestra experiencia reciente, que muchos probablemente preferirían no revivir.

Un día de abril de 2001, Charles Calomiris publicó en el Wall Street Journal un artículo titulado “Argentina no puede pagar lo que debe“. Esa misma mañana recibí una llamada de Arminio Fraga, entonces Presidente del Banco Central de Brasil, para comentarme que él pensaba que el riesgo país de Argentina y, por contagio, el de Brasil, estaba aumentando como consecuencia de ese artículo. Sobre todo porque en Wall Street sabían que Charles Calomiris había estado escribiendo con el economista Jefe del Banco Central de Argentina y el mercado parecía interpretar su opinión como la de nuestra autoridad monetaria. Luego de leer el artículo llamé a Pedro Pou, por entonces Presidente del Banco Central y le pedí que aclarara que esa no era la opinión de la institución. Como no quiso hacerlo y sólo se comprometió a que en algunos días el economista jefe escribiría un artículo con argumentos opuestos a los de Calomiris, yo me sentí en la obligación de criticar la opinión de Charles Calomiris. Sostuve que él no conocía la verdadera situación de Argentina.

Pocos días después, Allan Meltzer, mucho más conocido que Charles Calomiris y que además había presidido la comisión creada en 1998 por el Senado Norteamericano para evaluar la participación del FMI en el rescate de los países que habían sufrido crisis de deuda durante la década de los 90s, publicó otro artículo que aclaraba la propuesta de Calomiris y la hacía mucho más razonable. Este artículo se titulaba “Más allá de los salvatajes del FMI: default sin disrupción“. En este artículo Meltzer demostraba ser consciente de que una declaración de default de la deuda sin una red de contención del FMI provocaría la destrucción del sistema financiero del país, por lo que proponía que el FMI asignara fondos suficientes para comprar toda la deuda argentina que se le ofreciera a un 60 % de su valor facial. De esa forma los bancos, si bien experimentarían una pérdida significativa, podrían disponer de la liquidez necesaria para enfrentar una posible corrida contra sus depósitos.

La idea me pareció muy buena, pero lamentablemente las autoridades del FMI y del Tesoro Americano me dijeron enseguida que ni soñara con la posibilidad de que esa Institución o el Gobierno de los Estados Unidos fueran a poner el dinero que podría llegar a necesitarse para comprar la deuda argentina. Al decir de Paul O’Neill, entonces Secretario del Tesoro americano, era “inadmisible que los plomeros y carpinteros de los Estados Unidos pagaran impuestos para que los argentinos siguieran con su fiesta”. Por eso yo no pude hacer otra cosa que desestimar públicamente la propuesta de Meltzer, a pesar de que aportaba una buena solución, como ya lo había hecho con el artículo de Calomiris.

Influyó en mi decisión de no insistir en reclamar el apoyo necesario del FMI y del Tesoro Americano el hecho de que la posición de Paul O’Neill fuera la misma que había primado en el mes de marzo en el Congreso Argentino cuando a instancias de la fuerte oposición de Elisa Carrió y de la mayoría de los radicales, los legisladores argentinos nos negaron la autorización para utilizar la recaudación del impuesto a las transacciones financieras como garantía de pago de la deuda pública.

La propuesta de Calomiris con la importante aclaración que había formulado Meltzer, era honesta e inteligente. Requería una fuerte intervención del Estado, no sólo del Estado Argentino, sino del Estado Supranacional que aún no existe formalmente, pero que en la práctica ha estado representado por el FMI y el Gobierno de los Estados Unidos. Todas las crisis de deuda de las economías emergentes habían sido resueltas con la intervención de esa combinación de Estados: el del país que sufría la crisis y la del Estado Supranacional. Lo que ahora proponían Calomiris y Allan Meltzer era una forma diferente de intervención que según su criterio iba a ser más efectiva que las anteriores.

El objetivo de esta intervención era restablecer la operatoria del mercado de la deuda argentina luego que los tenedores de los bonos que pagaban intereses demasiado altos hubieren sido reemplazados por nuevos bonos con una quita algo inferior al 40 % o que los cupones de intereses de esos bonos hubieren sido reducidos en la misma proporción. La apuesta era y creo que así hubiera ocurrido, que el sector privado ante la alternativa de vender sus bonos con el 40 % de descuento al FMI o aceptar nuevos bonos con una reducción de cupones de intereses de 35 %, habrían, muy probablemente, aceptado en su mayoría esta segunda alternativa. De esa forma el dinero del FMI no hubiera llegado a desembolsarse o se hubiera desembolsado una cifra significativamente menor. La deuda Argentina habría quedado reestructurada, la factura de intereses del Gobierno Argentino podría haber bajado en un 35 % y el país podría haber recuperado el crédito rápidamente. Con la recuperación del crédito público, Argentina podría haber devuelto rápidamente cualquier aporte que hubieran hecho el FMI y el Tesoro Americano para posibilitar la recuperación de nuestro mercado financiero interno y la vuelta de nuestro país al mercado internacional de capitales.

En realidad se necesitaba la participación del Estado Supranacional porque Argentina, como había ocurrido con casi todos los países que en el pasado habían sufrido crisis financieras, no inspiraba confianza. Pero si el Congreso Argentino, en marzo de 2001, hubiera autorizado el uso de la recaudación del impuesto a las transacciones financieras como garantía del pago de la deuda, tal como lo habíamos propuesto al presentar el Plan de Competitividad, al menos una parte de los acreedores hubieran aceptado bajar los intereses al 7 % anual, tal como lo hicieron en noviembre de 2001 cuando les ofrecimos canjear los bonos y otros acreencias por el denominado Préstamo Garantizado. Lamentablemente, la mayoría de los legisladores argentinos, no por ser ultra-conservadores como Paul O’Neill sino por ser “anti-neoliberales” o “progresistas” como les gusta definirse, nos impidieron implementar, aunque sea parcialmente, aquella estrategia inteligente basada en la intervención del Estado Argentino. Por supuesto que de haberlo hecho, habríamos seguido demandando la intervención del Estado Supranacional para terminar de reestructurar toda la deuda y resolver integralmente la crisis financiera.

Cuando sancionamos la Ley del Déficit Cero, entre julio y agosto de 2001, logramos avanzar un poco en la dirección de conseguir que intervinieran coordinadamente el Estado Argentino y el Estado Supranacional en la dirección de la re-estructuración ordenada de la deuda para restablecer el funcionamiento del mercado financiero y recuperar el crédito público argentino, pero el reemplazo de Stanley Fischer por Anne Krueger en el FMI, la absorción de las energías del Tesoro Americano por la búsqueda de los dineros de Osama Bin Laden en los Estados Unidos y la conspiración interna de los devalúo-maníacos y pesificadores en nuestro país, impidieron que la misma se concretara.

El 1 de noviembre ofrecimos el canje de bonos por el Préstamo Garantizado luego de autorizar la utilización del impuesto a las transacciones financieras como garantía por decreto de necesidad y urgencia. Este canje se cerró exitosamente el 30 del mismo mes por una cifra de 54 mil millones de dólares (sobre un total de 104 mil millones de deuda, excluida la contraída con gobiernos y con organismos internacionales). Lamentablemente no pudo completarse con la restructuración ordenada del resto de la deuda, porque se produjo la conjunción de dos fuerzas irracionales: la de los ultra-conservadores del FMI y del Tesoro Americano, que negaron el desembolso de los fondos que habían comprometido en agosto y la de los devaluomaníacos y pesificadores argentinos que habían decidido hacerle pagar a los ahorristas y trabajadores argentinos las deudas de sus empresas y provincias.

Es como si ahora, ante la crisis financiera de los Estados Unidos, triunfara la posición de los ultra-conservadores republicanos que inicialmente votaron en contra del plan de rescate de 700 millones de dólares y de los estatistas anti-capitalistas que quieren que esta crisis signifique la destrucción del Mercado de Capitales. Ciertamente, si ello ocurriera, no habría lugar para que entren los Warren Buffets a aportar sus fondos para el rescate de los activos que se están derrumbando (es decir conseguirían destruir totalmente el Mercado de Capitales) y el costo para los plomeros y carpinteros de los Estados Unidos terminaría siendo terrible, porque no sólo los Estados Unidos, sino todo el mundo, sufriría una gran depresión. Si esto último llegara a ocurrir, entonces pasaría a ser cierto que para rescatar al mundo de semejante crisis global ya no bastaría la intervención inteligente del Estado Americano sino que sería necesario coordinar la intervención de muchos estados del mundo, algo muy difícil de lograr en medio de un clima de recriminaciones y desconfianzas como el que desata una depresión económica iniciada en el país más importante del mundo.

En el caso de Argentina, los ahorristas y trabajadores sufrieron tanto o más que los ahorristas y trabajadores de los Estados Unidos en aquella terrible década de los 30s. A lo largo del año 2002, los trabajadores y jubilados vieron reducidas en un  30 % sus remuneraciones en términos reales, los ahorristas perdieron casi el 70 % de sus ahorros en términos de dólares y aumentó el desempleo por desaparición de más de medio millón de puestos de trabajo. Y no fue porque el Estado no interviniera, sino porque en lugar de intervenir para re-establecer el funcionamiento del Mercado de Capitales y del Crédito Público, el Estado Argentino, ya en manos de los dirigentes que usurparon el poder a fines de 2001, intervino para destruir las reglas de juego y todos los contratos de la economía, mientras el Estado Supranacional se abstenía de intervenir para que el castigo a la Argentina y sus acreedores aventara el “riesgo moral”.

Triste combinación de las anteojeras ideológicas de derecha y de izquierda, que esperemos el mundo pueda evitar en los meses por venir.