Espero que el próximo lunes emerja la verdad sobre el Megacanje

Hace 14 años que llenan los diarios y cubren muchos minutos de radio y televisión con ataques a mi gestión como Ministro de Economía en 2001, utilizando, sobretodo, la decisión de no haber defaulteado la deuda en mayo de ese año y en su lugar, haber lanzado el megacanje.

Hoy anuncian el pedido de la señora fiscal de que me condenen a tres años de prisión porque, según la última y novedosa imputación, yo habría decidido llevar a cabo el megacanje para darle un beneficio a los bancos organizadores. Lo notable es la forma cómo la señora fiscal define el supuesto beneficio por el que me acusa de haberme interesado, apartándome del deber de funcionario público. También es notable que si éste fue mi delito, hayan sido sobreseídos todos los banqueros, supuestamente beneficiados, y que yo haya quedado sólo frente al Tribunal Oral. Quedó claro, y lo reconoció la señora  fiscal en su alegato, que:

1. No se trata ya de haber pagado ¨suculentas comisiones¨ a David Muldford. Ni siquiera de haberle pagado ¨altas comisiones¨ a los siete bancos organizadores, como vinieron diciendo desde 2007 en adelante. En ese año la Cámara Federal cambió el foco del supuesto delito desde ¨defraudación en perjuicio del Estado¨ al de ¨incumplimiento de los deberes de funcionario público¨ por haber, supuestamente, ¨manipulado la conformación del grupo de bancos organizadores del megacanje.

2. Mucho menos se trata de que yo haya perjudicado al Estado o a la Nación por haber decidido canjear bonos de pronto vencimiento por bonos  más largos, con la misma tasa de rendimiento. Quedó claro, ya en la etapa de la instrucción, que la decisión de utilizar un megacanje para descongestionar vencimientos muy elevados de los años 2001 a 2004, fue una decisión política, no judiciable.

3. Tampoco se trata de que el supuesto beneficio de los bancos por el que me interesé, haya significado un perjuicio al Estado o un beneficio personal para mí. Quedó palmariamente demostrado, como lo reconoció la señora fiscal, que nada de eso ocurrió.

¿Cual es entonces el supuesto beneficio para los bancos del que habla la señora fiscal? En pocas palabras:

Sostiene que los bancos organizadores, en particular los bancos locales, con la sola excepción, precisamente, del Banco de David Muldford, se beneficiaron al canjear bonos de cartera propia. Y que este canje significó que se sacaran de encima bonos que valían muy poco y los reemplazaran por otros bonos de mayor calidad. Si existió este beneficio, fue el mismo que en todo caso obtuvieron todos los tenedores de bonos argentinos, hayan participado o no en el megacanje y hayan sido o no, bancos organizadores. Pero es precisamente un beneficio que coincide con el interés nacional, que no era otro que el de mejorar el crédito público, es decir, bajar la tasa de riesgo país. La baja de la tasa de riesgo país significó que se alejaba el riesgo de default y eso es precisamente lo que perseguíamos con el megacanje.

El default hubiera sido, como lamentablemente lo fue desde principios de 2002 y lo será nuevamente si caemos en default desordenado en el futuro, un gran perjuicio para todos los argentinos, que de una u otra manera son acreedores. Los principales acreedores perjudicados en 2002 fueron los ahorristas del sistema bancario (que sufrieron la pesificación y re estructuración de sus depósitos en dólares), los trabajadores y futuros jubilados, que se vieron perjudicados por la fuerte caída del salario real y por la desvalorización de los bonos en poder de sus fondos de pensiones. Por supuesto, también perjudicó a los demás tenedores de bonos, sean bancos, fondos de inversión o tenedores individuales.

Tiene sentido decir que el megacanje brindó a todas estas personas e instituciones el beneficio de haber evitado las consecuencias negativas del default. Pero sostener que el megacanje benefició a los bancos en forma diferencial, es falso. Y sin embargo, es con el argumento de que yo impulsé el megacanje para beneficiar especialmente a los bancos organizadores que tenían bonos en cartera, que ahora la señora fiscal pide que me condenen.

La señora fiscal presentó un segundo argumento acusatorio. Sostuvo que el Banco de Inversión JPMorgan, que calcula la tasa de riesgo país (el índice EMBI), pudo haber utilizado esa herramienta para hacer bajar la cotización de los bonos en circulación y aumentar su rendimiento. De esa forma los bancos organizadores, que tenían bonos en cartera propia, podrían canjearlos por bonos nuevos que pagaban esa alta tasa de rendimiento. Dos errores conceptuales graves:

1) el JPMorgan no dicta ni decide la tasa de riesgo país. Lo que hace es aplicar una fórmula estadística que alimenta con los datos de la cotización de los bonos que determina el mercado (a través de miles de transacciones diarias) para calcular la diferencia entre el rendimiento promedio de los bonos del país y el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos. Son las tasas de rendimiento que surgen del mercado las que determinan el índice EMBI y no el índice EMBI el que determina las tasas de rendimiento.

Es imposible pensar que tocando una estadística como el índice EMBI se pudiera hacer bajar o subir la tasa de mercado. Para explicarlo en términos más sencillos, el EMBI es la medición de la temperatura que hace el servicio meteorológico, pera esa medición no puede alterar la temperatura medioambiental. La temperatura medioambiental es una compleja resultante de muchos fenómenos físicos que ningún meteorólogo puede alterar.

2) Si los bancos organizadores hubieran querido hacer subir la tasa de riesgo país, tendrían que haber trabajado para que bajara la cotización de los bonos. Sostener que hicieron eso es contradictorio con sostener que tenían una gran cantidad de bonos en cartera propia al momento del canje. La verdad es la opuesta, la tasa de riesgo país no subió mucho más, porque los bancos locales compraban bonos para sostener su cotización a medida que los tenedores del exterior querían desprenderse de ellos. Por supuesto que los bancos argentinos, como todos los argentinos, no querían que Argentina cayera en default.

3) En todo caso los que sí influyeron para que subiera la tasa de riesgo país y se desvalorizaran los bonos, son quienes me denunciaron por mi supuesto delito de impulsar el megacanje.  Ellos sí venían trabajando, al menos desde el año 2000 y siguen haciéndolo hasta ahora, para que Argentina defaulteara. No otro significado tienen las permanentes apelaciones a que Argentina no pague los sevicios de su deuda y se aisle de los mercados de capitales.

Como comentario complementario les cuento que la señora fiscal extrajo su argumentación de una carilla de un peritaje contable, donde constan las tenencias de bonos propios por parte de los bancos. Lo raro, lo sustancialmente sorprendente, es que para armar su acusación no hizo una sola referencia a toda la prueba cumplida en el debate, por cierto totalmente favorable para mí. Tampoco, cuestionó una sola de las numerosas diligencias cumplidas ante el Tribunal. Fue como si el debate no se hubiese realizado.

Esto es todo. El argumento reportado ampliamente por los medios sobre mi elevada educación como causa agravante del supuesto delito, porque yo debería haberme dado cuenta de que con el megacanje estaba beneficiando a los bancos que tenían bonos en cartera propia, se desmerece a si mismo. No hace falta ser egresado de Harvard para saber que es bueno para todos (salvo para los que tienen vocación de buitres) evitar el default desordenado de un país.

Hasta ahora los promotores del default y la devaluación me acusaban de no haber utilizado mis conocimientos para advertir que el default y la devaluación iban a ser inevitables. Ahora me acusan de lo opuesto.

Entiendo que la señora fiscal, no siendo especialista en economía y finanzas, pueda no tener en claro qué es lo que significa un canje de bonos, cómo se determinan las tasas de rendimiento de los bonos viejos y de los bonos nuevos, qué es el índice de riesgo país y cuál es el beneficio para todos los argentinos de evitar un default y recuperar el crédito público. Lo que no entiendo es cómo, si valora mi nivel de educación en materia económica y financiera, no me preguntó sobre el tema en el que iba a fundar su acusación en oportunidad de mi indagatoria.

Lamentablemente, esta falta de indagación sobre los fundamentos de los supuestos delitos o irregularidades que yo habría cometido, ha sido una constante de este juicio. Lo fue cuando se cambió el foco de la denuncia en 2007 y se me acusó de un delito sobre el que yo no había sido indagado. Y luego no se me permitió sustanciar prueba para desvirtuar esa acusación. Ahora ocurrió lo mismo. Cuando ya se había agotado el período de las pruebas testimoniales, aparece una acusación diferente a aquellas por las que se me había indagado. No me queda otra alternativa que el derecho que tengo a decir la última palabra. Utilizaré ese derecho, el próximo lunes.