Domingo Cavallo

Mercosur enfrenta una crisis que, de no manejarse con inteligencia, puede terminar en la desintegración total del espacio económico regional y dejar a las economías nacionales en la situación en la que estaban a principios de 1991, antes de que se firmara el tratado de Asunción. Es decir,  sin ni siquiera un acuerdo de libre comercio entre sus miembros.

Si Mercosur se hubiera perfeccionado como área de libre comercio, camino en el que estuvo entre marzo de 1991 y fines de 1994 (es decir desde la firma del Tratado de Asunción hasta la firma del Tratado de Ouro Preto) y no se hubiera embarcado en la construcción de la Unión Aduanera, hoy algunos de los miembros de Mercosur, o, quizás todos, tendrían firmados acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea y con otros muchos países del mundo.

Los compromisos que significan la Unión Aduanera (el arancel externo común y la política comercial externa conjunta) se constituyeron en impedimento para que cada una de las naciones llevaran a cabo negociaciones como las que produjeron tantos beneficios a México, Chile,Perú y Colombia, los cuatro países que acaban de conformar la «»Alianza del Pacífico». El comercio exterior, tanto intra como extra regional creció más rápido en aquellas cuatro naciones que en Mercosur. Un estudio estadístico realizado por una de mis alumnas en la Universidad de Yale, cuyos resultados pueden verse en la presentación que acabo de hacer en el Astana Económic Forum 2013, así lo demuestran. Mientras el comercio externo en Mercosur creció a razón del 11,5% anual, el de los actuales miembros de la Alianza del Pacífico el crecimiento fue del 13,1% anual. Paradógicamente, hasta el comercio intra-regional creció más entre los miembros de la Alianza del Pacífico (14,4% anual) que entre los miembros de Mercosur (13,4%). La diferencia a favor de los miembros de la Alianza del Pacífico es mayor aún cuando se trata del comercio con el resto del mundo (mientras en los primeros ese comercio se expandió al 13 % anual, en Mercosur sólo lo hizo al 11 % anual).

Cuando los organizadores del Astana Economic Forum 2013 me pidieron que opinara sobre el proceso de integración que se está dando entre los países de la ex Unión Soviética que conforman la Confederación de Estados Independientes (CEI), utilicé esta experiencia latinoamericana para argumentar que es mejor que avancen en el proceso de integración conformando un área de libre comercio y que no se comprometan a conformar una Unión Aduanera. En realidad ya hay tres países (Rusia. Kazakhstan y Bielorusia) que han creado una Unión Aduanera, pero esa iniciativa es apenas incipiente. Aconsejé a los Kazakhstanies, que pueden llegar a verse condicionados por Rusia en negociaciones de libre comercio con China, con la Unión Europea y con los Estados Unidos, que entre los países del CEI perfeccionen un área de libre comercio y se abstengan, por el momento, de acordar un arancel externo común y una política comercial externa conjunta. Mi consejo fue bien receptado, al menos por los participantes en la sesión de la conferencia en la que hice mi presentación.

Por supuesto que ese consejo es aún más relevante para los países miembros del Mercosur. Es muy importante que dejemos de lado el ambicioso, pero restrictivo, proyecto de Unión Aduanera y pefeccionemos el área de libre comercio. De esa forma, cada país podrá elegir, con independencia, en qué otras negociaciones de libre comercio desea embarcarse. Si en lugar de adoptar esta posición realista y pragmática, nos seguimos condicionando recíprocamente frente a cambiantes y caprichosas estrategias nacionales, podemos terminar sin tener ni siquiera un área de libre comercio, además de quedar muy rezagados frente a los impresionantes avances que se están produciendo en el mundo a partir de las negociaciones bilaterales y regionales. Basta recordar que en estos momentos hay 14 naciones que están negociando un área de libre comercio Transpacífica y que también avanzan las negociaciones de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Chile,por caso, además de tener acuerdos de libre comercio con Perú, México y Colombia, tiene acuerdos similares con Panamá y América Central, los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Korea, Japón, China, Malasya, Australia, Nueva Zelandia, Brunei y Turquía.

No creo que el Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner se vaya a interesar por este tipo de negociaciones en los dos próximos años, pero es importante que el gobierno que elijamos en 2015 no encuentre en los compromisos incumplidos, pero aún así condicionantes, de Mercosur, dificultades adicionales para avanzar hacia una rápida y eficaz reinserción de Argentina en el mundo.

El pasado domingo fui invitado al programa semanal Hora Clave en Canal 26 que conducen Mariano Grondona y Pablo Rossi. Muchos visitantes de este blog que no viven en Buenos Aires me pidieron que subiera el video.  Con este post respondo a ese pedido.

Hoy la mayoría de los argentinos está alarmado por el clima de destrucción institucional que el gobierno de Cristina Kirchner está agravando día tras día. El dictado de normas inconstitucionales y la subversión del orden republicano está provocando una sensación de inseguridad física y jurídica sin precedentes en gobiernos elegidos por el pueblo. La oposición no parece encontrar la forma de frenar este avasallamiento y sólo los medios de comunicación y, ojalá la Justicia, parecen estar empeñados en detener y obligar a revertir este proceso.

Cabe preguntarse porqué la oposición es tan inefectiva en frenar el desquicio institucional. Mi opinión es la siguiente: la mayor parte de los políticos de la oposición apoyó o al menos festejó el Golpe Institucional del 19 y 20 de diciembre de 2001. Ninguno denunció la destrucción de instituciones económicas (la base contractual de la economía) que significó la pesificación compulsiva de todo tipo de contrato y el congelamiento de los precios y tarifas de los servicios públicos que virtualmente confiscaron el capital de todas las empresas privadas que durante una década habían invertido en la modernización de la infraestructura del país. Se produjo una redistribución harto regresiva de la riqueza que sustrajo el grueso de los ahorros de la población para reducir a su cuarta parte la deuda de grandes empresas y provocó una drástica caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. La dirigencia argentina, tanto la que está en el gobierno como la mayor parte de la que está en la oposición aplaudió la remoción de la Corte Suprema de Justicia porque ella había decidido declarar inconstitucional la pesificación compulsiva. Se utilizaron otros argumentos, pero la verdad es que ésta fue la motivación más inmediata.

A partir de allí se sucedieron muchas decisiones del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo que son claramente violatorias de las garantías constitucionales. Por ejemplo, la estatización de los fondos de pensiones, que quitó a los futuros jubilados la propiedad de los aportes obligatorios que iban acumulando para su jubilación y que expropió hasta los ahorros voluntarios que algunos trabajadores habían hecho dentro de sus cuentas previsionales. Se permitió al Poder Ejecutivo que no cumpliera con las sentencias de la Justicia en favor de los Jubilados y se admite que pese a la inflación no se ajusten el mínimo no imponible ni las escalas del Impuesto a las Ganancias, algo tan injusto como no haber ajustado por el aumento del costo de la vida las jubilaciones de más de 1000 pesos por mes desde enero de 2002 a diciembre de 2007 cuando la inflación se reinstaló en el país. Se ha permitido la virtual confiscación de YPF y la violación sistemática por parte de las autoridades del Banco Central de su obligación de no financiar al Estado y velar por la estabilidad monetaria.

Sólo dirigentes que sean capaces de reconocer que desde 2002 en adelante se ha venido degradando nuestra organización institucional, tanto política como económica, tendrán autoridad moral para ofrecer al Pueblo una alternativa superadora. Da lástima ver la pobreza argumental de muchos dirigentes de la oposición, que para oponerse a las últimas arbitrariedades del Gobierno (las leyes de reforma de la Justicia y el blanqueo de capitales), comienzan destacando que hasta hace poco apoyaron las más disparatadas iniciativas del Gobierno porque coincidían con su proyecto económico social y estaban obnubilados por su supuesta prédica «progresista».

Me sorprende que economistas profesionales sostengan que, en este momento, un salto devaluatorio podría aportar alguna solución. Yo, por el contrario, sostengo que un salto devaluatorio desembocaría en un “Rodrigazo”, es decir en una explosión inflacionaria sin alterar de manera significativa la pérdida de competitividad que se ha venido acumulando durante los últimos años.

El sistema monetario vigente es sumamente perverso y transformaría al salto devaluatorio en el detonante de una explosión inflacionaria. El costo social para los argentinos sería cruelmente elevado. Y, además, nada aseguraría que después de esta explosión sea elegido un mejor gobierno. La confusión puede llegar a ser de tal magnitud, que emerjan ideas económicas tan disparatadas como las que viene pregonando la extrema izquierda, que hacen del aislacionismo internacional y el estatismo sus principales banderas.

Voy a utilizar este post para explicar porqué tengo una opinión tan diferente de la que predomina entre varios de los economistas que militan en partidos de la oposición.

El sistema monetario vigente en la Argentina obliga a que todas las transacciones se hagan exclusivamente en pesos. No permite que se utilicen como monedas de curso legal ni el Dólar, ni el Euro ni el Real, que serían buenas alternativas, especialmente para las transacciones financieras que persiguen proteger el ahorro y financiar la inversión. Tampoco permite que con los pesos se puedan comprar libremente monedas extranjeras ni que las monedas extranjeras que existen en el país o que ingresan del exterior puedan convertirse en pesos a un tipo de cambio libre en forma legal. El Banco Central o, por caso, el Gobierno, establece el tipo de cambio al que pueden comprar divisas los autorizados para hacerlo y deben vender sus divisas los exportadores. Por supuesto, hay fuertes restricciones tanto a las importaciones como a cualquier pago financiero al exterior.

Desde 2002 en adelante el gobierno ha intervenido fuertemente en el sistema de determinación de los precios de la economía. Lo ha hecho a través de congelamientos de precios y tarifas de los servicios públicos, controles de precios de los alimentos y otros productos básicos, retenciones a las exportaciones y restricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones. Esto ha determinado que muchos precios claves de la economía se ubiquen muy por debajo del nivel de equilibrio entre  la oferta y la demanda, aún medidos con la vara del tipo de cambio oficial.

Lamentablemente, quienes hablan de retraso cambiario nunca advierten que existen muchos precios claves de la economía que están retrasados con respecto al precio del dólar en el mercado oficial y que es, precisamente ese retraso el que ha permitido que el resto de los precios libres de la economía se hayan adelantado tanto como el precio del dólar en el mercado paralelo. Dada una cierta cantidad de dinero en la economía, cuando se obliga a que una porción significativa de los precios se ubiquen por debajo del equilibrio de mercado, el ingreso nominal de los demandantes, que está estrechamente vinculado a la cantidad de dinero en circulación, termina gastándose en la porción de bienes y servicios con precios libres y estos aumentan mucho más que lo que hubieran podido aumentar de no existir el retraso forzoso de los demás.

Cuando los congelamientos y controles llevan a que los precios ni siquiera cubran los costos variables de producción, el Gobierno se ve obligado a pagar subsidios, como está ocurriendo con la energía y los transportes, o a cubrir pérdidas o financiar inversiones de empresas estatales, como Aerolíneas Argentina, AYSA, ENARSA , ARSAT e YPF. Por supuesto, los congelamientos y controles llevan a que sólo el Estado invierta en los sectores afectados y la inversión estatal resulta, las más de las veces, más ineficiente y más cara que la que hubiera hecho el sector privado. Además, las inversiones decididas por el estado son el vehículo más utilizado para las prácticas corruptas.

Un salto devaluatorio acentuaría la mayor parte de los desequilibrios que hoy crean inflación reprimida, obligan al pago de fuertes subsidios estatales y aumentan la emisión monetaria. Crearía más inflación reprimida porque las tarifas y precios de los servicios públicos y los precios controlados por el Estado quedarían más retrasados que lo que ya están, obligarían al pago de fuertes subsidios adicionales para mantener en operación a las empresas afectadas por los controles y aumentaría la emisión para financiar el déficit fiscal.

Para los que no advierten que la devaluación provocaría un fuerte aumento del déficit fiscal, les presento un pequeño ejercicio aritmético: hay una relación aproximada de 1 a 5 entre el déficit comercial externo del sector energético y el monto de los subsidios a la energía y los transportes. El primero asciende a aproximadamente 15 mil millones de dólares y el monto de los subsidios a alrededor de 75 mil millones de pesos. No es casualidad que el cociente entre las dos magnitudes sea 5 pesos. Se trata del tipo de cambio oficial. Si el tipo de cambio oficial saltara a 10 pesos, el monto de los subsidios pasaría de 75 mil millones a 150 mil millones. Es decir, el déficit fiscal podría llegar a duplicarse .

Por supuesto, este aumento del déficit fiscal originado en el monto de subsidios, lo mismo que el aumento de la inflación reprimida, podría evitarse. Pero para ello el gobierno debería duplicar los precios y las tarifas de los servicios públicos. Salto devaluatorio y tarifazo difícilmente no sean acompañados por reclamos de aumentos salariales de la misma magnitud. Estos tres golpes juntos no son otra cosa que la re-edición del «Rodrigazo» de 1975. La inflación se espiralizaría de inmediato porque el Banco Central se vería presionado a producir un fuerte aumento de la emisión y, si no lo hiciera, el aumento de la velocidad de circulación de la enorme masa monetaria que se ha venido acumulando en los últimos años, financiaría la propagación  del efecto inflacionario inicial.

Pero, ¿Es posible darle una salida diferente a la situación económica que ha resultado de 10 años de desmanejos económicos? Sí, es posible. Pero solamente lo puede hacer con alta probabilidad de éxito, un gobierno que tenga un diagnóstico claro y goce de la credibilidad necesaria para avanzar rápidamente hacia la estabilización de la moneda y los precios. Lo que, en mi opinión, un gobierno de ese tipo debería hacer, está detallado en el post del 3 de mayo. El éxito de un plan semejante depende en forma crucial del cambio del sistema monetario en la dirección de una completa libertad para comprar y vender las monedas que hagan sentir a los argentinos que sus transacciones y ahorros están protegidas de la desvalorización monetaria y la inflación.

Pero, mientras tanto, ¿no hay nada que el gobierno actual pueda hacer? Sí: si este gobierno quisiera mejorar las chances de una salida no traumática, tendría que abocarse a eliminar lo más rápido posible la inflación reprimida, eliminar los subsidios a la energía, los transportes y a las empresas estatales, eliminar los impuestos distorsivos y las trabas a importaciones y exportaciones, aumentar el ritmo diario de ajuste en el tipo de cambio oficial y permitir que las tasas de interés pagadas a los depositantes de pesos aumenten a un nivel algo superior al ritmo de devaluación en el mercado oficial. La unificación y liberación del mercado cambiario sólo podrá ser hecha sin riesgo de «Rodrigazo» por el próximo gobierno, si es que llega bien preparado y goza de credibilidad.

Cuando los Argentinos hayamos elegido un nuevo Gobierno, seguramente el país estará en una situación peor que la actual, con recesión, alta inflación y una brecha entre el precio del dólar en el mercado oficial y precio en el mercado paralelo como la que hoy tiene Venezuela, muy parecida a la que nuestro país tenía inmediatamente antes del «Rodrigazo» en 1975.

Si el Gobierno es inteligente y ganó diciéndole la verdad a la gente, podrá comenzar explicando las nuevas reglas de juego de la economía:

Fuerte reducción del Gasto Público como porcentaje del PBI, programada sobre la base de eliminar todos los subsidios, salvo los que tienen fines sociales y están bien focalizados hacia las familias pobres y re-privatizar todas las empresas que en los últimos años demandaron aportes o subsidios del Tesoro.

Eliminación de todos los impuestos distorsivos (retenciones a las exportaciones pari passu con el proceso de apreciación cambiaria que se describirá más abajo, impuestos al trabajo formal, impuesto a las transacciones financieras que no sean pagos a cuenta de IVA y Ganancias, impuestos a los ingresos brutos en etapas intermedias de producción o comercialización y el impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación)

Normalización de la relación financiera con el exterior aceptando las resoluciones judiciales sobre la deuda externa o interna que adopte la justicia (comenzando con la deuda con los Jubilados) mediante la sanción de un régimen de consolidación de pasivos. Publicar nuevos índices de precios desde 2007 en adelante y ofrecer a los tenedores de bonos indexados por CER un canje a la par (del valor técnico de los bonos en circulación) por bonos idénticos, indexados hacia adelante por el nuevo índice de precios.

Normal integración de la economía argentina a la economía mundial, como la que tienen la mayoría de nuestros vecinos y, por supuesto, todas las naciones que progresan en el mundo. Esto significa remover todas las restricciones al comercio exterior (incluidas las retenciones sobre las exportaciones, a medida que se aprecie el tipo de cambio) y remover todas las restricciones a las transferencias de dólares al exterior y al acceso de la gente al mercado cambiario.

Financiar del déficit fiscal mediante acceso al crédito público, prohibiendo recurrir al financiamiento por emisión monetaria.

Permitir la intermediación financiera  y las transacciones comerciales en cualquier moneda convertible (básicamente pesos, dólares, reales y euros) pero con encajes legales más elevados para los depósitos en moneda extranjera y disponiendo que las entidades podrán prestar esos fondos a las personas y empresas que demuestren ser capaces de generar sus ingresos  en esas monedas.

Encomendar al Banco Central conducir la política monetaria enderezada a metas decrecientes de inflación, bien definidas de antemano.

Liberar todos los precios y permitir que las empresas prestadoras de servicios públicos fijen tarifan que cubran los costos de operación y de inversión y que produzcan una ganancia razonable.

Dejar que los salarios se negocien libremente al vencimiento de las convenciones colectivas de trabajo vigentes.

En la medida que la gente advierta que el Gobierno va a cumplir con sus anuncios, el precio del dólar en el mercado único y libre de cambios se estabilizará primero a un nivel relativamente alto, pero luego el Peso comenzará a apreciarse como ocurrió en Brasil a partir de 2003. La inflación comenzará a bajar y Argentina recuperará el crédito. Cuando la economía vuelva a crecer  en forma sostenida, la recaudación impositiva aumentará no por una presión fiscal insoportable sino por mayor nivel de actividad y podrá cerrarse el déficit fiscal, sobre todo si se logra reducir efectivamente el nivel del Gasto Público.

En 2008, en mi libro «Estanflación» yo propuse que el Gobierno de Cristina aplicara esta estrategia ( de paso la pueden encontrar explicada con mucho más detalle allí). Muchos me preguntan porqué ahora sostengo que debemos esperar a que haya un nuevo Gobierno. ¿Porqué Cristina no hace esto mismo? La respuesta es simple: si Cristina sale hoy a anunciar por cadena nacional estas nuevas reglas de juego, nadie le creerá y el efecto va a ser un Rodrigazo. El mayor problema del gobierno de los Kirchner es que han rifado todo vestigio de credibilidad. Ha mentido tanto que de aquí en más, aún cuando dijera la verdad, nadie le creería.