El aumento de la desocupación y la pobreza

Durante los primeros años de la convertibilidad, cuando el PBI creció por arriba del 10 % anual, las estadísticas registraron una caída de la tasa de desocupación. A su vez, la fuerte reducción de la tasa de inflación permitió una significativa disminución de la pobreza. Esta tendencia comenzó a revertirse en 1993 para la desocupación y en 1995 para los índices de pobreza. A partir de entonces, se observó una sostenida tendencia al aumento, tanto de la desocupación como de la pobreza.

La discusión sobre la estrategia que debía seguirse para revertir estos fenómenos continuó a lo largo de la década. Quienes estábamos convencidos de la necesidad de preservar la apertura, la desregulación, las privatizaciones y la protección de los derechos de propiedad como herramientas para asegurar el crecimiento sostenido de la economía, insistimos en que se necesitaban reformas laborales, tributarias y de la administración de las políticas sociales, para que el crecimiento de la economía fuera acompañado por la disminución de las tasas de desocupación y de pobreza. En materia laboral, insistimos en la introducción de flexibilidad contractual, en materia tributaria propusimos y comenzamos a implementar la eliminación de los impuestos al trabajo y otros impuestos distorsivos y reclamamos una administración menos clientelista y más eficiente de la política social, fundamentalmente en educación, salud y asistencia alimentaria, por parte de los gobiernos provinciales.

Otros dirigentes comenzaron a hablar de “cambio de modelo” porque sostenían que las reformas económicas de la década, a las que caracterizaban como “neoliberales” eran las responsables del aumento de la desocupación y la pobreza. Por consiguiente, sólo podrían revertirse las tendencias negativas observadas en la segunda mitad de la década anulando aquellas reformas. Como el símbolo de las reformas “neoliberales” era la Ley de Convertibilidad, comenzaron a sugerir su derogación. Los dirigentes más importantes que abrazaron esta posición son Eduardo Duhalde en el Partido Justicialista y Raúl Alfonsin en el Partido Radical. Ninguno de los dos consiguió éxito electoral con ese discurso a nivel nacional, pero ambos creyeron que la evolución de los acontecimientos económicos y sociales durante el año 2001 les estaba dando la razón. Por eso, cuando Duhalde asumió la Presidencia de la Nación apoyado por Raúl Alfonsin, creyó que las circunstancias lo habían convocado para eliminar la Ley de Convertibilidad y “cambiar el modelo”. Ambos esperaban contribuir de esa forma a disminuir la desocupación y la pobreza.

La discusión profesional sobre la deuda pública y el régimen cambiario

Mientras en el plano político las posiciones tendían a diferenciarse a causa de las diferencias de diagnóstico y de estrategia para revertir el aumento de la desocupación y la pobreza, los economistas profesionales discutían sobre la sustentabilidad de la deuda pública y el régimen cambiario.

Las posiciones más enfrentadas se daban entre los defensores de la dolarización, que en general argumentaban que luego de adoptado ese régimen monetario, la disciplina fiscal bastaría para asegurar el cumplimiento de la deuda y los partidarios de la flotación cambiaria, la mayoría de los cuales estaban a su vez convencidos de la inevitable necesidad de reestructuración compulsiva de la deuda, previa declaración de default. Los primeros argumentaban básicamente que la perseverando en mantener un clima de estabilidad monetaria y cumpliendo estrictamente con los servicios de la deuda se recrearía la confianza permitiendo la baja de la tasa de interés y, por consiguiente, la recuperación del crecimiento económico. Los segundos argumentaban que mientras no se corrigieran los precios relativos a favor de los bienes comercializables internacionalmente, la economía seguiría estancada y eso llevaría, inexorablemente a la imposibilidad de seguir pagando normalmente los servicios de la deuda.

Si bien yo compartía la mayoría de los argumentos de los partidarios de la libre flotación, y así lo había manifestado al lanzar el Plan de Competitividad, en marzo de 2001, estaba tan convencido como los partidarios de la dolarización, que una afectación gravosa de los derechos de propiedad de quienes habían ahorrado y confiado en el país haría imposible la recuperación del crecimiento, por más rápido y contundente que fuera el reajuste de los precios relativos a favor de los bienes comercializables. Por eso, busqué un camino intermedio, consistente en utilizar todas las posibles herramientas no monetarias para corregir el desajuste de precios relativos, aún a costa de demorarlo, pero preservando el régimen monetario, es decir la convertibilidad. En materia de régimen cambiario la idea era avanzar hacia un régimen más flexible, pero sólo después de haber reasegurado el equilibrio fiscal con la reducción de intereses de la deuda, que se conseguiría a través de una reestructuración ordenada de la deuda.

Lamentablemente, la idea de mantener la libre elección de la moneda y no imponer desde el gobierno alteración alguna de los contratos, ni para dolarizar ni para pesificar, no tuvo suficiente apoyo profesional, posiblemente, porque tanto dolarizadores como pesificadores razonaron más sobre el régimen cambiario (es decir sobre la discusión: “tipo de cambio fijo” versus “tipo de cambio flotante”) antes que sobre el régimen monetario y de protección a los derechos de propiedad en contratos a mediano y largo plazo. La Ley de Convertibilidad había creado el sistema monetario deseado por la gente, pero era compatible con los dos regímenes cambiarios extremos y cualquier variante intermedia, siempre que se dieran las condiciones fiscales necesarias.

Una desafortunada coincidencia táctica

Desde el 1 de noviembre de 2001, día en que anunciamos la reestructuración de la deuda pública en dos etapas, comenzó a gestarse una desafortunada coincidencia táctica entre los dirigentes políticos que querían “cambiar el modelo” y los economistas y empresarios que pregonaban la devaluación. Esta virtual “alianza táctica” fue abonada por importantes medios de comunicación que creyeron que “el cambio de modelo” a partir de la devaluación, brindaría el marco para encontrar una solución al problema del excesivo endeudamiento. Esta alianza táctica fue capaz de movilizar detrás de si a todos los deudores, fueran éstos públicos o privados. Al fin y al cabo, las acciones iban a concluir en una suerte de default simultáneo y generalizado que terminaría provocando una fuerte quita en el valor real de las deudas.

Lo que los dirigentes, economistas y empresarios que integraron esta alianza táctica no tuvieron en cuenta, es que los acreedores no eran sólo “inversores financieros del exterior” sino millones de ahorristas que habían confiado en el sistema financiero argentino y millones de trabajadores que aportan mensualmente para tener un ingreso en la vejez. La gravísima afectación de sus derechos de propiedad que resultaría de la reprogramación forzosa y generalizada de depósitos, la pesificacion de los contratos en dólares y la devaluación seguida de flotación del Peso haría desaparecer, prácticamente, la inversión y la compra de bienes de consumo durables, además de crear un clima de inseguridad jurídica dentro del cual se torna ilusorio pensar en canalización de ahorros hacia la inversión.

Más aumento de la desocupación y la pobreza

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Duhalde apoyado por Alfonsin[1] desde enero de 2002 han acentuado la recesión de manera extrema y, peor aún, han creado un clima de gran escepticismo sobre la posibilidad de que la economía recupere el crecimiento. Esto provocó un importante aumento de la desocupación y la pobreza. ¿Era ésto previsible?

Por supuesto que sí, y de ahí que a lo largo de todo el año 2001, quienes teníamos la responsabilidad de gobernar luchamos para evitar el default y la devaluación[2]. Pero, ¿había realmente alguna alternativa mejor a la que finalmente se aplicó?, ¿No era inexorable que la Argentina cayera en cesación de pagos y crisis cambiaria?, es más, ¿No se habían producido ambas el 1 de Diciembre cuando se introdujo el “corralito” financiero?

La alternativa era perseverar en la eliminación del déficit fiscal de la Nación y de las Provincias, extendiendo a éstas los recortes salariales ya implementados por el Gobierno Nacional desde julio de 2001 y reforzar esta política con una fuerte reducción del gasto de intereses de la deuda pública y postergación de vencimientos de capital a obtener mediante un proceso ordenado de reestructuración de deuda como el que había comenzado el 1 de noviembre. Sin duda, la alternativa implicaba una cierta compulsión en la reprogramación y atenuación de los pagos financieros y una mayor flexibilidad posterior en la determinación del cambio de pesos a dólares, pero ambos procesos debían ser ordenados y afectar lo menos posible los derechos de propiedad de los ahorristas, inversores y trabajadores

Para frenar la salida vertiginosa de los depósitos del sistema bancario, el 1 de diciembre se introdujo lo que popularmente se llamó “corralito” que no era otra cosa que un control transitorio de los cambios, como el que tantas veces se había dado en distintos países entre 1870 y 1930, a través de la entonces denominada “suspensión de la convertibilidad”. Pero el “corralito” de Diciembre sólo limitaba las transferencias financieras al exterior y el retiro de dinero en efectivo de los bancos. Los depositantes mantenían tanto el valor como la disponibilidad de sus ahorros para pagos internos, los que podían hacerse con tarjetas de débito, cheques o transferencias entre cuentas bancarias. Simultáneamente, se promovía la bancarización de los pagos, algo que era necesario para mejorar la administración tributaria. Pero el “corralito”, lejos de significar la cesación de pagos y el abandono de la convertibilidad en el sentido de libre elección de la moneda, fue establecido para preservar el valor y la disponibilidad de los ahorros durante el proceso de reestructuración de la deuda publica y de reajuste fiscal de la Nación y las provincias, que era naturalmente complejo.

¿Por qué el Gobierno de Duhalde apoyado por Alfonsin siguió entonces un camino tan equivocado? Mi respuesta es que la discusión profesional de los economistas y la prédica de los medios fuertemente endeudados los confundió, a tal punto que creyeron sinceramente que lo que estaban implementando era un “cambio de modelo” que reactivaría la economía, generaría crecimiento y disminuiría la desocupación y la pobreza. En este trabajo quiero enfatizar el aporte de los economistas profesionales a la confusión de los dirigentes políticos.

“Prices right” versus “property rights”

Quienes enfatizaban los efectos recesivos y deflacionarios del desajuste en los precios de los bienes comercializadles internacionalmente y los bienes domésticos y propusieron el reemplazo del régimen de tipo de cambio fijo por la flotación del Peso, pensaban que dejando que los precios relativos se realinearan ( set the “prices right”) la economía dejaría de requerir delación y podría reactivarse a través del aumento de la producción de bienes exportables y sustitutos de importaciones[3].Lo que no tuvieron en cuenta es que en la medida que el reajuste de precios relativos implicara el abandono definitivo de la convertibilidad, es decir, de la libre elección de la moneda por la gente, se produciría tal destrucción de los derechos de propiedad (“property rights”), que se harían imposibles los contratos de mediano y largo plazo, con lo que prácticamente desaparecerían, tanto el ahorro en el país como la inversión empresaria y familiar.

Al mismo tiempo, los que proponían la defensa irrestricta de los derechos de propiedad de ahorristas e inversores financieros, criticaban cualquier intervención gubernamental destinada a corregir la precios relativos sin abandonar la convertibilidad[4]. Como todas eran críticas, es entendible que dirigentes políticos como Duhalde y Alfonsin, que siempre habían propuesto el “cambio de modelo”, hayan creído que había llegado el momento de hacerlo.

El futuro

El abandono de la convertibilidad, en el sentido de la libre elección de la moneda y el respeto de la moneda original de los contratos, va a impedir que exista la inversión y el aumento de productividad imprescindibles para cualquier proceso de crecimiento sostenible. La reactivación de la economía por aliento a las exportaciones y la sustitución de importaciones se darán en la medida que no requiriera nuevas inversiones importantes, dado que éstas serán muy difíciles de financiar. Además, pasara mucho tiempo antes que el aumento de la producción de bienes exportables y sustitutos de importaciones compense la enorme caída del mercado interno originada en el deterioro de los ingresos reales de la población provocado por la fuerte devaluación del peso. Este pronóstico desalentador puede cambiar en la medida que se avance en los siguientes frentes:

Reestablecimiento del Estado de Derecho en materia económica mediante la declaración de nulidad de la reprogramación forzosa de depósitos y la pesificación de los contratos. El efecto de estas decisiones sobre la inflación dependerá de la reacción del Poder Ejecutivo a esas decisiones judiciales. Éste puede aprovechar la oportunidad para comenzar a recrear la confianza de los ahorristas y los compromete a no retirar sus ahorros del sistema financiero argentino, cosa que es perfectamente posible manteniendo los depositantes la disponibilidad de sus fondos para pagos internos a través del propio sistema bancario. En ese caso se produciría una apreciación gradual del Peso conducente al equilibrio de los precios relativos a un nivel compatible con la recuperación simultánea de exportaciones y demanda interna. Si, por el contrario, resiste la declaración judicial de inconstitucionalidad o no logra el apoyo de los ahorristas para mantener los fondos dentro del sistema bancario, el Banco Central se verá obligado a emitir pesos, o aparecerán todo tipo de bonos nacionales, provinciales o privados no confiables para la gente, que alimentarán un proceso descontrolado de inflación. Eventualmente, los precios relativos volverán a equilibrarse, pero luego de un proceso inflacionario que puede ser largo, impredecible y muy costoso.

Elección de un gobierno capaz de ofrecer un nuevo liderazgo que la gente vea como protector de los derechos de propiedad y comprometido en la recreación de las condiciones para que vuelva a haber inversión y aumento de la productividad como durante buena parte de la década del ‘90.

Claro compromiso de transformación de las políticas sociales para erradicar la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia y conseguir que la inversión en capital humano no sólo aumente sino se distribuya en beneficio de las familias más pobres.

Se trata, sin dudas, de un desafió monumental para el pueblo y la dirigencia argentina. Los economistas profesionales podrán ayudar a encontrar este camino en la medida que no siga planteando la búsqueda del equilibrio de los precios relativos como antagónica a la preservación de los derechos de propiedad de ahorristas, inversores y trabajadores. En la búsqueda de reglas de juego e instituciones capaces de conciliar el reequilibrio de los precios relativos con el respeto de los derechos de propiedad radica el aporte que pueden hacer los economistas a la recuperación institucional y moral de la Argentina. Sólo en ese contexto podrá decirse que la recuperación económica argentina ha comenzado. Obviamente yo no comparto ni el pesimismo irreversible de Hans Tietmeyer ni el optimismo alegre de Joseph Stiglitz.
 
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[1] Para una descripción del origen de este gobierno ver mi trabajo “El Golpe Institucional” (www.cavallo.com.ar)

[2] Para una descripción de esta experiencia ver mi trabajo “La lucha por evitar el default y la devaluación” (www.cavallo.com.ar)

[3] Joseph Stiglitz acaba de decir en un artículo que era obvio que ello iba a ocurrir. Y que ya esta ocurriendo! Ver “La recuperación Argentina” en el diario español El País, el 20 de septiembre de 2002

[4] Ver las múltiples críticas de quienes pregonaban la “dolarización” a los planes de convertibilidad, a la introducción del euro y a los sucesivos intentos de reprogramación de deudas.

 

El temor a la despesificación es injustificado

La Justicia Argentina está resolviendo las demandas de los depositantes como lo haría la Justicia de cualquier país en el que impera la ley. Esto es importante porque reafirma que la Ley Argentina brinda la misma protección a los derechos de propiedad que la Ley de los Estados Unidos o de cualquier otro país avanzado. Se impide, por ejemplo, que una decisión del Gobierno, como el Decreto 214 que dispuso la pesificación de todos los contratos firmados en jurisdicción argentina, imponga una quita de mas del 50 % a las acreedores argentinos, mientras se mantienen intactos los derechos de los acreedores extranjeros.

Sorprende, por lo tanto, que Duhalde y algunos banqueros hayan reaccionado con tanta alarma ante las últimas decisiones judiciales. Los banqueros argumentan que si se despesifican los depósitos, ellos se verán obligados a demandar la redolarización de los préstamos bancarios ¡Por supuesto que tendrán que hacerlo! Más aún, deberían haberlo hecho en forma simultánea a la iniciación de las demandas por los ahorristas, tal como lo hicieron los administradores de fondos de jubilaciones y pensiones. La gente confía en los bancos cuando éstos se preocupan por resguardar la intangibilidad de los depósitos, no cuando buscan una forma de liquidar sus negocios y pretenden devolver los depósitos en moneda desvalorizada. Cuando un banco asume esta última actitud, la conclusión de los depositantes es que la institución tiene la intención de terminar sus actividades en el país y lo único que busca es minimizar las pérdidas de su decisión original de prestar servicios de intermediación financiera en la Argentina.

El temor del Gobierno y de los banqueros es injustificado por varias razones. Primero, porque si se revierte la pesificación de manera integral comenzará a bajar la cotización del dólar, y ello facilitará la reactivación de la economía argentina, además de comenzar a resolver los muchos casos de insolvencia que se derivaron de la fuerte devaluación del peso. Segundo, porque si el Gobierno y los banqueros comienzan a trabajar en una solución más eficiente y general para el problema de los endeudados en dólares, sin discriminar en contra de los acreedores argentinos, tendrán mejores chances de recuperar la solvencia de sus clientes.

El primer argumento requiere entender que la cotización del dólar en una economía que estaba altamente dolarizada depende mucho más de las decisiones de la gente sobre la moneda en la que quieren tener sus activos financieros que del comportamiento de las exportaciones e importaciones. Si la gente vuelve a sentir que tiene sus ahorros bancarios en dólares y que puede disponer de ellos en esa moneda, aún cuando deba enfrentar por algún tiempo limitaciones para hacer pagos o transferencias al exterior, disminuirá la ansiedad por convertir los pesos excedentes y cualquier otro papel del gobierno emitido bajo Ley Argentina en dólares billete o en el exterior. Esto aflojará la presión sobre el mercado de dólares y provocará una baja sostenida en su cotización. Volver a un precio razonable para el dólar ayudará mucho a la reactivación de la economía, porque permitirá la recomposición del mercado interno y la reaparición del crédito bancario. La actual cotización del dólar está mucho más alejada de un valor de equilibrio de largo plazo compatible con el crecimiento de la economía argentina, que lo que estaba en las últimas épocas del 1 a 1. En otros términos, la caída del mercado interno que genera la exagerada devaluación del peso es mucho más recesiva que el desaliento a las exportaciones originado en la fortaleza exagerada de nuestra moneda mientras rigió la convertibilidad.

El segundo argumento es fácil de entender si se analizan los costos y las ineficiencias de las soluciones que el Gobierno ha pretendido dar a los deudores. Y, sobre todo, si se advierte que el problema de la insolvencia generalizada de los deudores está muy lejos de haberse resuelto. La pesificación, tal como fue hecha, significa un enorme costo fiscal, adicional a la quita que impone a los depositantes. El gobierno tiene que emitir un bono por la diferencia entre los tipos de cambio a los que transformó depósitos y préstamos bancarios. Además, está emitiendo bonos en dólares para ofrecer como alternativa a los depositantes, que aún cuando no los deja satisfechos, crean un compromiso fiscal importante para el presupuesto público. La solución es muy ineficiente, porque además de costosa es incompleta. Han quedado sin resolverse los problemas de insolvencia derivados de las deudas contraídas en jurisdicción extranjera, que, lógicamente, no pudieron ser pesificadas. Peor aún, estos problemas se han agudizado por el excesivo aumento en la cotización del dólar provocado por la pesificación de los activos de la gente.

Las decisiones judiciales obligarán al Gobierno a pensar en mejores soluciones al problema del endeudamiento. Y, si se pone a buscarlas, las va a encontrar porque las soluciones existen. Se trata de asignar mejor el costo fiscal ya devengado por la decisión de pesificar. Se deberá crear un sistema de subsidios explícitos a los deudores, sujeto a ciertos condicionamientos y a pagar en el momento en que el deudor cumpla con la parte que le corresponde de sus obligaciones, que no discrimine por la jurisdicción de los contratos. Es decir, que preserve el carácter protectivo de los derechos de propiedad de la Ley Argentina

Si no se respeta la decisión de la Justicia, o, peor aún, si se presiona a la Corte Suprema para que cometa una gran injusticia, en perjuicio de todos los ahorristas y trabajadores argentinos, se registrará en nuestra historia una nueva paradoja: la de los “nacionalistas” que “desnacionalizan”. Los mismos nacionalistas que durante décadas de aislamiento llevaron a la hiperinflación y consiguieron desnacionalizar el dinero, ahora, mediante la pesificación, conseguirán desnacionalizar la legislación. Entonces pasarán a tener razón los economistas del CEMA que sostienen que la única solución para Argentina es la banca off-shore. En otros términos, que habrá que resignarse a contratar en la Argentina en moneda y ley extranjeras.
 

El tiro por la culata

Nueve meses después de haber impulsado el abandono de la convertibilidad, los populistas que apoyaron el golpe institucional del 19 y 20 de Diciembre pasado ya deberían haber advertido que les salió el tiro por la culata. No se puede interpretar de otra manera que ninguno de los candidatos peronistas quiera aparecer respaldado por el Gobierno de Duhalde y que ningún candidato del Partido Radical consiga valores significativos de intención de voto. ¿Cuál es la explicación?

Los populistas de ambos partidos tradicionales, muy particularmente el Duhaldismo y el Alfonsinismo, habían denostado la ley del Déficit Cero, con el argumento de que significaba un recorte del 13 % en los salarios y las jubilaciones superiores a 500 dólares mensuales y que iba a acentuar la recesión. Cuando yo les explicaba que la devaluación como mecanismo alternativo para reducir el gasto público era mucho más costoso, tanto en términos de caída real de los salarios y jubilaciones como en términos de recesión, preferían escuchar los consejos de los que desde afuera del país recomendaban la pesificación y la devaluación. No se dieron cuenta, que los “expertos” de afuera no estaban interesados para nada en defender los ingresos reales de los argentinos, sino en tratar de posicionarse mejor en la negociación en marcha por la reestructuración de la deuda pública.

La exitosa reestructuración de la deuda “interna” que se había concluído el 15 de diciembre por la impresionante cifra de 55 mil millones de dólares, garantizaba a los acreedores nacionales que iban a cobrar en dólares y una tasa de interés razonable. Mucho más baja que la originalmente pactada en los préstamos bancarios que habían sido otorgados a las provincias, pero suficiente como para que las AFJP’s y los bancos pudieran seguir reconociendo y honrando sus deudas con los trabajadores y los depositantes. Los acreedores del exterior, que por pretender legislación extranjera para sus bonos, no participaron del canje de bonos por préstamos garantizados, comenzaron a temer que a ellos se les solicitara una rebaja mayor de los intereses o una quita en el capital. Por eso decidieron boicotear el proceso de reestructuración en dos etapas. Para ello, nada mejor que impulsar la pesificación de todos los contratos hechos en el marco de la legislación Argentina y promover una fuerte devaluación. Los acreedores nacionales que habían entrado en el canje de bonos por préstamos garantizados soportarían de esa forma una quita adicional en el monto de la deuda (posiblemente superior al 50%) mientras que los acreedores del exterior mantendrían inalterados sus derechos en dólares.

Lamentablemente, los dirigentes que apoyaron el golpe institucional, además de populistas son muy ignorantes, y no advirtieron que lo que convenía a los acreedores del exterior significaba una impresionante caída de los salarios y las jubilaciones en términos reales y un verdadero robo a los ahorristas argentinos. Era impensable que se pudiera reducir a la mitad el activo de los bancos y de las AFJP’s y que no se terminara haciendo una quita semejante en el valor de los depósitos y las prestaciones jubilatorias. Sólo la ignorancia de los populistas puede haberlos llevado a aplaudir de pie la declaración del default de la deuda “externa”, para terminar imponiendo una quita de más del 50 % a la deuda “interna”, mientras los derechos y el poder de negociación de los acreedores extranjeros se mantenía intacto.

Algo parecido ocurrió con los ataques furibundos al “corralito” de diciembre. Dijeron que se trataba de una confiscación de depósitos, cuando se respetaba la moneda original y los ahorristas podían disponer de los mismos a través de cheques, transferencias o tarjetas de débito. El abandono de la convertivilidad, lejos de permitirles emitir todos los pesos para abrir el “corralito”, los obligó a crear el “corralón” que, sin lugar a dudas, significó una brutal afectación del derecho de propiedad de los depositantes. En diciembre se rasgaron las vestiduras porque la bancarización forzosa afectaba a los comerciantes y prestadores de servicios acostumbrados a manejarse en efectivo y a no pagar impuestos. Ahora quieren descubrir a los evasores revisando la nómina de depositantes que vieron reducidos sus ahorros a la mitad. Las contradicciones en las que incurren son increibles!

Si el objetivo era mejorar los ingresos reales de trabajadores y jubilados y abrir el corralito, el abandono de la convertibilidad significó, sencillamente, gatillar un arma de la que iba a salir el tiro por la culata. Casi nueve meses de evidencias tan claras debería convencer al Gobierno de Duhalde y al Partido Radical, que es hora de que reviertan decisiones tan equivocadas y restauren en la mayor medida posible el sistema institucional que permitió a la Argentina conquistar la estabilidad y el crecimiento en la década del ‘90. Afortunadamente, los pronunciamientos de la Justicia, están empujando en esa dirección.

Se necesitan instituciones y liderazgo

 

En la primera semana de setiembre se reiteran las noticias sobre la falta de instituciones. En materia económica carecemos de moneda y de sistema financiero. Por lo tanto no existen los mecanismos institucionales para que el ahorro quede en el país y se transforme en crédito para la inversión familiar o empresaria. Tampoco existen los mecanismos para que funcionen los mercados de futuro. El artículo de La Nación del domingo pasado, describiendo cómo los agricultores utilizan a los granos como moneda y a los silos como bancos, es un excelente ejemplo de la falta de instituciones. Si tuviéramos moneda y bancos, los agricultores habrían vendido su cosecha y tendrían depositado dinero en los bancos. Esto permitiría que las instituciones dieran crédito y que las exportaciones aumentaran en lugar de bajar, como lamentablemente ocurrió en el primer semestre de este año.
 

La mayor parte de los contratos de la economía, salvo los de muy corto plazo, están sometidos a disputa prejudicial y, en muchos casos, judicial. Esto significa que no están siendo cumplidos y que de la discusión pueden generarse fuertes acreencias para unos y pesadas deudas para otros. Las deudas que el Estado corre el riesgo de acumular, por no cumplir los contratos en los que es parte y hacer imposible el cumplimiento de contratos entre particulares, son de una magnitud aterrorizadora.

La Corte Suprema de Justicia, cuando aún no se ha pronunciado sobre casos obvios de inconstitucionalidad, como la reprogramación forzosa de depósitos y la pesificación, declara inconstitucional la denominada "Ley del Déficit Cero". Esta ley  fue votada por el Congreso para permitir que el Poder Ejecutivo pueda conciliar las limitaciones impuestas por la Ley Anual de Presupuesto y la falta de crédito cuando hay caída de la recaudación. Si el "Déficit Cero" viola garantías constitucionales, entonces la inflación será el único mecanismo de reducción, en este caso, brutal e ilimitado, de los salarios y las jubilaciones. Por si no lo habíamos entendido durante 45 años de inflación, nos lo acaba de recordar el aumento de los precios que siguió a la devaluación de nuestra moneda dispuesta por el actual gobierno. Sobre esta cuestión la editorial de La Nación del sábado pasado es muy clara.

Podría seguir escribiendo muchos renglones sobre la increíble destrucción de instituciones económicas que ha llevado a cabo el Gobierno de Duhalde, apoyado por Alfonsin, pero no quiero extenderme demasiado, porque se trata de un tema muy conocido. Prefiero dedicar unos párrafos a la carencia de liderazgo que hoy afecta a la Argentina. Lo que ha ocurrido en Brasil alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en comparación con lo que ocurrió en nuestro país hace exactamente un año, es una clara demostración de que allá existe liderazgo y aquí no.

Para esta misma época, el año pasado, el Directorio del FMI nos aprobaba un préstamo muy importante. Significó un desembolso inmediato de 5 mil millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central, el compromiso de 3 mil millones adicionales para apoyar la reestructuración de deuda y la luz verde para avanzar con los desembolsos pendientes del propio FMI más el otorgamiento de nuevos préstamos por el BID y el Banco Mundial. Se trató de un préstamo proporcionalmente más grande que el que le está otorgando en estos momentos a Brasil. Si bien se habla de 30 mil millones, el desembolso inmediato para Brasil es de sólo 6 mil millones, siendo que su economía y su deuda triplican a la de Argentina. Los desembolsos comprometidos para el futuro son de una magnitud, proporcionalmente parecida a los que nosotros teníamos pendientes desde el otorgamiento del "Blindaje" a fines del año 2000.

Mi argumento para convencer al FMI y a los gobiernos del G-7 sobre la razonabilidad del préstamo que estábamos solicitando consistió en presentar la aprobación por el Congreso Nacional, con apoyo de los gobernadores, de la Ley del Déficit Cero, como  la demostración de que contábamos con el liderazgo político necesario para superar la crisis. No íbamos a tener más déficit fiscales, pero necesitábamos apoyo para revertir la desconfianza de los depositantes en las instituciones financieras, particularmente, en aquéllas que le habían prestado a las Provincias y tenían muchos bonos del gobierno en su activo.

Conseguimos el préstamo del FMI y paramos durante septiembre y octubre el drenaje de depósitos bancarios. Pero teníamos por delante la reestructuración de la deuda, tanto Nacional como Provincial, que iba a ser una tarea difícil, porque había que convencer a los acreedores para que otorgaran una reducción a la mitad de la factura de intereses, además de alargar los plazos de vencimiento de la deuda. Para seguir ayudándonos con la reestructuración de la deuda, los países del G-7 y el FMI nos pedían señales de unidad política detrás del programa. De la Rua le explicó con lujo de detalles la cuestión a Alfonsin y a los gobernadores Radicales. Yo hablé mucho con Duhalde y con los gobernadores Justicialistas, pero el apoyo que necesitábamos nunca llegó. Por el contrario, cuando ya habíamos logrado reestructurar exitosamente toda la deuda interna, Alfonsin y Duhalde apoyaron el golpe institucional del 19 y 20 de diciembre para tomar el poder desde el 1 de enero y comenzar a destruir las instituciones económicas argentinas.

¿Qué está pasando en Brasil?  Todo lo contrario. Cuando Fernando Henrique Cardoso y Pedro Malan le explican a Luis Ignacio Lula y a Ciro Gómez  la necesidad de comprometer políticas fiscales y monetarias serias para viabilizar un manejo ordenado de la deuda interna y externa, éstos brindan su apoyo, a pesar de estar inmersos en una dura contienda electoral. Si Lula y Ciro Gómez fueran como Alfonsin y Duhalde, en lugar de apoyar el programa presentado al FMI por el Gobierno, habrían contribuído a desestabilizar aún más los mercados y provocado una explosión del problema de la deuda en manos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso para demostrar que "las políticas neoliberales son nefastas".

La comparación de conductas demuestra que en la Argentina existe falta de liderazgo político. Pero no por ausencia de vocación de poder de sus dirigentes, sino por falta de inteligencia y de patriotismo. Sin duda, Alfonsin y Duhalde tenían la misma vocación de poder que Lula y Ciro Gómez, pero se comportaron como dos personas poco inteligentes y nada patriotas. Para gozar de la satisfacción intelectual de decir que ellos tenían razón con sus críticas al "modelo", a pesar de que no habían podido convencer a la gente en las urnas, estuvieron dispuestos a empujar a la Argentina a la cesación de pagos, la devaluación y el caos.

La próxima elección presidencial es una oportunidad para que los argentinos recreemos un liderazgo político inteligente y patriótico. Además, es imprescindible que la Suprema Corte de Justicia limite el efecto destructivo sobre las instituciones económicas de las numerosas normas inconstitucionales dictadas por el Ejecutivo y el Congreso Nacional desde que asumió Duhalde. Ojalá la terminación del Juicio Político a la Corte, que podría decidirse en dos semanas, ponga al alto tribunal en condiciones de hacer una contribución patriótica al reestablecimiento institucional de la Argentina. Instituciones y Liderazgo son ingredientes indispensables para que la Argentina vuelva a tener futuro.

Revertir la pesificación es la salida para Cavallo

Seminario en Harvard.

El ex ministro criticó la gestión de Duhalde "Debo decir que hoy en día mi país está sufriendo mucho más que una crisis monetaria, está sufriendo una verdadera tragedia porque la gente siente que la ley no impera en el país y el primer paso a una solución debe ser necesariamente restaurar el Estado de Derecho, tanto en la vida política como en la económica."Así comenzó Domingo Cavallo el discurso que brindó semanas atrás en un seminario organizado por el National Bureau of Economic Research en Harvard. Allí, el ex titular de la cartera de Hacienda criticó la pesificación y señaló al presidente Eduardo Duhalde como el causante del "caos que vive la Argentina".

En su presentación, el líder de Acción por la República consideró que "cualquier solución a la crisis tiene que comenzar por revertir completamente la pesificación" porque es la única manera de mantener ahorros en la Argentina.En ese sentido, señaló que se requiere de muchas acciones para recuperar la economía del país, pero terminar con la pesificación "es un componente necesario para que cualquier programa político y económico pueda ser exitoso en el futuro".

Para reforzar su teoría, Cavallo sostuvo que obligar "a los argentinos a ahorrar en pesos sería tan difícil como pretender que hablen chino" porque se acostumbraron al uso de dólar "durante décadas de inflación e hiperinflación". Y agregó que con la desaparición del anclaje "los argentinos probablemente usen una baja proporción del peso flotante, y puedan tolerarlo, pero lo que es seguro es que no van a aceptar una prohibición del uso de los dólares".

De la crisis al caos.

El líder de Acción por la República hizo hincapié en lo que consideró "un quiebre del Estado de Derecho que comenzó con el golpe institucional llevado a cabo entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001". Para Cavallo, el "golpe" fue lo que abrió las puertas a un "gobierno parlamentario" liderado por Eduardo Duhalde que transformó la crisis argentina en un caos total.En ese sentido, enumeró las tres causas del caos: el anuncio formal de la cesación de pagos de la deuda externa, el congelamiento de los certificados de depósitos bancarios y la pesificación que convirtió en pesos a los contratos en dólares.

De acuerdo con el ex titular de la cartera de Hacienda, el congelamiento de los depósitos agravó el nerviosismo de los ahorristas y "no sólo no evitó la compra de dólares sino que además provocó el colapso de la mayoría de los activos del mercado incluyendo el inmobiliario y el automotriz".El economista respaldó las medidas que implementó en la gestión De la Rúa y cerró su discurso diciendo que la pesificación es "el símbolo de la violación al derecho de propiedad privada en la Argentina".